Quito. 09 dic 96. Varias instituciones hacen intensos
esfuerzos por dar atención a las personas de la tercera
edad. Sin embargo, parece que en las cárceles ese
sentimiento quedó en el olvido.
De acuerdo con la ley, todas las personas que sobrepasen
los 65 años de edad no podrán ser encarceladas. Pero esta
disposición no se cumple: en el país hay 560 presos que
están en la tercera edad. Este fenómeno, según el director
de Rehabilitación Social, Jaime Hidalgo, no es un
problema de los centros carcelarios sino de los jueces
que no toman en cuenta ese detalle.
"Nosotros lo único que hacemos es cumplir las órdenes
de prisión que envían los jueces. Somos los custodios
de los presos".
Claro, no es su responsabilidad, pero sí la de darles
atencióncon planes especiales y un tratamiento
diferenciado. No existe ninguno y por el contrario, los
detenidos que sobrepasan los 65 años conviven con
menores que los acosan, sufren de enfermedades que no
reciben ninguna atención especial y, como si hubiesen
sido abandonados en un asilo, no tienen visitas que den
un poco de tranquilidad y esperanza.
La única atención que reciben estos internos es la que
ofrecen las organizaciones humanitarias. No se trata de
un trabajo regular y planificado. Además, no resuelve
todos los problemas y tampoco es su obligación.
A pesar de esto, se está preparando un proyecto de
indulto para estos internos. Al parecer estaría listo antes
del próximo año.
La Presidencia de la República está elaborando la
propuesta, dijo Hidalgo.
Además denunció que a los centros penitenciarios son
enviados los menores de 18 años, cuando éstos deberían
ir a un centro de menores. "Hay un desconocimiento de
la edad".
Con el indulto para los reclusos de la tercera edad,
según lo previsto, se los dejaría en libertad en forma
automática.
Los días de visita son vacíos
Redacción Cuenca
Luis Antonio Barrera, 74 años, teje con empeño una
alfombra de cabuya y Honorio de Jesús Vivar, 76 años,
pule una figura de madera. Desde 1992, pasan así los 12
y 8 años de condena, respectivamente.
Es fácil reconocerlos entre los 258 reclusos de la
cárcel de Cuenca. Son llamados los abuelitos por sus
compañeros.
Barrera se queja: "desde que entré aquí nadie ha venido
a visitarme". La situación de Vivar es parecida. Mide
1,75 metros y su aparencia fornida de hace cinco años
se desvaneció.
Vivar fue acusado por la tenencia de 660 gramos de
marihuana. Pero según él, su único delito fue arrendarle
una casa a Narcisa Huango, ex enamorada de su hijo
Leoncio, de 31 años, quien vive en los Estados Unidos.
La oscuridad de su celda y la humedad de la cárcel lo
debilitan. Ha perdido más de 40 libras de peso y su
sordera aumentó.
Sufre por su esposa, María Matilde Huiracocha, de 74
años. Es epiléptica y ninguno de sus tres hijos se preocupa
de ella.
Según Barrera, a él la vida le hizo una mala pasada. Fue
condenado por la muerte de su hijo Juan José, de 42 años.
La tragedia sucedió en su humilde casa, ubicada en Bulán,
cantón Paute.
Una noche de julio de 1992, Juan José estaba ebrio,
discutió con un amigo y la riña terminó en muerte. "Me
culpan solo porque la pelea fue en mi casa". El millón de
sucres que pagó a un abogado no alcanzó para demostrar
su inocencia.
Tejer entre dos y tres alfombras de cabuya por semana le
deja una ganancia de 3.000 sucres.
Enviudó hace nueve años. Sus cuatro hijos y nietos
migraron a otras ciudades. Los días de visita no hace nada.
Recuerda con nostalgia sus sembradíos de papas y maíz.
Las dos hectáreas le mantenían ocupado. Ahora, la mitad se
repartieron los herederos y el resto permanece abandonado.
Una celda común y sus líos
Redacción Guayaquil
Si lo sentencian a 12 años, Manuel Barahona saldría de la
cárcel cumpliendo un siglo de vida. Fue detenido hace 29
meses por tenencia ilegal de drogas, junto a su nieto
Gustavo, dueño del paquete. El no pudo soportar el
encierro y se ahorcó a los dos meses.
Es tan precaria su situación que el solo hecho de
estar registrado en las estadísticas de la penitenciaría,
se convierte en una ventana de esperanza, para él y 17
internos más mayores de 50 años.
