Quito. 8 ago 96. Ciento veinte homicidios cometidos por
miembros de la Fuerza Pública, 316 torturas, 857 agresiones
fÃsicas, mil 233 detenciones arbitrarias, 106 violaciones de
domicilio, 282 casos de incomunicación. Esas son las
alarmantes cifras incluidas en un informe de la Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos sobre el tema del respeto a la
vida y a la integridad, durante los cuatro años del gobierno
que termina.
En un documento público enviado a los medios de comunicación,
la CEDHU denuncia, en forma pormenorizada, los casos de
irrespeto a la vida, incluidos dentro de una supuesta
"polÃtica de Estado de violación a los DDHH", del régimen de
Sixto Durán Ballén. "El gobierno mal puede ufanarse de ser un
renovador respetuoso de los derechos humanos", afirma Elsie
Monge, presidenta del comité, quien suscribe el documento.
En un claro contraste con lo expresado por el mandatario
saliente durante su informe final, el comité denuncia un
"saldo negativo" y un "trasfondo de desesperanza e impunidad"
en estos años de gobierno.
Felipe, Vicente y Luis
"Los esfuerzos de la sociedad civil por erradicar la práctica
de la tortura, no hallaron apoyo efectivo en este gobierno",
señala el documento de la CEDHU. El informe se apoya en
cifras: "no menos de ocho vÃctimas de muerte" se habrÃan
producido en dependencias militares o policiales durante este
gobierno.
"El primer caso ocurrió a los pocos dÃas de que asumiera el
presidente Durán Ballén. El 22 de Agosto, Felipe Moreira murió
en la Oficina de Investigación del Delito de la ciudad de
Quevedo, a causa de las descargas eléctricas a las que lo
sometieron los torturadores", señala la denuncia.
La muerte, el 22 de febrero de 1995, del comerciante Vicente
Muñoz -presuntamente asfixiado por sumersión en las
instalaciones de la PolicÃa Técnica Judicial del Guayas y
encontrado, más tarde, en la vÃa Perimetral- y el de Luis
Neira perecido "bajo tortura en la capitanÃa del Puerto de San
Lorenzo, en Esmeraldas", se incluyen dentro del informe de la
CEDHU. También consta el caso de los cuatro refugiados
polÃticos colombianos, quienes, según la denuncia de la CEDHU,
fueran arbitrariamente detenidos, incomunicados y sometidos a
torturas por parte de militares ecuatorianos, el 18 de agosto
de 1995.
Los casos de la llamada "justicia por mano propia" no
escaparon alojo vigilante del comité por los Derechos Humanos.
"Llama la atención que el Estado no asuma responsabilidad
alguna frente a estos hechos", dice el informe de la CEDHU.
LOS QUE ESPERAN JUSTICIA
Como uno de los "graves hechos de tortura a manos de
militares" fue calificado por la CEDHU el de los once
campesinos del Putumayo, "ilegalmente privados de su libertad
en 1993 y sometidos a torturas, hasta obtener confesiones
forzadas".
"Las declaraciones autoinculpatorias, arrancadas con
violencia, fueron utilizadas en su contra. Siete de ellos aún
permanecen privados de su libertad", denuncia el comité de
Derechos Humanos.
Los campesinos fueron condenados a 12 años de prisión por los
jueces de Tena, acusados de ser parte del grupo de
guerrilleros que, en diciembre de 1993, emboscó a una patrulla
antidrogas del Ecuador, en el rÃo Putumayo, en un lugar
llamado Peña Colorada.
Siete de los once esperan actualmente -y después de haber sido
declarados culpables por un tribunal de Tena- la revisión de
su sentencia en la sala de lo penal de la CSJ.
EL REINO DE LA IMPUNIDAD
La impunidad y corrupción- relacionadas directamente con un
sistema de abuso de poder- son, según la denuncia de la CEDHU,
otro de los signos del gobierno de Durán Ballén.
"La sucesión de escándalos por impunidad o corrupción de que
ha sido testigo el paÃs deja un saldo de varios prófugos de la
justicia", denuncia el organismo. Y enumera: el general
Gilberto Molina , implicado en la desaparición de los hermanos
Restrepo, fugó en octubre de 1992; el capitán de corbeta,
Fausto Morales Villota, autor material de la desaparición y
asesinato de la profesora Consuelo Benavides, huyó de la
dependencia del Ministerio de Defensa donde estaba recluido;
varios oficiales involucrados en hechos de impunidad o
corrupción (general Gustavo Zapata, coronel Gustavo Gallegos,
ambos involucrados en el caso Restrepo) fueron nombrados
titulares de la InspectorÃa General de la PolicÃa.
