La construcción de este proyecto, que generaría 1 400 gigavatios /hora/año, equivalentes a la energía que actualmente compra Ecuador a Colombia, se halla detenida desde hace varios años. Anteriormente fueron problemas de orden legal y financiamiento, dilucidados por las instancias correspondientes, y actualmente se espera la decisión del presidente Lucio Gutiérrez, quien ha ordenado la revisión de los procesos precontractuales, contractuales y de concesión de la obra.
La Presidencia dice que hubo irregularidades, mientras las Cámaras del Tungurahua piden que no se postergue la ejecución de la obra.
La Presidencia de la República inició la revisión del proceso de concesión de la central hidroeléctrica San Francisco, que culminó con el contrato firmado entre el Consejo Nacional de Electrificación (Conelec) y el Consorcio Hidropastaza el 28 de marzo de 2000.
La decisión ha generado resquemor en los sectores productivos y un diputado de Tungurahua, que han argumentado que de esta forma se retrasará por un año el inicio de los trabajos, y el aplauso de quienes cuestionan la legalidad de la concesión, proceso que empezó en 1995 con la convocatoria a licitación internacional efectuada por el ex Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel).
El proyecto consiste en la construcción de una central hidroeléctrica, con una capacidad de generación de 230 megavatios (mw), ubicado en la provincia de Tungurahua, a 20 kilómetros de Baños. La concesionaria, Hidropastaza, está conformada por Hidroagoyán, que tiene el 80% del capital accionario y el consorcio Odebrecht-Anzaldo, con el 20% restante.
Hidroagoyán, es decir el accionista mayoritario, es una empresa de propiedad del Fondo de Solidaridad, por tanto pertenece al Estado ecuatoriano.
El contrato, realizado bajo el esquema BOT (construcción, operación y transferencia, por sus siglas en inglés), fue modificado el 4 de octubre de 2002, a fin de otorgar a la concesionaria una prórroga de los plazos de construcción y de inicio de operación de la central hidroeléctrica, aprobar nuevos cronogramas de ejecución y facultar al Conelec para dar por terminada la concesión si en el plazo de 24 meses (contados a partir de la modificatoria) no se producen los desembolsos del financiamiento.
La ejecución de la obra debía empezar en estos días, pero el Gobierno la aplazó hasta finales de año, mientras se toma este tiempo para determinar si el financiamiento de la concesión estuvo o no "viciado", como señala uno de los asesores presidenciales encargados de revisar el proceso.
Ese es el meollo del problema: mientras en Carondelet se argumenta que fue ilegal la decisión del ex presidente Gustavo Noboa de otorgar un aval del Estado para garantizar el crédito de $243 millones, del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (Bndes), Hidropastaza, por intermedio de la empresa Odebrecht, señala que esto fue correcto y es un tema que fue absuelto por las cortes de Justicia. Lo mismo sostienen el diputado Jacobo Sanmiguel (Patria Solidaria) y las Cámaras de la Producción del Tungurahua.
Efectivamente, el 1º de octubre de 2002, la quinta sala de la Corte Superior de Justicia de Quito dictó un auto de sobreseimiento definitivo en favor de Diego Pérez Pallares, ex director ejecutivo del Conelec, y Rafael Vintimilla, ex funcionario de la entidad, en un juicio por peculado planteado por Fausto Dután, entonces presidente del Partido Socialista, con el auspicio de Víctor Granda, actual presidente de esa organización política.
Pero los magistrados señalan en el mismo dictamen: "se ha comprobado la existencia de la infracción prevista y sancionada en el artículo 257, sección tres del Código Penal", referido al aprovechamiento del cargo para hacer concesiones ilegales.
En su parte fundamental, la norma habla de los funcionarios, empleados o servidores públicos, "que se favorezcan o hayan favorecido a personas naturales y jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, les hubiesen concedido contratos o permitido la realización de negocios con el Estado o cualquier otro organismo del sector público".
La quinta sala sustenta su pronunciamiento en el hecho de que para otorgar el aval, Noboa invocó a un decreto supremo de 1977 que permite al Gobierno garantizar los créditos externos que contrajeran las empresas eléctricas del país, el cual fue derogado en 1996 con la nueva Ley del Sector Eléctrico.
