Quito. 16.07.94.
CHILE: 1986, venta, mediante concesión, de las
tres grandes empresas. Ahora, el proceso enfrenta el monopolio de
"TELEFONICA", que viola la Ley Antimonopolio.
MEXICO: 1989, se privatiza TELMEX, cuidando que la mayoría del
capital quede en manos nacionales. Se le renueva la concesión,
pero se establece una apertura gradual a la competencia.
ARGENTINA: 1989-90, privatización mediante concurso
internacional. Del total accionario, el 10% se reserva a
empleados, 5% a cooperativas telefónicas y 25%, al público en
general.
VENEZUELA: 1991, se vende el 40% de CANTV. Luego se proponen
reformas para estimular la competencia y protección al
consumidor.
COLOMBIA: Proceso paralizado por la oposición de los trabajadores
y por la eficiencia del servicio local, nacional e internacional.
PERU: 1994, se vende el 35% de ENTEL y CPTSA.
VENEZUELA: SUERTE HECHADA
En este país, la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de
Venezuela (CANTV), fue privatizada en el 40% de las acciones, en
noviembre de 1991, no obstante que era una "empresa estatal de
gran prestigio".
Previamente, el Gobierno adoptó algunas decisiones. En septiembre
de ese mismo año creó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones,
cuya función es planificar, dirigir, supervisar y regular los
servicios del sector, recomendar la entrega de autorizaciones y
concesiones, y elaborar los criterios para las tarifas, entre
otros.
En octubre siguiente, se suscribió un nuevo contrato de concesión
para CANTV, en el que se fijaron objetivos cualitativos y
cuantitativos para los servicios de telefonía.
El nuevo ente regulador ha planteado una nueva ley que abrirá el
camino a la inversión privada en este sector, estimulará la
competencia y buscara proteger al abonado.
ARGENTINA: CONSULTORES DE POR MEDIO
El proceso de este país es uno de los más rápidos que se han
realizado. Se inició en septiembre de 1989 y concluyó en febrero
de 1991. Primero se aprobó la Ley de Reforma del Estado, en la
que se definió las empresas estatales que pueden ser
privatizadas, entre las cuales se incluyó a ENTEL.
Luego, mediante decreto ejecutivo se autorizó la privatización de
la empresa de telecomunicaciones y se definieron términos y
condiciones que después fueron evolucionando.
La privatización se puso a cargo de un interventor designado por
el Presidente de la República como director ejecutivo de ENTEL,
con plenos poderes.
La primera acción de este personaje fue definir los aspectos
técnicos y financieros en los que se ejecutaría la privatización,
para lo cual se acudió al servicio de consultores escogidos de
una "lista corta".
El proceso se realizó a través de un concurso internacional, en
cuyo texto se incluyó toda la información que se estimó que
podría necesitar un oferente, así como los términos que debería
contener la licencia.
Se licitó el 60% de los activos y se estableció que otro 10% se
vendería a los empleados; otro 5%, a las cooperativas de
teléfonos; y, un 25% adicional, al público en general.
Los compradores tendrían el monopolio por siete años, con
regulación de tarifas.
CHILE: EL FANTASMA DEL MONOPOLIO
El proceso de privatización en Chile data de casi veinte años
atrás, cuando el Gobierno autoriza la libre venta de líneas, pero
la parte fuerte comienza en 1986 y 1987, cuando el Gobierno,
primero vende una parte de las acciones de Télex-Chile, de la
Compañía de Teléfonos de Chile (CTC) y de ENTEL, a inversionistas
locales, y luego convoca a una licitación para vender el control
de CTC.
En esta última operación, el Gobierno recurre al mecanismo de
conversión de deuda externa, con el que el Estado obtiene algunas
ventajas por la tasa de conversión.
Los términos de referencia establecidos para la venta fueron muy
simples y no obligaban al adquirente a cumplir meta alguna.
Sin embargo, en esta etapa aparecen dos actores que le darán al
proceso un rumbo inesperado, o en todo caso temido por muchos de
los propulsores de la privatización: el inversionista Alan Bond y
"Telefónica", de España.
El primer gana la licitación para la venta de CTC y casi
simultáneamente, la empresa española compra un porcentaje de
ENTEL.
Dos años más tarde, la empresa española compra, la parte del
señor Bond en la CTC e incrementa su participación en ENTEL, lo
que lo convirtió "en el capitalista más importante de las
telecomunicaciones en Chile", según algunos analistas.
Esas mismas fuentes sostienen que esos hechos crearon "serias
dificultades legales puesto que la participación de "Telefónica"
en las dos empresas chilenas viola la ley antimonopolio del país,
lo que ha llevado al Gobierno a buscar el fortalecimiento del
ente regulador, para que controle la "activa y agresiva
participación de las numerosas empresas privadas", mediante la
creación de una entidad autónoma.
Sin embargo, ello no ha sido un obstáculo para que un porcentaje
importante de CTC se hayan colocado en la bolsa de Nueva York.