Basados en ese listado, organizaciones de Derechos
Humanos y la Confraternidad Carcelaria, preparan un
proyecto legal para lograr un perdón de las penas a los
presos de la tercera edad.
En esa posición, además de Manuel Barahona, están 17
presos más. Uno de ellos, Carlos Murillo Macías, de 69
años, está detenido desde hace tres años sin fórmula de
juicio. En mayo de 1993 fue a la Policía Judicial a
denunciar el hallazgo de un cadáver en un lote baldío
cerca a su casa y fue detenido para investigaciones.
Su caso lo tramita el juez Décimo Primero de lo Penal
de Milagro. Su expediente son tres hojas atadas con un
gancho.
Un escueto informe de la Policía Judicial señala que se
acercó a denunciar el hecho y que, de acuerdo a las
investigaciones no tiene responsabilidad. Sin embargo,
sigue detenido.
No tiene familiares. Los internos del pabellón
denominado Choferes, lo adoptaron. Le brindan comida,
ropa y le permiten dormir cada noche en una celda
diferente.
A Juan Alcides Vera López, 61 años, un juez de lo Penal
lo sentenció a 12 años de reclusión menor ordinaria y
ya cumplió cerca del 75 por ciento de la condena. Ahora
espera que se aprueben el proyecto para poder recuperar
su libertad.
Está enfermo de reuma desde hace tres años. Sus huesos
parecen quebrarse y sus coyunturas deshacerse de dolor
en cada paso que da.
Sus conocimientos de panificador espera ponerlos en
práctica. Quiere alquilar el horno a otro interno en
30.000 sucres semanales.
Manuel Zúñiga Yance, 73 años, adicto a la marihuana,
está detenido desde hace 16 meses. No tiene sentencia.
Habita en la celda 35 del bloque 4. Es comerciante y
dice que sus familiares no saben que está allí.
José Araúz Moncada 64, tiene 10 años preso acusado de
asalto y robo, y crimen. "No hay testigos ni evidencias ni
quien me acuse, pero los jueces me sancionaron con 16
años de reclusión".
Juan Guillén Galarza, 58 años, fue detenido el 20 de
diciembre de 1994 por tenencia ilegal de drogas. Sufre
de reuma crónica y las seis tamugas de marihuana eran
para su consumo personal.
Acusa a los agentes que lo capturaron de haberlo querido
extorsionar. "Me pidieron medio millón de sucres para
elaborar un informe limpio, como no tenía el dinero se
me llevaron la silla de ruedas".
Guillén dice que el agente fiscal cuarto lo acusó por
consumo pero que los ministros jueces de la Cuarta
Sala le quieren imponer una pena de 8 años. "Soy
consumidor, no traficante".
Noé sigue esperando ayuda
Redacción Quito
Noé Israel Alvarado tiene una mirada triste. Lleva una
chaqueta de color claro que lo dignifica, en medio del
infierno que es estar en una cárcel.
A sus 66 años, no es el lugar para él y además está solo.
Aunque no se puede precisar, en la Cárcel 2 habrían unos
20 internos que superan los 60 años de edad.
"No tengo quién me ayude", se lamenta. El no sabe de
juicios ni de trámites. Noé es solo un agricultor. Su
lenguaje es la tierra no las leyes. Sus manos son ásperas,
evidencia del azadón y sus uñas aún están grises por los
hongos de la tierra. Cuando llegó a la cárcel, otros
internos trataron de aprovecharse de su edad y sacarle
el dinero que no tenía.
Al principio lo iba a visitar su hija, pero a ella la atropelló
un vehículo en Santo Domingo. No sabe ni siquiera si está
viva.
Aún recuerda esa noche que durmió en Guamaní, para
acompañar a su hija. Noé cuenta que un individuo ingresó
en la casa y trató de atacar o violar a su hija. "Yo como
padre tenía que salir a defenderla".
Con una vara metálica, sostiene, golpeó en la canilla al
intruso. Era el 24 de junio de 1994. El presunto malhechor
presentó una denuncia y, al mes, Noé fue arrestado. No
tiene dinero para sacar su juicio adelante y tampoco quien
le asista en los trámites legales.
Noé es lojano (Macará) y por las perennes sequías emigró
a Santo Domingo. Vivió también en Lago Agrio, allí lo
abandonó su mujer. Años después llegó a Quito.
En la Cárcel 2 ha tratado de dedicarse a la zapatería, pero
él insiste: soy agricultor. En el taller de zapatería lo
hicieron a un lado y nunca le dieron dinero.
