LA PAZ SE MUDA DEL CAMPO, por Diego Torres Hadathy
Quito. 27.12.90. Suena el cuerno y desde distintos lugares
llegan los hombres -en grupos de dos o de tres- para reunirse
con las mujeres y los niños que cuidan las chozas en los
terrenos invadidos. Minutos antes, aproximadamente a las 9 y
15 de la mañana, tres personas entran en la hacienda La Cruz
de Cajas -la única propiedad que aún está invadida en la
provincia de Imbabura- y al percatarse de esa presencia, dos
mujeres con atuendos indígenas, uno azul y otro negro, parten
en diferentes direcciones desde la choza comunal.
Una vez dado el aviso a los hombres que se encuentran en el
sector, suena el instrumento indígena (en otros lugares el
aviso se da con tañidos de campanas) y al llamado acuden los
que están más alejados. La posibilidad de un desalojo está
presente y tienen que estar prevenidos.
La presencia, totalmente inusual de dos hacendados y un
periodista en una zona invadida ha puesto en alerta a los
indígenas del sector y ante ello "los extraños" nos retiramos,
para evitar cualquier problema.
La sensación de paz y quietud que por lo general da el campo
se transforma repentinamente en una mezcla de tensión y
emoción ante el inesperado suceso.
Dos bandos que se disputan la tierra. Los unos apoyados por su
milenaria presencia en ella y los otros por un derecho
económico y legal de la propiedad.
Pero el problema es muy complejo porque tanto para los
indígenas como para los hacendados la tierra significa la vida
y va más allá del simple papeleo o del derecho de propiedad.
Y, contrariamente, la explicación es simple. Para los
indígenas un pedazo de tierra es el sustento diario y su
vivienda, pero en muchos casos una o media hectárea es
insuficiente para mantener a 8 o 10 personas.
"Si no tuviera significado para nosotros, no defenderíamos la
tierra", dicen en cambio buena parte de los hacendados; aunque
algunos propietarios prefieren abandonar los predios invadidos
y evitarse mayores molestias.
Pero el problema se agudiza por la "guerra" física y mental
que han entablado los indígenas y los terratenientes. Guardias
privados, desalojos violentos y precauciones de un lado, y
amenazas e invasiones con animales, del otro.
Una bomba de tiempo, que fue desactivada por el momento en el
norte de la sierra ecuatoriana, pero que en el sur sigue
aumentando, como consecuencia de una población indígena cada
vez más numerosa frente a unos recursos productivos cada vez
más escasos.
Paramilitares o no, son un mal precedente
Alrededor de 20 propiedades, pequeñas y grandes, han sido
desalojadas en el último mes en toda la provincia de Imbabura
y las pérdidas son millonarias, aseguran los propietarios del
sector. Luego de los desalojos, los hacendados del lugar han
contratado a varias compañías de seguridad privada, para
resguardar los linderos de sus propiedades y evitar más
invasiones.
La presencia de guardias de seguridad
-cuatro o cinco por hacienda, dependiendo de la extensión- y
las "precauciones" que cada uno de los hacendados toma para
protegerse, constituyen en sí un mal precedente.
Según los indígenas, se trata de bandas paramilitares formadas
por gente contratada por los hacendados, que tienen como tarea
reprimir y atemorizar a los indígenas.
"No existen bandas paramilitares, como se quiere hacer
aparecer, lo que hemos hecho es proteger nuestras tierras como
lo haría cualquier empresa privada que se ve amenazada",
señalaron los hacendados.
Las compañías de seguridad han sido legalmente contratadas,
aseguran los propietarios, quienes exhibieron los estatutos
de las mismas y el informe policial que fue hecho hace algunos
días, para constatar la presencia de "elementos extraños en
las haciendas".
Las compañías son Parachute, Vipca y Oresep de la ciudad de
Guayaquil. El informe policial sobre la segunda, que custodia
la hacienda Tunibamba, describe las labores para las que fue
contratada, el uniforme que visten los guardias y los nombres
de los mismos, entre los que están Segundo Preciado, Edison
Vela, Enrique Ortiz y Vidal Panecio. Casi todos los
integrantes de estos grupos estuvieron en el ejército durante
algún tiempo y conocen el manejo de armas y tácticas
militares. Las armas que utilizan, al menos las que se pudo
observar, son de mediano calibre, escopetas y pistolas en la
mayoría de los casos
La Policía rural no tiene el suficiente número de efectivos
como para controlar todas las haciendas y "a pesar de los
insistentes pedidos, no se ha incrementado el personal de
vigilancia", señalaron los hacendados.
