Quito.22 ago 96. Mientras el presidente ejecutivo de
Petroecuador anunciaba la revisión de todos los contratos de
prestación de servicios que mantienen las empresas privadas
con el Estado, Maxus Energy Corp continuó con absoluta
normalidad sus trabajos en el bloque 16 de la región
Amazónica.
Los funcionarios de la empresa petrolera, de propiedad de YPF
de Argentina, se limitaron a informar que existe un contrato
firmado con el Ecuador y que, si el gobierno propone una
revisión, están dispuestos a sentarse en la mesa de
conversaciones.
"En los próximos dÃas vamos a fijas las pautas para los
térmicos de la negociación", destacó Mark Miller,
vicepresidente ejecutivo de YPF.
No obstante, el empresario se preocupó por señalar que las
conversaciones van a demorar.
En los campos petroleros de Maxus no pasó nada. De fuentes
fidedignas se supo que en las próximas horas arribarÃan al
paÃs los máximos personeros de la transnacional YPF.
Por otro lado, Patricio López, presidente de Petroecuador dijo
que se revisarán los demás contratos de participación de
servicios, "que perjudican al paÃs".
Estos contratos fueron firmados con Tripetrol, Occidental, Elf
y Orix.
REACCIONES DIVERSAS
Aunque la opinión pública reconoció los perjuicios para el
Estado que causa el contrato con la petrolera Maxus Energy
Corp, existieron diversas reacciones en relación a la
militarización que anunciara el régimen de Abdalá Bucaram
Ortiz.
Wálter Spurrier, analista económico, destacó que se debió
continuar las conversaciones con Maxus en busca de un nuevo
contrato.
Recordó que las pérdidas para el paÃs obedecen a las polÃticas
energéticas seguidas por el Ecuador, que en la década de los
ochenta privilegiaban los contratos de prestación de
servicios.
Medida acertada
Por su parte, las organizaciones ambientalistas y de
trabajadores petroleros manifestaron su apoyo al presidente
Abdalá Bucaram por las medidas anunciadas en relación a la
petrolera Maxus.
"El paÃs ha puesto fin a uno de los mayores escándalos en
términos ambientales, sociales y económicos que se viene
gestando desde 1986", señaló Paulina Garzón, directora de
Acción Ecológica.
Iván Narváez, presidente de la Federación de Trabajadores
Petroleros de Petroecuador, calificó la medida de "acertada y
nacionalista".
Narváez, solicitó además al ministro Adum, se tome la misma
medida con el resto de empresas petroleras transnacionales que
operan en el paÃs. (IPS-EFE)
LOS CONTRATOS CAROS DEL ECUADOR
El 26 de abril de 1995 salieron a la luz pública los errores
cometidos por el Ecuador en la firma de un contrato de
prestación de servicios con la transnacional petrolera Maxus.
Una comisión de alto nivel de Petroecuador -conformada
inclusive por el ex ministro de EnergÃa, Jorge Pareja Cucalón,
y otros funcionarios conocidos en el ámbito energético del
paÃs, como Ricardo Estrada y Raúl Jaramillo del Castillo-
determinó, después de varios estudios, que el paÃs no
recaudaba nada de las explotaciones petroleras en el bloque 16
de la AmazonÃa, adjudicado a la compañÃa.
A la vez, se conoció de la existencia de irregularidades en la
adjudicación a Maxus de los campos Bogi-Capirón, en área que
corresponde al bloque 16, y el campo Tivacuno, de propiedad de
Petroecuador.
Desde entonces toda la opinión pública ha exigido que se
termine la relación comercial con la transnacional petrolera
o, por lo menos, se obligue a Maxus a cambiar su contrato de
prestación de servicios por uno de participación.
Los motivos: Maxus elevó los costos de producción, que debÃan
ser reembolsados por el paÃs, a niveles que resultaban
perjudiciales para el paÃs.
Un análisis de precios y costos por rubro de producción del
barril de petróleo en el bloque 16 que se le asignó en la
Quinta Ronda petrolera a la compañÃa Conoco, predecesora de
Maxus, establece una marcada diferencia entre los costos
presentados para declarar la comercialidad de dicho bloque en
1991 y los valores estimados ahora para esos mismos rubros
cuando finalicen las inversiones.
