La Fiscalía ingresó ayer a la zona donde explotó el polvorín de la Marina, el domingo en Guayaquil. El hecho se contrasta con lo ocurrido en Riobamba, luego de que una bodega de la Brigada Galápagos detonara. En esa ocasión, los únicos que podían ingresar eran los militares.
El fiscal Guillermo Mosquera estuvo 40 minutos en la Base Naval Sur. Según él, había decenas de proyectiles esparcidos en el área de Refugio de Tránsito. Allí, hay tres bodegas, dos subterráneas y una superficial. En esta última, oficialmente, ocurrió el estallido que aún no tiene explicación.
Según la Armada, las municiones, supuestamente caducadas, eran de menor y mediana intensidad: proyectiles calibres 7,62, 0,50, 9 mm y 40 mm. La entidad se abstuvo de dar cifras de qué es lo que había y cuánto explotó y aclaró que la auditoría de ese material será reservada. En el parte de novedades de la Policía, también se dice que era munición menor de 40 milímetros.
Pero Mosquera fue escéptico y reiteró que hay que esperar los análisis técnicos previstos para la próxima semana. Sostuvo que al Ministerio Público le compete investigar.
Lo mismo dijo la Policía. "Al ser un hecho que afectó a civiles, solicitamos el ingreso y fue aprobado por la cúpula naval. Tenemos toda la apertura", dijo el jefe del IV Distrito, coronel Wilmon Padilla.
Así, a las 16:00 del domingo entraron los técnicos policiales en explosivos. La investigación la dirige la Fiscalía y tiene el apoyo de unidades policiales especializadas como Criminalística, SIOT y las brigadas de la Policía Judicial.
Dos agentes del Ministerio Público son los ejecutores: Andrés Piedra y Lorena Benalcázar. Ambos ordenaron que se analice cada pieza hallada, como las esquirlas que cayeron en las casas de los habitantes de Fertisa, un sector marginal contiguo a la Base. Esta es el centro de operaciones más importante de la Armada y donde están los buques de guerra, submarinos y demás equipos.
"No hay nada que esconder", aseguró el comandante general de la Marina, contraalmirante Víctor Rosero. Ayer dijo que habrá dos grupos para investigar: los especialistas navales y una comisión interinstitucional integrada por la Policía, Fiscalía, Defensa Civil y Bomberos.
El primer jefe de esta última entidad, coronel Jaime Cucalón, informó la víspera "que nosotros no intervendremos
... solo serán los marinos".
Las dudas de la Fiscalía se centran en la versión militar, acerca de la caducidad de las municiones y que, sin embargo, explotaron.
"Nos dijeron que las iban a dar de baja", expresó el fiscal del Guayas, Walter Tomsich. Las municiones y la pólvora siguen esparcidas tanto al interior del recinto militar como en las cooperativas de Fertisa.
Los habitantes de esta zona protestaron ayer. Dijeron que solo han recibido planchas de zinc y que la Armada no se ha pronunciado sobre los enseres que se afectaron tras la explosión.
Es el caso de Víctor Ruiz: "Por aquí vinieron unos marinos, en dos ocasiones, a hacer un censo, pero no nos preguntaron nada de nuestros bienes para que nos repongan".
Por eso la tarde de ayer los perjudicados, representados por Manuel Peñafiel Falconí, plantearon una denuncia en la Fiscalía y presentaron 33 partes de proyectiles como evidencia. Advirtieron que cuando termine la vacancia judicial exigirán indemnizaciones a través de la vía civil.
Las viviendas, supuestamente, se entregarán este viernes y serán tipo Hogar de Cristo. Ello no le agradó a Pedro Chango Túa. "Mi casa era grande, de cemento, madera y caña y me van a dar una más pequeña". La inversión que hará la Armada no se conoce. "Esos datos no los tenemos", explicó el jefe de Imagen Institucional de la entidad, Pablo Tascón.
La Marina aseguró que hoy comienza la construcción de nueve viviendas de la Cooperativa Carlos Guevara de Fertisa. Serán construcciones de caña y zinc de 10 x 5 metros.
En la tarde, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Antonio Tramontana, la mentó lo sucedido y pidió a nombre del Estado que las FF.AA. pongan más cuidado con este tipo de instalaciones.
9 familias damnificadas se albergan en un coliseo
Ellos están cansados y han dormido poco en las últimas 48 horas. Evitan observar los noticieros y dar entrevistas para apartarse momentáneamente de la realidad. Prefieren estar incomunicados para no recordar las explosiones de la madrugada del domingo.
Las nueve familias, que perdieron sus hogares por el incidente en la Base Naval Sur, viven provisionalmente en el coliseo de deportes de la Base San Eduardo. Recibieron zapatillas, toallas y víveres.
En el coliseo se han instalado 50 camas literas con toldos. Los camerinos han sido acondicionados como baños y las tribunas sirven para reuniones de las 35 personas que habitan provisionalmente el lugar.
