QUITO 22 jul 97 .- Un edificio de seis pisos, en el Norte de la
capital se desplomó la noche del 11 de julio. No hubo víctimas.

Materiales pobres, caso omiso a los permisos y falta de
responsabilidad de profesionales y obreros suman cuestionamientos
hechos a las construcciones en nuestro medio.

MARIA ELENA ARELLANO y JAIME CEVALLOS

"Pensé que era un temblor y quise correr", le dijo José Pilliza
a un integrante del Cuerpo de Bomberos que lo rescataba de los
escombros de un edificio de seis pisos que se desplomó la noche
del 11 de julio, en el sector Norte de la Capital de la
República.

Fueron tres horas de lucha para liberarlo de las piedras que lo
mantenían sepultado, en medio de la incertidumbre de saber qué
pasó con su esposa y su hijo que se encontraban en el subsuelo
de la edificación.

Sin embargo, la angustia se prolongó hasta el cuarto piso del
hospital Eugenio Espejo, en donde bajo el efecto de sedantes que
no consiguieron aletargarlo, José aguardó pacientemente la
noticia del rescate de su familia, que se concretó a las 12h30
del sábado. -Por fin! el suplicio había terminado.

Pero los hechos registrados en el edificio de las calles Japón
y Amazonas no solo levantaron polvareda por las toneladas de
escombros que generó la destrucción total de la obra, sino que
recordaron a la ciudadanía las escenas de dolor suscitadas el 3
de julio en la Academia Almirante Nelson, de Quito, cuando la
visera de su patio principal cedió al poder de los vientos y se
precipitó sobre dos niños matándolos al instante.

La polémica invadió todos los sectores. De pronto la construcción
se vio inmersa en cuestionamientos sobre la calidad de materiales
utilizados para levantar un inmueble, caso omiso a los permisos
municipales, el grado de responsabilidad que profesionales y
obreros adquieren para cumplir su función, hasta la contratación
de empíricos que supervisan las obras.

También en Guayaquil

Otro caso, ocurrido el 13 de julio, mostró que Guayaquil no es
la excepción de la anarquía que impera en las edificaciones.
Roberto Chilán, un vendedor de refrescos, murió aplastado por el
volado de una puerta de la escuela Alfredo Vera Arrata, que se
desplomó en la cooperativa de vivienda Bastión Popular.

Según versiones de testigos, Roberto, un vendedor de refrescos
que se ubicaba todos los días a la entrada de la escuela, no hizo
caso a los obreros que desencofraban el volado de la puerta y le
pidieron que se mueva a otro lado hasta que concluyan la
maniobra.

Repentinamente, el volado de tres metros de ancho por seis de
largo cedió y se precipitó sobre Roberto, quien quedó atrapado
entre su carreta y el concreto. Otro transeúnte, Andrés Macías,
sufrió una herida en la cabeza.

Los vecinos del sector responsabilizaron al FISE (Fondo de
Inversión Social de Emergencia) por la desgracia ocurrida, pero
esta institución, a través de un boletín de prensa aclaró que
había terminado la construcción de la escuela en enero de 1996,
y las obras consistían en cuatro aulas de una sola planta, una
batería sanitaria y una cisterna.

"Todos los trabajos que se están realizando son por cuenta y
riesgo de la dirección", dijo el FISE.

Permisos municipales

En la falta de un control más eficiente de las edificaciones
clandestinas, Quito aduce déficit de inspectores y Guayaquil,
corrupción de los llamados delegados municipales.

"El número de inspectores con que cuenta el Municipio de Quito
son insuficientes para salvaguardar los permisos extendidos para
construir en la ciudad", explicó Daniel Alvarez, Comisario de la
Administración Norte, y dijo que en el edificio de la calle Japón
se levantaba ilegalmente un sexto piso.

"La obra estaba suspendida desde enero pero se continuaron los
trabajos. Sin embargo, más allá de un simple papel, se presume
que esa edificación tenía fallas estructurales", dijo.

