Guayaquil. 28 mar 99. Las diferencias que se presentan en la
atención de las necesidades básicas y los servicios públicos,
entre las diversas regiones del Ecuador, demandan un cambio en
el sistema de administración pública.
¿Usted en qué parte del Ecuador reside? Si vive en Loreto
(Napo), El Triunfo (Guayas) o Palora (Morona Santiago),
seguramente tendrá sentimientos diferentes respecto al
gobierno central, de los que sienten quienes viven en Riobamba
(Chimborazo), Quito (Pichincha) o Ambato (Tungurahua).
Estos dos grupos cantonales son muy diferentes. En el
Compendio de las Necesidades básicas insatisfechas de la
población ecuatoriana, de 1995, editado por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), aparecían entre los
diez peor y los diez mejor atendidos, respectivamente. El
documento daba cuenta del acceso que tenía la población de
estas localidades, a servicios como agua potable,
alcantarillado, eliminación de basura, energía eléctrica,
teléfono, así como a educación y atención médica y
hospitalaria.
Las diferencias que se presentan en la atención de las
necesidades básicas y los servicios públicos entre las
diversas regiones del Ecuador ``constituyen un evidente factor
de resentimiento', sostiene Miguel Hernández Terán, en su
libro Descentralización.
La causa de estas desigualdades y las recetas para evitarlas
resurgieron con los acontecimientos ocurridos el lunes pasado
en Guayaquil. Las denuncias de autoridades y empresarios
locales referían que estas diferencias no se habrían limitado
a los servicios públicos, sino que estarían afectando a otras
áreas del desarrollo, como el sector financiero, reflejando,
además de ineficiencia, corrupción.
Las diferencias señaladas son posibles debido al sistema de
administración vigente en el país: el centralismo. En él,
según refiere Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la política,
``todo depende de la voluntad de una autoridad focal que
concentra en sus manos la suma de atribuciones políticas y
administrativas de la sociedad'.
Fin de sistema
Este sistema administrativo rige en Ecuador desde su creación
en 1830, pero se profundizó a partir de la revolución juliana
en 1925 y tomó mayor impulso en 1950 con la expedición de la
Ley de Fomento Industrial.
Según refiere el historiador Guillermo Arosemena, en el primer
acontecimiento se liquidó a la banca costeña, hasta entonces
la más fuerte por las actividades económicas
îagraroexportadorasî que se desarrollaban desde Guayaquil, y
en el segundo, cuando, bajo el argumento de aumentar el
desarrollo económico del Ecuador, se otorgó beneficios a las
empresas que se establecieran en la capital.
``Pese a que les resultaba más barato estar en Guayaquil,
empresas multinacionales establecieron sus matrices en Quito.
Es por esto que ahora dicen que esa ciudad ha recaudado más
IVA que Guayaquil, pero en realidad el 80% de ese impuesto es
generado en la Costa. Esa es una forma de manipular la
información', sostiene el historiador.
Actualmente, ``el sistema centralista está en crisis', dice
el sociólogo Gaytán Villavicencio.
El modelo se agotó, a su criterio, por la dinámica social de
elementos cambiantes que ha surgido en las últimas décadas,
que el Estado no ha sido capaz de asumir.
El momento en el que empezó a decaer el centralismo ocurre,
según él, en la década de los ochenta, cuando bajo este modelo
administrativo el Estado tuvo que hacer frente a problemas y
circunstancias locales e internacionales como la deuda
externa, el nuevo orden del comercio internacional y la crisis
urbana.
En vez de ceder espacio, el centralismo creció y el tamaño del
Estado, que se mide en el rol de pagos que tiene el gobierno
para operar, se hizo tan grande que para sustentarse empezó a
quitar recursos, por la vía de los impuestos, aunque, según
advierte el sociólogo ``esa es solo la parte visible del
iceberg, porque el gran problema son las desigualdades
sociales'.
Resolver lo que desde la literatura fue calificada, por el
escritor Miguel Donoso, como una identidad esquizofrénica que
``puede llevar a un país a su disolución, a desmoronarse, a
caerse en pedazos', al referirse al centralismo y al
regionalismo, es para el ex asambleísta Ricardo Noboa una de
las urgencias de la república que debe ser debatida en este
año.
