Quito. 26 oct 2000. El presidente de la Comisión de Fiscalización del
Congreso, Carlos González, hizo una denuncia en contra de la PolicÃa
Nacional. Ayer, en rueda de prensa, dijo que el general Edgar Vaca
Vinueza, cuando fue gerente del Instituto de Seguridad Social de la
PolicÃa (Isspol), negoció con el Banco de Préstamos pese a que este habÃa
quebrado.
Según la denuncia, "el grupo Peñafiel habrÃa entregado un terreno
valorado en un millón 290 mil 420 dólares al Isspol como pago de
intereses de cinco inversiones que el Instituto hizo en el Banco de
Préstamos". El predio al que hace referencia es conocido como Tambo Loma
y es parte del plan La Quebrada, ubicado en Nayón, parroquia Zámbiza del
cantón Quito. Los peritos del Banco de Préstamos determinaron que cada
metro cuadrado costaba 45 dólares.
González dice que la entrega se realizó a través de un compromiso de
compra-venta firmado entre el Isspol y la compañÃa Jonio S.A. (empresa
supuestamente vinculada al grupo Peñafiel). Esa transacción se hizo el 18
de marzo de 1999, siete meses después que la Junta Bancaria ordenó la
liquidación forzosa del Banco de Préstamos y seis meses después de que
Peñafiel recibió la orden de prisión.
El terreno en mención tiene 37 500 metros cuadrados, pero según el
documento notarizado se vendió el 80 por ciento que pertenecÃa a Jonio,
es decir, 29 176 metros cuadrados, por los cuales la PolicÃa
supuestamente pagó cinco millones de sucres.
Como el metro cuadrado fue valorado en 45 dólares, el probable beneficio
de la PolicÃa estarÃa en el valor de la tierra que compró: un millón 290
240 dólares. Ese dinero, según el legislador azuayo, equivaldrÃa al pago
de intereses por las acreencias que tenÃa depositadas la PolicÃa en el
Banco.
González sostiene que esos intereses no son garantizados por la ley,
porque el Banco de Préstamos estaba cerrado cuando se efectivizaron. La
negociación se realizó, según el documento entregado por el diputado,
entre el general Vaca (en ese entonces coronel) director del Isspol y el
representante de Jonio S.A., Pablo DÃaz EnrÃquez.
Otro hecho que denuncia González es que Vaca, a nombre de la institución,
supuestamente recibió el fideicomiso de tres empresas: Trivelli S.A.,
Torrinoli S.A. y Coferlasa. Todo para recuperar algo del dinero
depositado. Esa información él la refuerza con la copia de una carta
dirigida por el general Vaca al entonces comandante de la PolicÃa, Jorge
Villarroel.
Según la denuncia de González, los supuestos negociados entre el Banco de
Préstamos y la PolicÃa son una de las razones para el fracaso de la
extradición de Alejandro Peñafiel. Por ello, presume que no se logró la
captura del ex banquero en Estados Unidos. Es más, González dice que
posiblemente la PolicÃa sà sabÃa que los abogados de Peñafiel buscaban su
libertad, a través de Acnur, en Beirut, LÃbano.
Ese hecho aparentemente también lo conocÃan el ministro de Gobierno, Juan
Manrique, y el canciller Heinz Moeller, razón por la cual, González pide
su comparecencia a la Comisión de Fiscalización para el martes a las
15:00. En el grupo también deberá estar al Comandante de PolicÃa y al
general Edgar Vaca, éste último "deberá explicar cómo obtuvo el pago de
intereses de las inversiones en el Banco de Préstamos que se encontraba
cerrado al público".
Otra supuesta irregularidad del general Vaca es la instalación de una
central de espionaje con la complicidad de Juan José Vivas, secretario de
la Presidencia de la República.
En este hecho involucró al capitán Carlos Blanco, quien serÃa el
encargado de colocar el equipo para intervenir las lÃneas telefónicas de
varios polÃticos. Además, González también sospecha del teniente coronel,
Rafael GarcÃa, coordinador de la PolicÃa Nacional en la Presidencia.
El Presidente de la Comisión de Fiscalización no ha presentado una
denuncia penal y por escrito de estos hechos, solo aspira que la justicia
policial actúe e investigue los hechos. Los mismo pide a la ContralorÃa
para conocer con qué recursos se financió la supuesta oficina de
espionaje.
La FiscalÃa pide la prisión
La FiscalÃa de la Audiencia Nacional española pidió ayer la detención del
ex presidente del Banco de Préstamos, Alejandro Peñafiel, para que sea
entregado de forma inmediata a la Interpol ecuatoriana.
