Dos âdamas de hierroâ
Diego Cornejo Menacho, en su columna â3 en Rayaâ del sábado 5 de octubre, en relación con el proceso electoral dio una receta para indecisos: que averiguaran qué piensan los candidatos, de las damas de hierro del paÃs. Cornejo dijo que varios candidatos querrán mantener a Elsa de Mena en el SRI; otro, no. Sostuvo que para decidir el voto también servirá conocer quién querrá âremover de sus funciones a Mariana Yépez, la inefable fiscal general del Estadoâ, añadiendo âqué candidato la defenderá abierta o discretamente, con argumentos polÃticos o legales, porque apoya su gestión al frente del Ministerio Públicoâ.
Frente a la permanencia de doña Elsa de Mena en el SRI, es casi general el deseo de que se la confirme en su cargo, ya que demostró ser una gran funcionaria por su honradez, ñeque y dinamismo. En cuanto se relaciona con la fiscal Yépez, serÃa premiarla si fuere removida como sugiere Cornejo, pues lo que merece es ser juzgada polÃticamente por el Congreso Nacional a petición reiterada de la CCCC, âpor haber rehusado cumplir los deberes propios de su cargoâ en el caso Filanbanco (ex banqueros IsaÃas), y, de ser encontrada responsable, tendrá que ser destituida.
Recordemos que la misma CCCC pidió al presidente de la CSJ el enjuiciamiento penal de la fiscal, por un supuesto prevaricato en el mismo caso. En lo que tiene que ver con aquello de âqué candidato defenderá abierta o discretamenteâ a Mariana Yépez, es fácil inferirlo: son los candidatos patrocinados por los partidos DP, PSC, PRE y FRA, a cuyas tiendas polÃticas pertenecen aquellos 73 diputados (algunos de los cuales se postularon audazmente para ser reelegidos) que se abstuvieron de votar por la censura al ex superintendente de Bancos Jorge Egas Peña en 1999, y que con su silencio han defendido a la fiscal Yépez.
Asà pues, el pueblo ecuatoriano, y de manera especial los indecisos, tendrán que razonar su voto en la segunda vuelta con estos antecedentes.
Dr. Humberto Zambrano Zúñiga
Cobros ilÃcitos
El artÃculo titulado â1 250 denuncias al dÃa por pérdida de documentosâ que un diario quiteño publicó el 7 de octubre de 2002, pone en el tapete una situación que se da en el ámbito nacional: la obtención de los documentos personales. Se invierte tiempo y pagos que no son del todo legales. Como requisito sine qua non para conseguir un nuevo documento, sea cédula o licencia de manejo, las autoridades exigen que se realice una denuncia en la Intendencia y ComisarÃas de PolicÃa. En estas oficinas, empleados de nombramiento y los llamados âad honoremâ, estos últimos prohibidos por la Ley, se esmeran en captar clientes para a su vez âcobrarâ por las denuncias que tramitan. Pese a que lo niega el intendente, estos hechos se dan en su despacho, donde se cobran las boletas de libertad y demás trámites.
Son un secreto a gritos los cobros que se realizan en estas oficinas, que a todas luces son actos prohibidos conforme lo prevén los artÃculos 257, 285 y 557 del Código Penal vigente, y configuran los delitos de peculado, cohecho y extorsión. Estos, a su vez, conducen al delito del enriquecimiento ilÃcito. Se supone jurÃdicamente que los empleados públicos deben cumplir sus labores sin que se les remunere o pague adicionalmente por parte de los usuarios del servicio, ya que devengan para ello un sueldo; cobrar por sus tareas habituales es un acto ilegal y prohibido, que se da diariamente, pero ante el cual las autoridades se hacen de la âvista gordaâ. Nunca es tarde para cortar la corrupción y sancionar a sus autores; tienen la palabra las autoridades del Gobierno.