El informe de la CEDHU destaca también la"dramática situación"
de los principales centros carcelarios del paÃs, y revela que
9.360 internos permanecen recluidos en penitenciarÃas, cuya
capacidad máxima es de 5.049 personas.
La muerte -en menos de nueve meses- de tres jóvenes
estudiantes, por causa de la represión policial, durante
manifestaciones callejeras es, según la denuncia de la CEDHU,
el resultado de un "uso desproporcionado de la fuerza contra
civiles".
ESCRIBI UNA PAGINA LIMPIA
"Mi Gobierno ha sido respetuoso y tolerante, de diálogos y
acuerdos, de garantÃas y libertades, durante estos cuatro
años". Con esa frase, el presidente saliente, destacó en su
informe su apreciación sobre la tónica de su gobierno frente
al tema de los DDHH.
"Declaro haber observado un total respeto a las libertades de
pensamiento, de opinión, de libertades públicas individuales y
de garantÃas constitucionales, escribiendo una página limpia
en estos aspectos", dijo Sixto Durán Ballén, al rendir cuentas
al paÃs.
Sus palabras fueron corroboradas hoy por el ex vicepresidente
de la República y ex embajador del Ecuador ante la
Organización de Estados Americanos, Blasco Peñaherrera, en
declaraciones al Noticiero Nacional Al Aire.
Para Peñaherrera, el "respeto a la persona humana" ha sido la
tónica, y uno de los mayores logros de este gobierno. "Esa es
una cosa que no ha sido debidamente apreciada", dijo el ex
embajador.
"Yo hablo con conocimiento de causa, pues la mayor parte de
las violaciones y de los atentados contra los DDHH están ya en
trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en
Washington", señaló Peñaherrea.
"Todas esas violaciones se produjeron en gobiernos anteriores:
en el gobierno anterior la mayor parte y en el que le
antecedió otro buen número", dijo el ex vicepresidente. "No se
trata de una polÃtica de gobierno o de una actitud represiva o
agresiva contra la ciudadanÃa; son abusos de autoridad de
funcionarios menores de la PolicÃa, algunos del Ejército,
investigadores, etc., y en otros casos, cosas tan ridÃculas
como el caso de una señora que reclama ante la Comisión
Interamericana de DDHH porque el Municipio le desalojó de un
propiedad municipal", aseguró Peñaherrea.
GOLPES A LA MEMORIA
Un grupo de activistas por los derechos humanos se encargó
ayer de golpear la memoria de la gente, mientras el presidente
Durán Ballén leÃa su informe final. El grupo se concentró ayer
en la puerta del Congreso Nacional, a donde el presidente
asistió para rendir cuentas al paÃs.
El colombiano Pedro Restrepo, padre de dos menores
desaparecidos en manos de la PolicÃa Nacional, estuvo
presente. En declaraciones recogidas por Radio Quito, dijo que
el gobernante no puede jactarse de haber hecho cumplir con las
disposiciones de respeto a los derechos humanos.
Restrepo aseguró que la libertad de expresión ha sido limitada
al Comité de Familiares de VÃctimas de la Represión, y señaló
que cerca de 40 casos denunciados por ese organismo no fueron
atendidos por el régimen que termina.
NO ES UNA POLITICA OFICIAL
Para la coordinadora de Ciudadanos Unidos Contra la
Corrupción, Nelsa Curbelo, durante el perÃodo 1992-1996 no
existió una polÃtica de represión por parte del Estado, pero
sà una actitud de "permitir que ocurrieran las cosas".
"El gobierno no envió a reprimir, pero se quedó tranquilo ante
los abusos. No hubo compromiso real con la vida, con los
desaparecidos, incluso con la justicia social", destacó.
Sostuvo que el poder judicial está amarrado: "no solo le falta
vista sino también corazón", agregó. "Hay un deterioro de las
instituciones que hacen justicia".
Curbelo criticó que el actual gobierno no haya dado el
ejecútese a la ley de prescripción de juicios que establece
que los de lesa humanidad, es decir los delitos contra la
vida, no prescriben nunca, pues en la actualidad lo hacen a
los 10 años.