Tomando en cuenta cifras globales, hasta febrero de 1994, los
costos de operación de la empresa, en vez de reducirse en un
20 por ciento, como se habÃa previsto, se incrementaron.
El monto original de inversiones para hacer producir al bloque
16 fue de 582 millones de dólares según lo previsto en el
Plan de Desarrollo, pero hasta febrero de 1994 se habÃan
incrementado a 710 millones de dólares. Además los gastos
realizados por Maxus en 1994, sin autorización de
Petroecuador, superan en 32,7 por ciento al presupuesto
legalmente aprobado en 1993.
El análisis comparativo de los parámetros económicos del
proyecto evidencian que, según el plan original, la
participación total que correspondÃa al Estado era de 26,32
por ciento del ingreso bruto del bloque, mientras que en la
actualidad la participación del paÃs en el ingreso bruto es
cero.
Revisión de los demás contratos
Una mirada al cuadro de costos de producción de otras
compañÃas de prestación de servicios, en base a los ingresos
generados a 1995, registrados en Petroecuador, muestra un
costo en dólares americanos por barril para Occidental, de
12,58 dólares; Elf 24,56 dólares; Oryx 9,75 dólares y
Tripetrol 44,56 dólares.
El porcentaje de participación del Estado en la producción
correspondiente a la operación de cada una de esas empresas ha
sido respectivamente de 11 por ciento, uno por ciento, cuatro
por ciento y cero por ciento.
Dadas las medidas tomadas en relación al contrato con Maxus,
podrÃa revisarse los términos de los demás contratos. Asà se
harÃa práctica la conclusión de la Comisión Negociadora de
alto nivel de 1995, que reza asÃ: "No se podrÃa aceptar que se
exploten los recursos naturales del Estado sin que éste
obtenga un beneficio que justifique la entrega de sus
recursos".
PARTICIPACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ¿CUAL ES LA
DIFERENCIA?
Los contratos de "prestación de servicios" y "de
participación" son modalidades previstas en la Ley de
Hidrocarburos para la concesión de exploración y explotación
petrolera. Desde 1993, el paÃs adoptó la modalidad de
"participación" por considerarla más conveniente a los
intereses nacionales, de tal manera que actualmente solo el
Bloque 16, concedido a la Maxus, se rige todavÃa por un
contrato de "prestación de servicios".
En esencia, ambos son contratos de riesgo, en los que la
contratista debe poner el capital y solo tendrá ganancias si
extrae petróleo. La diferencia está en la manera como se
obtienen esas ganancias.
En la "prestación de servicios", si extrae el petróleo, la
contratista tendrá derecho a que el Estado le reembolse en
dinero el costo de la inversión y el pago de los servicios.
La diferencia esencial con el contrato de "participación", es
que en éste, en lugar de que el Estado reembolse en dinero, le
entrega una parte de la producción, en base al porcentaje
convenido en el contrato.
De esa manera la contratista corre un riesgo adicional: que el
precio internacional del barril de petróleo sea inferior al
costo de producción para de esa manera obtener ganancias.
CONTRATOS
* Contrato de prestación de servicios en el Bloque 16 de la
Región Amazónica ecuatoriana, suscrito el 27 de enero de 1986
e inscrito en el registro Nacional de Hidrocarburos el 7 de
febrero del mismo año.
* Contrato de servicios especÃficos para el desarrollo y
producción en el área Tivacuno: 21 de abril de 1992 e inscrito
en el registro nacional el 14 de mayo del mismo año.
* Convenio de explotación unificada del campo Bogi-Capirón,
suscrito el 20 de agosto de 1991.
* Convenio de alzas de petróleo crudo, suscrito el 29 de julio
de 1988, y su enmienda suscrita el 20 de agosto de 1991.
* Convenio para el suministro de diluyente y combustible,
ajuste por diferencial de calidad y transporte de petróleo
crudo, suscrito el 20 de agosto de 1991.
* Convenio para comercialización de petróleo crudo suscrito el
21 de abril de 1992.
* Carta de entendimiento, suscrita el 21 de abril de 1992.
