CONFLICTO DE COMPETENCIAS

Quito. 13 dic 2001. (Análisis) Se ve venir un conflicto de competencias
y, por consiguiente, un ahondamiento del problema que se ha planteado al
país con la denuncia de presunta corrupción en la contratación de seguros
para la flota aérea de las FFAA.

La acusación es de tal gravedad, que no puede ventilarse únicamente en
las páginas de los periódicos o en determinadas comisiones legislativas;
incluso será insuficiente que se la procese en la Comisión de Control
Cívico de la Corrupción, lo cual no quiere decir que las instancias
mediáticas, legislativas y civiles no deban cumplir su tarea en torno al
tema, y tampoco que se menosprecie su labor. Pero el Estado cuenta con un
sistema jurídico que debe actuar, un Ministerio Fiscal, una fiscal
general de la Nación que debe tener iniciativa (según informaciones de
última hora, el viernes tomó alguna iniciativa de carácter confidencial
para iniciar una investigación e instaurar un proceso de esclarecimiento
y sanción, en caso de establecer el cometimiento de delitos y sus
responsables). No obstante, el mismo camino tomó, anteayer, el presidente
de la Corte de Justicia Militar, Richelieu Levoyer.

Esto reaviva un asunto que se había venido discutiendo en el país, y que
tiene que ver con las jurisdicciones especiales de ciertos funcionarios y
dignatarios públicos. La experiencia es que el fuero de excepción no
lleva, necesariamente, a una sanción y, por supuesto, coloca en
inferioridad de condiciones a la mayoría de ciudadanos (lo que es
inconstitucional), aun cuando personas o personajes con fuero especial
cometan delitos comunes. Si hay conflicto, lo dirimirá la Corte Suprema
de Justicia. Pero, la pregunta es: ¿Lo hará con criterios jurídicos o
políticos (como la seguridad del Estado)?

Mientras tanto, no dejan de llamar la atención los detalles que se han
hecho públicos en torno a esta gravísima denuncia. Hay dudas no
despejadas suficientemente respecto de un presunto sobreprecio en la
contratación por la política de las FFAA en materia de seguros, pues los
uniformados dejan de lado su propio broker y operan con terceros; y, pese
a las negativas de los implicados, no está debidamente aclarado quién
pago el tur que hicieron por Francia e Italia los jefes de Estado Mayor
de las tres ramas y sus esposas, además de la esposa y de la hija del
ministro de Trabajo, Martín Inzua.

Claro que hay motivos de sospecha. Por ejemplo, el 27 de noviembre, el
jefe de Estado Mayor de la Fuerza Terrestre, Roberto Moya, negó a un
periodista de este Diario que hubiese existido el mencionado tur. Pero el
propio ministro de Defensa, Hugo Unda, ya confirmó que el paseo por
Francia e Italia se había efectuado entre el 16 y el 21 de febrero de
2001, y que él había autorizado únicamente el desplazamiento a Londres,
en representación oficial.

La opinión pública ecuatoriana merece recibir una explicación exhaustiva
de la manera en que procedieron los jefes militares en su representación,
a la hora de contratar los seguros de las aeronaves. No se trata de
satisfacer un apetito morboso, y mucho menos de hacer eco de una presunta
conspiración institucional, cuyo propósito es evitar la promoción a la
cúpula de determinados oficiales que están en el camino del ascenso. Se
impone demostrar incuestionablemente que en las FFAA prima el honor
institucional y el servicio a los intereses fundamentales del país. Esto
no quiere decir que los ecuatorianos aspiremos a que en sus filas solo
existan arcángeles arcabuceros, pero sí que, en el caso de producirse
incorrecciones, cualquiera sea el nivel en que ellas se produzcan, se
opte por correctivos ejemplarizadores. Si no es el caso, tanto mejor:
será la confirmación de la entereza institucional.

[email protected] (Diario HOY)