Dr. José Vicente Ortiz
Sobre una crónica luminosa
El comité del Centro Histórico, integrado por la Empresa de Desarrollo del Centro Histórico, Fondo de Salvamento, Administración Zona Centro y la Gerencia General de Gestión de Desarrollo, expresan su agradecimiento por la alta calidad del reportaje que hizo posible una adecuada difusión de la nueva iluminación de la Plaza San Francisco y del espectáculo Cantuñaâ: el canto de la piedra, que se llevó a cabo el 2 de octubre como parte de la rehabilitación integral del centro histórico, proceso con el que nos encontramos fielmente comprometidos.
Arq. Edmundo Arregui
Gerente General ECH
Irregularidades en comisarÃas
El 7 de octubre de 2002 se publica un artÃculo sobre el sufrimiento que deben pasar los ciudadanos en los trámites por los documentos personales. Para renovar la cédula de ciudadanÃa y licencia de manejo, se requiere presentar una denuncia de pérdida o robo de estos documentos.
Estas denuncias se presentan elaboradas por un abogado, en la intendencia y comisarÃas de PolicÃa. Estas dependencias son financiadas por el presupuesto del Estado. Por prestar un servicio público de administración de justicia, los trámites deben ser gratuitos. Sin embargo, los empleados se empeñan en obtener âvoluntariamenteâ propinas de los usuarios y pago de âderechosâ a cuenta del trámite que no tiene ningún costo. Es necesario que se ponga alto a estas irregularidades, dejando en claro que, al contrario de lo que dice el actual intendente, hasta la fecha a ningún comisario se le ha destituido por estas anomalÃas.
Dr. Ricardo Aguirre
ArtÃculo de Peter Schenkel
Ayer, en la página 4A, apareció la columna âUno se preguntaâ¦â bajo el nombre de Hernán Escudero MartÃnez cuando en realidad corresponde a Peter Schenkel. Ofrecemos disculpas por el error.
Opiniones y reclamos a la DefensorÃa del Lector envÃelos por carta a Diario HOY, Apartado 17-07-09069 de Quito o a los buzones electrónicos:
[email protected]
[email protected]
Diego Cornejo Menacho, en su columna â3 en Rayaâ del sábado 5 de octubre, en relación con el proceso electoral dio una receta para indecisos: que averiguaran qué piensan los candidatos, de las damas de hierro del paÃs. Cornejo dijo que varios candidatos querrán mantener a Elsa de Mena en el SRI; otro, no. Sostuvo que para decidir el voto también servirá conocer quién querrá âremover de sus funciones a Mariana Yépez, la inefable fiscal general del Estadoâ, añadiendo âqué candidato la defenderá abierta o discretamente, con argumentos polÃticos o legales, porque apoya su gestión al frente del Ministerio Públicoâ.
Frente a la permanencia de doña Elsa de Mena en el SRI, es casi general el deseo de que se la confirme en su cargo, ya que demostró ser una gran funcionaria por su honradez, ñeque y dinamismo. En cuanto se relaciona con la fiscal Yépez, serÃa premiarla si fuere removida como sugiere Cornejo, pues lo que merece es ser juzgada polÃticamente por el Congreso Nacional a petición reiterada de la CCCC, âpor haber rehusado cumplir los deberes propios de su cargoâ en el caso Filanbanco (ex banqueros IsaÃas), y, de ser encontrada responsable, tendrá que ser destituida.
Recordemos que la misma CCCC pidió al presidente de la CSJ el enjuiciamiento penal de la fiscal, por un supuesto prevaricato en el mismo caso. En lo que tiene que ver con aquello de âqué candidato defenderá abierta o discretamenteâ a Mariana Yépez, es fácil inferirlo: son los candidatos patrocinados por los partidos DP, PSC, PRE y FRA, a cuyas tiendas polÃticas pertenecen aquellos 73 diputados (algunos de los cuales se postularon audazmente para ser reelegidos) que se abstuvieron de votar por la censura al ex superintendente de Bancos Jorge Egas Peña en 1999, y que con su silencio han defendido a la fiscal Yépez.