Para ello habría considerado que Hidropastaza es del Estado, porque el capital mayoritario pertenece a Hidroagoyán, lo que fue cuestionado por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) y por los demandantes, que señalan al consorcio como una institución no estatal, que debió haber rendido (por su cuenta y riesgo) las garantías necesarias para la ejecución del proyecto sin recurrir al aval del Gobierno.
A todo esto, el vicepresidente ejecutivo de Hidropastaza, Sadinoel de Freitas (representante de Odebrecht), responde con una carpeta de documentos que demuestran que los obstáculos legales fueron superados uno a uno. (AA)
Datos
Un proyecto atorado desde hace 8 años
OPINIONES
"Lula" mantiene el financiamiento
Sadinoel de Freitas, vicepresidente de Hidropastaza, indica que el financiamiento del Bndes se formalizó el 13 de abril de 2000, nueve días después de que Noboa promulgara el decreto por el cual el Estado otorgaba el aval a la contratista. Los pagos por compensación automática se harían en el marco del Convenio de Créditos Recíprocos (CCR), de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).
Indica que en mayo de ese año el Banco Central de Brasil suspendió el mecanismo acordado, pero lo restableció el 8 de octubre de 2001, por lo que el Gobierno ecuatoriano autorizó al Ministerio de Economía a suscribir los convenios necesarios para operar los CCR.
El 16 de enero de 2003, el presidente de Brasil, Inazio "Lula" da Silva, le dijo (en Quito) a su homólogo Lucio Gutiérrez que ratificaba el financiamiento del proyecto. (AA)
"Odebrecht debe correr los riesgos"
El diputado y presidente del Partido Socialista, Víctor Granda, acusa a Odebrecht de haber utilizado a la empresa del Fondo de Solidaridad, Hidroagoyán, para argumentar que Hidropastaza pertenece al Estado y conseguir el aval del Gobierno ecuatoriano.
Afirma que esto contraviene la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (Loafyc), la Ley de Modernización del Estado y del sector Eléctrico, que prohíben otorgar garantías a las operadoras y empresas extranjeras que deberían correr con todos los riesgos del proyecto.
Desde su punto de vista, esto configuraría un "subsidio" del Estado a la empresa contratista, que debía financiar totalmente la obra.
El 29 de enero y el 26 de marzo de 2003, ese partido pidió al presidente Lucio Gutiérrez dejar sin efecto el proceso, y el pasado 20 de mayo envió una carta al presidente de Brasil, en la que pidió mantener el financiamiento pero impulsar una nueva licitación transparente, "sin irregularidades". (AA)
Tungurahua no descarta un paro
Jacobo Sanmiguel, diputado de Tungurahua por el movimiento Patria Solidaria, no descarta una paralización provincial en las próximas semanas, debido al retraso en el inicio de la obra. Considera que el presidente debe revisar el proceso pero no demorarse tanto porque se trata de un proyecto largamente esperado por los ciudadanos de esa zona.
Añade que de esta forma se podría perder el crédito brasileño, crear inseguriad jurídica y además Hidropastaza podría instaurar demandas millonarias por daños y perjuicios en contra del Estado.
De su parte, Miguel Suárez, presidente del Consorcio de Cámaras de la Producción del Tungurahua, acusa a los asesores presidenciales de responder a "intereses obscuros", que tratan de impedir la creación de 3 000 puestos directos de trabajo y 10 mil indirectos. (AA)
ARGUMENTOS
El Gobierno cuestiona la garantía
Un asesor del presidente Lucio Gutiérrez, que pidió omitir su nombre, considera que la adjudicación estuvo "viciada" porque Hidropastaza no tenía el financiamiento en firme cuando se le otorgó la concesión.
Sostiene que el anterior mandatario no debió haber otorgado la garantía soberana en nombre del Estado, porque esto no es compatible con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, vigente desde 1996, y menciona que el fallo de la quinta sala de la Corte Superior de Quito deja abierta la posibilidad de que se hubiera cometido un peculado ("aprovechamiento de funciones") por esta razón.
El funcionario ha recomendado al actual jefe de Estado que revise todo el proceso, desde la fase precontractual; incluso se consultará al procurador, José María Borja, la posibilidad de realizar una nueva licitación.