Y por encima de todo, está su edad: "hay veces que no me
he podido mover en la cama. He llorado en el suelo,
implorando a Dios, para poder seguir sano". Sin embargo,
por las tardes, siente un dolor en la pierna que ya no le
permite ni subir las gradas.
"Yo quiero que me ayuden", dice en un tono entre
resignado y desesperado. Hasta entonces, él solo espera.
Abuela y nieta en una celda
Redacción Quito
Una habitación pequeña, en la Cárcel de Mujeres, pintada
de celeste, es su morada desde hace casi tres años.
Ella fue detenida por supuesta tenencia de droga en Tumaco,
departamento de Nariño, en Colombia. Durante este tiempo
nadie le ha visitado, excepto la Cónsul de Colombia.
Caminar y se mueve con lentitud. María Luisa Cortez tiene
77 años de edad. Le falta por cumplir cinco años de prisión.
La sentencia fue de ocho años. Vive en su celda con una de
sus nueve nietas, quien tiene siete años.
Su celda es fría y los huesos de sus piernas no lo soportan:
tiene muchos dolores, se le hinchan las piernas y nadie le
suministra un medicamento. Sus manos y sus piernas son
muy delgadas. Le gusta tejer, pero no tiene hilo para
hacerlo.
Todo empezó cuando una noche de un miércoles de 1993
unos presuntos policías le mataron a su hijo. El salía de su
trabajo en Tumaco y se dirigía a la casa de su madre, a
pocos metros de la vivienda le dispararon.
Nunca le dijeron por qué lo mataron, pero sí entraron a
casa de María Luisa y le revolvieron todas las cosas
aduciendo que buscaban droga. Su hijo dejó en la
orfandad a nueve menores pequeños. Ahora no hay quien
los cuide.
Según María Luisa, los policías se encargaron de ponerle
un papel embarrado con polvo de droga, para que la
condenaran. "Yo no sabía nada de eso. Trabajaba en un
comedor, nada más".
Fue detenida el 15 de enero de 1994, un año después de la
muerte de su hijo y su juicio se inició en Lago Agrio. Tras
ser detenida fue golpeada y maltratada para que se declarara
culpable de haber traficado droga. Allí la condenaron y la
trasladaron a Quito.
Ella no sabe nada de juicios y de los recursos que puede
emplear para salir libre lo más pronto. (FUENTE:
EL COMERCIO)
esfuerzos por dar atención a las personas de la tercera
edad. Sin embargo, parece que en las cárceles ese
sentimiento quedó en el olvido.
De acuerdo con la ley, todas las personas que sobrepasen
los 65 años de edad no podrán ser encarceladas. Pero esta
disposición no se cumple: en el país hay 560 presos que
están en la tercera edad. Este fenómeno, según el director
de Rehabilitación Social, Jaime Hidalgo, no es un
problema de los centros carcelarios sino de los jueces
que no toman en cuenta ese detalle.
"Nosotros lo único que hacemos es cumplir las órdenes
de prisión que envían los jueces. Somos los custodios
de los presos".
Claro, no es su responsabilidad, pero sí la de darles
atencióncon planes especiales y un tratamiento
diferenciado. No existe ninguno y por el contrario, los
detenidos que sobrepasan los 65 años conviven con
menores que los acosan, sufren de enfermedades que no
reciben ninguna atención especial y, como si hubiesen
sido abandonados en un asilo, no tienen visitas que den
un poco de tranquilidad y esperanza.
La única atención que reciben estos internos es la que
ofrecen las organizaciones humanitarias. No se trata de
un trabajo regular y planificado. Además, no resuelve
todos los problemas y tampoco es su obligación.
A pesar de esto, se está preparando un proyecto de
indulto para estos internos. Al parecer estaría listo antes
del próximo año.
La Presidencia de la República está elaborando la
propuesta, dijo Hidalgo.
Además denunció que a los centros penitenciarios son
enviados los menores de 18 años, cuando éstos deberían
ir a un centro de menores. "Hay un desconocimiento de
la edad".
Con el indulto para los reclusos de la tercera edad,
según lo previsto, se los dejaría en libertad en forma
automática.
Los días de visita son vacíos
Redacción Cuenca
Luis Antonio Barrera, 74 años, teje con empeño una
alfombra de cabuya y Honorio de Jesús Vivar, 76 años,
pule una figura de madera. Desde 1992, pasan así los 12
y 8 años de condena, respectivamente.
Es fácil reconocerlos entre los 258 reclusos de la
cárcel de Cuenca. Son llamados los abuelitos por sus
compañeros.
