Quito. 6 jul 97. Hace poco se halló en el puerto de Guayaquil
algo que puso en evidencia algo que era conocido por todos: la
gran cantidad de armamento que entra al país y, que
presumiblemente significa, un acelerado proceso de
armamentización de la sociedad.
Las armas que entran son sofisticadas y no son aptas para
"consumo de los civiles". No obstante, los ingresos son
abundantes y frecuentes. Parte del arsenal se destina a las
empresas de seguridad privada. En Guayaquil existen cerca de
200 compañías de este tipo, de las cuales el 65 por ciento
trabajan con los respectivos permisos, y el restante lo hacen
al margen de la ley.
En las oficinas de Inteligencia de la Zona Militar, se
reconoce que las compañías de seguridad privada adolecen de
muchas fallas como "el deficiente entrenamiento de su
personal, su equipación insuficiente y la poca probidad de sus
integrantes". También se tiene identificadas a las compañías
clandestinas, pero pese a que deben ser clausuradas, no se lo
ha hecho con ninguna de ellas.
"Porque estamos esperando la nueva reglamentación que saldrá
en los próximos meses", fue la explicación que dieron los
oficiales de Inteligencia.
Además, en la frontera norte, gran cantidad de armas pasan a
Colombia para alimentar a la guerrilla de ese país.
DOSCIENTOS TRAMITES AL MES
Guayaquil cada día se arma más. En los últimos meses, el flujo
de permisos para portar armas ha aumentado en un 50 por
ciento, según datos proporcionados por la Zona Militar,
encargada de conceder estos documentos. Semanalmente acuden 50
personas a solicitar dichos permisos, lo que da un total de
200 permisos tramitados cada mes.
En la Zona Militar se encuentran registradas, desde 1995 hasta
la fecha, cerca de 10 mil armas en total, lo que "sin embargo
representa un pequeño porcentaje de las que tienen en su poder
los ciudadanos y los delincuentes", según afirmó un militar
que trabaja en el departamento de concesión de permisos y que
no se atrevió a hacer un cálculo sobre cuántas personas sin
permiso portan armas en Guayaquil.
Existen varios sitios donde se pueden adquirir armas, de
manera lícita o clandestina. Uno de los más conocidos
importadores formales es Santiago Zunino, que tiene su almacén
en las calles Tungurahua y Ayacucho y cuyo hermano, Geovanny,
ahora tiene orden de prisión por el caso del contrabando de
armamento, detectado la semana pasada en los patios
portuarios.
Zunino es hijo de Antonio Zunino y nieto de José. José
comenzó con este negocio a principios de siglo y se lo heredó
luego a sus hijos, que dominan el mercado de las armas en casi
el 60 por ciento en Guayaquil. También son importadores
autorizados Juan Verdesoto Nuques, que tiene su almacén en
Vélez y Rumichaca, y Jorge Murillo Pareja, dueño del conocido
almacén Safarilandia, los que se reparten el resto del
mercado.
Algunos de estos vendedores de armas publicitan libremente
armas, que según el art. 15 del Reglamento a la Tenencia de
Armas, "requieren de permiso militar especial", como las
pistolas 9 mm.
En ciertos sectores de la Bahía también se comercializan
libremente revólveres, pistolas y escopetas recortadas
(nacionales) de manera ilegal, pudiendo incluso conseguir las
que son de venta prohibida.
El trámite para la tenencia de armas está regulado por el
reglamento de la Ley que, para este asunto, dictó el Ejecutivo
y que se publicó en el Registro Oficial el 27 de marzo de este
año. Una de las reformas que implantó este reglamento fue la
ampliación del número de armas que puede tener un individuo.
Ahora se acepta que una persona tramite permisos de tenencia
de hasta cinco armas. "Esta reforma se dio especialmente por
aquellas personas que requieren servicio de guardianía para
sus pequeñas empresas, colegios o almacenes, que prefieren
tener sus propios guardianes sin recurrir a las compañías de
seguridad privada", comenta un oficial de Inteligencia. Si el
número de guardianes que se necesita excede de cinco, la ley
obliga a contratar una compañía de seguridad privada.
Debido a esta disposición, han proliferado por las calles de
Guayaquil individuos sin ningún tipo de identificación ni
uniforme, portando armas.
CIUDADANOS INDEFENSOS
Los ciudadanos, por su parte, se sienten indefensos ante los
delincuentes que cuentan con el armamento más refinado.
Para Humberto Palacios, conocedor de armas, "los militares
ponen muchas restricciones a los ciudadanos que queremos
portar un arma sofisticada para defendernos, mientras los
delincuentes están mejor armados que la propia Policía". Otro
interesado en el tema, Danilo Villavicencio, cree que "existe
mucho desequilibrio entre la fuerza pública y la delincuencia,
que casi siempre tiende a ganar". Para Villavicencio, la
propia Policía y militares tienen responsabilidad, "porque no
mantienen un control permanente en sectores de venta de armas
como la Bahía, y no hacen un estudio real de cuánta gente
existe armada ilegalmente ".
En cuanto a las compañías de seguridad privada, su excesivo
número preocupa al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
que está preparando un nuevo reglamento para su conformación,
documento que se cree estaría listo para septiembre. Hasta
tanto, en Guayaquil existen cerca de 200 compañías de este
tipo.
PANTOMIMAS EN LAS ADUANAS
El contrabando de armas ingresadas por el Puerto Marítimo no
es un asunto nuevo.
En el Gobierno de Bucaram, mucho se divulgó en el recinto
portuario sobre el ingreso de un contenedor lleno de
armamento, destinado presuntamente a la banda de Los Pepudos.
La afirmación, no obstante, nunca causó mayor revuelo, pese a
que tres "pepudos" estuvieron detenidos, no fueron indagados
ni por la Policía ni por los jueces sobre este tema.
Actualmente, están en libertad y uno de ellos, Alejandro Muñoz
Pérez (Pepudo Alejo), incluso, proclamó su candidatura a
diputado provincial por Guayas.
Ahora, la historia se repite. El 24 de junio fue descubierto
un contrabando de armas que llegó al país el 5 de junio en el
buque Regina, bajo el disfraz de una importación de papas.
Consiste en 400 escopetas de repetición marca Maverick, 200
cañones de repetidoras, 130 mil cartuchos para dichas
repetidoras y 130 pistolas, todas ellas que son de prohibida
importación y cuyo valor se estima en más de 2 mil millones de
sucres. Según los primeros datos proporcionados por las
autoridades aduaneras, el destinatario del armamento era la
importadora TúnelCorp, que tiene sus oficinas en las calles
Chimborazo y Azuay, en Guayaquil. Carlos Talbot firmaba la
importación, realizada desde Miami, en nombre de esta empresa.