A una consulta inicial del pasado 21 de mayo, el procurador respondió que no se pronunciará hasta que la justicia lo haga. (AA)
Instancias "allanan" el camino
El 29 de abril y el 31 de octubre de 2002, el Tribunal Constitucional (TC) desechó las demandas de inconstitucionalidad, planteadas contra el aval del Gobierno, por el ex diputado Víctor Hugo Sicouret (Partido Roldosista Ecuatoriano) y Fausto Dután (Socialista), respectivamente.
Este último dirigente presentó una denuncia a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), que en dos ocasiones cuestionó el procedimiento seguido por Gustavo Noboa y remitió el expediente a la Fiscalía, la cual a su vez pidió los pronunciamientos de la Contraloría y Procuraduría.
La primera entidad no lo hizo, mientras el ex procurador, Ramón Jiménez Carbo, concluyó que sí se habían observado "las disposiciones legales y reglamentarias vigentes".
Por todo esto, Hidropastaza argumenta que no existe ningún impedimento para iniciar el proyecto. (AA)
Ambato debate el proyecto
Guillermo Varela, del movimiento Dignidad Provincial, integrado por ex empleados de Inecel y representantes de algunos sectores políticos, cuestiona el procedimiento de concesión porque el ex Inecel adjudicó en primera instancia al Consorcio San Francisco, integrado por la firma Cartelone, lo que luego fue cambiado por el Conelec y adjudicado a Hidropastaza.
A su juicio, la institución eléctrica otorgó la obra a otra entidad del Estado (propietario de Hidroagoyán, la mayor accionista del consorcio adjudicado), con el propósito de favorecer a la firma Odebrecht, la cual debía garantizar el crédito del Brasil.
Por ello concuerda con la intención del presidente Lucio Gutiérrez de revisar todo el proceso. Esta posición es cuestionada por Miguel Suárez, de las Cámaras de la Producción del Tungurahua, quien señala que las trabas a la ejecución del proyecto San Francisco (generación hidráulica) beneficiarán a quienes apoyan la venta de energía térmica, que es más cara. (AA)
ANALISIS
La eterna sospecha
La historia detrás del proyecto para construir la presa San Francisco es, quizá, el caso más emblemático de lo que ocurre en Ecuador cuando se trata de ejecutar obras de gran repercusión y alto financiamiento.
Comienza con la palabra empeñada por las autoridades para llevar a cabo obras que el país necesita y que despiertan enorme entusiasmo y optimismo, hasta que se cruzan los intereses de quienes quieren ejecutarlas, para más tarde llegar, incluso, a hacer compromisos internacionales donde la palabra del mandatario, que representa la majestad del Estado, es el aval mayor que santifica la oferta.
Pero, de forma paralela, comienzan las suspicacias de la existencia de intereses particulares y del tráfico de influencias, lo que lleva a los contrarios a presentar denuncias y propiciar pronunciamientos de los organismos de control, los cuales, sin embargo, no son respetados.
Al final, una gran decepción, porque como está el país aquí todos parecen estar bajo sospecha.
De este modo pierden todos: quienes intuyeron las obras, quienes trabajaron para financiarlas y hasta los que soñaron con verlas ejecutadas. También pierden, por supuesto, quienes hacen las denuncias porque parecen solamente interferir el progreso; sin embargo, su argumentos tampoco pueden ser desestimados.
Así se llega a un callejón sin salida, en el que, incluso, la palabra presidencial empeñada ante otro Gobierno puede terminar mal parada.
El proyecto San Francisco, por lo tanto, debe ser ejecutado con limpieza, pero sin perder más tiempo. (TFF). (BLANCO Y NEGRO)
La Presidencia dice que hubo irregularidades, mientras las Cámaras del Tungurahua piden que no se postergue la ejecución de la obra.
La Presidencia de la República inició la revisión del proceso de concesión de la central hidroeléctrica San Francisco, que culminó con el contrato firmado entre el Consejo Nacional de Electrificación (Conelec) y el Consorcio Hidropastaza el 28 de marzo de 2000.
La decisión ha generado resquemor en los sectores productivos y un diputado de Tungurahua, que han argumentado que de esta forma se retrasará por un año el inicio de los trabajos, y el aplauso de quienes cuestionan la legalidad de la concesión, proceso que empezó en 1995 con la convocatoria a licitación internacional efectuada por el ex Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel).