En Guayaquil, los propios funcionarios municipales cuestionan el
desempeño de los inspectores -llamados delegados- del
departamento de Justicia y Vigilancia en el control de las
edificaciones clandestinas.

"Tenemos que valorar todos los días edificaciones sin permisos,
que se han levantado en las barbas de los delegados municipales.
Ellos se hacen de la vista gorda, esa es la triste realidad",
admitió un funcionario que prefirió no identificarse.

Para el Arq. Luis Pérez Merino, director de Urbanismo, Avalúos
y Registros, "si hay un departamento que falla es Justicia y
Vigilancia". Explicó que los delegados son personas de grado 6,
"gente que gana muy poco, si les ponen un billete en el bolsillo,
ellos...".

Materiales inapropiados

Los materiales que se utilizan en una construcción inciden en la
caída de una vivienda. Cemento de mala calidad o adulterado,
mezclas inadecuadas y el uso de insumos que no cumplen con todas
las especificaciones de calidad, perjudican la estabilidad de una
estructura.

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) advirtió que las
varillas de hierro de ocho milímetros que se utilizan para armar
estribos, vigas o columnas, no cumplen con las pruebas de
doblado, ya que varias de ellas se rompen bruscamente.

Al respecto, el Intendente de Policía de Pichincha, Alfredo
Estupiñán, aseveró que los inspectores de esa dependencia
controlan los sitios donde se expende materiales de construcción
y especialmente cemento, producto que suele ser mezclado con
arena para lograr un mayor rédito económico.

Sin embargo, dijo que debido al escaso personal que labora bajo
sus órdenes (20 personas) es físicamente imposible vigilar a una
ciudad que casi tiene dos millones de habitantes.

"Se trabaja en base a las denuncias presentadas. Las muestras son
analizadas por el INEN y de acuerdo con los resultados, nosotros
iniciamos un juicio basándonos en lo que dice la Ley de Defensa
del Consumidor", afirmó.

Los maestros

Preocupación de ingenieros civiles y arquitectos es la poca
importancia que se da en nuestro medio a la dirección técnica de
una edificación grande o pequeña, desplazada por lo que ellos
denominan la mala práctica de la construcción representada por
los maestros.

"Es común encomendar la dirección de una obra a cualquier
práctico, sea albañil, carpintero o charlatán, que presentan al
dueño presupuestos no apegados a la verdadera inversión a
realizar, y luego, para rectificar errores, cuando se ha
producido la gran pérdida, se llama a un ingeniero o arquitecto",
comentó el Arq. Rodolfo López Osorio, funcionario del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Vivienda.

En otros casos, aunque se contrata a un profesional, el dueño
decide paralizar la obra supuestamente por falta de dinero, y
luego la concluye con algún maestro, dijo el Ing. Ernesto Pólit,
gerente del CICG. "Muchos colegas olvidan notificar al Municipio
hasta cuando dirigieron la obra que tenían a cargo y eso ocasiona
graves problemas", agregó.

Pólit trabajó 15 años en el municipio, como asesor de Catastros,
y afirma que la institución no lleva un verdadero control de los
procesos constructivos, pues su papel se limita a vigilar el
trámite de permisos que ingresan y que la edificación se haga de
acuerdo a como fue aprobado el plano.

Desconocen ordenanzas

A criterio de Pólit, una parte de las deficiencias que ocurren
en los procesos constructivos, responden a deficiencias de la
ordenanza de edificaciones aprobada por el Concejo Cantonal de
Guayaquil en mayo de 1995 y reformada en febrero de 1996.

Citó como ejemplo disposiciones que eximen la presentación de
planos estructurales y en su lugar exigen la firma de
responsabilidad técnica del constructor, y que denominan obras
menores a las edificaciones no en serie que no exceden un rea de
60 metros cuadrados.