MEXICO: OBSESION POR LA SOBERANIA
Probablemente con la lección dejada por la experiencia chilena,
los mexicanos comenzaron cuidando que su proceso preserve "la
soberanía" del país sobre el sector y señalaron como uno de los
objetivos de la privatización que "la mayoría de las acciones
deben estar en poder de los mexicanos".
Otros objetivos fueron garantizar los derechos de los
trabajadores de TELMEX, la empresa a privatizarse, la búsqueda de
calidad en el servicio hasta niveles internacionales, el
incremento substancial de la red y una intensificación de la
investigación y el desarrollo.
En ese marco, en octubre de 1989 se dio el primer paso: designar
al presidente del directorio de TELMEX, con la misión de plasmar
la privatización.
Para ello, el capital de la empresa se dividió en acciones de los
siguientes tipos y características: (AA), exclusivamente para los
mexicanos; (A), sin restricciones de propiedad; (L), con derechos
limitados de voto y sin restricciones de propiedad.
Un segundo paso fue vender un porcentaje de las acciones AA a un
consorcio mexicano, en el cual se permitió la presencia de un
operador extranjero, con participación minoritaria.
El tercer paso consistió en vender acciones L en licitaciones
públicas y en la bolsa de Nueva York.
Pero antes de todo este complejo proceso se habían adoptado una
compleja gama de acciones: las tarifas se situaron en niveles
comparables con los precios y se redujeron los impuestos a
niveles "internacionalmente aceptables".
Luego se separó la regulación de explotación y se permitió que el
ministerio de comunicaciones venda a TELMEX la red de microondas.
El siguiente paso fue modificar la licencia a TELMEX a fin de que
suban los precios de los servicios locales y bajen los
internacionales, de modo de tener un sistema de tarifas "reales",
a fines de 1996. Esta parte del proceso se estipuló la apertura
gradual de la competencia para todos los servicios de
telecomunicaciones, aunque prohibió la competencia por seis años
en los servicios de larga distancia nacional, hasta lograr el
reajuste de los precios.
En el campo de la telefonía celular se establece que TELMEX
tendrá otro competidor privado.
Los términos de la nueva concesión señalan que el número de
líneas instaladas debe crecer en 12% anual y que todos los
pueblos de 500 habitantes deben tener el servicio en 1996.
El incumplimiento de estas metas será sancionado.
Con relación a los medios de comunicación, el Gobierno emitió una
nueva ley, en la que establece las condiciones para la
competencia y limita las facultades de intervención del Estado.
(2A)
CHILE: 1986, venta, mediante concesión, de las
tres grandes empresas. Ahora, el proceso enfrenta el monopolio de
"TELEFONICA", que viola la Ley Antimonopolio.
MEXICO: 1989, se privatiza TELMEX, cuidando que la mayoría del
capital quede en manos nacionales. Se le renueva la concesión,
pero se establece una apertura gradual a la competencia.
ARGENTINA: 1989-90, privatización mediante concurso
internacional. Del total accionario, el 10% se reserva a
empleados, 5% a cooperativas telefónicas y 25%, al público en
general.
VENEZUELA: 1991, se vende el 40% de CANTV. Luego se proponen
reformas para estimular la competencia y protección al
consumidor.
COLOMBIA: Proceso paralizado por la oposición de los trabajadores
y por la eficiencia del servicio local, nacional e internacional.
PERU: 1994, se vende el 35% de ENTEL y CPTSA.
VENEZUELA: SUERTE HECHADA
En este país, la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de
Venezuela (CANTV), fue privatizada en el 40% de las acciones, en
noviembre de 1991, no obstante que era una "empresa estatal de
gran prestigio".
Previamente, el Gobierno adoptó algunas decisiones. En septiembre
de ese mismo año creó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones,
cuya función es planificar, dirigir, supervisar y regular los
servicios del sector, recomendar la entrega de autorizaciones y
concesiones, y elaborar los criterios para las tarifas, entre
otros.
En octubre siguiente, se suscribió un nuevo contrato de concesión
para CANTV, en el que se fijaron objetivos cualitativos y
cuantitativos para los servicios de telefonía.
El nuevo ente regulador ha planteado una nueva ley que abrirá el
camino a la inversión privada en este sector, estimulará la
competencia y buscara proteger al abonado.
ARGENTINA: CONSULTORES DE POR MEDIO
El proceso de este país es uno de los más rápidos que se han
realizado. Se inició en septiembre de 1989 y concluyó en febrero
de 1991. Primero se aprobó la Ley de Reforma del Estado, en la
que se definió las empresas estatales que pueden ser
privatizadas, entre las cuales se incluyó a ENTEL.
Luego, mediante decreto ejecutivo se autorizó la privatización de
la empresa de telecomunicaciones y se definieron términos y
condiciones que después fueron evolucionando.
La privatización se puso a cargo de un interventor designado por
el Presidente de la República como director ejecutivo de ENTEL,
con plenos poderes.