Asimismo, recordó que en el actual perÃodo gubernamental se
pretendió impedir las manifestaciones por la desaparición
forzada de los Restrepo. "En ese sentido se evidenció
insensibilidad", dijo Curbelo.
NO SON CASOS AISLADOS
Por omisión o por acción los diferentes niveles de la policÃa,
inclusive el Ministerio de Gobierno, han estado involucrados
en el encubrimiento de violaciones de derechos humanos, por lo
que sà se debe hablar de una polÃtica de Estado y no solamente
de espÃritu de cuerpo", opina el presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Azuay, Holger Dután.
"No se puede librar a los gobiernos de su responsabilidad, que
no es solamente castigar a los violadores de los derechos
humanos, sino protegerlos humanos, para que las violaciones no
se produzcan. Es una polÃtica de Estado, porque se hace en
instituciones estatales, se hace con compromiso de los
diferentes niveles".
"El sistema policial debe fundamentarse en un respeto máximo
de la Ley, que prohibe la tortura y exige un abogado que
acompañe al acusado en la declaración", asegura Dután. La
Comisión del Azuay ha iniciado algunos juicios por tortura
contra policÃas, además exige indemnizaciones para afectados
por violaciones de sus derechos y ha enviado una carta a las
Naciones Unidas en Ginebra denunciando el caso de la
desaparición de la estudiante Ivonne Cazar, en el que hay
sospechas de encubrimiento.
MAYORIA DE CASOS NO SE DENUNCIAN
Por su parte, el representante de los Derechos Humanos en
Guayaquil, Fernando Gutiérrez, puntualizó que la mayorÃa de
casos de violación a los DDHH no se denuncian. "Los casi tres
mil casos que revelan los registros son una mÃnima parte".
"El balance de los últimos cuatro años de gobierno es
negativo; si en un primer momento se anunció una polÃtica de
respeto, en los hechos esto ha fallado", censuró.
Indiferencia
Insistió en que el propio presidente Durán Ballén ha mostrado
total indiferencia respecto de denuncias y evidencias,
incluyendo casos sonados como las investigaciones en la
desaparición de los Restrepo.
Según Gutiérrez, las sanciones a los jefes policiales por este
tipo de hechos han sido nulas. "En el caso del Putumayo, la
actitud del gobierno ha sido condenable. También la situación
carcelaria del paÃs ha empeorado", señaló.
"La PolicÃa Nacional es menos confiable que nunca, y el
panorama de los derechos económicos, sociales y culturales ha
sufrido un claro deterioro".
DECRETOS PELIGROSOS
- Varios decretos oficiales propiciaron, según la CEDHU, la
violación de los derechos humanos, convirtiéndose en una
especie de licencia para atentar contra la vida.
- El decreto de movilización número 86, dictado por el
presidente pocos dÃas después de su posesión, (el 26 de
septiembre de 1992), facilitó -según la CEDHU, represiones
militares de expresiones de protesta popular, e incluso de
marchas como la convocada por los pueblos indÃgenas, el 12 de
octubre del 92.
- Según la CEDHU, el decreto de movilización trajo consigo una
serie de excesos. "La garantÃa constitucional de que nadie
puede ser distraÃdo de sus jueces, fue suspendida por el
decreto", dicen los activistas. "Cualquier infractor puede ser
puesto a órdenes de los jueces militares".
- "Durante la declaratoria de movilización, militares
encapuchados penetraron por el techo de radio Latacunga, la
clausuraron durante varias horas y detuvieron a su directora".
Lo mismo habrÃa sucedido en otras radioemisoras populares.
- El decreto mediante el cual el gobierno declaró el Estado de
Emergencia Nacional por causa del conflicto armado, se mantuvo
hasta octubre del mismo año, pese a que el conflicto concluyó
en marzo. Además -denuncia la CEDHU- en el último año de
mandato, el paÃs ha estado por tres veces consecutivas bajo el
régimen de la Ley de Seguridad Nacional.
- La CEDHU advierte que los fueros policiales para los
miembros de las FFAA, la PolicÃa y demás cuerpos de seguridad,
garantizan la impunidad de los autores de crÃmenes de lesa
humanidad. "A ello se suma -dice la denuncia- el recurso a la
prescripción como práctica que garantiza la impunidad".