Una guerra de nervios
Según pudo constatar HOY en un recorrido realizado por
Imbabura, la vigilancia privada ha disminuido las invasiones,
pero la manera como fuimos recibidos en la hacienda La Cruz de
Cajas es una prueba de que los indígenas también están
organizados y alertas ante cualquier peligro.
El conflicto se ha convertido en una guerra de nervios, que se
origina en las amenazas e invasiones y en las medidas que
toman los hacendados para proteger sus propiedades, que puede
terminar, de un momento a otro, en una catástrofe mayúscula.
La intervención del Gobierno en ello es casi nula, según los
testimonios de los propietarios y la confrontación ahora es
directa. "Tratamos de actuar con la mayor precaución posible
para evitar que esto termine en un conflicto de grandes
proporciones", señaló Fernando Baca, propietario de una
hacienda en la zona de Otavalo y bajo cuya responsabilidad
está la seguridad de las demás propiedades de la zona.
Muerte de indígenas
Los dirigentes indígenas aseguran que los desalojos fueron
acciones brutales y violentas y que hay una buena cantidad de
heridos y algunos muertos.
Según Luis Macas, actual presidente de la CONAIE, la poca
atención que ha dado el Gobierno a los conflictos de tierra,
ocasionó las invasiones "de las tierras que según la Ley no
cumplían su función social o estaban abandonadas". Si bien la
posesión violenta es ilegal, admite Macas, en cambio es el
único camino, porque la Ley siempre está del lado de los
terratenientes.
De levantamiento indígena a movimiento político
Las reivindicaciones sociales, territoriales, políticas, el
racismo y la guerra privada -tan o más peligrosa que la
declarada- son los matices principales del conflicto indígena.
Un movimiento que se presenta con una gran fuerza en junio de
1990, fecha del último levantamiento, y con el mayor respaldo
popular conocido.
Sin embargo, lo que nace como un movimiento de protesta y de
reivindicaciones territoriales se transforma poco a poco -y
no podía ser de otra manera- en un movimiento político.
Luis Macas, actual presidente de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador, cree que ese es el mayor
logro del movimiento indígena. Igual opinión mantiene el
presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona,
Ignacio Pérez, que lo califica de movimiento político
indigenista.
"Hemos logrado un importante espacio político en el contexto
nacional. Hoy el problema indígena se debate en diferentes
círculos", señala Macas. Además, continúa, ahora no sólo es la
tierra, existen planteamientos políticos de corto, mediano y
largo plazo.
Sin embargo, todo quedó en eso, en planteamientos. Macas
señala que el movimiento indígena ha conseguido apenas el 10%
de las demandas que realizaron al inicio del conflicto y que
ello no cumple con las expectativas.
Las causas: un buen manejo político de parte del Gobierno, una
débil presencia de los dirigentes indígenas o talvez un poco
de ambas cosas. Pero no todo es desilusión. Hoy más que nunca
los indígenas han demostrado ser el movimiento con mayor
fuerza dentro del Ecuador.
Macas señala que otro de los logros del movimiento ha sido la
unidad y el fortalecimiento del sector indígena. Hemos
alcanzado, dice, la inclusión de otras organizaciones que
antes no estaban vinculadas.
El presidente de los agricultores, en cambio, considera que lo
que en un primer momento fue un pedido justo "en contra del
país, del Gobierno y de la marginación", poco a poco se
convirtió en un movimiento político. Un movimiento, que según
Pérez se justifica, pero que no tiene matices campesinos ni
agrarios.
La diferencia, según él, radica en que el campesino vive en y
del campo sin importar su raza, "lo cual no es el caso de un
gran porcentaje de indígenas". Y es aquí en donde aparece el
conflicto racial, que se ha agudizado a raíz del levantamiento
y de los constantes roces entre los bandos en conflicto.