Aunque, según aclara Gaytán Villavicencio, debe ser una
discusión respetando las diversidades dentro de la unidad
nacional. ``El problema no debe girar en torno a Quito y
Guayaquil. Quienes piensan así se olvidan de las 19 provincias
restantes'.
Buscan descentralización
Desde principios de esta década, ha habido varios intentos
para descentralizar la administración pública.
El punto de partida es la Ley de Modernización vigente,
expedida en 1993, la cual se empezó a bosquejar en 1992. El
Capítulo IV está dedicado a la Descentralización y
Desconcentración, según el cual el Consejo Nacional de
Modernización del Estado (Conam) era el encargado de
coordinar, supervisar y controlar la ejecución de las
políticas, que permitieran la delegación del poder político,
económico, administrativo o de gestión de recursos tributarios
del gobierno central a los gobiernos seccionales.
También se establecen similares tareas sobre políticas de
desconcentración, cuya finalidad es transferir funciones,
competencia, tributos y responsabilidades administrativas y de
gestión tributaria del gobierno central a sus propias
dependencias provinciales.
``Ese fue el primer intento serio por descentralizar la
administración, pero lamentablemente los gobiernos no han
tenido ninguna voluntad política para aplicarla', dice el
doctor Ricardo Noboa, quien participó en la elaboración de
dicha ley.
Luego surgió la Ley Especial de Distribución del 15% del
Presupuesto del Gobierno Central, para los gobiernos
seccionales.
Esta ley regula la distribución, manejo, transferencia y
control de la asignación constitucional del 15%; exceptuándose
en el cómputo del porcentaje ``los ingresos provenientes de
créditos internos y externos'. El jurista Miguel Hernández
recalca que si tales ingresos forman parte del Presupuesto, la
excepción es inconstitucional.
Pese a la vigencia de la ley el gobierno central retrasa los
pagos, por lo que actualmente adeuda a los municipios, por
este concepto, la suma de un 584 millones de sucres.
Posteriormente, en 1997, se expidió la Ley de
Descentralización del Estado y Participación Social. ``Ambas
son buenas leyes, pero tampoco se aplican', recalca Ricardo
Noboa.
El último intento legislativo en el camino de la
descentralización se dio, dice Noboa, en la Asamblea Nacional.
En la primera semana de mayo de 1998 se votó por la inclusión
de un artículo que señalaba: ``Las provincias podrán asumir
competencias y dotarse de administraciones autónomas, de
acuerdo con lo que disponga la ley'.
Aunque ganó la moción, no se logró la votación necesaria. Se
requerían 36 votos y solamente se obtuvo 25.
Autonomía
La autonomía se enmarca en el concepto de descentralización y
puede ser de dos clases: política (federalismo) o
descentralización administrativa.
Hay varias tesis sobre el tipo de autonomía que debe regir en
el país, apoyadas en diferentes argumentos.
Noboa propone una autonomía regional, basada en las regiones
geográficas.
El sociólogo Gaitán Villavicencio, sostiene que dentro del
Estado Unitario, es necesario un nuevo proceso de
regionalización. ``El proceso de descentralización no ha sido
viable, no ha dado resultados', recalca.
En su propuesta plantea construir regiones, no bajo criterios
exclusivamente geográficos o políticos, sino a partir de las
dinámicas económicas, políticas, procesos de identidades y
culturales que se hayan producido históricamente.
La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) tiene una
propuesta de descentralización municipalista.
``En el país existe un gran centralismo fiscal. De los 80
billones de sucres a los que llega el presupuesto del Estado y
de otras entidades, a los municipios tan solo se les entrega 3
billones, eso significa que no reciben ni el 3%', refiere el
presidente del organismo Luis Fernando Torres, quien es
Alcalde de Ambato.
En el proceso, dice el Secretario de AME, José Proaño, se debe
desconcentrar y luego otorgándole la administración de los
servicios a los municipios.
¿Todos los municipios están en capacidad de asumir esa
responsabilidad? ``Es necesario que las acciones estén a cargo
de quien está más cerca de la población. Si actualmente
algunos municipios no están preparados, estos pueden
aprender'. (Texto tomado de El Universo)
atención de las necesidades básicas y los servicios públicos,
entre las diversas regiones del Ecuador, demandan un cambio en
el sistema de administración pública.
