Auge Y Caida Del Piponazgo

Guayaquil. 21 mar 99. En medio de la aguda crisis que vivió el
país en los últimos días, por primera vez en nuestra historia
un ex mandatario fue detenido por una denuncia de corrupción.
¿Hay algo detrás de semejante noticia?

Cobraban puntualmente cada fin de mes en la tesorería del
Palacio Legislativo, pero no tenían la obligación de cumplir
un horario, ni de acercarse a las oficinas del Congreso, ni
siquiera de entregar informes de su trabajo.

Alguien los llamó los pipones, y en realidad existieron en
casi todas las administraciones del Poder Legislativo. Pero
cuando Fabián Alarcón fue Presidente del Congreso, entre
agosto de 1995 y febrero de 1997, su número escapó a cualquier
recato: en ese período 2.089 "asesores" percibieron 39 mil
millones de sucres, sin que nadie pudiese exhibir ni una hoja
escrita que justificase semejante inversión.

Justicia vs. legalidad

Muy pocos tenían un título universitario, pero todos eran
amigos o parientes de algún dirigente del FRA o sus aliados.

Se encontró, por ejemplo, que al menos 42 eran parientes de
algún diputado, y que 33 eran militantes del FRA, que no
residían en Quito.

Cuatro eran hijos del Intendente de Policía de Pichincha y
secretario del FRA, Víctor Estupiñán (que debió renunciar a su
cargo cuando lo acusaron de cobrar coimas en la Intendencia).

La defensa del ex mandatario, ante todo esto, siempre fue muy
sencilla: 1) ninguna ley prohibía esos nombramientos, 2) él no
era responsable de vigilar que los pipones realmente trabajen,
y 3) ninguno de sus parientes estuvo en la lista de "asesores"
contratados por el Congreso.

En principio todo esto es cierto. Ramiro Larrea, ex presidente
de la Comisión Anticorrupción, señala que en su momento la
Comisión no pudo hallar ninguna violación expresa a la ley, y
que todo lo que descubrieron, aunque estuviese profundamente
reñido con la ética y la moral, no configuraba un delito.

Encontraron por ejemplo que se violó una resolución de la
Comisión de Mesa del Congreso, que había autorizado la
contratación de un número muy inferior de asesores. "Pero esa
irregularidad administrativa tampoco está penada por la ley",
agrega Larrea.

El ex funcionario recuerda que en su momento "le preguntamos
al presidente si le parecía ético contratar a miles de
personas sin ninguna justificación, con un costo tan alto para
el país, y él se defendió repitiendo una y otra vez que
ninguna ley lo prohibía".

Esa interpelación le costó a la Comisión la amenaza, por parte
de Alarcón, de disolverla por "haberse excedido en sus
funciones".

Ahora, sin embargo, las cosas parecen haber dado un giro de
180 grados. Una exhaustiva investigación posterior de las
cuentas del Congreso, reveló que muchos de estos asesores no
cobraron directamente sus cheques. En varios casos los
endosaron, incluso con números de cédula cambiados, para
depositarlos en pocas cuentas.

Al menos 495 cheques estarían en esta situación, con 11
cuentas de 5 bancos involucradas.
Si es así, los "asesores" en realidad eran solo intermediarios
que prestaron su nombre para una estafa al poder Legislativo.

Es lo que la justicia tendrá que establecer en los próximos
días.

Crisis sucesivas

¿Pero por qué todo esto se descubre ahora? ¿Es que hay algo
detrás de la prisión de Alarcón?

Ricardo Noboa está convencido de que no. En su opinión, el
presidente de la Corte Suprema, Héctor Romero, que dictó la
orden de detención, "es un hombre alejado de presiones
políticas" que "tomó distancia hace tiempo de la cúpula del
Partido Social Cristiano", mientras que Jamil Mahuad "nunca
tuvo sobre él ninguna influencia". En cambio Alarcón, agrega
Noboa, "sí se ha mantenido cercano al primer mandatario y a
los dirigentes socialcristianos, así que dudo mucho que alguno
de ellos haya presionado para que lo detengan".

Pero la opinión pública no termina de convencerse. Existe el
criterio, ampliamente difundido, de que la detención del ex
presidente tuvo una motivación política de trasfondo. Ni
siquiera los que están convencidos de su culpabilidad son
completamente ajenos a esta opinión.

¿Es correcta esa apreciación?

Quizás nunca se sepa la respuesta. Pero si se revisan los
hitos más importantes de este escándalo, aparece una constante
que alimenta las dudas: cada vez que el caso de los pipones
ocupó los titulares, el país estuvo envuelto en una crisis
política, en cuya resolución los votos del FRA fueron
decisivos.