(DIARIO HOY) (P. 2-A)
miembros de la Fuerza Pública, 316 torturas, 857 agresiones
fÃsicas, mil 233 detenciones arbitrarias, 106 violaciones de
domicilio, 282 casos de incomunicación. Esas son las
alarmantes cifras incluidas en un informe de la Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos sobre el tema del respeto a la
vida y a la integridad, durante los cuatro años del gobierno
que termina.
En un documento público enviado a los medios de comunicación,
la CEDHU denuncia, en forma pormenorizada, los casos de
irrespeto a la vida, incluidos dentro de una supuesta
"polÃtica de Estado de violación a los DDHH", del régimen de
Sixto Durán Ballén. "El gobierno mal puede ufanarse de ser un
renovador respetuoso de los derechos humanos", afirma Elsie
Monge, presidenta del comité, quien suscribe el documento.
En un claro contraste con lo expresado por el mandatario
saliente durante su informe final, el comité denuncia un
"saldo negativo" y un "trasfondo de desesperanza e impunidad"
en estos años de gobierno.
Felipe, Vicente y Luis
"Los esfuerzos de la sociedad civil por erradicar la práctica
de la tortura, no hallaron apoyo efectivo en este gobierno",
señala el documento de la CEDHU. El informe se apoya en
cifras: "no menos de ocho vÃctimas de muerte" se habrÃan
producido en dependencias militares o policiales durante este
gobierno.
"El primer caso ocurrió a los pocos dÃas de que asumiera el
presidente Durán Ballén. El 22 de Agosto, Felipe Moreira murió
en la Oficina de Investigación del Delito de la ciudad de
Quevedo, a causa de las descargas eléctricas a las que lo
sometieron los torturadores", señala la denuncia.
La muerte, el 22 de febrero de 1995, del comerciante Vicente
Muñoz -presuntamente asfixiado por sumersión en las
instalaciones de la PolicÃa Técnica Judicial del Guayas y
encontrado, más tarde, en la vÃa Perimetral- y el de Luis
Neira perecido "bajo tortura en la capitanÃa del Puerto de San
Lorenzo, en Esmeraldas", se incluyen dentro del informe de la
CEDHU. También consta el caso de los cuatro refugiados
polÃticos colombianos, quienes, según la denuncia de la CEDHU,
fueran arbitrariamente detenidos, incomunicados y sometidos a
torturas por parte de militares ecuatorianos, el 18 de agosto
de 1995.
Los casos de la llamada "justicia por mano propia" no
escaparon alojo vigilante del comité por los Derechos Humanos.
"Llama la atención que el Estado no asuma responsabilidad
alguna frente a estos hechos", dice el informe de la CEDHU.
LOS QUE ESPERAN JUSTICIA
Como uno de los "graves hechos de tortura a manos de
militares" fue calificado por la CEDHU el de los once
campesinos del Putumayo, "ilegalmente privados de su libertad
en 1993 y sometidos a torturas, hasta obtener confesiones
forzadas".
"Las declaraciones autoinculpatorias, arrancadas con
violencia, fueron utilizadas en su contra. Siete de ellos aún
permanecen privados de su libertad", denuncia el comité de
Derechos Humanos.
Los campesinos fueron condenados a 12 años de prisión por los
jueces de Tena, acusados de ser parte del grupo de
guerrilleros que, en diciembre de 1993, emboscó a una patrulla
antidrogas del Ecuador, en el rÃo Putumayo, en un lugar
llamado Peña Colorada.
Siete de los once esperan actualmente -y después de haber sido
declarados culpables por un tribunal de Tena- la revisión de
su sentencia en la sala de lo penal de la CSJ.
EL REINO DE LA IMPUNIDAD
La impunidad y corrupción- relacionadas directamente con un
sistema de abuso de poder- son, según la denuncia de la CEDHU,
otro de los signos del gobierno de Durán Ballén.
"La sucesión de escándalos por impunidad o corrupción de que
ha sido testigo el paÃs deja un saldo de varios prófugos de la
justicia", denuncia el organismo. Y enumera: el general
Gilberto Molina , implicado en la desaparición de los hermanos
Restrepo, fugó en octubre de 1992; el capitán de corbeta,
Fausto Morales Villota, autor material de la desaparición y
asesinato de la profesora Consuelo Benavides, huyó de la
dependencia del Ministerio de Defensa donde estaba recluido;
varios oficiales involucrados en hechos de impunidad o
corrupción (general Gustavo Zapata, coronel Gustavo Gallegos,
ambos involucrados en el caso Restrepo) fueron nombrados
titulares de la InspectorÃa General de la PolicÃa.
