Quito. 23 mar 99. Al final del alarconato el procurador cambió
un antiguo dictamen y el país perdió 23 millones de dólares
Tres diferentes procuradores generales del Estado, en tres
gobiernos distintos negaron una solicitud de la constructora
Andrade Gutiérrez para que se le devuelvan valores retenidos
por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante la ejecución
de la carretera Méndez-Morona. A su turno los procuradores
Gustavo Medina, Germán Carrión y Carlos Larreátegui,
consideraron ilegal el pedido. Pero antes de terminar el
alarconato, el procurador Milton Álava Ormaza, hoy Defensor
del Pueblo, desconoció lo antes actuado y resolvió que la
constructora brasileña tenía razón y que había que devolverle
lo "injustamente" retenido con intereses y todo. De esta
manera, el uno de julio de 1998 el país perdió 23,4 millones
de dólares. Y la carretera que inicialmente fue ofertada en 36
millones, con modificaciones, atrasos, reajustes y este nuevo
de-sembolso, terminó costando tres veces más, es decir 106
millones de dólares. A ese precio, cada uno de los 143
kilómetros debería ser de concreto, cuando en realidad es de
tierra y en muchos tramos intransitable por los constantes
derrumbes.
TODO FUE SECRETO
Según el diario Hoy del 20 de julio de 1985, el día anterior
"el presidente Febres-Cordero canceló varias audiencias y solo
asistió a los actos oficiales más importantes". Uno de esos,
sin duda, debió haber sido la firma del contrato de
construcción de la carretera Méndez-Morona. Sin embargo, de la
celebración de este acto nada supo entonces el país porque
ningún medio de comunicación reseñó el evento. Es que un año
antes, la obra había sido declarada de seguridad nacional
según consta en el Registro Oficial reservado del ocho de
agosto de 1984, el penúltimo día de la administración del
doctor Osvaldo Hurtado. A partir de entonces todos los
trámites fueron secretos.
La declaratoria de seguridad nacional de la carretera
Méndez-Morona hecha por el ministro de Defensa general Jorge
Arciniegas, en 1984, hizo que sin licitación pudiera ser
contratada la obra.
El mismo día en que se firmó el contrato secreto, el 19 de
julio de 1985, apareció publicado en el suplemento del
Registro Oficial 232, un decreto que reformaba un reglamento
de 1972 que había creado a favor del Ministerio de Obras
Públicas (MOP) un aporte del 4% sobre el monto de los
contratos de construcción que celebre dicho ministerio. En el
decreto se estipulaba que "tampoco se aplicará dicha
contribución a los contratos que el Ministerio de Defensa
Nacional, previo informe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, los califique de prioritarios y necesarios para la
seguridad nacional, siempre y cuando el Ministerio de Defensa
Nacional intervenga o participe total o parcialmente, en
cualquier forma, en la supervisión y fiscalización de la
construcción o estudios materia del contrato".
¿PARTICIPACIÓN MILITAR?
El dilema al momento de analizar el pago de este 4%, fue saber
si el Ministerio de Defensa participó o no en la supervisión y
fiscalización de la obra. En las primeras 39 planillas pagadas
durante el gobierno de Febres-Cordero no se realizó el
descuento, basándose en un memorándum de enero del 86 de la
Asesoría Jurídica del MOP que consideró cumplidos los
requisitos del decreto.
Tres años después, ya en el gobierno del doctor Rodrigo Borja,
un nuevo abogado del MOP aseguró que en el contrato para la
construcción de la Méndez Morona, "el Ministerio de Defensa no
interviene en la fiscalización y supervisión de las obras" y
por lo tanto cabe la retención del 4% para gastos de
fiscalización. Consultado el procurador de la época, doctor
Germán Carrión Arciniégas, en primera instancia aceptó que no
se descuente el referido 4%. Sin embargo, ante una nueva
consulta un mes después, el mismo procurador rectificó su
posición y concluyó que es el MOP el que tiene a su cargo la
fiscalización y supervisión de la obra y que el Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas "no supervisa ni fiscaliza la
obra como tal".