Barrera se queja: "desde que entré aquí nadie ha venido
a visitarme". La situación de Vivar es parecida. Mide
1,75 metros y su aparencia fornida de hace cinco años
se desvaneció.
Vivar fue acusado por la tenencia de 660 gramos de
marihuana. Pero según él, su único delito fue arrendarle
una casa a Narcisa Huango, ex enamorada de su hijo
Leoncio, de 31 años, quien vive en los Estados Unidos.
La oscuridad de su celda y la humedad de la cárcel lo
debilitan. Ha perdido más de 40 libras de peso y su
sordera aumentó.
Sufre por su esposa, María Matilde Huiracocha, de 74
años. Es epiléptica y ninguno de sus tres hijos se preocupa
de ella.
Según Barrera, a él la vida le hizo una mala pasada. Fue
condenado por la muerte de su hijo Juan José, de 42 años.
La tragedia sucedió en su humilde casa, ubicada en Bulán,
cantón Paute.
Una noche de julio de 1992, Juan José estaba ebrio,
discutió con un amigo y la riña terminó en muerte. "Me
culpan solo porque la pelea fue en mi casa". El millón de
sucres que pagó a un abogado no alcanzó para demostrar
su inocencia.
Tejer entre dos y tres alfombras de cabuya por semana le
deja una ganancia de 3.000 sucres.
Enviudó hace nueve años. Sus cuatro hijos y nietos
migraron a otras ciudades. Los días de visita no hace nada.
Recuerda con nostalgia sus sembradíos de papas y maíz.
Las dos hectáreas le mantenían ocupado. Ahora, la mitad se
repartieron los herederos y el resto permanece abandonado.
Una celda común y sus líos
Redacción Guayaquil
Si lo sentencian a 12 años, Manuel Barahona saldría de la
cárcel cumpliendo un siglo de vida. Fue detenido hace 29
meses por tenencia ilegal de drogas, junto a su nieto
Gustavo, dueño del paquete. El no pudo soportar el
encierro y se ahorcó a los dos meses.
Es tan precaria su situación que el solo hecho de
estar registrado en las estadísticas de la penitenciaría,
se convierte en una ventana de esperanza, para él y 17
internos más mayores de 50 años.
Basados en ese listado, organizaciones de Derechos
Humanos y la Confraternidad Carcelaria, preparan un
proyecto legal para lograr un perdón de las penas a los
presos de la tercera edad.
En esa posición, además de Manuel Barahona, están 17
presos más. Uno de ellos, Carlos Murillo Macías, de 69
años, está detenido desde hace tres años sin fórmula de
juicio. En mayo de 1993 fue a la Policía Judicial a
denunciar el hallazgo de un cadáver en un lote baldío
cerca a su casa y fue detenido para investigaciones.
Su caso lo tramita el juez Décimo Primero de lo Penal
de Milagro. Su expediente son tres hojas atadas con un
gancho.
Un escueto informe de la Policía Judicial señala que se
acercó a denunciar el hecho y que, de acuerdo a las
investigaciones no tiene responsabilidad. Sin embargo,
sigue detenido.
No tiene familiares. Los internos del pabellón
denominado Choferes, lo adoptaron. Le brindan comida,
ropa y le permiten dormir cada noche en una celda
diferente.
A Juan Alcides Vera López, 61 años, un juez de lo Penal
lo sentenció a 12 años de reclusión menor ordinaria y
ya cumplió cerca del 75 por ciento de la condena. Ahora
espera que se aprueben el proyecto para poder recuperar
su libertad.
Está enfermo de reuma desde hace tres años. Sus huesos
parecen quebrarse y sus coyunturas deshacerse de dolor
en cada paso que da.
Sus conocimientos de panificador espera ponerlos en
práctica. Quiere alquilar el horno a otro interno en
30.000 sucres semanales.
Manuel Zúñiga Yance, 73 años, adicto a la marihuana,
está detenido desde hace 16 meses. No tiene sentencia.
Habita en la celda 35 del bloque 4. Es comerciante y
dice que sus familiares no saben que está allí.
José Araúz Moncada 64, tiene 10 años preso acusado de
asalto y robo, y crimen. "No hay testigos ni evidencias ni
quien me acuse, pero los jueces me sancionaron con 16
años de reclusión".
Juan Guillén Galarza, 58 años, fue detenido el 20 de
diciembre de 1994 por tenencia ilegal de drogas. Sufre
de reuma crónica y las seis tamugas de marihuana eran
para su consumo personal.