"Esto último toca a casas como las que hace el Banco Ecuatoriano
de la Vivienda, que tienen 45 metros cuadrados, y no necesitan
hacerse con supervisión profesional ni aprobación de planos",
señaló.

Refirió que la ordenanza obliga al responsable técnico a
contratar una póliza de seguros a favor de terceros, que cubra
todo riesgo del proceso de construcción, en el caso de que la
obra tenga tres o m s plantas altas, pero esa disposición deja
afuera a edificaciones de menor cuantía, que también deben
proteger a posibles víctimas.

El Arq. Pérez, quien dijo no tener informes sobre la construcción
del volado desplomado en Bastión Popular, observó que si bien el
Municipio no hace un seguimiento de las edificaciones, sí cumple
una inspección final que determina una orden de demolición, en
caso de que se reporten fallas e incumplimientos.

"Hay un gran desconocimiento de las ordenanzas por parte de los
profesionales, todos vienen acá porque son muy cómodos. Ni las
universidades las enseñan, ni los colegios y las cámaras se
preocupan. Qué puedo hacer, dicen, y a la hora de la verdad hacen
lo que les da la gana", comentó.

Piden investigación

Al referirse al edificio desplomado el 11 de julio, el presidente
del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, Ermel Flores,
anotó que pidieron al Municipio de Quito una investigación
pormenorizada sobre las causas que provocaron la caída de una
construcción que aparentemente se realizaba sin ningún
contratiempo.

"Tenemos que ver cómo se efectuó el diseño, el análisis de los
suelos y la calidad de los materiales que se utilizaron antes de
emitir cualquier criterio", indicó.

Explicó que todos los trabajos de este tipo debían cumplir con
ciertos requisitos fundamentales para evitar accidentes de este
tipo, que afortunadamente no cobraron la vida de persona alguna.

Daniel Alvarez, Comisario de la Administración Municipal Norte
de Quito, señaló que los permisos para levantar este edificio se
extendieron a nombre de Sonia Guerrero. En los planos figuraban
la construcción de cinco plantas, más el subsuelo, y los trabajos
los supervisaba el ingeniero Gerardo Vizuete.

Flores recordó el accidente suscitado en la Academia Almirante
Nelson, donde una visera no soportó la fuerza del viento y se
precipitó al suelo. "Ahí tuvo que haber un error, no sé si en el
diseño o la construcción, pero no tenía que pasar eso". Añadió
que una obra debe resistir el peso de los materiales más aquellos
esfuerzos que se producen como consecuencia de vientos y sismos.

Violaciones frecuentes

Retiros frontales del inmueble que no se respetan en calles
peatonales ni principales. La ordenanza de edificaciones de
Guayaquil señala que dependen del ancho de la vía, y oscilan
entre dos, tres y cinco metros.

Aumento de pisos sin permiso o en zonas donde no est permitido
hacerlo.

Retiros laterales que no se dan porque los dueños aumentan el
coeficiente de ocupación del suelo. La ordenanza dice que en
ningún caso deben ser inferiores a un metro, ni superiores a tres
metros.

Falta de ventilación de cocinas, baños y dormitorios con pozos
de luz o extractores de aire.

Aumento de cuartos sin respetar normas.

Voladizos que no cumplen las disposiciones de la ordenanza. En
edificaciones con retiro deben equivaler al 30% de éste, medido
a partir de la línea de f brica. En edificaciones en línea de
lindero se permiten voladizos de hasta un metro, a partir de una
altura de tres metros y cincuenta centímetros sobre la acera
enfrentada.

Registro de vista o la prohibición de que ventanas, balcones,
terrazas, miradores o azoteas den vista a habitaciones o espacios
abiertos de un predio vecino, a menos que se interpongan tres
metros de distancia entre el plano vertical m s saliente de
aquellos y la línea de lindero común. (Texto tomado de El
Universo)
EXPLORED
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