¿Usted en qué parte del Ecuador reside? Si vive en Loreto
(Napo), El Triunfo (Guayas) o Palora (Morona Santiago),
seguramente tendrá sentimientos diferentes respecto al
gobierno central, de los que sienten quienes viven en Riobamba
(Chimborazo), Quito (Pichincha) o Ambato (Tungurahua).
Estos dos grupos cantonales son muy diferentes. En el
Compendio de las Necesidades básicas insatisfechas de la
población ecuatoriana, de 1995, editado por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), aparecían entre los
diez peor y los diez mejor atendidos, respectivamente. El
documento daba cuenta del acceso que tenía la población de
estas localidades, a servicios como agua potable,
alcantarillado, eliminación de basura, energía eléctrica,
teléfono, así como a educación y atención médica y
hospitalaria.
Las diferencias que se presentan en la atención de las
necesidades básicas y los servicios públicos entre las
diversas regiones del Ecuador ``constituyen un evidente factor
de resentimiento', sostiene Miguel Hernández Terán, en su
libro Descentralización.
La causa de estas desigualdades y las recetas para evitarlas
resurgieron con los acontecimientos ocurridos el lunes pasado
en Guayaquil. Las denuncias de autoridades y empresarios
locales referían que estas diferencias no se habrían limitado
a los servicios públicos, sino que estarían afectando a otras
áreas del desarrollo, como el sector financiero, reflejando,
además de ineficiencia, corrupción.
Las diferencias señaladas son posibles debido al sistema de
administración vigente en el país: el centralismo. En él,
según refiere Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la política,
``todo depende de la voluntad de una autoridad focal que
concentra en sus manos la suma de atribuciones políticas y
administrativas de la sociedad'.
Fin de sistema
Este sistema administrativo rige en Ecuador desde su creación
en 1830, pero se profundizó a partir de la revolución juliana
en 1925 y tomó mayor impulso en 1950 con la expedición de la
Ley de Fomento Industrial.
Según refiere el historiador Guillermo Arosemena, en el primer
acontecimiento se liquidó a la banca costeña, hasta entonces
la más fuerte por las actividades económicas
îagraroexportadorasî que se desarrollaban desde Guayaquil, y
en el segundo, cuando, bajo el argumento de aumentar el
desarrollo económico del Ecuador, se otorgó beneficios a las
empresas que se establecieran en la capital.
``Pese a que les resultaba más barato estar en Guayaquil,
empresas multinacionales establecieron sus matrices en Quito.
Es por esto que ahora dicen que esa ciudad ha recaudado más
IVA que Guayaquil, pero en realidad el 80% de ese impuesto es
generado en la Costa. Esa es una forma de manipular la
información', sostiene el historiador.
Actualmente, ``el sistema centralista está en crisis', dice
el sociólogo Gaytán Villavicencio.
El modelo se agotó, a su criterio, por la dinámica social de
elementos cambiantes que ha surgido en las últimas décadas,
que el Estado no ha sido capaz de asumir.
El momento en el que empezó a decaer el centralismo ocurre,
según él, en la década de los ochenta, cuando bajo este modelo
administrativo el Estado tuvo que hacer frente a problemas y
circunstancias locales e internacionales como la deuda
externa, el nuevo orden del comercio internacional y la crisis
urbana.
En vez de ceder espacio, el centralismo creció y el tamaño del
Estado, que se mide en el rol de pagos que tiene el gobierno
para operar, se hizo tan grande que para sustentarse empezó a
quitar recursos, por la vía de los impuestos, aunque, según
advierte el sociólogo ``esa es solo la parte visible del
iceberg, porque el gran problema son las desigualdades
sociales'.
Resolver lo que desde la literatura fue calificada, por el
escritor Miguel Donoso, como una identidad esquizofrénica que
``puede llevar a un país a su disolución, a desmoronarse, a
caerse en pedazos', al referirse al centralismo y al
regionalismo, es para el ex asambleísta Ricardo Noboa una de
las urgencias de la república que debe ser debatida en este
año.