El proyecto consiste en la construcción de una central hidroeléctrica, con una capacidad de generación de 230 megavatios (mw), ubicado en la provincia de Tungurahua, a 20 kilómetros de Baños. La concesionaria, Hidropastaza, está conformada por Hidroagoyán, que tiene el 80% del capital accionario y el consorcio Odebrecht-Anzaldo, con el 20% restante.
Hidroagoyán, es decir el accionista mayoritario, es una empresa de propiedad del Fondo de Solidaridad, por tanto pertenece al Estado ecuatoriano.
El contrato, realizado bajo el esquema BOT (construcción, operación y transferencia, por sus siglas en inglés), fue modificado el 4 de octubre de 2002, a fin de otorgar a la concesionaria una prórroga de los plazos de construcción y de inicio de operación de la central hidroeléctrica, aprobar nuevos cronogramas de ejecución y facultar al Conelec para dar por terminada la concesión si en el plazo de 24 meses (contados a partir de la modificatoria) no se producen los desembolsos del financiamiento.
La ejecución de la obra debía empezar en estos días, pero el Gobierno la aplazó hasta finales de año, mientras se toma este tiempo para determinar si el financiamiento de la concesión estuvo o no "viciado", como señala uno de los asesores presidenciales encargados de revisar el proceso.
Ese es el meollo del problema: mientras en Carondelet se argumenta que fue ilegal la decisión del ex presidente Gustavo Noboa de otorgar un aval del Estado para garantizar el crédito de $243 millones, del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (Bndes), Hidropastaza, por intermedio de la empresa Odebrecht, señala que esto fue correcto y es un tema que fue absuelto por las cortes de Justicia. Lo mismo sostienen el diputado Jacobo Sanmiguel (Patria Solidaria) y las Cámaras de la Producción del Tungurahua.
Efectivamente, el 1º de octubre de 2002, la quinta sala de la Corte Superior de Justicia de Quito dictó un auto de sobreseimiento definitivo en favor de Diego Pérez Pallares, ex director ejecutivo del Conelec, y Rafael Vintimilla, ex funcionario de la entidad, en un juicio por peculado planteado por Fausto Dután, entonces presidente del Partido Socialista, con el auspicio de Víctor Granda, actual presidente de esa organización política.
Pero los magistrados señalan en el mismo dictamen: "se ha comprobado la existencia de la infracción prevista y sancionada en el artículo 257, sección tres del Código Penal", referido al aprovechamiento del cargo para hacer concesiones ilegales.
En su parte fundamental, la norma habla de los funcionarios, empleados o servidores públicos, "que se favorezcan o hayan favorecido a personas naturales y jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, les hubiesen concedido contratos o permitido la realización de negocios con el Estado o cualquier otro organismo del sector público".
La quinta sala sustenta su pronunciamiento en el hecho de que para otorgar el aval, Noboa invocó a un decreto supremo de 1977 que permite al Gobierno garantizar los créditos externos que contrajeran las empresas eléctricas del país, el cual fue derogado en 1996 con la nueva Ley del Sector Eléctrico.
Para ello habría considerado que Hidropastaza es del Estado, porque el capital mayoritario pertenece a Hidroagoyán, lo que fue cuestionado por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) y por los demandantes, que señalan al consorcio como una institución no estatal, que debió haber rendido (por su cuenta y riesgo) las garantías necesarias para la ejecución del proyecto sin recurrir al aval del Gobierno.
A todo esto, el vicepresidente ejecutivo de Hidropastaza, Sadinoel de Freitas (representante de Odebrecht), responde con una carpeta de documentos que demuestran que los obstáculos legales fueron superados uno a uno. (AA)
Datos
- El ex Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel) convocó al proceso de precalificación de firmas constructoras en 1995. Un año después fueron precalificados 10 consorcios.
- En 1998 Inecel convocó a la licitación internacional para la construcción del proyecto San Francisco. Compraron las bases siete consorcios, pero solo se presentaron dos ofertas.
- Estos fueron la Asociación Pastaza (integrada por Odebrecht-Anzaldo e Hidroagoyán) y el Consorcio San Francisco (integrado por Cartelone).
- En primera instancia, Inecel adjudicó a San Francisco-Cartelone, pero posteriormente el Consejo Nacional de Electrificación (Conelec), que sustituyó a la otra entidad, adjudicó a Hidropastaza, en enero de 1999.