Se inicia así también la guerra privada, que tarde o temprano
puede convertirse en una guerrilla y en una defensa
paramilitar, de imprevisibles consecuencias. No queda entonces
otro camino que la intervención gubernamental. Lo más difícil,
como dice Ignacio Pérez, es buscar una solución común, "porque
cada uno tiene sus propios intereses". (A-2)
Quito. 27.12.90. Suena el cuerno y desde distintos lugares
llegan los hombres -en grupos de dos o de tres- para reunirse
con las mujeres y los niños que cuidan las chozas en los
terrenos invadidos. Minutos antes, aproximadamente a las 9 y
15 de la mañana, tres personas entran en la hacienda La Cruz
de Cajas -la única propiedad que aún está invadida en la
provincia de Imbabura- y al percatarse de esa presencia, dos
mujeres con atuendos indígenas, uno azul y otro negro, parten
en diferentes direcciones desde la choza comunal.
Una vez dado el aviso a los hombres que se encuentran en el
sector, suena el instrumento indígena (en otros lugares el
aviso se da con tañidos de campanas) y al llamado acuden los
que están más alejados. La posibilidad de un desalojo está
presente y tienen que estar prevenidos.
La presencia, totalmente inusual de dos hacendados y un
periodista en una zona invadida ha puesto en alerta a los
indígenas del sector y ante ello "los extraños" nos retiramos,
para evitar cualquier problema.
La sensación de paz y quietud que por lo general da el campo
se transforma repentinamente en una mezcla de tensión y
emoción ante el inesperado suceso.
Dos bandos que se disputan la tierra. Los unos apoyados por su
milenaria presencia en ella y los otros por un derecho
económico y legal de la propiedad.
Pero el problema es muy complejo porque tanto para los
indígenas como para los hacendados la tierra significa la vida
y va más allá del simple papeleo o del derecho de propiedad.
Y, contrariamente, la explicación es simple. Para los
indígenas un pedazo de tierra es el sustento diario y su
vivienda, pero en muchos casos una o media hectárea es
insuficiente para mantener a 8 o 10 personas.
"Si no tuviera significado para nosotros, no defenderíamos la
tierra", dicen en cambio buena parte de los hacendados; aunque
algunos propietarios prefieren abandonar los predios invadidos
y evitarse mayores molestias.
Pero el problema se agudiza por la "guerra" física y mental
que han entablado los indígenas y los terratenientes. Guardias
privados, desalojos violentos y precauciones de un lado, y
amenazas e invasiones con animales, del otro.
Una bomba de tiempo, que fue desactivada por el momento en el
norte de la sierra ecuatoriana, pero que en el sur sigue
aumentando, como consecuencia de una población indígena cada
vez más numerosa frente a unos recursos productivos cada vez
más escasos.
Paramilitares o no, son un mal precedente
Alrededor de 20 propiedades, pequeñas y grandes, han sido
desalojadas en el último mes en toda la provincia de Imbabura
y las pérdidas son millonarias, aseguran los propietarios del
sector. Luego de los desalojos, los hacendados del lugar han
contratado a varias compañías de seguridad privada, para
resguardar los linderos de sus propiedades y evitar más
invasiones.
La presencia de guardias de seguridad
-cuatro o cinco por hacienda, dependiendo de la extensión- y
las "precauciones" que cada uno de los hacendados toma para
protegerse, constituyen en sí un mal precedente.
Según los indígenas, se trata de bandas paramilitares formadas
por gente contratada por los hacendados, que tienen como tarea
reprimir y atemorizar a los indígenas.
"No existen bandas paramilitares, como se quiere hacer
aparecer, lo que hemos hecho es proteger nuestras tierras como
lo haría cualquier empresa privada que se ve amenazada",
señalaron los hacendados.
Las compañías de seguridad han sido legalmente contratadas,
aseguran los propietarios, quienes exhibieron los estatutos
de las mismas y el informe policial que fue hecho hace algunos
días, para constatar la presencia de "elementos extraños en
las haciendas".
Las compañías son Parachute, Vipca y Oresep de la ciudad de
Guayaquil. El informe policial sobre la segunda, que custodia
la hacienda Tunibamba, describe las labores para las que fue
contratada, el uniforme que visten los guardias y los nombres
de los mismos, entre los que están Segundo Preciado, Edison
Vela, Enrique Ortiz y Vidal Panecio. Casi todos los
integrantes de estos grupos estuvieron en el ejército durante
algún tiempo y conocen el manejo de armas y tácticas
militares. Las armas que utilizan, al menos las que se pudo
observar, son de mediano calibre, escopetas y pistolas en la
mayoría de los casos
La Policía rural no tiene el suficiente número de efectivos
como para controlar todas las haciendas y "a pesar de los
insistentes pedidos, no se ha incrementado el personal de
vigilancia", señalaron los hacendados.