Aunque, según aclara Gaytán Villavicencio, debe ser una
discusión respetando las diversidades dentro de la unidad
nacional. ``El problema no debe girar en torno a Quito y
Guayaquil. Quienes piensan así se olvidan de las 19 provincias
restantes'.
Buscan descentralización
Desde principios de esta década, ha habido varios intentos
para descentralizar la administración pública.
El punto de partida es la Ley de Modernización vigente,
expedida en 1993, la cual se empezó a bosquejar en 1992. El
Capítulo IV está dedicado a la Descentralización y
Desconcentración, según el cual el Consejo Nacional de
Modernización del Estado (Conam) era el encargado de
coordinar, supervisar y controlar la ejecución de las
políticas, que permitieran la delegación del poder político,
económico, administrativo o de gestión de recursos tributarios
del gobierno central a los gobiernos seccionales.
También se establecen similares tareas sobre políticas de
desconcentración, cuya finalidad es transferir funciones,
competencia, tributos y responsabilidades administrativas y de
gestión tributaria del gobierno central a sus propias
dependencias provinciales.
``Ese fue el primer intento serio por descentralizar la
administración, pero lamentablemente los gobiernos no han
tenido ninguna voluntad política para aplicarla', dice el
doctor Ricardo Noboa, quien participó en la elaboración de
dicha ley.
Luego surgió la Ley Especial de Distribución del 15% del
Presupuesto del Gobierno Central, para los gobiernos
seccionales.
Esta ley regula la distribución, manejo, transferencia y
control de la asignación constitucional del 15%; exceptuándose
en el cómputo del porcentaje ``los ingresos provenientes de
créditos internos y externos'. El jurista Miguel Hernández
recalca que si tales ingresos forman parte del Presupuesto, la
excepción es inconstitucional.
Pese a la vigencia de la ley el gobierno central retrasa los
pagos, por lo que actualmente adeuda a los municipios, por
este concepto, la suma de un 584 millones de sucres.
Posteriormente, en 1997, se expidió la Ley de
Descentralización del Estado y Participación Social. ``Ambas
son buenas leyes, pero tampoco se aplican', recalca Ricardo
Noboa.
El último intento legislativo en el camino de la
descentralización se dio, dice Noboa, en la Asamblea Nacional.
En la primera semana de mayo de 1998 se votó por la inclusión
de un artículo que señalaba: ``Las provincias podrán asumir
competencias y dotarse de administraciones autónomas, de
acuerdo con lo que disponga la ley'.
Aunque ganó la moción, no se logró la votación necesaria. Se
requerían 36 votos y solamente se obtuvo 25.
Autonomía
La autonomía se enmarca en el concepto de descentralización y
puede ser de dos clases: política (federalismo) o
descentralización administrativa.
Hay varias tesis sobre el tipo de autonomía que debe regir en
el país, apoyadas en diferentes argumentos.
Noboa propone una autonomía regional, basada en las regiones
geográficas.
El sociólogo Gaitán Villavicencio, sostiene que dentro del
Estado Unitario, es necesario un nuevo proceso de
regionalización. ``El proceso de descentralización no ha sido
viable, no ha dado resultados', recalca.
En su propuesta plantea construir regiones, no bajo criterios
exclusivamente geográficos o políticos, sino a partir de las
dinámicas económicas, políticas, procesos de identidades y
culturales que se hayan producido históricamente.
La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) tiene una
propuesta de descentralización municipalista.
``En el país existe un gran centralismo fiscal. De los 80
billones de sucres a los que llega el presupuesto del Estado y
de otras entidades, a los municipios tan solo se les entrega 3
billones, eso significa que no reciben ni el 3%', refiere el
presidente del organismo Luis Fernando Torres, quien es
Alcalde de Ambato.
En el proceso, dice el Secretario de AME, José Proaño, se debe
desconcentrar y luego otorgándole la administración de los
servicios a los municipios.
¿Todos los municipios están en capacidad de asumir esa
responsabilidad? ``Es necesario que las acciones estén a cargo
de quien está más cerca de la población. Si actualmente
algunos municipios no están preparados, estos pueden
aprender'. (Texto tomado de El Universo)
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