La empresa COTECNA que hizo la verificación de la mercadería
deslindó rápidamente su responsabilidad en el asunto, y adujo
que "fueron violados los sellos de la verificación realizada
en Miami sobre los contenedores". Pero, un oficial de
Inteligencia Naval aseguró a BLANCO Y NEGRO que, según los
procedimientos portuarios, correspondía a otra verificadora
hacer una reinspección de los contenedores. Por sorteo, le
llegó esa responsabilidad a la verificadora SGS que,
transcurrida una semana, presumiblemente no cumplió con esta
obligación.
Ante esto, los propios funcionarios aduaneros se encargaron de
hacer el aforo de la mercadería, y según Ernesto Berborich,
jefe de Comprobación, "no se detectó ninguna irregularidad" en
los contenedores procedentes de Miami. La verificación
efectuada por los aduaneros se la cumplió el 23 de junio, y un
día después, el 24, la Inteligencia Naval descubrió en los
contenedores revisados el cargamento de cinco toneladas de
armas. Coincidentemente, en esa misma semana arribó a
Guayaquil una misión de diputados argentinos, para analizar el
papel que cumplen las verificadoras en nuestro país, y
llegaron a afirmar que "con este sistema se ha privatizado la
corrupción", por lo que descartaban completamente a las
verificadoras para el sistema portuario de Argentina. Un
agente de Inteligencia Naval, "que por cuestiones de
disciplina militar mantiene en reserva su identidad", demostró
a Blanco y Negro que pese a que la importación estaba a nombre
de TúnelCorp, las municiones y las armas tenían adheridas -en
las cajas de cartón en las que venían- el nombre de otro
destinatario: Geovanny Zunino, conocido importador de
armamento y que tiene su almacén en las calles Tungurahua y
Ayacucho, en Guayaquil. Según expertos en armas, es claro que
el contrabando estaba destinado básicamente a compañías de
seguridad, por las características del material incautado:
tamaño, diseño y tipo de cañón, que son apropiadas para ese
uso.
Al momento, se ha iniciado un proceso penal en el Juzgado
Regional de aduanas, en contra de TúnelCorp, CEPEDSA -empresa
que actuó como agente afianzado de Aduanas- y Geovanny Zunino.
Las órdenes de captura en contra de Zunino y los
representantes de estas empresas, fueron dictadas por el juez
de Aduanas, Eduardo Seminario, el miércoles por la tarde.
"Es muy sencillo meter en cada contenedor un buen número de
armas, mezcladas con otras mercaderías". Para el agente, falta
decisión política para detener el contrabando. "Las
inspecciones que se realizan en el Puerto Marítimo de la
mercadería que llega, son una verdadera pantomima", y asegura
que si se realizaran verificaciones a fondo, "todos los días
se encontrarían novedades". Mientras tanto, "las armas
seguirán ingresando y reforzando, principalmente, a los
delincuentes, quiénes más compran armas de contrabando".
A COLOMBIA COMO PEDRO POR SU CASA
El tráfico de armamento pesado en la frontera
colombo-ecuatoriana sigue en auge. Los operativos montados por
la Policía y el Ejército arrojan escasos resultados positivos,
y cuando éstos se consiguen, los implicados alcanzan
rápidamente la libertad, lo que desalienta la labor de
control.
En Ipiales, ciudad fronteriza con Tulcán, la población
prefiere mantener el tema del comercio de armas como
inexistente, por los riesgos que entraña. Pocas personas se
atreven a reconocer la gran prosperidad que ya genera este
negocio ilícito en las fronteras colombo-ecuatorianas.
La venta de armamento desde Ecuador a Colombia comenzó a
finales de los años 60. En ese tiempo, la dinamita era la
mercancía más apetecida. Eran los años de gestación de la
guerrilla, que aún no podía sostener enfrentamientos con los
militares frontalmente. Por eso recurrían a la dinamita,
perfecta para ocasionar destrozos sin dejar huellas de los
causantes.
En la década de los 80 se desató el "boom" comercial del
negocio de las armas, debido a que la guerrilla se había
decidido a lanzar la mayor cantidad de ataques, por lo que
necesitaba de todos aquellos abastecedores de armas que
apareciesen. Estos abastecedores estaban en Ecuador, de donde
misteriosamente se preveían de armas de exclusivo uso de los
militares. Actualmente, el mayor mercado negro de armamento
está ubicado en Centro América, donde el fin de la guerra dejó
en la "desocupación" gran cantidad de armas.
En ese tiempo se indicó por medios extraoficiales que el paso
de armamento de pequeño y gran alcance, era realizado con la
complicidad de algunas autoridades de Potosí, en la frontera
con Ecuador. A tal punto llegó la situación que en 1983 se
cumplió en las instalaciones del Grupo Militar CABAL, asentado
en Ipiales, un Consejo de Seguridad en el que se hicieron
graves denuncias que implicaban a importantes ciudadanos
ipialeños en el comercio de armas.
En la actualidad, en el grupo militar colombiano CABAL se
siente cierta impotencia ante los hechos. Aunque no lo dicen
expresamente, el malestar es evidente por el continuo paso de
armas "que no podemos asegurar sean del Ejército ecuatoriano,
pero sí que son de uso exclusivo militar", según manifiesta el
comandante de este grupo, Arnulfo Martínez Barón.
El militar agrega que "es penoso reconocerlo pero en este año
no hemos podido dar un solo golpe fuerte al tráfico de armas".
REBASA
Este comercio probablemente sigue dándose, pero rebasa
nuestras posibilidades de control". Martínez Barón, a pesar de
esto, destaca la labor conjunta realizada de los ejércitos
ecuatoriano y colombiano, pero es consciente que no alcanza.
Para el director de la cárcel de Ipiales, Johny Villareal, las
cosas están más claras. "Actualmente hay 8 presos colombianos
detenidos cuando ingresaban con armamento como fusiles y
pistolas 9 mm. Las armas pertenecen al ejército ecuatoriano,
según las investigaciones". Curiosamente, en esta cárcel no
está ningún ecuatoriano detenido por tráfico de armamento,
pero sí los hay en Pasto y Medellín. "En esas ciudades los
controles son más fuertes", se justifica Villarreal.
OPERATIVOS ECUATORIANOS
En el lado ecuatoriano, en Tulcán, los problemas no son de
menor importancia. La Policía, conjuntamente con el Ejército,
ejecuta de vez en cuando algún operativo exitoso por el que se
ha decomisado dinamita, armas y municiones.
