Quito. 17 ago 96. Una profunda preocupación existe entre los
organismos ambientalistas por la reciente aprobación de la
"Ley de régimen socio-ecológico para la provincia de Galápagos
La fundación Charles Darwin es una de las instituciones que
mayor pesimismo mira el texto aprobado por el Congreso y que
está en manos del Ejecutivo para su veto.

Esta ley no fue discutida con la comunidad ni obedece a un
proceso técnico de consultas y de análisis jurídicos, legales,
administrativos, institucionales, económicos, del uso de
recursos. Desconoce la serie de seminarios -talles que se
llevaron a cabo desde 1994 para establecer consensos sobre el
manejo de las islas, en los que participaron todos los
sectores de la comunidad local de Galápagos y de instituciones
relacionadas (continentales e insultares); este proceso
posibilitó llegar a una serie de consensos sobre la migración,
cuarentena, el manejo de la pesca, turismo y de la
organización instituciona de la provincia.

Así opina el director de la Fundación, Alfredo Carrasco, quien
se une a la ola de críticas que se han vertido en contra de
este texto legal que fue auspiciado por el polémico diputado
Eduardo Véliz, que hace poco fue nombrado como "enemigo de la
ecología" por un organismo ambientalista.

Carrasco sostiene que, en algunos aspectos, más que nada
financieros, se busca aliviar los problemas de las
instituciones del Estado; sin embargo la Ley no resuelve los
problemas fundamentales de la provincia: su institucionalidad,
la conservación de las islas en su integridad, manejo de la
Reserva Marina. Además no defiende, en la práctica, los
intereses de los residentes.

Sin embargo, acepta que de "cierta forma aceptable" trata el
tema de la migración aunque cree que el tema debió haber sido
tratado con mayor profundidad.

AUMENTO SALARIAL VA A QUEBRAR A TODOS

La Ley establece que los organismos que trabajan en la islas
deberán pagar un 100 por ciento más de los sueldos. Sobre ese
punto, la Charles Darwin dice que este esquema caotiza el
esquema laboral de la provincia, y genera obligaciones
adicionales al Estado sobre los 6.8 millones de dólares
anuales, para financiar los salarios de la burocracia (según
el censo de 1990, existen en Galápagos 1,146 burócratas). De
otro lado, pone en riesgo la estabilidad laboral de empleados
públicos y privadas ya que muchas instituciones no soportarán
este agresivo incremento salarial. Además, llevará a la
quiebra a muchas instituciones, particularmente privadas, que
no tendrán los medios financieros para atender esta
disposición. Consecuentemente se incrementará el desempleo y
la presión sobre los recursos naturales especialmente los
marinos.

Por otro lado, asegura no se establecen parámetros para el
funcionamiento de los municipios y particularmente del Consejo
Provincial. En el caso de este último, se corre el riesgo de
que exista una abierta pugna de funciones con el Ingala como
la de "ejecutar obras y otorgar servicios que demande la
comunidad...", actividades que en la práctica deberían ser
realizados por el Consejo Provincial o los municipios".

EL CAOS TOTAL

La propuesta no define parámetros de coordinación
interinstitucional, que es esencial para el manejo de las
islas. Esta propuesta legal caotizará aún más la
administración provincial y el manejo de los recursos. Con
este vacío se reeditará nuevamente la creación de Comisiones
de Alto Nivel para resolver los problemas de la región.
También se incrementarán las tensiones políticas y sociales.

Alfredo Carrasco observa que el Ingala estaría en facultades
de comprometer fondos del Estado de manera directa, ya que se
omite el requisito de que para aprobar y canalizar asistencia
económica y cooperación internacional, es necesario el informe
previo favorable de la Secretaría General de Planificación
(CONADE) y del Ministerio de Finanzas.

Asimismo, la Fundación observa que se potencia para que de
manera indiscriminada y amparados en "estudios" se alteren los
límites del Parque Nacional Galápagos, se reforma incluso la
Ley Forestal con este propósito. También reforma la Ley
Forestal para cambiar la definición de Parque Nacional,
afectando particularmente a Galápagos ya que al ser el único
parque nacional que no tiene gente que vive dentro de sus
límites, afecta también a todo el Sistema Nacional de Areas
Protegidas.

Es necesario hacer notar la poca o nula importancia que esta
ley da a la investigación ecológica, económica y social.

UN VISTAZO

- La Reserva Marina como está concebida es preferible que se
la elimine como categoría de manejo, y que se la pase a
denominar Reserva Pesquera.

- No se reconoce los usos turísticos, educativos y científicos
de esta área, ni la importancia de los ecosistemas que posee.

- No privilegia el uso de los recursos marinos para el sector
pesquero artesanal de las islas, permite la actividad pesquera
a otros sectores extra isleños los que, bajo fórmulas
artesanales, realizarán una explotación industrial.

- La Ley, como está propuesta, politiza a las instituciones
que deben tener un rol técnico en las islas, entre ellas al
Ingala y al PNG.

- El tema educativo se lo trata muy ligeramente y no articula
una propuesta concreta que sea factible de implementar. Los
aspectos de inspección y cuarentena están pobremente tratados.
No se destinan fondos financieros para su implementación.

- Pone todo su esfuerzo fiscal y de impuestos, y por ende la
dependencia financiera de muchas instituciones, en los
recursos económicos de genera el turismo. El sector pesquero,
a pesar de que se la faculta abiertamente a explotar los
recursos de las islas, no paga impuestos en beneficio de la
región.

- Se pretende que la Ley privilegie a la comunidad residente
mediante la incorporación de ellos en la actividad turística;
sin embargo, ésta deja puertas abiertas que permitirán que
inversionistas externos puedan desarrollar sus propios
proyectos al margen de la participación comunitaria.

- Los diputados de la provincia son juez y parte en los
procesos administrativos al participar en los directorios del
Ingala y del Inefan, así como en el Comité Técnico del PNG.

- A la sociedad civil no se le consulta ningún rol protagónico
en la toma de decisiones, como tampoco es sujeto de ser
consultada. Al contrario, la propuesta es estatista y
centralizante, ya que se otorga el poder sobre las decisiones
públicas y privadas a un directorio (Ingala) eminentemente
político. (DIARIO HOY) (P. 10-A)
EXPLORED
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