Quito. 10 abr 96. La Comisión de Acusación de la Cámara de
Representantes de Colombia, que investiga la presunta
infiltración de dinero del narcotráfico en la elección del
Jefe del Estado, Ernesto Samper, suspendió el lunes
indefinidamente sus labores, ya que doce de sus quince
miembros han sido recusados.
Varios miembros del grupo investigador, que en marzo reabrió
la investigación contra el gobernante liberal, explicaron que
sus labores estarán paralizadas mientras el plenario de la
Cámara baja decide si se admite o no la recusación formulada
contra ellos por otros integrantes de esa Corporación.
Entre los recusados figuran el presidente de la Comisión, el
liberal Heyne Mogollón, que en 1995 investigó y exoneró a
Samper, pero debió reabrir el proceso en marzo pasado tras una
denuncia penal presentada contra el jefe del Estado por el
fiscal general, Alfonso Valdivieso.
La recusación fue presentada por los también miembros de la
Cámara de Representantes María Paulina Espinosa, Roy Barreras
y Pablo Victoria, quienes consideran que los miembros de la
Comisión de Acusación pudieron incurrir en prevaricato, al
exonerar a Samper el año pasado por "falta de méritos".
Mogollón también ha sido puesto en entredicho por haber
apoyado la campaña electoral de Samper y por la supuesta
recepción de dinero para financiarla en su región natal de
Córdoba (noroeste).
El parlamentario Rodrigo Arcila, uno de los tres que
investigan a Samper, junto con Mogollón y Carlos Arredondo,
precisó que "el proceso se suspendió porque la ley ordena que
cuando haya una recusación a los integrantes de la Comisión se
suspende el proceso hasta tanto se dirima esa recusación".
Añadió que "la demora en reanudar la investigación depende de
la celeridad con la que el plenario dirima las discrepancias"
y defina si acepta o no la recusación.
De los quince miembros del grupo están recusados, además de
Mogollón y el vicepresidente Jorge Humberto Mantilla, los
congresistas José Domingo Dávila Armenta, Tarquino Pacheco,
Roberto Moya, Lázaro Calderón, Jaime Arango, Mauro Tapias,
Francisco Canosa, Jaime Arango Pedraza, Jesús Ignacio García
Valencia y Octavio Zapata.
La Comisión de Acusación debía interrogar el martes, al
congresista liberal Rodrigo Garavito, uno de los cuatro
parlamentarios presos dentro del llamado "narcoescándalo",
acusados de haber recibido dinero del cartel de Cali en la
campaña electoral de 1994.
La campaña presidencial de Samper, que ganó las elecciones del
1 9 de junio de 1994, ha sido acusada de haber utilizado, al
menos, 6 millones de dólares de los narcotraficantes del
cartel de Cali.
El fiscal Valdivieso denunció al presidente por los presuntos
delitos de enriquecimiento ilícito, fraude, encubrimiento y
favorecimiento, lo que obligó a la Comisión investigadora a
interrogarle de nuevo el 26 de marzo.
Varios de los miembros de la célula investigadora de la Cámara
de Representantes solicitaron que se amplíe el interrogatorio
a Samper, por considerar que en el realizado el 26 de marzo
hubo "vacíos" y las preguntas que le hicieron al gobernante
fueron "antitécnicas y antijurídicas". (EFE)
GUERRILLA
Un "paro armado" de 48 horas convocado por los rebeldes de los
tres grupos guerrilleros colombianos dejó el lunes, en su
primera jornada, al menos 19 muertos, 25 heridos y pérdidas
materiales aunque el gobierno calificó la protesta como un
"rotundo fracaso" que sólo afectó a la población civil.
La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), que agrupa a
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a una disidencia del
disuelto Ejército Popular de Liberación (EPL), anunció la
ofensiva bélica el pasado fin de semana en protesta contra el
gobierno.
Durante la jornada explosionaron al menos 16 bombas, fueron
desactivadas otras cuatro, emboscadas cuatro patrullas
militares, dinamitado un puente, atacados un oleoducto y un
acueducto y quemados catorce vehículos en ocho regiones del
país.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, afirmó que la
protesta de los guerrilleros contra el Gobierno fue un
"rotundo y absoluto fracaso" y "terminó convertida simplemente
en una suma de hechos de terrorismo indiscriminado que
afectaron a la población civil".
El "paro armado" de los rebeldes fue anunciado en papeles
enviados a muchos alcaldes, empresas de transporte y a los
medios de comunicación y los hechos más graves se registraron
en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar,
Atlántico, Huila, Tolima y Valle del Cauca.
Entre los hechos más graves figuraron tres emboscadas contra
patrullas militares en los departamentos de Norte de
Santander, y Santander (nordeste), donde murieron seis
guerrilleros y cuatro militares, así como dos transeúntes.
En la costa caribeña fue dinamitado un puente sobre una
carretera y en Neiva (capital del Huila, suroeste), fue
colocada otra bomba en la alcaldía local mientras que en
Valledupar (norte) los explosivos destrozaron redes
telefónicas.
Entre tanto, en la sede de la Corte Suprema de Justicia en
Bogotá fueron descubiertos 22 paquetes de dinamita en las
zonas de entrada y salida de los automóviles de los
magistrados.