El informe de la CEDHU destaca también la"dramática situación"
de los principales centros carcelarios del paÃs, y revela que
9.360 internos permanecen recluidos en penitenciarÃas, cuya
capacidad máxima es de 5.049 personas.
La muerte -en menos de nueve meses- de tres jóvenes
estudiantes, por causa de la represión policial, durante
manifestaciones callejeras es, según la denuncia de la CEDHU,
el resultado de un "uso desproporcionado de la fuerza contra
civiles".
ESCRIBI UNA PAGINA LIMPIA
"Mi Gobierno ha sido respetuoso y tolerante, de diálogos y
acuerdos, de garantÃas y libertades, durante estos cuatro
años". Con esa frase, el presidente saliente, destacó en su
informe su apreciación sobre la tónica de su gobierno frente
al tema de los DDHH.
"Declaro haber observado un total respeto a las libertades de
pensamiento, de opinión, de libertades públicas individuales y
de garantÃas constitucionales, escribiendo una página limpia
en estos aspectos", dijo Sixto Durán Ballén, al rendir cuentas
al paÃs.
Sus palabras fueron corroboradas hoy por el ex vicepresidente
de la República y ex embajador del Ecuador ante la
Organización de Estados Americanos, Blasco Peñaherrera, en
declaraciones al Noticiero Nacional Al Aire.
Para Peñaherrera, el "respeto a la persona humana" ha sido la
tónica, y uno de los mayores logros de este gobierno. "Esa es
una cosa que no ha sido debidamente apreciada", dijo el ex
embajador.
"Yo hablo con conocimiento de causa, pues la mayor parte de
las violaciones y de los atentados contra los DDHH están ya en
trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en
Washington", señaló Peñaherrea.
"Todas esas violaciones se produjeron en gobiernos anteriores:
en el gobierno anterior la mayor parte y en el que le
antecedió otro buen número", dijo el ex vicepresidente. "No se
trata de una polÃtica de gobierno o de una actitud represiva o
agresiva contra la ciudadanÃa; son abusos de autoridad de
funcionarios menores de la PolicÃa, algunos del Ejército,
investigadores, etc., y en otros casos, cosas tan ridÃculas
como el caso de una señora que reclama ante la Comisión
Interamericana de DDHH porque el Municipio le desalojó de un
propiedad municipal", aseguró Peñaherrea.
GOLPES A LA MEMORIA
Un grupo de activistas por los derechos humanos se encargó
ayer de golpear la memoria de la gente, mientras el presidente
Durán Ballén leÃa su informe final. El grupo se concentró ayer
en la puerta del Congreso Nacional, a donde el presidente
asistió para rendir cuentas al paÃs.
El colombiano Pedro Restrepo, padre de dos menores
desaparecidos en manos de la PolicÃa Nacional, estuvo
presente. En declaraciones recogidas por Radio Quito, dijo que
el gobernante no puede jactarse de haber hecho cumplir con las
disposiciones de respeto a los derechos humanos.
Restrepo aseguró que la libertad de expresión ha sido limitada
al Comité de Familiares de VÃctimas de la Represión, y señaló
que cerca de 40 casos denunciados por ese organismo no fueron
atendidos por el régimen que termina.
NO ES UNA POLITICA OFICIAL
Para la coordinadora de Ciudadanos Unidos Contra la
Corrupción, Nelsa Curbelo, durante el perÃodo 1992-1996 no
existió una polÃtica de represión por parte del Estado, pero
sà una actitud de "permitir que ocurrieran las cosas".
"El gobierno no envió a reprimir, pero se quedó tranquilo ante
los abusos. No hubo compromiso real con la vida, con los
desaparecidos, incluso con la justicia social", destacó.
Sostuvo que el poder judicial está amarrado: "no solo le falta
vista sino también corazón", agregó. "Hay un deterioro de las
instituciones que hacen justicia".
Curbelo criticó que el actual gobierno no haya dado el
ejecútese a la ley de prescripción de juicios que establece
que los de lesa humanidad, es decir los delitos contra la
vida, no prescriben nunca, pues en la actualidad lo hacen a
los 10 años.