Acusa a los agentes que lo capturaron de haberlo querido
extorsionar. "Me pidieron medio millón de sucres para
elaborar un informe limpio, como no tenía el dinero se
me llevaron la silla de ruedas".
Guillén dice que el agente fiscal cuarto lo acusó por
consumo pero que los ministros jueces de la Cuarta
Sala le quieren imponer una pena de 8 años. "Soy
consumidor, no traficante".
Noé sigue esperando ayuda
Redacción Quito
Noé Israel Alvarado tiene una mirada triste. Lleva una
chaqueta de color claro que lo dignifica, en medio del
infierno que es estar en una cárcel.
A sus 66 años, no es el lugar para él y además está solo.
Aunque no se puede precisar, en la Cárcel 2 habrían unos
20 internos que superan los 60 años de edad.
"No tengo quién me ayude", se lamenta. El no sabe de
juicios ni de trámites. Noé es solo un agricultor. Su
lenguaje es la tierra no las leyes. Sus manos son ásperas,
evidencia del azadón y sus uñas aún están grises por los
hongos de la tierra. Cuando llegó a la cárcel, otros
internos trataron de aprovecharse de su edad y sacarle
el dinero que no tenía.
Al principio lo iba a visitar su hija, pero a ella la atropelló
un vehículo en Santo Domingo. No sabe ni siquiera si está
viva.
Aún recuerda esa noche que durmió en Guamaní, para
acompañar a su hija. Noé cuenta que un individuo ingresó
en la casa y trató de atacar o violar a su hija. "Yo como
padre tenía que salir a defenderla".
Con una vara metálica, sostiene, golpeó en la canilla al
intruso. Era el 24 de junio de 1994. El presunto malhechor
presentó una denuncia y, al mes, Noé fue arrestado. No
tiene dinero para sacar su juicio adelante y tampoco quien
le asista en los trámites legales.
Noé es lojano (Macará) y por las perennes sequías emigró
a Santo Domingo. Vivió también en Lago Agrio, allí lo
abandonó su mujer. Años después llegó a Quito.
En la Cárcel 2 ha tratado de dedicarse a la zapatería, pero
él insiste: soy agricultor. En el taller de zapatería lo
hicieron a un lado y nunca le dieron dinero.
Y por encima de todo, está su edad: "hay veces que no me
he podido mover en la cama. He llorado en el suelo,
implorando a Dios, para poder seguir sano". Sin embargo,
por las tardes, siente un dolor en la pierna que ya no le
permite ni subir las gradas.
"Yo quiero que me ayuden", dice en un tono entre
resignado y desesperado. Hasta entonces, él solo espera.
Abuela y nieta en una celda
Redacción Quito
Una habitación pequeña, en la Cárcel de Mujeres, pintada
de celeste, es su morada desde hace casi tres años.
Ella fue detenida por supuesta tenencia de droga en Tumaco,
departamento de Nariño, en Colombia. Durante este tiempo
nadie le ha visitado, excepto la Cónsul de Colombia.
Caminar y se mueve con lentitud. María Luisa Cortez tiene
77 años de edad. Le falta por cumplir cinco años de prisión.
La sentencia fue de ocho años. Vive en su celda con una de
sus nueve nietas, quien tiene siete años.
Su celda es fría y los huesos de sus piernas no lo soportan:
tiene muchos dolores, se le hinchan las piernas y nadie le
suministra un medicamento. Sus manos y sus piernas son
muy delgadas. Le gusta tejer, pero no tiene hilo para
hacerlo.
Todo empezó cuando una noche de un miércoles de 1993
unos presuntos policías le mataron a su hijo. El salía de su
trabajo en Tumaco y se dirigía a la casa de su madre, a
pocos metros de la vivienda le dispararon.
Nunca le dijeron por qué lo mataron, pero sí entraron a
casa de María Luisa y le revolvieron todas las cosas
aduciendo que buscaban droga. Su hijo dejó en la
orfandad a nueve menores pequeños. Ahora no hay quien
los cuide.
Según María Luisa, los policías se encargaron de ponerle
un papel embarrado con polvo de droga, para que la
condenaran. "Yo no sabía nada de eso. Trabajaba en un
comedor, nada más".
Fue detenida el 15 de enero de 1994, un año después de la
muerte de su hijo y su juicio se inició en Lago Agrio. Tras
ser detenida fue golpeada y maltratada para que se declarara
culpable de haber traficado droga. Allí la condenaron y la
trasladaron a Quito.
Ella no sabe nada de juicios y de los recursos que puede
emplear para salir libre lo más pronto. (FUENTE:
EL COMERCIO)
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