"Las armas y municiones muchas veces vienen de Guayaquil y
logran transitar por todo el país hasta llegar a la frontera",
dice el jefe de la policía de Tulcán, mayor Wilfrido Chuga.
Recientemente fueron capturados dos ecuatorianos, Hugo Rojas
Caicedo y Telmo Rojas Guerrero, cuando transportaban 8.000
cartuchos de fusil, calibre 5.5 mm. que tenían como destino
Ipiales. Los cartuchos corresponden a armamento de uso
militar.
Los involucrados estuvieron detenidos poco más de una semana,
pero fueron liberados por un juez de Tulcán. "Estas actitudes
de los jueces desaniman un poco el trabajo de la Policía",
afirma el Mayor Chuga.
"Sin embargo, nuestros esfuerzos siguen encaminados a combatir
el tráfico de armas y municiones". El mayor también ratifica
que la mayoría de las armas provienen de Guayaquil.
DE AQUI NADA SE HA PERDIDO
En la II Zona Militar asentada en Guayaquil, al jefe de
Inteligencia, Juan Carlos González, le sorprendió la noticia.
"Está garantizado que en nuestros destacamentos ubicados en la
provincia de Guayas, no se ha perdido ningún armamento. Todos
los días pasamos revista a la tropa y no se ha detectado
pérdida. Lo peor que le puede pasar a un militar es perder su
arma, por las graves sanciones que le vienen encima".
SUCUMBIOS LA BODEGA DEL NORTE
Como una "bodega para la guerrilla ecuatoriana" ha sido
calificada la provincia de Sucumbíos por una investigación
hecha por la revista "Vistazo".
La publicación revela datos proporcionados por fuentes
anónimas militares de Colombia, quienes aseguran que las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tienen
montada en Sucumbíos y el resto del Ecuador, toda una
infraestructura para la adquisición de armamento y gasolina.
El arsenal pasa por las rutas Esmeraldas-Tumaco, por la Costa,
y Lago Agrio-Teteye, por la Amazonía. La misma investigación
proporciona datos referidos a que desde 1994 se han capturado
-en manos de la guerrilla- nueve toneladas de dinamita y
explosivos de fabricación militar ecuatoriana.
TRAFICADAS A COLOMBIA
Se asegura que han ingresado desde territorio ecuatoriano 105
lanzacohetes; 45 mil proyectiles de uso militar, calibres 5.56
y 7.56, tres kilómetros de mecha lenta, 10 mil fulminantes y
hasta cinco minas de tipo antitanque.
En 1997 militares ecuatorianos incautaron cinco cohetes, 4 mil
940 proyectiles, 88 uniformes y 7 mil juegos de camuflaje
hechos en Atuntaqui, para la guerrilla.
"Vistazo" sostiene que luego de la droga, el tráfico de armas,
gasolina y dinamita es el negocio más grande en la frontera
oriental entre Ecuador y Colombia.
Agrega que informes de Inteligencia colombianos aseguran que
el grupo guerrillero destinó, desde 1991, la suma de dos
millones de dólares para el pago de estos productos.
UN ABC PARA RACIONALIZAR
El actual reglamento a la ley de fabricación, importación,
exportación, comercialización y tenencia de armas, municiones
explosivos y accesorios, presenta serias deficiencias técnicas
que no lo hacen efectivo frente a la realidad imperante, según
el criterio de un experto en armas.
Para el entendido en la materia, el reglamento necesita una
profunda reforma en varios aspectos. En primer lugar, están
mal evaluados los calibres de las balas que son permitidos
utilizar, lo que perjudica a quienes recurren a la legítima
defensa. Así, se permite usar los calibres 22 y cartuchos
calibre 12 que son los más destructivos, porque tienen una
trayectoria oscilante dentro del cuerpo y explosivo en el
segundo caso.
Los calibres más dañinos y permitidos son el 25, 32, 380, 357
y 39 mm. La mayoría de éstos son inadecuados para la defensa,
pues son insuficientes en cuanto a poder de detención y sólo
son utilizables si se los porta con ojivas expansibles,
incluso el 9 mm.
Las armas apropiadas para defensa personal deben ser livianas,
portables y de un calibre adecuado, desde el 9 mm. hasta el 40
o 45, que son de uso restringido en este reglamento, con lo
que se da ventajas a los delincuentes.
OTRO ERROR
Otro grave error del reglamento, es no controlar el uso de las
cartucheras o recortadas, escopetas tan populares en nuestro
medio. Estas armas son más peligrosas de lo que parecen y
facilitan el anonimato de sus usuarios, pues son difíciles de
rastrear.
El asunto más importante a controlar en las escopetas, según
el especialista, es el largo del cañón del arma, que ni
siquiera es considerado dentro del reglamento. De acuerdo al
largo de cañón, se considera si el arma es de defensa,
deportiva o criminal. Las que son de cañón corto, que se
especifican de permitidas, como las cartucheras, son
eminentemente criminales. En países como Estados Unidos el uso
de estas armas está prohibido.
Además se observan algunos errores en ciertos artículos, como
en el 18, que especifica la distancia a que se refiere cuando
habla de "armas diseñadas para defensa individual a corta
distancia", pues la defensa personal puede ser a media y larga
distancia, tratándose de zonas agrícolas y fluviales, como
camaroneras.
AUSENCIA DE REGULACION
También se nota la ausencia de un reglamento más completo en
cuanto a la tenencia, portación, vista de armas, portación
oculta, traslado, uso deportivo y de coleccionistas, así como
se obvia las reglas de armamento para el funcionamiento de las
compañías de seguridad privada, que debe constar en este
reglamento.
Existen restricciones absurdas como el número de proyectiles
(10), regulación copiada de los Estados Unidos pero sacada de
contexto, pues en este país todos los calibres son permitidos.
El intenso contrabando de armas también es relacionado con el
deficiente reglamento porque "lo anima con sus restricciones",
pues tan solo permite tener en "stock" 25 unidades por cada
tipo de armamento y municiones restringidas en cantidades, en
la práctica insuficientes. "Y si hablamos de que semanalmente
se tramitan 50 permisos en la Zona, 200 mensuales, los
importadores no tendrían armas para abastecer esta demanda",
dice el experto.
ACORDE CON LA REALIDAD DEL PAIS
Las recomendaciones que brinda el especialista consultado
apuntan a elaborar un reglamento acorde con la realidad y
técnicamente analizado, para que sea una política permanente y
no esté sujeta a los vaivenes de los militares. Recuerda que
en otros países el control de las armas está en manos de la
Policía, lo que considera apropiado, pues es la institución
que combate la delincuencia directamente.
