Caso Angostura
Las acciones de uno de los poderes del Estado de derecho "no deberían ser objeto de injerencia por parte de otro de los poderes y, en consecuencia, el Ejecutivo podría no sentirse directamente responsable de lo que decida el poder judicial". Así lo sostuvo el ex canciller José Ayala Lasso, al referirse a la suspensión de la reunión del alto mando militar de Ecuador y Colombia, luego de conocerse que Freddy Padilla fue involucrado en el proceso judicial por el bombardeo del campamento en Angostura.
El ex diplomático, no obstante, añadió que en Ecuador, donde la "división de poderes es teórica", resulta difícil pretender que Colombia esté convencida del argumento de esa división. De ahí que consideró que la suspensión de las conversaciones tiene como fondo un problema de "credibilidad". Y agregó que debería haber una coordinación entre el Ejecutivo y la justicia para evitar que una acción de uno de los poderes del Estado pueda afectar a los intereses profundos del "Estado unitario".
El constitucionalista Gustavo Medina, en cambio, comentó que tanto los representantes de la justicia ecuatoriana como colombiana saben que no es procedente la orden de detención de altos funcionarios, porque se requiere de un pedido de extradición. Las constituciones de los dos países prohíben la extradición de nacionales, por ser un tema jurídico y político. (MP)
Las acciones de uno de los poderes del Estado de derecho "no deberían ser objeto de injerencia por parte de otro de los poderes y, en consecuencia, el Ejecutivo podría no sentirse directamente responsable de lo que decida el poder judicial". Así lo sostuvo el ex canciller José Ayala Lasso, al referirse a la suspensión de la reunión del alto mando militar de Ecuador y Colombia, luego de conocerse que Freddy Padilla fue involucrado en el proceso judicial por el bombardeo del campamento en Angostura.
El ex diplomático, no obstante, añadió que en Ecuador, donde la "división de poderes es teórica", resulta difícil pretender que Colombia esté convencida del argumento de esa división. De ahí que consideró que la suspensión de las conversaciones tiene como fondo un problema de "credibilidad". Y agregó que debería haber una coordinación entre el Ejecutivo y la justicia para evitar que una acción de uno de los poderes del Estado pueda afectar a los intereses profundos del "Estado unitario".
El constitucionalista Gustavo Medina, en cambio, comentó que tanto los representantes de la justicia ecuatoriana como colombiana saben que no es procedente la orden de detención de altos funcionarios, porque se requiere de un pedido de extradición. Las constituciones de los dos países prohíben la extradición de nacionales, por ser un tema jurídico y político. (MP)
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