(DIARIO HOY) (P. 2-A)
Petroecuador anunciaba la revisión de todos los contratos de
prestación de servicios que mantienen las empresas privadas
con el Estado, Maxus Energy Corp continuó con absoluta
normalidad sus trabajos en el bloque 16 de la región
Amazónica.
Los funcionarios de la empresa petrolera, de propiedad de YPF
de Argentina, se limitaron a informar que existe un contrato
firmado con el Ecuador y que, si el gobierno propone una
revisión, están dispuestos a sentarse en la mesa de
conversaciones.
"En los próximos dÃas vamos a fijas las pautas para los
térmicos de la negociación", destacó Mark Miller,
vicepresidente ejecutivo de YPF.
No obstante, el empresario se preocupó por señalar que las
conversaciones van a demorar.
En los campos petroleros de Maxus no pasó nada. De fuentes
fidedignas se supo que en las próximas horas arribarÃan al
paÃs los máximos personeros de la transnacional YPF.
Por otro lado, Patricio López, presidente de Petroecuador dijo
que se revisarán los demás contratos de participación de
servicios, "que perjudican al paÃs".
Estos contratos fueron firmados con Tripetrol, Occidental, Elf
y Orix.
REACCIONES DIVERSAS
Aunque la opinión pública reconoció los perjuicios para el
Estado que causa el contrato con la petrolera Maxus Energy
Corp, existieron diversas reacciones en relación a la
militarización que anunciara el régimen de Abdalá Bucaram
Ortiz.
Wálter Spurrier, analista económico, destacó que se debió
continuar las conversaciones con Maxus en busca de un nuevo
contrato.
Recordó que las pérdidas para el paÃs obedecen a las polÃticas
energéticas seguidas por el Ecuador, que en la década de los
ochenta privilegiaban los contratos de prestación de
servicios.
Medida acertada
Por su parte, las organizaciones ambientalistas y de
trabajadores petroleros manifestaron su apoyo al presidente
Abdalá Bucaram por las medidas anunciadas en relación a la
petrolera Maxus.
"El paÃs ha puesto fin a uno de los mayores escándalos en
términos ambientales, sociales y económicos que se viene
gestando desde 1986", señaló Paulina Garzón, directora de
Acción Ecológica.
Iván Narváez, presidente de la Federación de Trabajadores
Petroleros de Petroecuador, calificó la medida de "acertada y
nacionalista".
Narváez, solicitó además al ministro Adum, se tome la misma
medida con el resto de empresas petroleras transnacionales que
operan en el paÃs. (IPS-EFE)
LOS CONTRATOS CAROS DEL ECUADOR
El 26 de abril de 1995 salieron a la luz pública los errores
cometidos por el Ecuador en la firma de un contrato de
prestación de servicios con la transnacional petrolera Maxus.
Una comisión de alto nivel de Petroecuador -conformada
inclusive por el ex ministro de EnergÃa, Jorge Pareja Cucalón,
y otros funcionarios conocidos en el ámbito energético del
paÃs, como Ricardo Estrada y Raúl Jaramillo del Castillo-
determinó, después de varios estudios, que el paÃs no
recaudaba nada de las explotaciones petroleras en el bloque 16
de la AmazonÃa, adjudicado a la compañÃa.
A la vez, se conoció de la existencia de irregularidades en la
adjudicación a Maxus de los campos Bogi-Capirón, en área que
corresponde al bloque 16, y el campo Tivacuno, de propiedad de
Petroecuador.
Desde entonces toda la opinión pública ha exigido que se
termine la relación comercial con la transnacional petrolera
o, por lo menos, se obligue a Maxus a cambiar su contrato de
prestación de servicios por uno de participación.
Los motivos: Maxus elevó los costos de producción, que debÃan
ser reembolsados por el paÃs, a niveles que resultaban
perjudiciales para el paÃs.
Un análisis de precios y costos por rubro de producción del
barril de petróleo en el bloque 16 que se le asignó en la
Quinta Ronda petrolera a la compañÃa Conoco, predecesora de
Maxus, establece una marcada diferencia entre los costos
presentados para declarar la comercialidad de dicho bloque en
1991 y los valores estimados ahora para esos mismos rubros
cuando finalicen las inversiones.