- El 30 de septiembre de 1997, el ex presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, dictó el auto cabeza de
proceso sindicando a Fabián Alarcón. Justo en esos momentos el
país estaba convulsionado por la designación de una nueva
Corte Suprema de Justicia, crisis que culminó cuando la
alianza DP-PSC-FRA provocó la caída de Solórzano.

- El 16 de diciembre de 1997, Fabián Alarcón debió concurrir a
la Corte Suprema de Justicia para rendir testimonio. La
Asamblea Constituyente estaba a punto de instalarse y las
fuerzas políticas se hallaban trenzadas en una feroz lucha por
captar las dignidades de la Asamblea.
Los votos del FRA, que se habían mantenido indecisos, se
sumaron a la alianza DP-PSC.

- El 8 de abril de 1998, la Comisión Anticorrupción confirmó
las denuncias contra Alarcón, que respondió amenazando con
disolverla. En esos momentos la Asamblea discutía si se
incluiría el voto por plancha, tesis defendida por el PSC y
rechazada por la DP. En la votación, los asambleístas del FRA
se dividieron.

- El 24 de abril de 1998, Alarcón volvió a concurrir a la
Corte Suprema. La crisis de la Asamblea había llegado a su
punto más alto con la renuncia de Osvaldo Hurtado, presidente
de la misma. La crisis se comenzó a superar cuando fue
designado en su reemplazo Luis Mejía, del FRA.

- Esta vez la coincidencia se repite. Fabián Alarcón es
detenido precisamente cuando el FRA discute su integración a
una nueva mayoría parlamentaria. En medio de este contexto, el
ex mandatario ya declaró que "el FRA nunca se alineará ni
integrará una mayoría con la ID", partido al que pertenece
Cecilia Calderón, su principal acusadora.

Apenas un botón de muestra

El caso de los pipones es parte de una larga lista de
escándalos que sacudieron al país en los 17 meses del
interinato de Fabián Alarcón. A continuación, algunos de los
más conocidos:
Ropa usada: El uruguayo Eduardo Sierra acusó al ex presidente
de estar vinculado con una red que traficaba con ropa
supuestamente donada para damnificados de El Niño y que en
realidad era contrabando por varios millones de dólares.
Recientemente Sierra se retractó.

Gastos reservados: El ex ministro de Gobierno César Verduga
gastó más de 26 mil millones de sucres de fondos reservados
para contratar estudios "sicosociales" que fueron incinerados.
Verduga fugó a los Estados Unidos.

Tráfico de donaciones: Varias toneladas de maíz, soya y
pescado que habían ingresado como donaciones para las víctimas
de El Niño, se vendieron subrepticiamente en Colombia.

Extorsión en la Intendencia: El gobernador del Guayas, Carlos
Estarellas Merino, renunció al no encontrar apoyo del
presidente Fabián Alarcón para su denuncia de que inspectores
de la Intendencia del Guayas extorsionaban a dueños de
salones.

Presa La Esperanza: El Centro de Rehabilitación de Manabí
(CRM) ratificó la descalificación de seis firmas interesadas
en la construcción de la presa La Esperanza, en Manabí, a
pesar de serias denuncias de irregularidades a las que se sumó
el gobierno japonés.

Importación de gasolina: A pesar de que las reservas de
gasolina estaban cubiertas, se importaron 200 mil galones del
combustible aprovechando una supuesta emergencia declarada por
Petroecuador. El combustible no era de la calidad requerida y
no pudo ser vendido al precio previsto.

Un antecedente vergonzoso

El historiador Jorge Núñez sostiene que Fabián Alarcón no es
el primer ex presidente acusado de corrupción, pero sí el
primero en ir a la cárcel por este motivo.

Quien más cerca estuvo de caer preso por un escándalo de esta
naturaleza fue José María Plácido Caamaño, quien dirigió los
destinos del país entre 1883 y 1888. El ex mandatario fue
enjuiciado penalmente por haberse beneficiado con "la venta de
la bandera", un escandaloso negociado que se produjo en 1894,
mientras Caamaño actuaba como Gobernador del Guayas en el
régimen de Luis Cordero.

Núñez señala que fue un periodista guayaquileño, José Abel
Castillo, quien "descubrió y denunció el negociado, lo que
produjo una indignada reacción ciudadana y aceleró el
estallido de la revolución liberal, en 1895".

Sin embargo Caamaño no fue detenido ya que fugó del país y
murió en el ostracismo.
El historiador menciona que otros mandatarios fueron
enjuiciados sin llegar a prisión, como Otto Arosemena Gómez o
León Febres-Cordero, quienes fueron sobreseídos, y Abdalá
Bucaram, que fue condenado.

Asimismo, otros presidentes han estado presos por motivos muy
diferentes, de orden político. Es el caso de Eloy Alfaro o
Arroyo del Río. (Texto tomado de El Universo)