Finalmente, aconseja que la introducción de armas debe ser
regulada por el Comando Conjunto de las FFAA, pero la tenencia
y portación debe ser incluida dentro del control policial,
pues es el organismo encargado de las investigaciones
referentes a los delitos que se cometen con armas de fuego.
PROHIBIDOS Y OTRAS PROHIBICIONES
_ Varias personas consultadas opinaron que se sienten
limitadas para portar armas de defensa, pues las legalmente
permitidas son menos sofisticadas de las que tienen los
delincuentes.
_ En el actual Reglamento de la Ley de Comercialización y
Tenencia de Armas, se hace una distinción de las armas y las
personas o instituciones autorizadas para portarlas.
_ Sin embargo, el propio reglamento prevé que las armas
prohibidas para los civiles, puedan ser otorgadas mediante un
permiso especial otorgado por el Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas.
_ Esta situación, según el especialista en armas, origina que
ciertas personas o instituciones consigan permisos especiales
para armas de última tecnología. Se corre el riesgo, sin
embargo, de que existan ciertas preferencias para conceder los
permisos.
_ La potestad está en las Fuerzas Armadas, que son las que
finalmente deciden si conceden permisos para armas que
normalmente son de uso restringido
INTELIGENCIA NO DESCUBRIO
Jorge Zavala Egas, subsecretario de Aduanas, aclara algunos
aspectos sobre el contrabando de armas detectado el 24 de
junio, en los patios de la Aduana.
Sobre este caso ya existen las primeras órdenes de prisión,
giradas por el juez de Aduanas, Eduardo Seminario.
Zavala afirma que el contrabando fue detectado por la propia
Aduana, lo que desvirtúa las primeras versiones que hablaban
de una investigación realizada por Inteligencia Naval, hace
más de un mes. En esta entrevista amplía su declaración.
Agentes de la Inteligencia Naval se preguntan por qué usted no
ha hecho ningún pronunciamiento público sobre el contrabando
de armas, descubierto la semana pasada.
- En primer lugar, la prensa no ha informado bien del
contrabando de armas. La empresa Cotecna verificó en origen
esos contenedores en Miami. Cuando éstos llegan a Ecuador, la
propia Cotecna denuncia que los sellos han sido rotos y que,
por tanto, las autoridades aduaneras deben actuar.
Yo recibo la denuncia y ordeno que esos contenedores sean
aperturados y revisados. En la primera revisión no se detectan
mayores anomalías, pero, no contento con esto, ordeno una
segunda apertura. Aquí recién se comunica a Inteligencia
Naval, para que ellos vayan a hacer su propia revisión. Se
hizo la revisión y se encuentran las armas.
Pero esta versión recién se la da a conocer ahora, pues antes
la Inteligencia había dicho que este contrabando era una
investigación seguida hace más de un mes por ellos...
- Hablé personalmente con el comandante Saona, de Inteligencia
Naval. Yo le proporcioné la información del caso, y fue él
quien me pidió que guardara reserva ante la prensa, hasta que
terminen las investigaciones. Yo sólo he acatado esta
solicitud.
¿Es cierto que estos contenedores debían ser reinspeccionados
a su arribo al puerto por la verificadora SGS y que ésta, en
el plazo de una semana, no lo hizo?
- Esa es una malidicencia por desconocimiento. Los
contenedores que llegan sellados por las verificadoras no
están obligados a ninguna reinspección. Solamente hay el aforo
aleatorio; por lo tanto, de 100 contenedores que llegan, un
porcentaje determinado es aforado por la verificadora que está
de turno.
En este caso, por la denuncia de Cotecna, no entró al sorteo
del aforo aleatorio, sino que fue la Aduana la que inspeccionó
los contenedores y la que descubrió el contrabando.
¿Quién descubrió el armamento? ¿La Inteligencia Naval o la
Aduana?
-Fue la Aduana. A la Inteligencia Naval, la Aduana le avisó y
pidió su colaboración.
¿No es una extraña coincidencia que a los pocos días que salen
los militares de las Aduanas, llegue este contrabando de
armas?
-La salida de los militares fue una decisión unilateral de
ellos. Las Aduanas se desmilitarizaron por orden del
Ministerio de Defensa, el 16 de junio.
Es más, el decreto de militarización de las aduanas sigue
vigente, según tengo entendido.
El 23 de junio, la Aduana realizó la primera inspección y no
se encontró nada. ¿No existió, por lo menos negligencia, de
parte de aquellos funcionarios aduaneros que la realizaron?
-El jefe de Comprobación que dirigió la primera inspección,
Ernesto Berborich, fue separado inmediatamente de la Aduana.
¿No fue a petición de la Inteligencia Naval que se realizó la
segunda inspección de los contenedores?
No. Yo no quedé conforme con la primera inspección y ordené
una segunda. Ahí pedimos la presencia de Inteligencia Naval.
VENTAJAS EN EL POLICENTRO
Los delincuentes tienen una gran ventaja en relación con el
resto de la sociedad: no necesitan solicitar permiso para
portar armas. Además, cuentan con los más sofisticados
armamentos que la propia Policía desearía tener.
El último asalto ocurrido el lunes en el Policentro, supera
las ideas más audaces que existen sobre los delincuentes.
Nueve individuos, todos ellos armados con ametralladoras y
pistolas 9 mm., causaron pánico por más de dos horas entre los
clientes, que a las 14h30 hacían sus compras en este
concurrido centro comercial de Guayaquil. Según varios
testigos, luego del asalto se encontraron también vainillas de
fusil FAL (calibre 7.62) utilizadas normalmente por las
Fuerzas Armadas.
Los delincuentes incursionaron en el local de Diners
Club-Banco del Pichincha, ubicado en la planta alta del centro
comercial. Al ser descubiertos por los guardias de seguridad,
utilizaron sus modernas armas y lograron huir. El saldo: un
guardia muerto y otro herido.
Ambos guardias usaban armas calibre 38 y 22. Una vez más, la
ventaja de los delincuentes se evidenció, pese al inmenso
operativo policial que se montó con cerca de 200 efectivos.
Las armas que utilizaron los antisociales son de prohibida
importación y venta, de acuerdo con el Reglamento que, sobre
la Comercialización y Tenencia de Armas, está vigente al
momento. El origen de esas armas y cómo llegaron a poder de
los maleantes es el gran interrogante. Pero, aparentemente, no
existe en el país un registro de armamento perdido. (DIARIO
HOY) (BLANCO Y NEGRO)
algo que puso en evidencia algo que era conocido por todos: la
gran cantidad de armamento que entra al país y, que
presumiblemente significa, un acelerado proceso de
armamentización de la sociedad.