La cancha de baloncesto es utilizada por los menores de 16 años, quienes aprovechan para aprender ese deporte. A Andrea M., de 13 años, no le dan ganas mirar a los alrededores de la Base. Tiene temor, sus manos tiemblan cuando habla de sus vivencias. "Salí sin zapatos, agarrando a mi hermano de 11 años".
Inés Ruiz, de 32 años, está incomoda en el coliseo porque no tiene las mismas libertades que en su casa, como ir al baño. "Quiero que me reintegren mis bienes y vivienda". Sus hijos Gregorio, Washington y María Eugenia Carbo fueron revisados por los médicos del dispensario, quienes les diagnosticaron deficiencias en el crecimiento.
A los niños les entregaron vitaminas, tabletas para los parásitos y les revisaron sus dentaduras. En el coliseo permanecen 12 menores de 16 años y 23 personas entre 17 y 40 años. Los damnificados permanecerán en el coliseo solo esta semana. La Armada hará una auditoría de los bienes que tenían los habitantes y les construirán nuevas viviendas.
En tanto, la Marina reconoció que el estado de salud de Jimmy Argudo, uno de los heridos por la explosión, es grave. "Su diagnóstico es reservado", precisó el comandante Jaime Manosalvas, director del Hospital Naval de Guayaquil.
Argudo sufrió una hemorragia interna, por las esquirlas de proyectiles que penetraron en su vientre. En la casa de salud también están 14 pacientes: diez son civiles, dos militares y dos dependientes de marinos.
Polvorines: esta semana se decide su reubicación
La Comisión de lo Civil y Penal del Parlamento se adelantó al cronograma: este día presenta el informe para el segundo debate del proyecto de reforma a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de armas y explosivos.
El objetivo, según la diputada del PSC, Cynthia Viteri, presidenta de la Comisión, "es que esta misma semana el Congreso apruebe la reforma", que busca auditar el uso y mantenimiento de los arsenales de las FF.AA. y verificar la reubicación de los depósitos de armamento y municiones.
El proyecto de Ley fue aprobado en primer debate recién el 25 de febrero último. En esa ocasión, los 100 legisladores exigieron que se incluya en el texto un artículo que garantice un control más severo al funcionamiento de los polvorines.
"El almacenamiento de armas de guerra, así como de pólvora, explosivos y afines, debe efectuarse en locales previamente aprobados por el Comando Conjunto de las FF.AA. y por el Municipio de la localidad, y autorizados por el Ministerio de Defensa. Estos locales no deben estar ubicados en centros poblados...".
Precisa que la reubicación debe efectuarse entre este año y el 2004. Según el secretario de Comunicación del Gobierno, Antonio Tramontana, la falta de recursos para la reubicación debe sustituirse con la colaboración de los militares.
El fiscal Guillermo Mosquera estuvo 40 minutos en la Base Naval Sur. Según él, había decenas de proyectiles esparcidos en el área de Refugio de Tránsito. Allí, hay tres bodegas, dos subterráneas y una superficial. En esta última, oficialmente, ocurrió el estallido que aún no tiene explicación.
Según la Armada, las municiones, supuestamente caducadas, eran de menor y mediana intensidad: proyectiles calibres 7,62, 0,50, 9 mm y 40 mm. La entidad se abstuvo de dar cifras de qué es lo que había y cuánto explotó y aclaró que la auditoría de ese material será reservada. En el parte de novedades de la Policía, también se dice que era munición menor de 40 milímetros.
Pero Mosquera fue escéptico y reiteró que hay que esperar los análisis técnicos previstos para la próxima semana. Sostuvo que al Ministerio Público le compete investigar.
Lo mismo dijo la Policía. "Al ser un hecho que afectó a civiles, solicitamos el ingreso y fue aprobado por la cúpula naval. Tenemos toda la apertura", dijo el jefe del IV Distrito, coronel Wilmon Padilla.
Así, a las 16:00 del domingo entraron los técnicos policiales en explosivos. La investigación la dirige la Fiscalía y tiene el apoyo de unidades policiales especializadas como Criminalística, SIOT y las brigadas de la Policía Judicial.
Dos agentes del Ministerio Público son los ejecutores: Andrés Piedra y Lorena Benalcázar. Ambos ordenaron que se analice cada pieza hallada, como las esquirlas que cayeron en las casas de los habitantes de Fertisa, un sector marginal contiguo a la Base. Esta es el centro de operaciones más importante de la Armada y donde están los buques de guerra, submarinos y demás equipos.
"No hay nada que esconder", aseguró el comandante general de la Marina, contraalmirante Víctor Rosero. Ayer dijo que habrá dos grupos para investigar: los especialistas navales y una comisión interinstitucional integrada por la Policía, Fiscalía, Defensa Civil y Bomberos.
El primer jefe de esta última entidad, coronel Jaime Cucalón, informó la víspera "que nosotros no intervendremos
... solo serán los marinos".
Las dudas de la Fiscalía se centran en la versión militar, acerca de la caducidad de las municiones y que, sin embargo, explotaron.