Según la fuentes diplomáticas, la FiscalÃa pidió la detención de Peñafiel
en un escrito que presentó al juez Ruiz Polanco en el que requerÃa que
estas diligencias fueran practicadas a través de la Interpol.
"Estamos muy satisfechos", dijo en una entrevista a Radio Quito el
subsecretario de Asuntos PolÃticos de Ecuador, embajador Luis Gallegos.
Según la CancillerÃa, la decisión de la Comisión Interministerial
española, con respecto a la apelación del ex banquero, es la negación de
tal recurso.
El proceso de extradición de Peñafiel, que quedó bloqueado el 5 este mes,
después que la Interpol de Francia interrumpió el vuelo que venÃa de
LÃbano debe continuar, opinó el Embajador.
También informó que el Gobierno ecuatoriano pidió que el Acnur sancione
al funcionario que en Beirut emitió el certificado de refugiado a favor
de Peñafiel. "Es un funcionario responsable de la oficina del Acnur en
Beirut que emitió la certificación pese a que la organización no puede
calificar el refugio".
La PolicÃa enjuició a Peñafiel
El Alto Mando de la PolicÃa pidió ayer ser recibido lo antes posible por
el Congreso en pleno, para "desvirtuar" y aclarar detalladamente las
denuncias del diputado de la ID Carlos González.
El ministro de Gobierno, Juan Manrique, dijo que el terreno sà fue
aceptado como parte del pago de intereses de una deuda que el Banco de
Préstamos tenÃa con la PolicÃa, lo que no era ilÃcito.
El Consejo de Generales de la PolicÃa se reunió ayer, a puerta cerrada,
para preparar la documentación y todas las pruebas de descargo.
Una fuente cercana al Comandante, quien no quiso dar un pronunciamiento
hasta segunda orden, dijo que las denuncias de González serán
desvirtuadas completamente por la PolicÃa.
"Durante la comparecencia al Congreso, el Alto Mando demostrará que
ningún oficial de la institución tuvo negocios con Alejandro Peñafiel",
acotó.
En abril pasado, la PolicÃa, incluso, inició un juicio colusorio en
contra de Alejandro Peñafiel por el supuesto pago fraudulento de 16 000
millones de sucres, que se ventila en la Corte Superior de Justicia.
(Texto tomado de El Comercio)
Congreso, Carlos González, hizo una denuncia en contra de la PolicÃa
Nacional. Ayer, en rueda de prensa, dijo que el general Edgar Vaca
Vinueza, cuando fue gerente del Instituto de Seguridad Social de la
PolicÃa (Isspol), negoció con el Banco de Préstamos pese a que este habÃa
quebrado.
Según la denuncia, "el grupo Peñafiel habrÃa entregado un terreno
valorado en un millón 290 mil 420 dólares al Isspol como pago de
intereses de cinco inversiones que el Instituto hizo en el Banco de
Préstamos". El predio al que hace referencia es conocido como Tambo Loma
y es parte del plan La Quebrada, ubicado en Nayón, parroquia Zámbiza del
cantón Quito. Los peritos del Banco de Préstamos determinaron que cada
metro cuadrado costaba 45 dólares.
González dice que la entrega se realizó a través de un compromiso de
compra-venta firmado entre el Isspol y la compañÃa Jonio S.A. (empresa
supuestamente vinculada al grupo Peñafiel). Esa transacción se hizo el 18
de marzo de 1999, siete meses después que la Junta Bancaria ordenó la
liquidación forzosa del Banco de Préstamos y seis meses después de que
Peñafiel recibió la orden de prisión.
El terreno en mención tiene 37 500 metros cuadrados, pero según el
documento notarizado se vendió el 80 por ciento que pertenecÃa a Jonio,
es decir, 29 176 metros cuadrados, por los cuales la PolicÃa
supuestamente pagó cinco millones de sucres.
Como el metro cuadrado fue valorado en 45 dólares, el probable beneficio
de la PolicÃa estarÃa en el valor de la tierra que compró: un millón 290
240 dólares. Ese dinero, según el legislador azuayo, equivaldrÃa al pago
de intereses por las acreencias que tenÃa depositadas la PolicÃa en el
Banco.
González sostiene que esos intereses no son garantizados por la ley,
porque el Banco de Préstamos estaba cerrado cuando se efectivizaron. La
negociación se realizó, según el documento entregado por el diputado,
entre el general Vaca (en ese entonces coronel) director del Isspol y el
representante de Jonio S.A., Pablo DÃaz EnrÃquez.
