Quito. 11 oct 99. El Gobierno ecuatoriano presentó a la comunidad
internacional, en mayo de este año, el Plan Nacional
Anticorrupción del cual la Oficina de Control de la Corrupción
de la Función Ejecutiva es la coordinadora.
¿A qué se dedica esta dependencia, cuáles son sus funciones, es
mera burocracia y duplica funciones, hay resultados? Esta
entidad, realmente fue creada en noviembre de 1998, y su tarea
específica es el control interno para prever irregularidades en
las esferas del Gobierno.
El ámbito de su competencia comprende la gestión de los
servidores de la Presidencia de la República y sus dependencias
administrativas, de los ministerios y subsecretarías, a más de
las entidades en cuyos directorios los representantes del sector
público son más que los del privado.
La Oficina funciona en el cuarto piso del edificio La Unión, en
la calle Benalcázar, entre Chile y Espejo, en pleno centro de la
ciudad. Diez personas tienen a su cargo la recepción, análisis
y calificación de las denuncias sobre probables hechos de
corrupción administrativa, la planificación de las
investigaciones, la investigación en sí y la realización del
informe final. Tres de esos empleados están en comisión de
servicios, prestados por la Contraloría General del Estado y por
el Banco Central para colaborar con las auditorías internas.
Según las fuentes consultadas, no compite con otras instituciones
fiscalizadoras, su tarea es coordinar actividades con los órganos
de control externo. Para este fin, precisamente, la Fiscalía del
Estado diseña, a través de la Corporación Latinoamericana para
el Desarrollo (CLD), un convenio de cooperación
interinstitucional: para impulsar los procesos de lucha contra
la corrupción y evitar la duplicación de esfuerzos. Mientras
tanto, representantes de las instituciones de control se reúnen
de manera periódica para conocer los casos y distribuirlos en las
instituciones que tienen mayor competencia.
Según la Constitución, la Fiscalía es el órgano encargado de la
coordinación entre las instituciones relacionadas con el control
y las auditorías del sector privado, como son la Contraloría, la
Procuraduría, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, la
Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional y la Función
Judicial, entre otras. La unidad de la Presidencia entonces es
parte de estos organismos y "está empeñada en cumplir la misión
como un órgano nexo, aparte de que permite al Primer Mandatario
que tenga una información más directa de lo que acontece en las
dependencias", dice Cristhian Bahamonde, subdirector del CLD.
"Es una especie de auditoría interna que se creó mediante decreto
para monitorear el interior de la Presidencia, pero no tiene una
norma específica, como en el caso de la Contraloría que cuenta
con la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control
(Loafyc)", por ejemplo.
Efectivamente, la Oficina no tiene facultad sancionadora: el
Presidente y los ministros toman las acciones administrativas
inmediatas contra quienes no han cumplido su obligación o
cometido irregularidades; pero si se trata de un asunto civil
entra en competencia la Contraloría.
Si son asuntos penales van a manos de la Fiscalía, luego de las
indagaciones que se han hecho al respecto -que para el caso
resulta un paso preliminar-. "Nosotros no metemos presos,
terminamos la investigación y de ahí pasa a una etapa superior
independiente", dice Mario Andrade, titular de la Oficina de
Control de la Corrupción.
En los diez primeros meses de funcionamiento institucional se ha
separado a varios empleados del sector público porque se
determinó que estuvieron inmersos en hechos que entran en el
campo de la corrupción. "Hemos evitado a tiempo, antes que
esperar a que ocurra, para tomar sanciones posteriores, argumenta
el funcionario estatal, aunque no expone cifras concretas".
Según datos proporcionados por la CLD, de un total de 3 660
supuestos delitos que están siendo tratados por los diferentes
organismos de control estatal, la unidad de la Presidencia
mantiene en su poder 71 casos de abuso de autoridad, peculado,
cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Las denuncias correspondientes han provenido, principalmente, de
la sociedad civil y de las mismas entidades públicas.