Una guerra de nervios
Según pudo constatar HOY en un recorrido realizado por
Imbabura, la vigilancia privada ha disminuido las invasiones,
pero la manera como fuimos recibidos en la hacienda La Cruz de
Cajas es una prueba de que los indígenas también están
organizados y alertas ante cualquier peligro.
El conflicto se ha convertido en una guerra de nervios, que se
origina en las amenazas e invasiones y en las medidas que
toman los hacendados para proteger sus propiedades, que puede
terminar, de un momento a otro, en una catástrofe mayúscula.
La intervención del Gobierno en ello es casi nula, según los
testimonios de los propietarios y la confrontación ahora es
directa. "Tratamos de actuar con la mayor precaución posible
para evitar que esto termine en un conflicto de grandes
proporciones", señaló Fernando Baca, propietario de una
hacienda en la zona de Otavalo y bajo cuya responsabilidad
está la seguridad de las demás propiedades de la zona.
Muerte de indígenas
Los dirigentes indígenas aseguran que los desalojos fueron
acciones brutales y violentas y que hay una buena cantidad de
heridos y algunos muertos.
Según Luis Macas, actual presidente de la CONAIE, la poca
atención que ha dado el Gobierno a los conflictos de tierra,
ocasionó las invasiones "de las tierras que según la Ley no
cumplían su función social o estaban abandonadas". Si bien la
posesión violenta es ilegal, admite Macas, en cambio es el
único camino, porque la Ley siempre está del lado de los
terratenientes.
De levantamiento indígena a movimiento político
Las reivindicaciones sociales, territoriales, políticas, el
racismo y la guerra privada -tan o más peligrosa que la
declarada- son los matices principales del conflicto indígena.
Un movimiento que se presenta con una gran fuerza en junio de
1990, fecha del último levantamiento, y con el mayor respaldo
popular conocido.
Sin embargo, lo que nace como un movimiento de protesta y de
reivindicaciones territoriales se transforma poco a poco -y
no podía ser de otra manera- en un movimiento político.
Luis Macas, actual presidente de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador, cree que ese es el mayor
logro del movimiento indígena. Igual opinión mantiene el
presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona,
Ignacio Pérez, que lo califica de movimiento político
indigenista.
"Hemos logrado un importante espacio político en el contexto
nacional. Hoy el problema indígena se debate en diferentes
círculos", señala Macas. Además, continúa, ahora no sólo es la
tierra, existen planteamientos políticos de corto, mediano y
largo plazo.
Sin embargo, todo quedó en eso, en planteamientos. Macas
señala que el movimiento indígena ha conseguido apenas el 10%
de las demandas que realizaron al inicio del conflicto y que
ello no cumple con las expectativas.
Las causas: un buen manejo político de parte del Gobierno, una
débil presencia de los dirigentes indígenas o talvez un poco
de ambas cosas. Pero no todo es desilusión. Hoy más que nunca
los indígenas han demostrado ser el movimiento con mayor
fuerza dentro del Ecuador.
Macas señala que otro de los logros del movimiento ha sido la
unidad y el fortalecimiento del sector indígena. Hemos
alcanzado, dice, la inclusión de otras organizaciones que
antes no estaban vinculadas.
El presidente de los agricultores, en cambio, considera que lo
que en un primer momento fue un pedido justo "en contra del
país, del Gobierno y de la marginación", poco a poco se
convirtió en un movimiento político. Un movimiento, que según
Pérez se justifica, pero que no tiene matices campesinos ni
agrarios.
La diferencia, según él, radica en que el campesino vive en y
del campo sin importar su raza, "lo cual no es el caso de un
gran porcentaje de indígenas". Y es aquí en donde aparece el
conflicto racial, que se ha agudizado a raíz del levantamiento
y de los constantes roces entre los bandos en conflicto.
Se inicia así también la guerra privada, que tarde o temprano
puede convertirse en una guerrilla y en una defensa
paramilitar, de imprevisibles consecuencias. No queda entonces
otro camino que la intervención gubernamental. Lo más difícil,
como dice Ignacio Pérez, es buscar una solución común, "porque
cada uno tiene sus propios intereses". (A-2)
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