Otro hecho que denuncia González es que Vaca, a nombre de la institución,
supuestamente recibió el fideicomiso de tres empresas: Trivelli S.A.,
Torrinoli S.A. y Coferlasa. Todo para recuperar algo del dinero
depositado. Esa información él la refuerza con la copia de una carta
dirigida por el general Vaca al entonces comandante de la PolicÃa, Jorge
Villarroel.
Según la denuncia de González, los supuestos negociados entre el Banco de
Préstamos y la PolicÃa son una de las razones para el fracaso de la
extradición de Alejandro Peñafiel. Por ello, presume que no se logró la
captura del ex banquero en Estados Unidos. Es más, González dice que
posiblemente la PolicÃa sà sabÃa que los abogados de Peñafiel buscaban su
libertad, a través de Acnur, en Beirut, LÃbano.
Ese hecho aparentemente también lo conocÃan el ministro de Gobierno, Juan
Manrique, y el canciller Heinz Moeller, razón por la cual, González pide
su comparecencia a la Comisión de Fiscalización para el martes a las
15:00. En el grupo también deberá estar al Comandante de PolicÃa y al
general Edgar Vaca, éste último "deberá explicar cómo obtuvo el pago de
intereses de las inversiones en el Banco de Préstamos que se encontraba
cerrado al público".
Otra supuesta irregularidad del general Vaca es la instalación de una
central de espionaje con la complicidad de Juan José Vivas, secretario de
la Presidencia de la República.
En este hecho involucró al capitán Carlos Blanco, quien serÃa el
encargado de colocar el equipo para intervenir las lÃneas telefónicas de
varios polÃticos. Además, González también sospecha del teniente coronel,
Rafael GarcÃa, coordinador de la PolicÃa Nacional en la Presidencia.
El Presidente de la Comisión de Fiscalización no ha presentado una
denuncia penal y por escrito de estos hechos, solo aspira que la justicia
policial actúe e investigue los hechos. Los mismo pide a la ContralorÃa
para conocer con qué recursos se financió la supuesta oficina de
espionaje.
La FiscalÃa pide la prisión
La FiscalÃa de la Audiencia Nacional española pidió ayer la detención del
ex presidente del Banco de Préstamos, Alejandro Peñafiel, para que sea
entregado de forma inmediata a la Interpol ecuatoriana.
Según la fuentes diplomáticas, la FiscalÃa pidió la detención de Peñafiel
en un escrito que presentó al juez Ruiz Polanco en el que requerÃa que
estas diligencias fueran practicadas a través de la Interpol.
"Estamos muy satisfechos", dijo en una entrevista a Radio Quito el
subsecretario de Asuntos PolÃticos de Ecuador, embajador Luis Gallegos.
Según la CancillerÃa, la decisión de la Comisión Interministerial
española, con respecto a la apelación del ex banquero, es la negación de
tal recurso.
El proceso de extradición de Peñafiel, que quedó bloqueado el 5 este mes,
después que la Interpol de Francia interrumpió el vuelo que venÃa de
LÃbano debe continuar, opinó el Embajador.
También informó que el Gobierno ecuatoriano pidió que el Acnur sancione
al funcionario que en Beirut emitió el certificado de refugiado a favor
de Peñafiel. "Es un funcionario responsable de la oficina del Acnur en
Beirut que emitió la certificación pese a que la organización no puede
calificar el refugio".
La PolicÃa enjuició a Peñafiel
El Alto Mando de la PolicÃa pidió ayer ser recibido lo antes posible por
el Congreso en pleno, para "desvirtuar" y aclarar detalladamente las
denuncias del diputado de la ID Carlos González.
El ministro de Gobierno, Juan Manrique, dijo que el terreno sà fue
aceptado como parte del pago de intereses de una deuda que el Banco de
Préstamos tenÃa con la PolicÃa, lo que no era ilÃcito.
El Consejo de Generales de la PolicÃa se reunió ayer, a puerta cerrada,
para preparar la documentación y todas las pruebas de descargo.
Una fuente cercana al Comandante, quien no quiso dar un pronunciamiento
hasta segunda orden, dijo que las denuncias de González serán
desvirtuadas completamente por la PolicÃa.
"Durante la comparecencia al Congreso, el Alto Mando demostrará que
ningún oficial de la institución tuvo negocios con Alejandro Peñafiel",
acotó.
En abril pasado, la PolicÃa, incluso, inició un juicio colusorio en
contra de Alejandro Peñafiel por el supuesto pago fraudulento de 16 000
millones de sucres, que se ventila en la Corte Superior de Justicia.
(Texto tomado de El Comercio)
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