- El contrato de concesión se firmó el 28 de marzo de 2000, y el 19 de abril de ese año Hidropastaza suscribió el financiamiento con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (Bndes).
- El 29 de marzo de 2000, el presidente Gustavo Noboa, firma el decreto No. 258-A que autoriza el aval del Estado para el financiamiento de la obra.
- El 8 de octubre de 2001 se publicó, en el Registro Oficial, el decreto No. 1954, que autoriza la modificación del proceso de garantía, tras la suspensión del mecanismo CCR decretada por el Brasil.
- A finales de 2002 ese país restableció el CCR, lo que hizo conocer oficialmente al presidente Lucio Gutiérrez, su colega brasileño Inazio "Lula" da Silva, durante un desayuno de trabajo mantenido en Quito el pasado 16 de enero, quien ratificó la intención de otorgar el crédito para la construcción del proyecto.
- El 27 de mayo de 2003, durante una reunión de trabajo mantenida en Brasilia, Gutiérrez pidió al mandatario brasileño postergar la "operacionalización" (desembolsos) del préstamo por siete meses, es decir hasta diciembre de este año, para revisar el proceso.
- El presidente nombró una Comisión de Coordinación de Proyectos de la Presidencia, a cargo de Simón Bermúdez.
- Paralelamente, estudia el caso el secretario de la Producción, Patricio Johnson.
Un proyecto atorado desde hace 8 años
OPINIONES
"Lula" mantiene el financiamiento
Sadinoel de Freitas, vicepresidente de Hidropastaza, indica que el financiamiento del Bndes se formalizó el 13 de abril de 2000, nueve días después de que Noboa promulgara el decreto por el cual el Estado otorgaba el aval a la contratista. Los pagos por compensación automática se harían en el marco del Convenio de Créditos Recíprocos (CCR), de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).
Indica que en mayo de ese año el Banco Central de Brasil suspendió el mecanismo acordado, pero lo restableció el 8 de octubre de 2001, por lo que el Gobierno ecuatoriano autorizó al Ministerio de Economía a suscribir los convenios necesarios para operar los CCR.
El 16 de enero de 2003, el presidente de Brasil, Inazio "Lula" da Silva, le dijo (en Quito) a su homólogo Lucio Gutiérrez que ratificaba el financiamiento del proyecto. (AA)
"Odebrecht debe correr los riesgos"
El diputado y presidente del Partido Socialista, Víctor Granda, acusa a Odebrecht de haber utilizado a la empresa del Fondo de Solidaridad, Hidroagoyán, para argumentar que Hidropastaza pertenece al Estado y conseguir el aval del Gobierno ecuatoriano.
Afirma que esto contraviene la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (Loafyc), la Ley de Modernización del Estado y del sector Eléctrico, que prohíben otorgar garantías a las operadoras y empresas extranjeras que deberían correr con todos los riesgos del proyecto.
Desde su punto de vista, esto configuraría un "subsidio" del Estado a la empresa contratista, que debía financiar totalmente la obra.
El 29 de enero y el 26 de marzo de 2003, ese partido pidió al presidente Lucio Gutiérrez dejar sin efecto el proceso, y el pasado 20 de mayo envió una carta al presidente de Brasil, en la que pidió mantener el financiamiento pero impulsar una nueva licitación transparente, "sin irregularidades". (AA)
Tungurahua no descarta un paro
Jacobo Sanmiguel, diputado de Tungurahua por el movimiento Patria Solidaria, no descarta una paralización provincial en las próximas semanas, debido al retraso en el inicio de la obra. Considera que el presidente debe revisar el proceso pero no demorarse tanto porque se trata de un proyecto largamente esperado por los ciudadanos de esa zona.
Añade que de esta forma se podría perder el crédito brasileño, crear inseguriad jurídica y además Hidropastaza podría instaurar demandas millonarias por daños y perjuicios en contra del Estado.
De su parte, Miguel Suárez, presidente del Consorcio de Cámaras de la Producción del Tungurahua, acusa a los asesores presidenciales de responder a "intereses obscuros", que tratan de impedir la creación de 3 000 puestos directos de trabajo y 10 mil indirectos. (AA)
ARGUMENTOS
El Gobierno cuestiona la garantía
Un asesor del presidente Lucio Gutiérrez, que pidió omitir su nombre, considera que la adjudicación estuvo "viciada" porque Hidropastaza no tenía el financiamiento en firme cuando se le otorgó la concesión.