Las armas que entran son sofisticadas y no son aptas para
"consumo de los civiles". No obstante, los ingresos son
abundantes y frecuentes. Parte del arsenal se destina a las
empresas de seguridad privada. En Guayaquil existen cerca de
200 compañías de este tipo, de las cuales el 65 por ciento
trabajan con los respectivos permisos, y el restante lo hacen
al margen de la ley.
En las oficinas de Inteligencia de la Zona Militar, se
reconoce que las compañías de seguridad privada adolecen de
muchas fallas como "el deficiente entrenamiento de su
personal, su equipación insuficiente y la poca probidad de sus
integrantes". También se tiene identificadas a las compañías
clandestinas, pero pese a que deben ser clausuradas, no se lo
ha hecho con ninguna de ellas.
"Porque estamos esperando la nueva reglamentación que saldrá
en los próximos meses", fue la explicación que dieron los
oficiales de Inteligencia.
Además, en la frontera norte, gran cantidad de armas pasan a
Colombia para alimentar a la guerrilla de ese país.
DOSCIENTOS TRAMITES AL MES
Guayaquil cada día se arma más. En los últimos meses, el flujo
de permisos para portar armas ha aumentado en un 50 por
ciento, según datos proporcionados por la Zona Militar,
encargada de conceder estos documentos. Semanalmente acuden 50
personas a solicitar dichos permisos, lo que da un total de
200 permisos tramitados cada mes.
En la Zona Militar se encuentran registradas, desde 1995 hasta
la fecha, cerca de 10 mil armas en total, lo que "sin embargo
representa un pequeño porcentaje de las que tienen en su poder
los ciudadanos y los delincuentes", según afirmó un militar
que trabaja en el departamento de concesión de permisos y que
no se atrevió a hacer un cálculo sobre cuántas personas sin
permiso portan armas en Guayaquil.
Existen varios sitios donde se pueden adquirir armas, de
manera lícita o clandestina. Uno de los más conocidos
importadores formales es Santiago Zunino, que tiene su almacén
en las calles Tungurahua y Ayacucho y cuyo hermano, Geovanny,
ahora tiene orden de prisión por el caso del contrabando de
armamento, detectado la semana pasada en los patios
portuarios.
Zunino es hijo de Antonio Zunino y nieto de José. José
comenzó con este negocio a principios de siglo y se lo heredó
luego a sus hijos, que dominan el mercado de las armas en casi
el 60 por ciento en Guayaquil. También son importadores
autorizados Juan Verdesoto Nuques, que tiene su almacén en
Vélez y Rumichaca, y Jorge Murillo Pareja, dueño del conocido
almacén Safarilandia, los que se reparten el resto del
mercado.
Algunos de estos vendedores de armas publicitan libremente
armas, que según el art. 15 del Reglamento a la Tenencia de
Armas, "requieren de permiso militar especial", como las
pistolas 9 mm.
En ciertos sectores de la Bahía también se comercializan
libremente revólveres, pistolas y escopetas recortadas
(nacionales) de manera ilegal, pudiendo incluso conseguir las
que son de venta prohibida.
El trámite para la tenencia de armas está regulado por el
reglamento de la Ley que, para este asunto, dictó el Ejecutivo
y que se publicó en el Registro Oficial el 27 de marzo de este
año. Una de las reformas que implantó este reglamento fue la
ampliación del número de armas que puede tener un individuo.
Ahora se acepta que una persona tramite permisos de tenencia
de hasta cinco armas. "Esta reforma se dio especialmente por
aquellas personas que requieren servicio de guardianía para
sus pequeñas empresas, colegios o almacenes, que prefieren
tener sus propios guardianes sin recurrir a las compañías de
seguridad privada", comenta un oficial de Inteligencia. Si el
número de guardianes que se necesita excede de cinco, la ley
obliga a contratar una compañía de seguridad privada.
Debido a esta disposición, han proliferado por las calles de
Guayaquil individuos sin ningún tipo de identificación ni
uniforme, portando armas.
CIUDADANOS INDEFENSOS
Los ciudadanos, por su parte, se sienten indefensos ante los
delincuentes que cuentan con el armamento más refinado.
Para Humberto Palacios, conocedor de armas, "los militares
ponen muchas restricciones a los ciudadanos que queremos
portar un arma sofisticada para defendernos, mientras los
delincuentes están mejor armados que la propia Policía". Otro
interesado en el tema, Danilo Villavicencio, cree que "existe
mucho desequilibrio entre la fuerza pública y la delincuencia,
que casi siempre tiende a ganar". Para Villavicencio, la
propia Policía y militares tienen responsabilidad, "porque no
mantienen un control permanente en sectores de venta de armas
como la Bahía, y no hacen un estudio real de cuánta gente
existe armada ilegalmente ".
En cuanto a las compañías de seguridad privada, su excesivo
número preocupa al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
que está preparando un nuevo reglamento para su conformación,
documento que se cree estaría listo para septiembre. Hasta
tanto, en Guayaquil existen cerca de 200 compañías de este
tipo.
PANTOMIMAS EN LAS ADUANAS
El contrabando de armas ingresadas por el Puerto Marítimo no
es un asunto nuevo.
En el Gobierno de Bucaram, mucho se divulgó en el recinto
portuario sobre el ingreso de un contenedor lleno de
armamento, destinado presuntamente a la banda de Los Pepudos.
La afirmación, no obstante, nunca causó mayor revuelo, pese a
que tres "pepudos" estuvieron detenidos, no fueron indagados
ni por la Policía ni por los jueces sobre este tema.
Actualmente, están en libertad y uno de ellos, Alejandro Muñoz
Pérez (Pepudo Alejo), incluso, proclamó su candidatura a
diputado provincial por Guayas.
Ahora, la historia se repite. El 24 de junio fue descubierto
un contrabando de armas que llegó al país el 5 de junio en el
buque Regina, bajo el disfraz de una importación de papas.
Consiste en 400 escopetas de repetición marca Maverick, 200
cañones de repetidoras, 130 mil cartuchos para dichas
repetidoras y 130 pistolas, todas ellas que son de prohibida
importación y cuyo valor se estima en más de 2 mil millones de
sucres. Según los primeros datos proporcionados por las
autoridades aduaneras, el destinatario del armamento era la
importadora TúnelCorp, que tiene sus oficinas en las calles
Chimborazo y Azuay, en Guayaquil. Carlos Talbot firmaba la
importación, realizada desde Miami, en nombre de esta empresa.