Ante estos dos dictámenes contradictorios, la Andrade
Gutiérrez presentó en mayo de 1990 una carta enviada por el
almirante Hugo Unda, Jefe del Comando Conjunto, en la que
asegura que "la compañía ha cumplido con los requerimientos
impuestos por las Fuerzas Armadas en cuanto se refiere al
trazado y desarrollo de la carretera". Esta carta fue motivo
para que el ministro Raúl Carrasco pida una nueva opinión a la
procuraduría. Esta vez el titular de ese despacho era el
doctor Gustavo Medina, quien se ratificó en que "no era
pertinente la exoneración". Entonces la pelea iba dos a uno,
ganando el Estado.
En julio del 92, al final del gobierno de la Izquierda
Democrática, una nueva gestión de la constructora brasileña
consigue que el ingeniero César Pacheco, fiscalizador del MOP
certifique que en la construcción de un polvorín cercano al
campamento de Patuca "los planos estuvieron a cargo de las
Fuerzas Armadas" y que durante la ejecución de los estudios en
el tramo Yaupi-Morona, en los kilómetros 115 a 120, "intervino
un equipo de topografía del Instituto Geográfico Militar a fin
de comprobar que el trazado de la vía estaba dentro del
territorio ecuatoriano". Faltaba menos de un mes para que
asuma el presidente Durán-Ballén y el tiempo se les vino
encima para otra reclamación.
Esperaron casi tres años, hasta el fin del gobierno de
Durán-Ballén, cuando el procurador Carlos Larreátegui,
insistió en atenerse a los dos últimos dictámenes, negando una
vez más la pretensión de la Andrade Gutiérrez. El score era
entonces más contundente: tres para el Estado, uno para los
brasileños reclamantes.
La constructora no estaba dispuesta a darse por vencida y el
10 de diciembre de 1996 retomaron la pelea, esta vez ante el
ministro bucaramista Vicente Estrada. Como ese gobierno
terminó abruptamente dos meses después, el pedido no prosperó.
BROCHE DE ORO
Esperaron a los últimos meses del alarconato para insistir,
ahora ante el ministro Homero Torres. Éste pidió un nuevo
dictamen a la fecha a la Procuraduría a cargo del doctor
Milton Álava Ormaza, quien luego de analizar los mismos
documentos que sirvieron de base a las resoluciones anteriores
consideró que "el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto
participaron directa y activamente, no solo en la tramitación
del contrato, sino en el estudio y determinación del trazado
de la carretera". Es decir que Álava, el 20 de marzo en oficio
reservado, consideró que la participación de las Fuerzas
Armadas fue hacer un polvorín junto a la vía y verificar si al
construirla no se habían pasado la línea de frontera.
Esta sola apreciación originó que la Andrade Gutiérrez reclame
los valores que se le habían descontado con intereses y
multas. Nada menos que 23 millones de dólares, es decir casi
la mitad de lo que en principio fue ofertada la carretera. El
Estado había perdido.
A partir de este momento los trámites fueron apresurados, es
que el gobierno de Alarcón ya terminaba el 10 de agosto. El
Mop pidió la plata al ministro de Finanzas Marco Flores. Éste
a su vez solicitó al Presidente un decreto para la emisión de
bonos por 17 millones de dólares pagaderos a partir de 1999.
Los seis millones restantes decidieron pagarlos enseguida y en
efectivo.
De esta manera el 16 de julio de 1998 los brasileños quedaron
felices, pero los 12 millones de ecuatorianos quedamos con una
deuda más encima y sin entender porqué.
1989. Procurador Germán Carrión: "Las Fuerzas Armadas no
supervisaron la obra como tal".
1991. Procurador Gustavo Medina: "No es pertinente la
exoneración del 4%".
1995. Procurador Carlos Larreátegui, insistió en atenerse a
los dos últimos dictámenes.
1998. Procurador Milton Álava: "Que se restituyan los valores
retenidos en dólares y en sucres".
