Sin sanción las explosiones


Publicado el 28/Marzo/2003 | 00:00

La Ley de FF.AA. señala como responsable de cualquier percance al comandante de la unidad.

Las leyes militares establecen que los comandantes de unidades son responsables de lo que suceda en su interior, pero ningún mando ha sido sancionado por las explosiones de polvorines, ocurridas en el país desde 1997.

El Reglamento de Régimen Interno de las unidades de las Fuerzas Armadas señala que “el comandante es el responsable de todo cuanto haga o deje de hacer en su unidad”.

Mientras que el Manual de Comando y Estado Mayor dice que “el mando de la unidad se puede delegar, pero no la responsabilidad”.

El Reglamento de Disciplina Militar incluye como faltas graves, según su artículo 51, los accidentes que no constituyan delito, “por no observar o hacer cumplir las medidas de seguridad para la realización de actividades militares que impliquen riesgo para las personas y los materiales”.

El artículo 52 de este documento señala como faltas atentatorias “no dar cumplimiento, por negligencia, a disposiciones contenidas en instructivos, ocasionando con ello perjuicio o daño a las personas o bienes de la institución armada”.

Las sanciones por faltas graves y atentatorias, señaladas en el art. 72, incluyen arrestos de hasta 15 días y suspensión de funciones por hasta 30 días a quien las haya cometido.

Los castigos afectan la hoja de vida de un militar, lo que a futuro le resta puntaje para ascender de rango.

El coronel (r) del Ejército Luis Hernández dijo que la falta de sanciones responde a que en ninguno de los casos –como las explosiones de los polvorines de La Balbina en 1997 y en Riobamba el 20 de noviembre del año pasado– “existió una investigación independiente, imparcial, externa a las Fuerzas Armadas”.

Hernández sostuvo que de haberse dado una investigación independiente, se habría garantizado la transparencia de los resultados y los castigos se hubiesen extendido no solo a los comandantes de las unidades, sino a altos mandos.

El ex oficial resaltó que asumir la responsabilidad es un acto de honor, como lo hizo el ministro de Defensa de Ucrania, Vladimir Shkidctras, quien renunció tras un accidente, el 27 de julio del 2002, donde murieron 83 personas.

Jefes militares continuaron en sus cargos o fueron ascendidos

A pesar de las explosiones de los polvorines y rastrillos de sus unidades, los comandantes de las brigadas Chimborazo (La Balbina), Galápagos (Riobamba) y la Base Naval Sur de Guayaquil continuaron, sin sanciones, en la institución armada.

El coronel del Ejército Raúl López, quien se desempeñó como jefe de la Brigada Chimborazo, ubicada en el sector La Balbina (a 30 minutos de Quito) durante la explosión del 8 de julio de 1997, mantuvo su cargo después del accidente. Ese día, cuatro personas murieron y decenas sufrieron heridas.

Un año más tarde, López fue ascendido al grado de General de Brigada y en el 2001 pasó a disponibilidad, tras no ser elevado al grado de General de División.

El comandante de la Brigada Galápagos de Riobamba, coronel Roberto Drouet, fue ratificado en su cargo después de la explosión del pasado 20 de noviembre, en la que murieron 10 personas y más de 500 heridos.

El comandante de la Base Sur de la Armada en Guayaquil, capitán de navío Francisco Andrade, también continúa en su cargo, sin que se conozca de alguna amonestación por la explosión del polvorín de esta unidad el pasado 22 de marzo.

En otro incidente ocurrido a fines de mayo del 2001, murieron dos personas por la explosión de una granada en una maniobra del Batallón de Selva 49 en Pastaza.

En esa ocasión, cuando el actual jefe del Comando Conjunto, Oswaldo Jarrín, se desempeñó como comandante de la Cuarta División del Ejército, las Fuerzas Armadas señalaron que se trató de un error.

Hermetismo en las FF.AA. sobre los incidentes

La cúpula militar se mantiene en silencio sobre las investigaciones de las explosiones que se registraron el pasado domingo en la Base Naval Sur de la Armada, en Guayaquil, y la de granadas en la isla Puná, el pasado miércoles.

El ministro de Defensa, Nelson Herrera; el jefe del Comando Conjunto, Oswaldo Jarrín; y el comandante de la Armada, Víctor Rosero, no se pronuncian públicamente sobre los siniestros y han preferido que lo hagan oficiales de menor rango, como el contralmirante Manuel Zapater, comandante de la Primera Zona Naval.

Desde la posesión del nuevo gobierno, Diario EL UNIVERSO ha intentado entrevistar al Ministro de Defensa, sin un resultado favorable.

Antes del pasado 15 de enero, cuando el coronel Lucio Gutiérrez asumió el mando, Herrera ofreció conceder una entrevista una vez que ocupara su despacho.