La empresa COTECNA que hizo la verificación de la mercadería
deslindó rápidamente su responsabilidad en el asunto, y adujo
que "fueron violados los sellos de la verificación realizada
en Miami sobre los contenedores". Pero, un oficial de
Inteligencia Naval aseguró a BLANCO Y NEGRO que, según los
procedimientos portuarios, correspondía a otra verificadora
hacer una reinspección de los contenedores. Por sorteo, le
llegó esa responsabilidad a la verificadora SGS que,
transcurrida una semana, presumiblemente no cumplió con esta
obligación.
Ante esto, los propios funcionarios aduaneros se encargaron de
hacer el aforo de la mercadería, y según Ernesto Berborich,
jefe de Comprobación, "no se detectó ninguna irregularidad" en
los contenedores procedentes de Miami. La verificación
efectuada por los aduaneros se la cumplió el 23 de junio, y un
día después, el 24, la Inteligencia Naval descubrió en los
contenedores revisados el cargamento de cinco toneladas de
armas. Coincidentemente, en esa misma semana arribó a
Guayaquil una misión de diputados argentinos, para analizar el
papel que cumplen las verificadoras en nuestro país, y
llegaron a afirmar que "con este sistema se ha privatizado la
corrupción", por lo que descartaban completamente a las
verificadoras para el sistema portuario de Argentina. Un
agente de Inteligencia Naval, "que por cuestiones de
disciplina militar mantiene en reserva su identidad", demostró
a Blanco y Negro que pese a que la importación estaba a nombre
de TúnelCorp, las municiones y las armas tenían adheridas -en
las cajas de cartón en las que venían- el nombre de otro
destinatario: Geovanny Zunino, conocido importador de
armamento y que tiene su almacén en las calles Tungurahua y
Ayacucho, en Guayaquil. Según expertos en armas, es claro que
el contrabando estaba destinado básicamente a compañías de
seguridad, por las características del material incautado:
tamaño, diseño y tipo de cañón, que son apropiadas para ese
uso.
Al momento, se ha iniciado un proceso penal en el Juzgado
Regional de aduanas, en contra de TúnelCorp, CEPEDSA -empresa
que actuó como agente afianzado de Aduanas- y Geovanny Zunino.
Las órdenes de captura en contra de Zunino y los
representantes de estas empresas, fueron dictadas por el juez
de Aduanas, Eduardo Seminario, el miércoles por la tarde.
"Es muy sencillo meter en cada contenedor un buen número de
armas, mezcladas con otras mercaderías". Para el agente, falta
decisión política para detener el contrabando. "Las
inspecciones que se realizan en el Puerto Marítimo de la
mercadería que llega, son una verdadera pantomima", y asegura
que si se realizaran verificaciones a fondo, "todos los días
se encontrarían novedades". Mientras tanto, "las armas
seguirán ingresando y reforzando, principalmente, a los
delincuentes, quiénes más compran armas de contrabando".
A COLOMBIA COMO PEDRO POR SU CASA
El tráfico de armamento pesado en la frontera
colombo-ecuatoriana sigue en auge. Los operativos montados por
la Policía y el Ejército arrojan escasos resultados positivos,
y cuando éstos se consiguen, los implicados alcanzan
rápidamente la libertad, lo que desalienta la labor de
control.
En Ipiales, ciudad fronteriza con Tulcán, la población
prefiere mantener el tema del comercio de armas como
inexistente, por los riesgos que entraña. Pocas personas se
atreven a reconocer la gran prosperidad que ya genera este
negocio ilícito en las fronteras colombo-ecuatorianas.
La venta de armamento desde Ecuador a Colombia comenzó a
finales de los años 60. En ese tiempo, la dinamita era la
mercancía más apetecida. Eran los años de gestación de la
guerrilla, que aún no podía sostener enfrentamientos con los
militares frontalmente. Por eso recurrían a la dinamita,
perfecta para ocasionar destrozos sin dejar huellas de los
causantes.
En la década de los 80 se desató el "boom" comercial del
negocio de las armas, debido a que la guerrilla se había
decidido a lanzar la mayor cantidad de ataques, por lo que
necesitaba de todos aquellos abastecedores de armas que
apareciesen. Estos abastecedores estaban en Ecuador, de donde
misteriosamente se preveían de armas de exclusivo uso de los
militares. Actualmente, el mayor mercado negro de armamento
está ubicado en Centro América, donde el fin de la guerra dejó
en la "desocupación" gran cantidad de armas.
En ese tiempo se indicó por medios extraoficiales que el paso
de armamento de pequeño y gran alcance, era realizado con la
complicidad de algunas autoridades de Potosí, en la frontera
con Ecuador. A tal punto llegó la situación que en 1983 se
cumplió en las instalaciones del Grupo Militar CABAL, asentado
en Ipiales, un Consejo de Seguridad en el que se hicieron
graves denuncias que implicaban a importantes ciudadanos
ipialeños en el comercio de armas.
En la actualidad, en el grupo militar colombiano CABAL se
siente cierta impotencia ante los hechos. Aunque no lo dicen
expresamente, el malestar es evidente por el continuo paso de
armas "que no podemos asegurar sean del Ejército ecuatoriano,
pero sí que son de uso exclusivo militar", según manifiesta el
comandante de este grupo, Arnulfo Martínez Barón.
El militar agrega que "es penoso reconocerlo pero en este año
no hemos podido dar un solo golpe fuerte al tráfico de armas".
REBASA
Este comercio probablemente sigue dándose, pero rebasa
nuestras posibilidades de control". Martínez Barón, a pesar de
esto, destaca la labor conjunta realizada de los ejércitos
ecuatoriano y colombiano, pero es consciente que no alcanza.
Para el director de la cárcel de Ipiales, Johny Villareal, las
cosas están más claras. "Actualmente hay 8 presos colombianos
detenidos cuando ingresaban con armamento como fusiles y
pistolas 9 mm. Las armas pertenecen al ejército ecuatoriano,
según las investigaciones". Curiosamente, en esta cárcel no
está ningún ecuatoriano detenido por tráfico de armamento,
pero sí los hay en Pasto y Medellín. "En esas ciudades los
controles son más fuertes", se justifica Villarreal.
OPERATIVOS ECUATORIANOS
En el lado ecuatoriano, en Tulcán, los problemas no son de
menor importancia. La Policía, conjuntamente con el Ejército,
ejecuta de vez en cuando algún operativo exitoso por el que se
ha decomisado dinamita, armas y municiones.
