Representantes de la región andina debatieron sobre la equidad de género
La inequidad de género en cuanto a la distribución de los salarios y carga horaria de trabajo continúan siendo asignaturas pendientes en América Latina.
Así lo ratifican las delegaciones internacionales que participan en el IV Encuentro de Ministras de la Región Andina que culmina hoy en Quito.
El encuentro, que reúne a representantes de Chile, Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela y Ecuador, busca fortalecer a las instituciones que protegen los derechos de la mujer.
Para ello, según las participantes, la socialización de los procesos es el primer paso. El caso de Venezuela es uno de los más adelantados con la creación del Banco de la Mujer, en 2001.
"Partimos de una situación dramática, pues la pobreza tiene rostro de mujer. Este es un mecanismo para democratizar el capital y las mujeres acceden a créditos desde $2 500 hasta $25 000", explica Yaneth Vicuña, gerente de este organismo financiero.
El acceso a créditos mejora su autoestima. Para acceder al crédito las mujeres necesitan estar asociadas (mínimo dos personas), presentar su documento de identificación y un proyecto de inversión.
"Para ser beneficiarias no necesitan un aval legal o garantía pues confiamos en su palabra. Además, cuando se cancela la deuda tienen la oportunidad de adquirir otra por un valor 50% mayor al crédito anterior", señala la venezolana, quien asegura que la tasa de morosidad no supera el 20%.
Al préstamo se suma una serie de capacitaciones que van desde el área financiera hasta talleres sobre salud sexual y reproductiva, violencia contra la mujer e información sobre las normas jurídicas que protegen sus derechos.
"Dar un crédito es una excusa para estimular su organización. Como consecuencia, cada vez son más las mujeres que denuncian casos de violencia y participan más en la toma de decisiones en sus localidades", cuenta.
En Ecuador, las inequidades persisten. Según Ximena Abarca, directora ejecutiva del Consejo Nacional de las Mujeres (Conamu), el 52% de la población ecuatoriana son mujeres.
Para este grupo, el acceso a fuentes de empleo, a salarios justos y a educación superior son aspectos excluyentes que persisten.
"Una mujer trabaja alrededor de 22 horas más en la semana que un hombre. Pues a más se ser profesional debe cumplir con las tareas del hogar y sin remuneración", explica Abarca, quien comenta que la situación es más difícil para las mujeres indígenas y afroecuatorianas.
En cuanto a salarios, ellas perciben el 75% del monto que recibe un hombre con la misma formación académica y sobre el mismo cargo. "En el caso de oficios que no requieren un nivel mínimo de instrucción, ellas reciben el 50% del salario de los hombres", añade.
La educación superior es otro espacio de inequidad, sobre todo para las mujeres de origen indígena, pues solo el 4% va a la universidad.
"Es común pensar que ellas no necesitan formación profesional si su responsabilidad es el hogar. Como consecuencia el acceso a la primaria es del 92%", enfatiza la representante ecuatoriana.
En Bolivia, la legislación es el principal logro. Cristina Choque, viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia boliviano, enfatiza que la participación de la mujer en política es el principal progreso en materia de género.
"En la Constituyente de 2006 fueron 88 asambleístas mujeres, de un total de 255. Así demostramos que la Constitución podía tener valores de equidad, igualdad y participación", señala.
El propósito de la cartera de Estado es transversalizar el tema de género en todos los aspectos del Estado. Para ello, se han aprobado tres leyes fundamentales.
La primera promueve la equidad de salarios. "Todo individuo que cumple las mismas funciones y tiene la misma formación académica debe ganar el mismo salario", estipula Choque.
Otra, garantiza la estabilidad laboral para ambos sexos, pues se considera a la pareja como la responsable de la manutención de la familia.
Un tercer aspecto está orientado a que los padres reconozcan su responsabilidad en la manutención de los hijos. "Cuando una mujer queda embarazada y su pareja niega su paternidad, será él quien deba demostrar que no es el padre", explica la representante boliviana.