Asà pues, el pueblo ecuatoriano, y de manera especial los indecisos, tendrán que razonar su voto en la segunda vuelta con estos antecedentes.
Dr. Humberto Zambrano Zúñiga
Cobros ilÃcitos
El artÃculo titulado â1 250 denuncias al dÃa por pérdida de documentosâ que un diario quiteño publicó el 7 de octubre de 2002, pone en el tapete una situación que se da en el ámbito nacional: la obtención de los documentos personales. Se invierte tiempo y pagos que no son del todo legales. Como requisito sine qua non para conseguir un nuevo documento, sea cédula o licencia de manejo, las autoridades exigen que se realice una denuncia en la Intendencia y ComisarÃas de PolicÃa. En estas oficinas, empleados de nombramiento y los llamados âad honoremâ, estos últimos prohibidos por la Ley, se esmeran en captar clientes para a su vez âcobrarâ por las denuncias que tramitan. Pese a que lo niega el intendente, estos hechos se dan en su despacho, donde se cobran las boletas de libertad y demás trámites.
Son un secreto a gritos los cobros que se realizan en estas oficinas, que a todas luces son actos prohibidos conforme lo prevén los artÃculos 257, 285 y 557 del Código Penal vigente, y configuran los delitos de peculado, cohecho y extorsión. Estos, a su vez, conducen al delito del enriquecimiento ilÃcito. Se supone jurÃdicamente que los empleados públicos deben cumplir sus labores sin que se les remunere o pague adicionalmente por parte de los usuarios del servicio, ya que devengan para ello un sueldo; cobrar por sus tareas habituales es un acto ilegal y prohibido, que se da diariamente, pero ante el cual las autoridades se hacen de la âvista gordaâ. Nunca es tarde para cortar la corrupción y sancionar a sus autores; tienen la palabra las autoridades del Gobierno.
Dr. José Vicente Ortiz
Sobre una crónica luminosa
El comité del Centro Histórico, integrado por la Empresa de Desarrollo del Centro Histórico, Fondo de Salvamento, Administración Zona Centro y la Gerencia General de Gestión de Desarrollo, expresan su agradecimiento por la alta calidad del reportaje que hizo posible una adecuada difusión de la nueva iluminación de la Plaza San Francisco y del espectáculo Cantuñaâ: el canto de la piedra, que se llevó a cabo el 2 de octubre como parte de la rehabilitación integral del centro histórico, proceso con el que nos encontramos fielmente comprometidos.
Arq. Edmundo Arregui
Gerente General ECH
Irregularidades en comisarÃas
El 7 de octubre de 2002 se publica un artÃculo sobre el sufrimiento que deben pasar los ciudadanos en los trámites por los documentos personales. Para renovar la cédula de ciudadanÃa y licencia de manejo, se requiere presentar una denuncia de pérdida o robo de estos documentos.
Estas denuncias se presentan elaboradas por un abogado, en la intendencia y comisarÃas de PolicÃa. Estas dependencias son financiadas por el presupuesto del Estado. Por prestar un servicio público de administración de justicia, los trámites deben ser gratuitos. Sin embargo, los empleados se empeñan en obtener âvoluntariamenteâ propinas de los usuarios y pago de âderechosâ a cuenta del trámite que no tiene ningún costo. Es necesario que se ponga alto a estas irregularidades, dejando en claro que, al contrario de lo que dice el actual intendente, hasta la fecha a ningún comisario se le ha destituido por estas anomalÃas.
Dr. Ricardo Aguirre
ArtÃculo de Peter Schenkel
Ayer, en la página 4A, apareció la columna âUno se preguntaâ¦â bajo el nombre de Hernán Escudero MartÃnez cuando en realidad corresponde a Peter Schenkel. Ofrecemos disculpas por el error.
Opiniones y reclamos a la DefensorÃa del Lector envÃelos por carta a Diario HOY, Apartado 17-07-09069 de Quito o a los buzones electrónicos:
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