La carretera fue declarada de seguridad nacional, se contrató
sin licitación y costó 106 millones de dólares. (Texto tomado
de La Revista Vistazo)
un antiguo dictamen y el país perdió 23 millones de dólares
Tres diferentes procuradores generales del Estado, en tres
gobiernos distintos negaron una solicitud de la constructora
Andrade Gutiérrez para que se le devuelvan valores retenidos
por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante la ejecución
de la carretera Méndez-Morona. A su turno los procuradores
Gustavo Medina, Germán Carrión y Carlos Larreátegui,
consideraron ilegal el pedido. Pero antes de terminar el
alarconato, el procurador Milton Álava Ormaza, hoy Defensor
del Pueblo, desconoció lo antes actuado y resolvió que la
constructora brasileña tenía razón y que había que devolverle
lo "injustamente" retenido con intereses y todo. De esta
manera, el uno de julio de 1998 el país perdió 23,4 millones
de dólares. Y la carretera que inicialmente fue ofertada en 36
millones, con modificaciones, atrasos, reajustes y este nuevo
de-sembolso, terminó costando tres veces más, es decir 106
millones de dólares. A ese precio, cada uno de los 143
kilómetros debería ser de concreto, cuando en realidad es de
tierra y en muchos tramos intransitable por los constantes
derrumbes.
TODO FUE SECRETO
Según el diario Hoy del 20 de julio de 1985, el día anterior
"el presidente Febres-Cordero canceló varias audiencias y solo
asistió a los actos oficiales más importantes". Uno de esos,
sin duda, debió haber sido la firma del contrato de
construcción de la carretera Méndez-Morona. Sin embargo, de la
celebración de este acto nada supo entonces el país porque
ningún medio de comunicación reseñó el evento. Es que un año
antes, la obra había sido declarada de seguridad nacional
según consta en el Registro Oficial reservado del ocho de
agosto de 1984, el penúltimo día de la administración del
doctor Osvaldo Hurtado. A partir de entonces todos los
trámites fueron secretos.
La declaratoria de seguridad nacional de la carretera
Méndez-Morona hecha por el ministro de Defensa general Jorge
Arciniegas, en 1984, hizo que sin licitación pudiera ser
contratada la obra.
El mismo día en que se firmó el contrato secreto, el 19 de
julio de 1985, apareció publicado en el suplemento del
Registro Oficial 232, un decreto que reformaba un reglamento
de 1972 que había creado a favor del Ministerio de Obras
Públicas (MOP) un aporte del 4% sobre el monto de los
contratos de construcción que celebre dicho ministerio. En el
decreto se estipulaba que "tampoco se aplicará dicha
contribución a los contratos que el Ministerio de Defensa
Nacional, previo informe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, los califique de prioritarios y necesarios para la
seguridad nacional, siempre y cuando el Ministerio de Defensa
Nacional intervenga o participe total o parcialmente, en
cualquier forma, en la supervisión y fiscalización de la
construcción o estudios materia del contrato".
¿PARTICIPACIÓN MILITAR?
El dilema al momento de analizar el pago de este 4%, fue saber
si el Ministerio de Defensa participó o no en la supervisión y
fiscalización de la obra. En las primeras 39 planillas pagadas
durante el gobierno de Febres-Cordero no se realizó el
descuento, basándose en un memorándum de enero del 86 de la
Asesoría Jurídica del MOP que consideró cumplidos los
requisitos del decreto.
Tres años después, ya en el gobierno del doctor Rodrigo Borja,
un nuevo abogado del MOP aseguró que en el contrato para la
construcción de la Méndez Morona, "el Ministerio de Defensa no
interviene en la fiscalización y supervisión de las obras" y
por lo tanto cabe la retención del 4% para gastos de
fiscalización. Consultado el procurador de la época, doctor
Germán Carrión Arciniégas, en primera instancia aceptó que no
se descuente el referido 4%. Sin embargo, ante una nueva
consulta un mes después, el mismo procurador rectificó su
posición y concluyó que es el MOP el que tiene a su cargo la
fiscalización y supervisión de la obra y que el Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas "no supervisa ni fiscaliza la
obra como tal".