"Las armas y municiones muchas veces vienen de Guayaquil y
logran transitar por todo el país hasta llegar a la frontera",
dice el jefe de la policía de Tulcán, mayor Wilfrido Chuga.
Recientemente fueron capturados dos ecuatorianos, Hugo Rojas
Caicedo y Telmo Rojas Guerrero, cuando transportaban 8.000
cartuchos de fusil, calibre 5.5 mm. que tenían como destino
Ipiales. Los cartuchos corresponden a armamento de uso
militar.
Los involucrados estuvieron detenidos poco más de una semana,
pero fueron liberados por un juez de Tulcán. "Estas actitudes
de los jueces desaniman un poco el trabajo de la Policía",
afirma el Mayor Chuga.
"Sin embargo, nuestros esfuerzos siguen encaminados a combatir
el tráfico de armas y municiones". El mayor también ratifica
que la mayoría de las armas provienen de Guayaquil.
DE AQUI NADA SE HA PERDIDO
En la II Zona Militar asentada en Guayaquil, al jefe de
Inteligencia, Juan Carlos González, le sorprendió la noticia.
"Está garantizado que en nuestros destacamentos ubicados en la
provincia de Guayas, no se ha perdido ningún armamento. Todos
los días pasamos revista a la tropa y no se ha detectado
pérdida. Lo peor que le puede pasar a un militar es perder su
arma, por las graves sanciones que le vienen encima".
SUCUMBIOS LA BODEGA DEL NORTE
Como una "bodega para la guerrilla ecuatoriana" ha sido
calificada la provincia de Sucumbíos por una investigación
hecha por la revista "Vistazo".
La publicación revela datos proporcionados por fuentes
anónimas militares de Colombia, quienes aseguran que las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tienen
montada en Sucumbíos y el resto del Ecuador, toda una
infraestructura para la adquisición de armamento y gasolina.
El arsenal pasa por las rutas Esmeraldas-Tumaco, por la Costa,
y Lago Agrio-Teteye, por la Amazonía. La misma investigación
proporciona datos referidos a que desde 1994 se han capturado
-en manos de la guerrilla- nueve toneladas de dinamita y
explosivos de fabricación militar ecuatoriana.
TRAFICADAS A COLOMBIA
Se asegura que han ingresado desde territorio ecuatoriano 105
lanzacohetes; 45 mil proyectiles de uso militar, calibres 5.56
y 7.56, tres kilómetros de mecha lenta, 10 mil fulminantes y
hasta cinco minas de tipo antitanque.
En 1997 militares ecuatorianos incautaron cinco cohetes, 4 mil
940 proyectiles, 88 uniformes y 7 mil juegos de camuflaje
hechos en Atuntaqui, para la guerrilla.
"Vistazo" sostiene que luego de la droga, el tráfico de armas,
gasolina y dinamita es el negocio más grande en la frontera
oriental entre Ecuador y Colombia.
Agrega que informes de Inteligencia colombianos aseguran que
el grupo guerrillero destinó, desde 1991, la suma de dos
millones de dólares para el pago de estos productos.
UN ABC PARA RACIONALIZAR
El actual reglamento a la ley de fabricación, importación,
exportación, comercialización y tenencia de armas, municiones
explosivos y accesorios, presenta serias deficiencias técnicas
que no lo hacen efectivo frente a la realidad imperante, según
el criterio de un experto en armas.
Para el entendido en la materia, el reglamento necesita una
profunda reforma en varios aspectos. En primer lugar, están
mal evaluados los calibres de las balas que son permitidos
utilizar, lo que perjudica a quienes recurren a la legítima
defensa. Así, se permite usar los calibres 22 y cartuchos
calibre 12 que son los más destructivos, porque tienen una
trayectoria oscilante dentro del cuerpo y explosivo en el
segundo caso.
Los calibres más dañinos y permitidos son el 25, 32, 380, 357
y 39 mm. La mayoría de éstos son inadecuados para la defensa,
pues son insuficientes en cuanto a poder de detención y sólo
son utilizables si se los porta con ojivas expansibles,
incluso el 9 mm.
Las armas apropiadas para defensa personal deben ser livianas,
portables y de un calibre adecuado, desde el 9 mm. hasta el 40
o 45, que son de uso restringido en este reglamento, con lo
que se da ventajas a los delincuentes.
OTRO ERROR
Otro grave error del reglamento, es no controlar el uso de las
cartucheras o recortadas, escopetas tan populares en nuestro
medio. Estas armas son más peligrosas de lo que parecen y
facilitan el anonimato de sus usuarios, pues son difíciles de
rastrear.
El asunto más importante a controlar en las escopetas, según
el especialista, es el largo del cañón del arma, que ni
siquiera es considerado dentro del reglamento. De acuerdo al
largo de cañón, se considera si el arma es de defensa,
deportiva o criminal. Las que son de cañón corto, que se
especifican de permitidas, como las cartucheras, son
eminentemente criminales. En países como Estados Unidos el uso
de estas armas está prohibido.
Además se observan algunos errores en ciertos artículos, como
en el 18, que especifica la distancia a que se refiere cuando
habla de "armas diseñadas para defensa individual a corta
distancia", pues la defensa personal puede ser a media y larga
distancia, tratándose de zonas agrícolas y fluviales, como
camaroneras.
AUSENCIA DE REGULACION
También se nota la ausencia de un reglamento más completo en
cuanto a la tenencia, portación, vista de armas, portación
oculta, traslado, uso deportivo y de coleccionistas, así como
se obvia las reglas de armamento para el funcionamiento de las
compañías de seguridad privada, que debe constar en este
reglamento.
Existen restricciones absurdas como el número de proyectiles
(10), regulación copiada de los Estados Unidos pero sacada de
contexto, pues en este país todos los calibres son permitidos.
El intenso contrabando de armas también es relacionado con el
deficiente reglamento porque "lo anima con sus restricciones",
pues tan solo permite tener en "stock" 25 unidades por cada
tipo de armamento y municiones restringidas en cantidades, en
la práctica insuficientes. "Y si hablamos de que semanalmente
se tramitan 50 permisos en la Zona, 200 mensuales, los
importadores no tendrían armas para abastecer esta demanda",
dice el experto.
ACORDE CON LA REALIDAD DEL PAIS
Las recomendaciones que brinda el especialista consultado
apuntan a elaborar un reglamento acorde con la realidad y
técnicamente analizado, para que sea una política permanente y
no esté sujeta a los vaivenes de los militares. Recuerda que
en otros países el control de las armas está en manos de la
Policía, lo que considera apropiado, pues es la institución
que combate la delincuencia directamente.