Un caso específico que la Oficina muestra como prototipo de su
trabajo en el campo de la prevención, es su participación en los
procesos previos a la celebración de varios contratos por parte
del ex Ministerio de Bienestar Social -hoy de Acción Social y
Trabajo-, con un préstamo de 10,5 millones de dólares. "Con la
información que obtuvimos y pese a que hubo discrecionalidad en
el manejo de la adjudicación de los contratos, sugerimos que ante
un notario se haga una asignación pública aleatoria para que
todos tengan el mismo derecho".
Entre las denuncias que ha transferido a la Contraloría General
del Estado, está el caso de la carretera Méndez-Morona, durante
el gobierno de Fabián Alarcón y que ha salido a la luz pública
en los últimos días por su trascendencia. "Pedimos la opinión
jurídica del Procurador del Estado y los resultados fueron que
no debió devolverse a la empresa contratista de la ejecución de
la obra -la brasileña Andrade Gutiérrez- el valor correspondiente
al cuatro por ciento de fiscalización que había fijado el
Ministerio de Obras Públicas. En ese momento nuestra labor
terminó y hoy el caso sigue el proceso penal correspondiente",
explica Andrade.
Otro caso cuya investigación se impulsó desde la oficina de
Carondelet, según Andrade, ha sido el posible uso indebido de 2
500 millones de sucres por parte de la Subsecretaría Regional
Norte, "que fueron asignados para reforestar importantes áreas
de la zona, pero al revisar dónde están los árboles se encontró
que había unos pocos. Este asunto está en manos del Poder
Judicial".
En el trabajo de la institución también contribuye la ciudadanía,
"de acuerdo con la Constitución, todo ciudadano tiene la
obligación de denunciar irregularidades, esta es una oficina que
está abierta a todos", comenta Andrade
Para mantener una política de Estado, por otro lado, los miembros
del Plan Nacional Anticorrupción anunciarán, a fines de este mes,
el balance de lo que se ha hecho durante los cinco meses. (Texto
tomado de El Comercio)
internacional, en mayo de este año, el Plan Nacional
Anticorrupción del cual la Oficina de Control de la Corrupción
de la Función Ejecutiva es la coordinadora.
¿A qué se dedica esta dependencia, cuáles son sus funciones, es
mera burocracia y duplica funciones, hay resultados? Esta
entidad, realmente fue creada en noviembre de 1998, y su tarea
específica es el control interno para prever irregularidades en
las esferas del Gobierno.
El ámbito de su competencia comprende la gestión de los
servidores de la Presidencia de la República y sus dependencias
administrativas, de los ministerios y subsecretarías, a más de
las entidades en cuyos directorios los representantes del sector
público son más que los del privado.
La Oficina funciona en el cuarto piso del edificio La Unión, en
la calle Benalcázar, entre Chile y Espejo, en pleno centro de la
ciudad. Diez personas tienen a su cargo la recepción, análisis
y calificación de las denuncias sobre probables hechos de
corrupción administrativa, la planificación de las
investigaciones, la investigación en sí y la realización del
informe final. Tres de esos empleados están en comisión de
servicios, prestados por la Contraloría General del Estado y por
el Banco Central para colaborar con las auditorías internas.
Según las fuentes consultadas, no compite con otras instituciones
fiscalizadoras, su tarea es coordinar actividades con los órganos
de control externo. Para este fin, precisamente, la Fiscalía del
Estado diseña, a través de la Corporación Latinoamericana para
el Desarrollo (CLD), un convenio de cooperación
interinstitucional: para impulsar los procesos de lucha contra
la corrupción y evitar la duplicación de esfuerzos. Mientras
tanto, representantes de las instituciones de control se reúnen
de manera periódica para conocer los casos y distribuirlos en las
instituciones que tienen mayor competencia.