Asimismo, recordó que en el actual perÃodo gubernamental se
pretendió impedir las manifestaciones por la desaparición
forzada de los Restrepo. "En ese sentido se evidenció
insensibilidad", dijo Curbelo.
NO SON CASOS AISLADOS
Por omisión o por acción los diferentes niveles de la policÃa,
inclusive el Ministerio de Gobierno, han estado involucrados
en el encubrimiento de violaciones de derechos humanos, por lo
que sà se debe hablar de una polÃtica de Estado y no solamente
de espÃritu de cuerpo", opina el presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Azuay, Holger Dután.
"No se puede librar a los gobiernos de su responsabilidad, que
no es solamente castigar a los violadores de los derechos
humanos, sino protegerlos humanos, para que las violaciones no
se produzcan. Es una polÃtica de Estado, porque se hace en
instituciones estatales, se hace con compromiso de los
diferentes niveles".
"El sistema policial debe fundamentarse en un respeto máximo
de la Ley, que prohibe la tortura y exige un abogado que
acompañe al acusado en la declaración", asegura Dután. La
Comisión del Azuay ha iniciado algunos juicios por tortura
contra policÃas, además exige indemnizaciones para afectados
por violaciones de sus derechos y ha enviado una carta a las
Naciones Unidas en Ginebra denunciando el caso de la
desaparición de la estudiante Ivonne Cazar, en el que hay
sospechas de encubrimiento.
MAYORIA DE CASOS NO SE DENUNCIAN
Por su parte, el representante de los Derechos Humanos en
Guayaquil, Fernando Gutiérrez, puntualizó que la mayorÃa de
casos de violación a los DDHH no se denuncian. "Los casi tres
mil casos que revelan los registros son una mÃnima parte".
"El balance de los últimos cuatro años de gobierno es
negativo; si en un primer momento se anunció una polÃtica de
respeto, en los hechos esto ha fallado", censuró.
Indiferencia
Insistió en que el propio presidente Durán Ballén ha mostrado
total indiferencia respecto de denuncias y evidencias,
incluyendo casos sonados como las investigaciones en la
desaparición de los Restrepo.
Según Gutiérrez, las sanciones a los jefes policiales por este
tipo de hechos han sido nulas. "En el caso del Putumayo, la
actitud del gobierno ha sido condenable. También la situación
carcelaria del paÃs ha empeorado", señaló.
"La PolicÃa Nacional es menos confiable que nunca, y el
panorama de los derechos económicos, sociales y culturales ha
sufrido un claro deterioro".
DECRETOS PELIGROSOS
- Varios decretos oficiales propiciaron, según la CEDHU, la
violación de los derechos humanos, convirtiéndose en una
especie de licencia para atentar contra la vida.
- El decreto de movilización número 86, dictado por el
presidente pocos dÃas después de su posesión, (el 26 de
septiembre de 1992), facilitó -según la CEDHU, represiones
militares de expresiones de protesta popular, e incluso de
marchas como la convocada por los pueblos indÃgenas, el 12 de
octubre del 92.
- Según la CEDHU, el decreto de movilización trajo consigo una
serie de excesos. "La garantÃa constitucional de que nadie
puede ser distraÃdo de sus jueces, fue suspendida por el
decreto", dicen los activistas. "Cualquier infractor puede ser
puesto a órdenes de los jueces militares".
- "Durante la declaratoria de movilización, militares
encapuchados penetraron por el techo de radio Latacunga, la
clausuraron durante varias horas y detuvieron a su directora".
Lo mismo habrÃa sucedido en otras radioemisoras populares.
- El decreto mediante el cual el gobierno declaró el Estado de
Emergencia Nacional por causa del conflicto armado, se mantuvo
hasta octubre del mismo año, pese a que el conflicto concluyó
en marzo. Además -denuncia la CEDHU- en el último año de
mandato, el paÃs ha estado por tres veces consecutivas bajo el
régimen de la Ley de Seguridad Nacional.
- La CEDHU advierte que los fueros policiales para los
miembros de las FFAA, la PolicÃa y demás cuerpos de seguridad,
garantizan la impunidad de los autores de crÃmenes de lesa
humanidad. "A ello se suma -dice la denuncia- el recurso a la
prescripción como práctica que garantiza la impunidad".
(DIARIO HOY) (P. 2-A)
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