Finalmente, aconseja que la introducción de armas debe ser
regulada por el Comando Conjunto de las FFAA, pero la tenencia
y portación debe ser incluida dentro del control policial,
pues es el organismo encargado de las investigaciones
referentes a los delitos que se cometen con armas de fuego.
PROHIBIDOS Y OTRAS PROHIBICIONES
_ Varias personas consultadas opinaron que se sienten
limitadas para portar armas de defensa, pues las legalmente
permitidas son menos sofisticadas de las que tienen los
delincuentes.
_ En el actual Reglamento de la Ley de Comercialización y
Tenencia de Armas, se hace una distinción de las armas y las
personas o instituciones autorizadas para portarlas.
_ Sin embargo, el propio reglamento prevé que las armas
prohibidas para los civiles, puedan ser otorgadas mediante un
permiso especial otorgado por el Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas.
_ Esta situación, según el especialista en armas, origina que
ciertas personas o instituciones consigan permisos especiales
para armas de última tecnología. Se corre el riesgo, sin
embargo, de que existan ciertas preferencias para conceder los
permisos.
_ La potestad está en las Fuerzas Armadas, que son las que
finalmente deciden si conceden permisos para armas que
normalmente son de uso restringido
INTELIGENCIA NO DESCUBRIO
Jorge Zavala Egas, subsecretario de Aduanas, aclara algunos
aspectos sobre el contrabando de armas detectado el 24 de
junio, en los patios de la Aduana.
Sobre este caso ya existen las primeras órdenes de prisión,
giradas por el juez de Aduanas, Eduardo Seminario.
Zavala afirma que el contrabando fue detectado por la propia
Aduana, lo que desvirtúa las primeras versiones que hablaban
de una investigación realizada por Inteligencia Naval, hace
más de un mes. En esta entrevista amplía su declaración.
Agentes de la Inteligencia Naval se preguntan por qué usted no
ha hecho ningún pronunciamiento público sobre el contrabando
de armas, descubierto la semana pasada.
- En primer lugar, la prensa no ha informado bien del
contrabando de armas. La empresa Cotecna verificó en origen
esos contenedores en Miami. Cuando éstos llegan a Ecuador, la
propia Cotecna denuncia que los sellos han sido rotos y que,
por tanto, las autoridades aduaneras deben actuar.
Yo recibo la denuncia y ordeno que esos contenedores sean
aperturados y revisados. En la primera revisión no se detectan
mayores anomalías, pero, no contento con esto, ordeno una
segunda apertura. Aquí recién se comunica a Inteligencia
Naval, para que ellos vayan a hacer su propia revisión. Se
hizo la revisión y se encuentran las armas.
Pero esta versión recién se la da a conocer ahora, pues antes
la Inteligencia había dicho que este contrabando era una
investigación seguida hace más de un mes por ellos...
- Hablé personalmente con el comandante Saona, de Inteligencia
Naval. Yo le proporcioné la información del caso, y fue él
quien me pidió que guardara reserva ante la prensa, hasta que
terminen las investigaciones. Yo sólo he acatado esta
solicitud.
¿Es cierto que estos contenedores debían ser reinspeccionados
a su arribo al puerto por la verificadora SGS y que ésta, en
el plazo de una semana, no lo hizo?
- Esa es una malidicencia por desconocimiento. Los
contenedores que llegan sellados por las verificadoras no
están obligados a ninguna reinspección. Solamente hay el aforo
aleatorio; por lo tanto, de 100 contenedores que llegan, un
porcentaje determinado es aforado por la verificadora que está
de turno.
En este caso, por la denuncia de Cotecna, no entró al sorteo
del aforo aleatorio, sino que fue la Aduana la que inspeccionó
los contenedores y la que descubrió el contrabando.
¿Quién descubrió el armamento? ¿La Inteligencia Naval o la
Aduana?
-Fue la Aduana. A la Inteligencia Naval, la Aduana le avisó y
pidió su colaboración.
¿No es una extraña coincidencia que a los pocos días que salen
los militares de las Aduanas, llegue este contrabando de
armas?
-La salida de los militares fue una decisión unilateral de
ellos. Las Aduanas se desmilitarizaron por orden del
Ministerio de Defensa, el 16 de junio.
Es más, el decreto de militarización de las aduanas sigue
vigente, según tengo entendido.
El 23 de junio, la Aduana realizó la primera inspección y no
se encontró nada. ¿No existió, por lo menos negligencia, de
parte de aquellos funcionarios aduaneros que la realizaron?
-El jefe de Comprobación que dirigió la primera inspección,
Ernesto Berborich, fue separado inmediatamente de la Aduana.
¿No fue a petición de la Inteligencia Naval que se realizó la
segunda inspección de los contenedores?
No. Yo no quedé conforme con la primera inspección y ordené
una segunda. Ahí pedimos la presencia de Inteligencia Naval.
VENTAJAS EN EL POLICENTRO
Los delincuentes tienen una gran ventaja en relación con el
resto de la sociedad: no necesitan solicitar permiso para
portar armas. Además, cuentan con los más sofisticados
armamentos que la propia Policía desearía tener.
El último asalto ocurrido el lunes en el Policentro, supera
las ideas más audaces que existen sobre los delincuentes.
Nueve individuos, todos ellos armados con ametralladoras y
pistolas 9 mm., causaron pánico por más de dos horas entre los
clientes, que a las 14h30 hacían sus compras en este
concurrido centro comercial de Guayaquil. Según varios
testigos, luego del asalto se encontraron también vainillas de
fusil FAL (calibre 7.62) utilizadas normalmente por las
Fuerzas Armadas.
Los delincuentes incursionaron en el local de Diners
Club-Banco del Pichincha, ubicado en la planta alta del centro
comercial. Al ser descubiertos por los guardias de seguridad,
utilizaron sus modernas armas y lograron huir. El saldo: un
guardia muerto y otro herido.
Ambos guardias usaban armas calibre 38 y 22. Una vez más, la
ventaja de los delincuentes se evidenció, pese al inmenso
operativo policial que se montó con cerca de 200 efectivos.
Las armas que utilizaron los antisociales son de prohibida
importación y venta, de acuerdo con el Reglamento que, sobre
la Comercialización y Tenencia de Armas, está vigente al
momento. El origen de esas armas y cómo llegaron a poder de
los maleantes es el gran interrogante. Pero, aparentemente, no
existe en el país un registro de armamento perdido. (DIARIO
HOY) (BLANCO Y NEGRO)
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