Según la Constitución, la Fiscalía es el órgano encargado de la
coordinación entre las instituciones relacionadas con el control
y las auditorías del sector privado, como son la Contraloría, la
Procuraduría, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, la
Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional y la Función
Judicial, entre otras. La unidad de la Presidencia entonces es
parte de estos organismos y "está empeñada en cumplir la misión
como un órgano nexo, aparte de que permite al Primer Mandatario
que tenga una información más directa de lo que acontece en las
dependencias", dice Cristhian Bahamonde, subdirector del CLD.
"Es una especie de auditoría interna que se creó mediante decreto
para monitorear el interior de la Presidencia, pero no tiene una
norma específica, como en el caso de la Contraloría que cuenta
con la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control
(Loafyc)", por ejemplo.
Efectivamente, la Oficina no tiene facultad sancionadora: el
Presidente y los ministros toman las acciones administrativas
inmediatas contra quienes no han cumplido su obligación o
cometido irregularidades; pero si se trata de un asunto civil
entra en competencia la Contraloría.
Si son asuntos penales van a manos de la Fiscalía, luego de las
indagaciones que se han hecho al respecto -que para el caso
resulta un paso preliminar-. "Nosotros no metemos presos,
terminamos la investigación y de ahí pasa a una etapa superior
independiente", dice Mario Andrade, titular de la Oficina de
Control de la Corrupción.
En los diez primeros meses de funcionamiento institucional se ha
separado a varios empleados del sector público porque se
determinó que estuvieron inmersos en hechos que entran en el
campo de la corrupción. "Hemos evitado a tiempo, antes que
esperar a que ocurra, para tomar sanciones posteriores, argumenta
el funcionario estatal, aunque no expone cifras concretas".
Según datos proporcionados por la CLD, de un total de 3 660
supuestos delitos que están siendo tratados por los diferentes
organismos de control estatal, la unidad de la Presidencia
mantiene en su poder 71 casos de abuso de autoridad, peculado,
cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Las denuncias correspondientes han provenido, principalmente, de
la sociedad civil y de las mismas entidades públicas.
Un caso específico que la Oficina muestra como prototipo de su
trabajo en el campo de la prevención, es su participación en los
procesos previos a la celebración de varios contratos por parte
del ex Ministerio de Bienestar Social -hoy de Acción Social y
Trabajo-, con un préstamo de 10,5 millones de dólares. "Con la
información que obtuvimos y pese a que hubo discrecionalidad en
el manejo de la adjudicación de los contratos, sugerimos que ante
un notario se haga una asignación pública aleatoria para que
todos tengan el mismo derecho".
Entre las denuncias que ha transferido a la Contraloría General
del Estado, está el caso de la carretera Méndez-Morona, durante
el gobierno de Fabián Alarcón y que ha salido a la luz pública
en los últimos días por su trascendencia. "Pedimos la opinión
jurídica del Procurador del Estado y los resultados fueron que
no debió devolverse a la empresa contratista de la ejecución de
la obra -la brasileña Andrade Gutiérrez- el valor correspondiente
al cuatro por ciento de fiscalización que había fijado el
Ministerio de Obras Públicas. En ese momento nuestra labor
terminó y hoy el caso sigue el proceso penal correspondiente",
explica Andrade.
Otro caso cuya investigación se impulsó desde la oficina de
Carondelet, según Andrade, ha sido el posible uso indebido de 2
500 millones de sucres por parte de la Subsecretaría Regional
Norte, "que fueron asignados para reforestar importantes áreas
de la zona, pero al revisar dónde están los árboles se encontró
que había unos pocos. Este asunto está en manos del Poder
Judicial".
En el trabajo de la institución también contribuye la ciudadanía,
"de acuerdo con la Constitución, todo ciudadano tiene la
obligación de denunciar irregularidades, esta es una oficina que
está abierta a todos", comenta Andrade
Para mantener una política de Estado, por otro lado, los miembros
del Plan Nacional Anticorrupción anunciarán, a fines de este mes,
el balance de lo que se ha hecho durante los cinco meses. (Texto
tomado de El Comercio)
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