El ministro Esguerra advirtió que las medidas para enfrentar
la ofensiva de atentados, entre ellas el "acuartelamiento y
refuerzo de vigilancia en puntos vitales para la economía, han
resultado eficaces" y se mantendrán durante varios días. (EFE)
(DIARIO HOY) (P. 10-A)
Representantes de Colombia, que investiga la presunta
infiltración de dinero del narcotráfico en la elección del
Jefe del Estado, Ernesto Samper, suspendió el lunes
indefinidamente sus labores, ya que doce de sus quince
miembros han sido recusados.
Varios miembros del grupo investigador, que en marzo reabrió
la investigación contra el gobernante liberal, explicaron que
sus labores estarán paralizadas mientras el plenario de la
Cámara baja decide si se admite o no la recusación formulada
contra ellos por otros integrantes de esa Corporación.
Entre los recusados figuran el presidente de la Comisión, el
liberal Heyne Mogollón, que en 1995 investigó y exoneró a
Samper, pero debió reabrir el proceso en marzo pasado tras una
denuncia penal presentada contra el jefe del Estado por el
fiscal general, Alfonso Valdivieso.
La recusación fue presentada por los también miembros de la
Cámara de Representantes María Paulina Espinosa, Roy Barreras
y Pablo Victoria, quienes consideran que los miembros de la
Comisión de Acusación pudieron incurrir en prevaricato, al
exonerar a Samper el año pasado por "falta de méritos".
Mogollón también ha sido puesto en entredicho por haber
apoyado la campaña electoral de Samper y por la supuesta
recepción de dinero para financiarla en su región natal de
Córdoba (noroeste).
El parlamentario Rodrigo Arcila, uno de los tres que
investigan a Samper, junto con Mogollón y Carlos Arredondo,
precisó que "el proceso se suspendió porque la ley ordena que
cuando haya una recusación a los integrantes de la Comisión se
suspende el proceso hasta tanto se dirima esa recusación".
Añadió que "la demora en reanudar la investigación depende de
la celeridad con la que el plenario dirima las discrepancias"
y defina si acepta o no la recusación.
De los quince miembros del grupo están recusados, además de
Mogollón y el vicepresidente Jorge Humberto Mantilla, los
congresistas José Domingo Dávila Armenta, Tarquino Pacheco,
Roberto Moya, Lázaro Calderón, Jaime Arango, Mauro Tapias,
Francisco Canosa, Jaime Arango Pedraza, Jesús Ignacio García
Valencia y Octavio Zapata.
La Comisión de Acusación debía interrogar el martes, al
congresista liberal Rodrigo Garavito, uno de los cuatro
parlamentarios presos dentro del llamado "narcoescándalo",
acusados de haber recibido dinero del cartel de Cali en la
campaña electoral de 1994.
La campaña presidencial de Samper, que ganó las elecciones del
1 9 de junio de 1994, ha sido acusada de haber utilizado, al
menos, 6 millones de dólares de los narcotraficantes del
cartel de Cali.
El fiscal Valdivieso denunció al presidente por los presuntos
delitos de enriquecimiento ilícito, fraude, encubrimiento y
favorecimiento, lo que obligó a la Comisión investigadora a
interrogarle de nuevo el 26 de marzo.
Varios de los miembros de la célula investigadora de la Cámara
de Representantes solicitaron que se amplíe el interrogatorio
a Samper, por considerar que en el realizado el 26 de marzo
hubo "vacíos" y las preguntas que le hicieron al gobernante
fueron "antitécnicas y antijurídicas". (EFE)
GUERRILLA
Un "paro armado" de 48 horas convocado por los rebeldes de los
tres grupos guerrilleros colombianos dejó el lunes, en su
primera jornada, al menos 19 muertos, 25 heridos y pérdidas
materiales aunque el gobierno calificó la protesta como un
"rotundo fracaso" que sólo afectó a la población civil.
La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), que agrupa a
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a una disidencia del
disuelto Ejército Popular de Liberación (EPL), anunció la
ofensiva bélica el pasado fin de semana en protesta contra el
gobierno.
Durante la jornada explosionaron al menos 16 bombas, fueron
desactivadas otras cuatro, emboscadas cuatro patrullas
militares, dinamitado un puente, atacados un oleoducto y un
acueducto y quemados catorce vehículos en ocho regiones del
país.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, afirmó que la
protesta de los guerrilleros contra el Gobierno fue un
"rotundo y absoluto fracaso" y "terminó convertida simplemente
en una suma de hechos de terrorismo indiscriminado que
afectaron a la población civil".
El "paro armado" de los rebeldes fue anunciado en papeles
enviados a muchos alcaldes, empresas de transporte y a los
medios de comunicación y los hechos más graves se registraron
en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar,
Atlántico, Huila, Tolima y Valle del Cauca.
Entre los hechos más graves figuraron tres emboscadas contra
patrullas militares en los departamentos de Norte de
Santander, y Santander (nordeste), donde murieron seis
guerrilleros y cuatro militares, así como dos transeúntes.
En la costa caribeña fue dinamitado un puente sobre una
carretera y en Neiva (capital del Huila, suroeste), fue
colocada otra bomba en la alcaldía local mientras que en
Valledupar (norte) los explosivos destrozaron redes
telefónicas.
Entre tanto, en la sede de la Corte Suprema de Justicia en
Bogotá fueron descubiertos 22 paquetes de dinamita en las
zonas de entrada y salida de los automóviles de los
magistrados.
El ministro Esguerra advirtió que las medidas para enfrentar
la ofensiva de atentados, entre ellas el "acuartelamiento y
refuerzo de vigilancia en puntos vitales para la economía, han
resultado eficaces" y se mantendrán durante varios días. (EFE)
(DIARIO HOY) (P. 10-A)
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