Tomando en cuenta cifras globales, hasta febrero de 1994, los
costos de operación de la empresa, en vez de reducirse en un
20 por ciento, como se habÃa previsto, se incrementaron.
El monto original de inversiones para hacer producir al bloque
16 fue de 582 millones de dólares según lo previsto en el
Plan de Desarrollo, pero hasta febrero de 1994 se habÃan
incrementado a 710 millones de dólares. Además los gastos
realizados por Maxus en 1994, sin autorización de
Petroecuador, superan en 32,7 por ciento al presupuesto
legalmente aprobado en 1993.
El análisis comparativo de los parámetros económicos del
proyecto evidencian que, según el plan original, la
participación total que correspondÃa al Estado era de 26,32
por ciento del ingreso bruto del bloque, mientras que en la
actualidad la participación del paÃs en el ingreso bruto es
cero.
Revisión de los demás contratos
Una mirada al cuadro de costos de producción de otras
compañÃas de prestación de servicios, en base a los ingresos
generados a 1995, registrados en Petroecuador, muestra un
costo en dólares americanos por barril para Occidental, de
12,58 dólares; Elf 24,56 dólares; Oryx 9,75 dólares y
Tripetrol 44,56 dólares.
El porcentaje de participación del Estado en la producción
correspondiente a la operación de cada una de esas empresas ha
sido respectivamente de 11 por ciento, uno por ciento, cuatro
por ciento y cero por ciento.
Dadas las medidas tomadas en relación al contrato con Maxus,
podrÃa revisarse los términos de los demás contratos. Asà se
harÃa práctica la conclusión de la Comisión Negociadora de
alto nivel de 1995, que reza asÃ: "No se podrÃa aceptar que se
exploten los recursos naturales del Estado sin que éste
obtenga un beneficio que justifique la entrega de sus
recursos".
PARTICIPACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ¿CUAL ES LA
DIFERENCIA?
Los contratos de "prestación de servicios" y "de
participación" son modalidades previstas en la Ley de
Hidrocarburos para la concesión de exploración y explotación
petrolera. Desde 1993, el paÃs adoptó la modalidad de
"participación" por considerarla más conveniente a los
intereses nacionales, de tal manera que actualmente solo el
Bloque 16, concedido a la Maxus, se rige todavÃa por un
contrato de "prestación de servicios".
En esencia, ambos son contratos de riesgo, en los que la
contratista debe poner el capital y solo tendrá ganancias si
extrae petróleo. La diferencia está en la manera como se
obtienen esas ganancias.
En la "prestación de servicios", si extrae el petróleo, la
contratista tendrá derecho a que el Estado le reembolse en
dinero el costo de la inversión y el pago de los servicios.
La diferencia esencial con el contrato de "participación", es
que en éste, en lugar de que el Estado reembolse en dinero, le
entrega una parte de la producción, en base al porcentaje
convenido en el contrato.
De esa manera la contratista corre un riesgo adicional: que el
precio internacional del barril de petróleo sea inferior al
costo de producción para de esa manera obtener ganancias.
CONTRATOS
* Contrato de prestación de servicios en el Bloque 16 de la
Región Amazónica ecuatoriana, suscrito el 27 de enero de 1986
e inscrito en el registro Nacional de Hidrocarburos el 7 de
febrero del mismo año.
* Contrato de servicios especÃficos para el desarrollo y
producción en el área Tivacuno: 21 de abril de 1992 e inscrito
en el registro nacional el 14 de mayo del mismo año.
* Convenio de explotación unificada del campo Bogi-Capirón,
suscrito el 20 de agosto de 1991.
* Convenio de alzas de petróleo crudo, suscrito el 29 de julio
de 1988, y su enmienda suscrita el 20 de agosto de 1991.
* Convenio para el suministro de diluyente y combustible,
ajuste por diferencial de calidad y transporte de petróleo
crudo, suscrito el 20 de agosto de 1991.
* Convenio para comercialización de petróleo crudo suscrito el
21 de abril de 1992.
* Carta de entendimiento, suscrita el 21 de abril de 1992.
(DIARIO HOY) (P. 2-A)
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