"Nos dijeron que las iban a dar de baja", expresó el fiscal del Guayas, Walter Tomsich. Las municiones y la pólvora siguen esparcidas tanto al interior del recinto militar como en las cooperativas de Fertisa.
Los habitantes de esta zona protestaron ayer. Dijeron que solo han recibido planchas de zinc y que la Armada no se ha pronunciado sobre los enseres que se afectaron tras la explosión.
Es el caso de Víctor Ruiz: "Por aquí vinieron unos marinos, en dos ocasiones, a hacer un censo, pero no nos preguntaron nada de nuestros bienes para que nos repongan".
Por eso la tarde de ayer los perjudicados, representados por Manuel Peñafiel Falconí, plantearon una denuncia en la Fiscalía y presentaron 33 partes de proyectiles como evidencia. Advirtieron que cuando termine la vacancia judicial exigirán indemnizaciones a través de la vía civil.
Las viviendas, supuestamente, se entregarán este viernes y serán tipo Hogar de Cristo. Ello no le agradó a Pedro Chango Túa. "Mi casa era grande, de cemento, madera y caña y me van a dar una más pequeña". La inversión que hará la Armada no se conoce. "Esos datos no los tenemos", explicó el jefe de Imagen Institucional de la entidad, Pablo Tascón.
La Marina aseguró que hoy comienza la construcción de nueve viviendas de la Cooperativa Carlos Guevara de Fertisa. Serán construcciones de caña y zinc de 10 x 5 metros.
En la tarde, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Antonio Tramontana, la mentó lo sucedido y pidió a nombre del Estado que las FF.AA. pongan más cuidado con este tipo de instalaciones.
9 familias damnificadas se albergan en un coliseo
Ellos están cansados y han dormido poco en las últimas 48 horas. Evitan observar los noticieros y dar entrevistas para apartarse momentáneamente de la realidad. Prefieren estar incomunicados para no recordar las explosiones de la madrugada del domingo.
Las nueve familias, que perdieron sus hogares por el incidente en la Base Naval Sur, viven provisionalmente en el coliseo de deportes de la Base San Eduardo. Recibieron zapatillas, toallas y víveres.
En el coliseo se han instalado 50 camas literas con toldos. Los camerinos han sido acondicionados como baños y las tribunas sirven para reuniones de las 35 personas que habitan provisionalmente el lugar.
La cancha de baloncesto es utilizada por los menores de 16 años, quienes aprovechan para aprender ese deporte. A Andrea M., de 13 años, no le dan ganas mirar a los alrededores de la Base. Tiene temor, sus manos tiemblan cuando habla de sus vivencias. "Salí sin zapatos, agarrando a mi hermano de 11 años".
Inés Ruiz, de 32 años, está incomoda en el coliseo porque no tiene las mismas libertades que en su casa, como ir al baño. "Quiero que me reintegren mis bienes y vivienda". Sus hijos Gregorio, Washington y María Eugenia Carbo fueron revisados por los médicos del dispensario, quienes les diagnosticaron deficiencias en el crecimiento.
A los niños les entregaron vitaminas, tabletas para los parásitos y les revisaron sus dentaduras. En el coliseo permanecen 12 menores de 16 años y 23 personas entre 17 y 40 años. Los damnificados permanecerán en el coliseo solo esta semana. La Armada hará una auditoría de los bienes que tenían los habitantes y les construirán nuevas viviendas.
En tanto, la Marina reconoció que el estado de salud de Jimmy Argudo, uno de los heridos por la explosión, es grave. "Su diagnóstico es reservado", precisó el comandante Jaime Manosalvas, director del Hospital Naval de Guayaquil.
Argudo sufrió una hemorragia interna, por las esquirlas de proyectiles que penetraron en su vientre. En la casa de salud también están 14 pacientes: diez son civiles, dos militares y dos dependientes de marinos.
Polvorines: esta semana se decide su reubicación
La Comisión de lo Civil y Penal del Parlamento se adelantó al cronograma: este día presenta el informe para el segundo debate del proyecto de reforma a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de armas y explosivos.
El objetivo, según la diputada del PSC, Cynthia Viteri, presidenta de la Comisión, "es que esta misma semana el Congreso apruebe la reforma", que busca auditar el uso y mantenimiento de los arsenales de las FF.AA. y verificar la reubicación de los depósitos de armamento y municiones.
El proyecto de Ley fue aprobado en primer debate recién el 25 de febrero último. En esa ocasión, los 100 legisladores exigieron que se incluya en el texto un artículo que garantice un control más severo al funcionamiento de los polvorines.
"El almacenamiento de armas de guerra, así como de pólvora, explosivos y afines, debe efectuarse en locales previamente aprobados por el Comando Conjunto de las FF.AA. y por el Municipio de la localidad, y autorizados por el Ministerio de Defensa. Estos locales no deben estar ubicados en centros poblados...".
Precisa que la reubicación debe efectuarse entre este año y el 2004. Según el secretario de Comunicación del Gobierno, Antonio Tramontana, la falta de recursos para la reubicación debe sustituirse con la colaboración de los militares.
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