Quito. 25.12.90. El estado de deterioro social en el que se
encuentran los países de América Latina, luego de casi diez
años de haberse iniciado el proceso de ajuste de sus
economías, se parece mucho al de aquellos pacientes-
esqueléticos, de ojos cavernosos y rostro cadavérico- que
yacen postrados en el lecho de muerte, mientras los doctores,
al pie de su cama, no atinan sino a abrirle las venas con una
lanceta y aplicarle, una tras otra, la mortal sangría.
Había ido para curarse de una indigestión estomacal, pero a
golpe de purgas le arrebataron media vida. Porque a pretexto
de "rehabilitar los agregados macroeconómicos básicos de la
economía", los programas de ajuste aplicados en la región han
sido tan injustamente rígidos y exigentes que han dejado una
estela de pobreza, recesión e inestabilidad democrática en los
países que los aplicaron. En fin, verdaderas sangrías que
dejaron sin aliento a los grupos sociales más vulnerables de
la sociedad latinoamericana.
Las cifras del desangre
Algunas cifras proporcionadas por la CEPAL ilustran en algo
esta situación: entre 1981 y 1989, el producto interno bruto
de la región creció en total un 11,7 por ciento; durante este
mismo período, el ingreso por habitante decreció a una tasa
del 8,3 por ciento.
El índice de precios al consumidor en América Latina aumentó a
un ritmo del 994,2 por ciento a finales de 1989; durante ese
mismo año, la transferencia neta de recursos hacia el exterior
sumó 25 mil millones de dólares; la deuda externa
latinoamericana alcanzó la cifra de 415,9 miles de millones de
dólares. La tasa promedio de desempleo urbano en América
Latina fue de 9,14 por ciento en 1989; las remuneraciones
medias reales declinaron a una tasa de 8,2 por ciento en ese
mismo período. Las exportaciones de bienes alcanzaron un monto
de 110,3 miles de millones de dólares, pero el saldo de cuenta
corriente registró un déficit de 11,1 miles de millones de
dólares.
Los porqués del deterioro social
Las medidas que contemplan los programas de ajuste aplicados
en América Latina apuntan fundamentalmente a contraer la
demanda interna de sus economías, para generar, de esta
manera, un excedente de recursos que sea destinado a cubrir el
servicio de la deuda. A nivel interno se promueve una
contracción del gasto público, una reducción de las líneas de
crédito hacia los sectores productivos y un congelamiento de
los salarios reales, para provocar ese margen de ahorro
interno que será transferido a los acreedores extranjeros. En
pocas palabras, los programas de ajuste aplicados han
provocado que las sociedades de la región dejen de consumir,
de satisfacer sus múltiples necesidades, para que los
excedentes generados por esta restricción involuntaria puedan
ser destinados a los bancos acreedores.
Este esquema de ajuste se fundamenta en el modelo de absorción
de la balanza de pagos, que determina que una economía
incurrirá en desequilibrios externos, cuando la demanda
interna supere a su oferta; es decir, cuando el país gaste más
de lo que está en condiciones de pagar.
El problema está en que para satisfacer este axioma -que está
respaldado por una identidad contable de gran peso- los
programas de ajuste han atacado con excesiva voracidad los
rubros de gasto social, desmejorando aún más, las ya
deterioradas condiciones de vida de los habitantes de estas
economías, y restando sus posibilidades para una posible
mejoría en el mediano y largo plazo.
Ajustes alternativos
"Se debe buscar un ajuste donde se recorten los gastos en
represión, en defensa y los gastos suntuarios". Iván
Fernández, sociólogo del Consejo Nacional de Desarrollo
(CONADE), afirma que existen posibilidades de aplicar ajustes
alternativos a los tradicionales, donde se dé un énfasis
especial a la parte social.
"Un ajuste con equidad social, donde los costos de estos
programas sean distribuidos entre todos los sectores de la
sociedad, de acuerdo a su capacidad de pago", dijo.
"Un ajuste donde se recorten los gastos en represión, en
defensa y los gastos suntuarios; y se reprogramen los gastos
productivos en función a las necesidades más urgentes de los
grupos más desprotegidos", agregó Fernández.
Para imprimir este giro más social a los programas de ajuste
es necesario reforzar el papel del Estado en el desarrollo
social, manifestó el sociólogo del CONADE. "Es necesario hacer
conciencia que los gastos sociales no son superficiales; son
equiparables a inversiones en recursos humanos", puntualizó
Fernández.
Las cifras del deterioro social en el Ecuador
En 1989, apenas el 32,2% de la de la fuerza de trabajo que se
incorporó al mercado laboral pudo encontrar una colocación en
el sector "moderno" de la economía. El salario mínimo real en
Ecuador es de apenas 1.935 sucres y su capacidad adquisitiva
es de sólo un 3,8 por ciento, si se lo compara con el monto
del salario nominal, que es de 50.400 sucres (incluidos los
beneficios de ley).
De acuerdo a cálculos de CEPLAES, desde 1987, el monto del
salario mínimo real ha venido registrando tasas de crecimiento
negativas: -7,4 por ciento en 1987; -23,4 por ciento en 1988;
-9,4 por ciento en 1989; y -13,3 por ciento en 1990. En
dólares, el salario mínimo vital promedio ha declinado en un
45 por ciento durante este mismo período, pues pasó de 118,3
dólares mensuales en 1987, a 64,9 dólares por mes en 1990. Así
mismo, la participación de las remuneraciones en el producto
nacional ha ido decayendo con el transcurso del tiempo: en
1987 era del 22,4 por ciento del PIB total; un año más tarde,
en 1988, bajó al 17,6 por ciento; y en 1989 fue de 14,1 por
ciento.
Falló lucha contra la inflación
Este declive tan pronunciado de la capacidad de compra de los
salarios de los ecuatorianos tiene como principal responsable
a la fallida lucha por derrotar a la inflación. Las
autoridades económicas prometieron bajarla a un 25 por ciento
anual; de acuerdo a últimos datos estadísticos, el índice
inflacionario del mes de noviembre último fue de 49,8 por
ciento anual, prácticamente 25 puntos porcentuales por encima
de la meta inicialmente prevista.
La inflación mensual registrada durante ese mismo mes fue de
4,2 por ciento, el más alto desde abril pasado. El rubro de la
inflación que mayores variaciones ha registrado es el de
"Alimentos y bebidas", que a finales de noviembre alcanzó un
51,4 por ciento anual. Este fenómeno ha deteriorado doblemente
el nivel de vida de los ecuatorianos, pues ha significado que
los productos de primera necesidad estén, cada vez más fuera
del alcance de sus bolsillos. En segundo término, se encuentra
el rubro "Misceláneos", que varió en un 49,8 por ciento anual.
En este rubro se incluyen los gastos en educación y
transporte, por ejemplo. El rubro que ha registrado los
incrementos menos considerables es el de "vivienda", que, a
criterio de algunos analistas, ha permitido, de alguna manera,
"amortiguar" el proceso inflacionario en el país.
Sobre la situación actual del mercado de trabajo,
lastimosamente no se cuenta con cifras actualizadas, pero
basta mencionar que durante 1989, apenas el 32,2 por ciento de
la fuerza de trabajo que se incorporó al mercado laboral pudo
encontrar una colocación en el sector "moderno" de la
economía. El resto debió arreglárselas para ubicarse en el
sector de los informales. (A-2).
Más en el