Sostiene que el anterior mandatario no debió haber otorgado la garantía soberana en nombre del Estado, porque esto no es compatible con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, vigente desde 1996, y menciona que el fallo de la quinta sala de la Corte Superior de Quito deja abierta la posibilidad de que se hubiera cometido un peculado ("aprovechamiento de funciones") por esta razón.
El funcionario ha recomendado al actual jefe de Estado que revise todo el proceso, desde la fase precontractual; incluso se consultará al procurador, José María Borja, la posibilidad de realizar una nueva licitación.
A una consulta inicial del pasado 21 de mayo, el procurador respondió que no se pronunciará hasta que la justicia lo haga. (AA)
Instancias "allanan" el camino
El 29 de abril y el 31 de octubre de 2002, el Tribunal Constitucional (TC) desechó las demandas de inconstitucionalidad, planteadas contra el aval del Gobierno, por el ex diputado Víctor Hugo Sicouret (Partido Roldosista Ecuatoriano) y Fausto Dután (Socialista), respectivamente.
Este último dirigente presentó una denuncia a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), que en dos ocasiones cuestionó el procedimiento seguido por Gustavo Noboa y remitió el expediente a la Fiscalía, la cual a su vez pidió los pronunciamientos de la Contraloría y Procuraduría.
La primera entidad no lo hizo, mientras el ex procurador, Ramón Jiménez Carbo, concluyó que sí se habían observado "las disposiciones legales y reglamentarias vigentes".
Por todo esto, Hidropastaza argumenta que no existe ningún impedimento para iniciar el proyecto. (AA)
Ambato debate el proyecto
Guillermo Varela, del movimiento Dignidad Provincial, integrado por ex empleados de Inecel y representantes de algunos sectores políticos, cuestiona el procedimiento de concesión porque el ex Inecel adjudicó en primera instancia al Consorcio San Francisco, integrado por la firma Cartelone, lo que luego fue cambiado por el Conelec y adjudicado a Hidropastaza.
A su juicio, la institución eléctrica otorgó la obra a otra entidad del Estado (propietario de Hidroagoyán, la mayor accionista del consorcio adjudicado), con el propósito de favorecer a la firma Odebrecht, la cual debía garantizar el crédito del Brasil.
Por ello concuerda con la intención del presidente Lucio Gutiérrez de revisar todo el proceso. Esta posición es cuestionada por Miguel Suárez, de las Cámaras de la Producción del Tungurahua, quien señala que las trabas a la ejecución del proyecto San Francisco (generación hidráulica) beneficiarán a quienes apoyan la venta de energía térmica, que es más cara. (AA)
ANALISIS
La eterna sospecha
La historia detrás del proyecto para construir la presa San Francisco es, quizá, el caso más emblemático de lo que ocurre en Ecuador cuando se trata de ejecutar obras de gran repercusión y alto financiamiento.
Comienza con la palabra empeñada por las autoridades para llevar a cabo obras que el país necesita y que despiertan enorme entusiasmo y optimismo, hasta que se cruzan los intereses de quienes quieren ejecutarlas, para más tarde llegar, incluso, a hacer compromisos internacionales donde la palabra del mandatario, que representa la majestad del Estado, es el aval mayor que santifica la oferta.
Pero, de forma paralela, comienzan las suspicacias de la existencia de intereses particulares y del tráfico de influencias, lo que lleva a los contrarios a presentar denuncias y propiciar pronunciamientos de los organismos de control, los cuales, sin embargo, no son respetados.
Al final, una gran decepción, porque como está el país aquí todos parecen estar bajo sospecha.
De este modo pierden todos: quienes intuyeron las obras, quienes trabajaron para financiarlas y hasta los que soñaron con verlas ejecutadas. También pierden, por supuesto, quienes hacen las denuncias porque parecen solamente interferir el progreso; sin embargo, su argumentos tampoco pueden ser desestimados.
Así se llega a un callejón sin salida, en el que, incluso, la palabra presidencial empeñada ante otro Gobierno puede terminar mal parada.
El proyecto San Francisco, por lo tanto, debe ser ejecutado con limpieza, pero sin perder más tiempo. (TFF). (BLANCO Y NEGRO)
Más en el