Ante estos dos dictámenes contradictorios, la Andrade
Gutiérrez presentó en mayo de 1990 una carta enviada por el
almirante Hugo Unda, Jefe del Comando Conjunto, en la que
asegura que "la compañía ha cumplido con los requerimientos
impuestos por las Fuerzas Armadas en cuanto se refiere al
trazado y desarrollo de la carretera". Esta carta fue motivo
para que el ministro Raúl Carrasco pida una nueva opinión a la
procuraduría. Esta vez el titular de ese despacho era el
doctor Gustavo Medina, quien se ratificó en que "no era
pertinente la exoneración". Entonces la pelea iba dos a uno,
ganando el Estado.
En julio del 92, al final del gobierno de la Izquierda
Democrática, una nueva gestión de la constructora brasileña
consigue que el ingeniero César Pacheco, fiscalizador del MOP
certifique que en la construcción de un polvorín cercano al
campamento de Patuca "los planos estuvieron a cargo de las
Fuerzas Armadas" y que durante la ejecución de los estudios en
el tramo Yaupi-Morona, en los kilómetros 115 a 120, "intervino
un equipo de topografía del Instituto Geográfico Militar a fin
de comprobar que el trazado de la vía estaba dentro del
territorio ecuatoriano". Faltaba menos de un mes para que
asuma el presidente Durán-Ballén y el tiempo se les vino
encima para otra reclamación.
Esperaron casi tres años, hasta el fin del gobierno de
Durán-Ballén, cuando el procurador Carlos Larreátegui,
insistió en atenerse a los dos últimos dictámenes, negando una
vez más la pretensión de la Andrade Gutiérrez. El score era
entonces más contundente: tres para el Estado, uno para los
brasileños reclamantes.
La constructora no estaba dispuesta a darse por vencida y el
10 de diciembre de 1996 retomaron la pelea, esta vez ante el
ministro bucaramista Vicente Estrada. Como ese gobierno
terminó abruptamente dos meses después, el pedido no prosperó.
BROCHE DE ORO
Esperaron a los últimos meses del alarconato para insistir,
ahora ante el ministro Homero Torres. Éste pidió un nuevo
dictamen a la fecha a la Procuraduría a cargo del doctor
Milton Álava Ormaza, quien luego de analizar los mismos
documentos que sirvieron de base a las resoluciones anteriores
consideró que "el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto
participaron directa y activamente, no solo en la tramitación
del contrato, sino en el estudio y determinación del trazado
de la carretera". Es decir que Álava, el 20 de marzo en oficio
reservado, consideró que la participación de las Fuerzas
Armadas fue hacer un polvorín junto a la vía y verificar si al
construirla no se habían pasado la línea de frontera.
Esta sola apreciación originó que la Andrade Gutiérrez reclame
los valores que se le habían descontado con intereses y
multas. Nada menos que 23 millones de dólares, es decir casi
la mitad de lo que en principio fue ofertada la carretera. El
Estado había perdido.
A partir de este momento los trámites fueron apresurados, es
que el gobierno de Alarcón ya terminaba el 10 de agosto. El
Mop pidió la plata al ministro de Finanzas Marco Flores. Éste
a su vez solicitó al Presidente un decreto para la emisión de
bonos por 17 millones de dólares pagaderos a partir de 1999.
Los seis millones restantes decidieron pagarlos enseguida y en
efectivo.
De esta manera el 16 de julio de 1998 los brasileños quedaron
felices, pero los 12 millones de ecuatorianos quedamos con una
deuda más encima y sin entender porqué.
1989. Procurador Germán Carrión: "Las Fuerzas Armadas no
supervisaron la obra como tal".
1991. Procurador Gustavo Medina: "No es pertinente la
exoneración del 4%".
1995. Procurador Carlos Larreátegui, insistió en atenerse a
los dos últimos dictámenes.
1998. Procurador Milton Álava: "Que se restituyan los valores
retenidos en dólares y en sucres".
La carretera fue declarada de seguridad nacional, se contrató
sin licitación y costó 106 millones de dólares. (Texto tomado
de La Revista Vistazo)
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