Este rotativo continúa en la posición expuesta en su editorial del lunes pasado y exige que se diga toda la verdad, respecto a los incidentes protagonizados por las FF.AA.

Las solicitudes para conversar con el ministro Herrera también se realizaron a través del teniente coronel Édison Narváez, director de Comunicación de ese ministerio, sin ninguna respuesta.

El último pedido por escrito se efectuó el pasado 7 de marzo, antes de la reunión de ministros de Defensa y cancilleres, que se llevó a cabo el 12 de marzo en Bogotá, para tratar el Plan Colombia.

En esa ocasión, Narváez se comprometió a que la entrevista se realizara después del retorno de Herrera. Pero, no hubo una respuesta.

Ayer el oficial aseguró que por el momento “el Ministro no efectuará ningún pronunciamiento hasta que las causas de las últimas explosiones sean aclaradas por el alto mando de la Armada”, y se comprometió a gestionarla “para la próxima semana”.

Malestar entre miembros de la Base Naval Sur

Vista aérea de la Base Naval Sur, donde el domingo explotó un polvorín, provocando la muerte de una persona.

Preocupación, malestar, enojo, indignación son algunos de los sentimientos que pueden percibirse en el interior de la Base Naval Sur de Guayaquil, a cuyos miembros se ha responsabilizado por las dos explosiones que han ocurrido en menos de una semana y que se han cobrado la vida de seis personas.

Una fuente militar afirmó que la seguridad al interior de la sede militar se ha reforzado desde el domingo pasado, cuando el polvorín de la Base explotó a las 02h15, lo que provocó la muerte de una persona y heridas a otras 43, entre militares y civiles, vecinos de la zona.

“Antes los familiares podían entrar, o quien tuviera que hacer alguna gestión, ahora solo se puede ingresar a la Base en compañía de alguno de los que trabaja o vive aquí”, relató el militar bajo anonimato.

Además, las guardias (turnos de vigilancia rotativos) a las que está obligado cada uniformado se han vuelto más estrictas. Hasta el día de la explosión cada miembro de la Base estaba de guardia, que le obligaba a permanecer en el recinto, cada cuatro días. Desde el domingo, los turnos se cumplen cada tres días.

Otro oficial asegura que “la gente está muy enojada por no saber lo que pasa”.

A la explosión del domingo se sumó ayer la de 15 granadas en la isla Puná, que al provocar la muerte de cinco personas, terminaron de “dañar la moral de la gente”.

Dentro de la Base Sur, de la que en varias ocasiones ha sido reconocida como una de las instituciones más confiables de la ciudad, el desconcierto y la indignación es tal que ni siquiera circulan hipótesis sobre las causas de las explosiones.

“Por momentos simplemente no puedes creer todo lo que está pasando. No sabemos nada, nadie sabe nada, parece como si todo fuera una mala racha. Es increíble que alguien crea que todo esto pudo haber sido premeditado”, se lamenta el militar, quien asegura que “siempre quedan municiones sin explotar en los ejercicios militares, por eso se marca la zona para evitar el ingreso de los civiles”.

Comisión investigará explosión en Puná

Al igual que ocurrió tras el incendio del submarino Shyri y la explosión del polvorín de la Base Naval Sur, la Armada Nacional ha conformado una comisión especial para investigar si la explosión en la Isla Puná está relacionada con las actividades de entrenamiento que desarrollan en el sector militares estadounidenses y ecuatorianos con municiones reales.

El capitán de navío Augusto Saltos señaló que al momento se han suspendido los entrenamientos hasta que concluyan las investigaciones y determinar las causas del accidente. La explosión se produjo cuando dos niños jugaban con una granada en su vivienda, lo que ocasionó la muerte de cinco personas y heridas a dos.

Posibles demandas civiles y penales

Los perjudicados por las explosiones de los polvorines militares, ocurridas en Riobamba y Guayaquil en los últimos cinco meses, pueden presentar juicios en contra de las Fuerzas Armadas (o la rama responsable) por dos vías: la penal y la civil. A través de ambas, se pueden exigir indemnizaciones por los daños ocasionados.

Según el Código Penal Militar, las instancias de justicia de las FF.AA. investigarán a los autores, cómplices y encubridores de la infracción. Luego se procede a un juicio por daños y perjuicios y ahí se puede determinar el monto de la indemnización.

Los perjudicados también pueden utilizar la vía civil; para ello, se inicia un proceso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El artículo 20 de la Constitución determina la responsabilidad de las instituciones del Estado para indemnizar “a los particulares por los perjuicios en la prestación deficiente de servicios públicos o por los actos de sus funcionarios en el desempeño de sus cargos”.

Una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo es posible luego de agotar todas las instancias judiciales internas.

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