La primera acción de este personaje fue definir los aspectos
técnicos y financieros en los que se ejecutaría la privatización,
para lo cual se acudió al servicio de consultores escogidos de
una "lista corta".
El proceso se realizó a través de un concurso internacional, en
cuyo texto se incluyó toda la información que se estimó que
podría necesitar un oferente, así como los términos que debería
contener la licencia.
Se licitó el 60% de los activos y se estableció que otro 10% se
vendería a los empleados; otro 5%, a las cooperativas de
teléfonos; y, un 25% adicional, al público en general.
Los compradores tendrían el monopolio por siete años, con
regulación de tarifas.
CHILE: EL FANTASMA DEL MONOPOLIO
El proceso de privatización en Chile data de casi veinte años
atrás, cuando el Gobierno autoriza la libre venta de líneas, pero
la parte fuerte comienza en 1986 y 1987, cuando el Gobierno,
primero vende una parte de las acciones de Télex-Chile, de la
Compañía de Teléfonos de Chile (CTC) y de ENTEL, a inversionistas
locales, y luego convoca a una licitación para vender el control
de CTC.
En esta última operación, el Gobierno recurre al mecanismo de
conversión de deuda externa, con el que el Estado obtiene algunas
ventajas por la tasa de conversión.
Los términos de referencia establecidos para la venta fueron muy
simples y no obligaban al adquirente a cumplir meta alguna.
Sin embargo, en esta etapa aparecen dos actores que le darán al
proceso un rumbo inesperado, o en todo caso temido por muchos de
los propulsores de la privatización: el inversionista Alan Bond y
"Telefónica", de España.
El primer gana la licitación para la venta de CTC y casi
simultáneamente, la empresa española compra un porcentaje de
ENTEL.
Dos años más tarde, la empresa española compra, la parte del
señor Bond en la CTC e incrementa su participación en ENTEL, lo
que lo convirtió "en el capitalista más importante de las
telecomunicaciones en Chile", según algunos analistas.
Esas mismas fuentes sostienen que esos hechos crearon "serias
dificultades legales puesto que la participación de "Telefónica"
en las dos empresas chilenas viola la ley antimonopolio del país,
lo que ha llevado al Gobierno a buscar el fortalecimiento del
ente regulador, para que controle la "activa y agresiva
participación de las numerosas empresas privadas", mediante la
creación de una entidad autónoma.
Sin embargo, ello no ha sido un obstáculo para que un porcentaje
importante de CTC se hayan colocado en la bolsa de Nueva York.
MEXICO: OBSESION POR LA SOBERANIA
Probablemente con la lección dejada por la experiencia chilena,
los mexicanos comenzaron cuidando que su proceso preserve "la
soberanía" del país sobre el sector y señalaron como uno de los
objetivos de la privatización que "la mayoría de las acciones
deben estar en poder de los mexicanos".
Otros objetivos fueron garantizar los derechos de los
trabajadores de TELMEX, la empresa a privatizarse, la búsqueda de
calidad en el servicio hasta niveles internacionales, el
incremento substancial de la red y una intensificación de la
investigación y el desarrollo.
En ese marco, en octubre de 1989 se dio el primer paso: designar
al presidente del directorio de TELMEX, con la misión de plasmar
la privatización.
Para ello, el capital de la empresa se dividió en acciones de los
siguientes tipos y características: (AA), exclusivamente para los
mexicanos; (A), sin restricciones de propiedad; (L), con derechos
limitados de voto y sin restricciones de propiedad.
Un segundo paso fue vender un porcentaje de las acciones AA a un
consorcio mexicano, en el cual se permitió la presencia de un
operador extranjero, con participación minoritaria.
El tercer paso consistió en vender acciones L en licitaciones
públicas y en la bolsa de Nueva York.
Pero antes de todo este complejo proceso se habían adoptado una
compleja gama de acciones: las tarifas se situaron en niveles
comparables con los precios y se redujeron los impuestos a
niveles "internacionalmente aceptables".
Luego se separó la regulación de explotación y se permitió que el
ministerio de comunicaciones venda a TELMEX la red de microondas.
El siguiente paso fue modificar la licencia a TELMEX a fin de que
suban los precios de los servicios locales y bajen los
internacionales, de modo de tener un sistema de tarifas "reales",
a fines de 1996. Esta parte del proceso se estipuló la apertura
gradual de la competencia para todos los servicios de
telecomunicaciones, aunque prohibió la competencia por seis años
en los servicios de larga distancia nacional, hasta lograr el
reajuste de los precios.
En el campo de la telefonía celular se establece que TELMEX
tendrá otro competidor privado.
Los términos de la nueva concesión señalan que el número de
líneas instaladas debe crecer en 12% anual y que todos los
pueblos de 500 habitantes deben tener el servicio en 1996.
El incumplimiento de estas metas será sancionado.
Con relación a los medios de comunicación, el Gobierno emitió una
nueva ley, en la que establece las condiciones para la
competencia y limita las facultades de intervención del Estado.
(2A)
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