De ese modo, la legislación de ese país busca fomentar la igualdad de responsabilidades. (GM)
La inequidad de género en cuanto a la distribución de los salarios y carga horaria de trabajo continúan siendo asignaturas pendientes en América Latina.
Así lo ratifican las delegaciones internacionales que participan en el IV Encuentro de Ministras de la Región Andina que culmina hoy en Quito.
El encuentro, que reúne a representantes de Chile, Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela y Ecuador, busca fortalecer a las instituciones que protegen los derechos de la mujer.
Para ello, según las participantes, la socialización de los procesos es el primer paso. El caso de Venezuela es uno de los más adelantados con la creación del Banco de la Mujer, en 2001.
"Partimos de una situación dramática, pues la pobreza tiene rostro de mujer. Este es un mecanismo para democratizar el capital y las mujeres acceden a créditos desde $2 500 hasta $25 000", explica Yaneth Vicuña, gerente de este organismo financiero.
El acceso a créditos mejora su autoestima. Para acceder al crédito las mujeres necesitan estar asociadas (mínimo dos personas), presentar su documento de identificación y un proyecto de inversión.
"Para ser beneficiarias no necesitan un aval legal o garantía pues confiamos en su palabra. Además, cuando se cancela la deuda tienen la oportunidad de adquirir otra por un valor 50% mayor al crédito anterior", señala la venezolana, quien asegura que la tasa de morosidad no supera el 20%.
Al préstamo se suma una serie de capacitaciones que van desde el área financiera hasta talleres sobre salud sexual y reproductiva, violencia contra la mujer e información sobre las normas jurídicas que protegen sus derechos.
"Dar un crédito es una excusa para estimular su organización. Como consecuencia, cada vez son más las mujeres que denuncian casos de violencia y participan más en la toma de decisiones en sus localidades", cuenta.
En Ecuador, las inequidades persisten. Según Ximena Abarca, directora ejecutiva del Consejo Nacional de las Mujeres (Conamu), el 52% de la población ecuatoriana son mujeres.
Para este grupo, el acceso a fuentes de empleo, a salarios justos y a educación superior son aspectos excluyentes que persisten.
"Una mujer trabaja alrededor de 22 horas más en la semana que un hombre. Pues a más se ser profesional debe cumplir con las tareas del hogar y sin remuneración", explica Abarca, quien comenta que la situación es más difícil para las mujeres indígenas y afroecuatorianas.
En cuanto a salarios, ellas perciben el 75% del monto que recibe un hombre con la misma formación académica y sobre el mismo cargo. "En el caso de oficios que no requieren un nivel mínimo de instrucción, ellas reciben el 50% del salario de los hombres", añade.
La educación superior es otro espacio de inequidad, sobre todo para las mujeres de origen indígena, pues solo el 4% va a la universidad.
"Es común pensar que ellas no necesitan formación profesional si su responsabilidad es el hogar. Como consecuencia el acceso a la primaria es del 92%", enfatiza la representante ecuatoriana.
En Bolivia, la legislación es el principal logro. Cristina Choque, viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia boliviano, enfatiza que la participación de la mujer en política es el principal progreso en materia de género.
"En la Constituyente de 2006 fueron 88 asambleístas mujeres, de un total de 255. Así demostramos que la Constitución podía tener valores de equidad, igualdad y participación", señala.
El propósito de la cartera de Estado es transversalizar el tema de género en todos los aspectos del Estado. Para ello, se han aprobado tres leyes fundamentales.
La primera promueve la equidad de salarios. "Todo individuo que cumple las mismas funciones y tiene la misma formación académica debe ganar el mismo salario", estipula Choque.
Otra, garantiza la estabilidad laboral para ambos sexos, pues se considera a la pareja como la responsable de la manutención de la familia.
Un tercer aspecto está orientado a que los padres reconozcan su responsabilidad en la manutención de los hijos. "Cuando una mujer queda embarazada y su pareja niega su paternidad, será él quien deba demostrar que no es el padre", explica la representante boliviana.
De ese modo, la legislación de ese país busca fomentar la igualdad de responsabilidades. (GM)
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