Quito. 28 jul 97. Usted tiene una posición ambigua sobre la
fecha de la Asamblea. Primero planteó que se la haga el
próximo año. Luego en una reunión con los jefes bloques -en
octubre- pero con derecho a veto del Presidente. ¿Cómo
interpretar esas indecisiones?
El país está harto de que se hable tanto sobre cosas que no
tienen que ver con que los ciudadanos quieren: empleo y
seguridad. Pero si me piden hablar de lo mismo le seguiré
haciendo.
El Gobierno no cambia de opinión ni tiene ambigüedades,
creemos que es competencia del Congreso. Si revisa el mandato
de febrero, en las actas se encontrará que la Asamblea debe
ser en agosto del 98. Y creemos que es mejor que tenga veto
presidencial. Una tercera opinión señala que el Gobierno debe
aceptar lo que el Congreso resuelva.
¿Por qué la Asamblea no le interesa al ciudadano?
No digo que no le interese. Le interesa como otros temas, si
se consulta a la gente se verá que tiene otras prioridades
también.
Uno de los argumentos para que se realice el 98 es la
estabilidad. ¿Pero no sería riesgoso que el nuevo Gobierno no
tenga reglas?
Todo lo contrario. Una Asamblea elegida el 98 recogerá las
tendencias de Gobierno y oposición que regirá en los próximos
cuatro años, por lo tanto será un reflejo del clima político
de 1998 al 2002. Pero insisto, no es para nosotros un asunto
de polémica, dimos nuestra opinión.
¿Por qué entonces el Congreso Nacional no consultó las actas
de febrero, donde se establece que la Asamblea sea en agosto
98 -como usted asegura- antes de proponer fechas?
Eso pregúntele a los bloques legislativos que han planteado la
Asamblea para este año, porque si va a la biblioteca ahí dice
que se realice en agosto del 98 y encontrará que tengo razón.
Aunque usted trate de bajarle el perfil al tema de la
Asamblea, no puede negar que cuestionó a la diputada Alexandra
Vela (DP) por revelar conversaciones privadas sobre el tema.
No tiene nada que ver con lo político, Alexandra Vela (DP) es
mi gran amiga y cualquier diferencia que tengamos no cuestiona
mi profundo cariño y amistad hacia ella. Yo simplemente digo,
conversaciones privadas tienen el carácter de reservadas.
Pero Ramiro Rivera advirtió a usted que no meta mano en el
bloque de la DP, ¿eso qué significa?
Creo que el señor Rivera ofendió a sus diputados. Porque
supongo que debe confiar en ellos, por respeto a los
legisladores no me voy a referir a su declaración. Pero sí hay
que ser claro, ese bloque legislativo, que la prensa publicita
como DP, es también del Frente Nacional, como Rodríguez y
Barragán que tienen relación política con el Gobierno y pueden
votar distinto a la DP.
En el tema de la Asamblea Nacional se dice que hay una
relación de dependencia con el PSC y sus líderes. Ese partido
tiene una posición, algunas veces, interpretada como
antiasambleísta. ¿Qué tanto influye esa posición en el
Gobierno?
Si se refiere a lo del Impuesto al Consumo Especial (ICE), la
Comisión de Presupuesto, que la dirige el diputado Alvaro
Pérez, jefe del bloque socialcristiano, presentó un informe
contra nuestro proyecto y votaron de acuerdo con esa comisión
demócratas populares, Pachakutik... El Gobierno va a vetar
toda la resolución del Congreso. ¿Esto es un acuerdo con los
socialcristianos? Y por qué no dicen que en este caso
estuvieron de acuerdo todos los bloques y por eso, nosotros
mantuvimos el criterio y se lo vetará totalmente.
En el tema fiscal no hay ningún acuerdo, en ocasiones hay
coincidencias. Nosotros administramos el Estado, el Congreso
legisla y fiscaliza, tenemos ámbitos distintos de acción.
¿Pero es extraño que esas coincidencias siempre se den después
de reuniones privadas del Gobierno con los líderes
socialcristianos?
Pueden ser privadas o públicas, eso no importa. En una
democracia si usted no conversa para buscar acuerdos con todos
los bloques, en este caso los bloques legislativos, no
gobierna democráticamente, hay que conversar. Yo hablo con
Heinz Moeller (PSC), Alexandra Vela (DP), Marco Landázuri
(ID), Luis Macas (Nuevo País), Patricio Velasco (UN)... con
todos los miembros de los bloques. Como Ministro de Gobierno
es mi obligación dialogar, eso no implica ni sometimiento de
unos a otros ni acuerdo debajo de la mesa, es una búsqueda de
coincidencias cuando son posibles.
Se puede interpretar que el Gobierno actuó apresuradamente y
no buscó acuerdos para la aprobación del ICE que resultaba
esencial ¿Qué pasó?
Cuando buscamos consensos tenemos demasiadas conversaciones
privadas. Cuando esto no funciona entonces no buscamos
coincidencias. Enviamos el proyecto y conversamos, pero no
hubo acuerdo. De ahí, que como Gobierno vamos a vetar
totalmente ese proyecto aprobado por el Congreso y enviaremos
otro. Luego volveremos a conversar con la Comisión de
Presupuesto y todos los bloques parlamentarios, para que se
apruebe.
¿Las conversaciones se iniciarán antes de enviar el proyecto?
Sí. Igual como lo hicimos cuando enviamos el primer proyecto.
No hay que olvidarse que toma 15 días discutirlo, consultamos
con la Comisión y hubo idas y venidas, acuerdos y desacuerdos
y finalmente no hubo nada. La Comisión de Presupuesto del
Congreso actuó según su criterio, nosotros lo haremos según el
nuestro. Esto no es guerra con el Congreso tampoco con mi gran
amigo Alvaro Pérez ni con el bloque socialcristiano.
Heinz Moeller adelantó que el Congreso volverá a negar las
reformas tributarias, ¿por qué insistir con esa fórmula?
Consultas hubo, a lo mejor Heinz no las conoció, no tiene por
qué conocerlas. En todo caso, tampoco es importante, no
estamos frente a una guerra por un tema de impuestos porque ni
esos tributos son básicos para la vida del Estado ni son causa
para dañar las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo. Se
va a mandar un proyecto adicional porque nos parece importante
y lo sacaremos de la mejor manera posible, con anticipación.
¿El Gobierno mantiene diálogos para las próximas elecciones
del Congreso?
No tenemos interés en el futuro político del Congreso porque
es un Gobierno que tendrá tres meses de Congreso político
-agosto a octubre- después vendrán las comisiones legislativas
permanentes y el proceso electoral. Si fueran cuatro años, le
interesaría la composición política. Al momento, es bueno
resaltar como ha dirigido Moeller, eficientemente con
autonomía, disintiendo y coincidiendo con nosotros.
Sin embargo, no estamos guardando cartas baja la manga, sería
tonto involucrarnos con el Congreso. Pero nos interesa que se
cumplan las reformas políticas que servirán para la
transformación del Estado. Ese será el gran logro de este
Gobierno, a la Asamblea Nacional le corresponde la reforma
económica.
El interinazgo muestra cierta debilidad. Como Ministro de
Gobierno, ¿qué planteó para armar un acuerdo nacional y en qué
consiste?
Los objetivos del Gobierno interino, en función de lo que el
país pidió y rechazó en febrero son: la reforma política para
impulsar el crecimiento económico. Los ecuatorianos votaron
favorablemente y el Congreso ha cumplido un 99 por ciento en
transformar la voluntad popular en mandato constitucional.
Hace años planteé que si este país no crece económicamente no
resolverá ningún problema puntual, la democracia seguirá
desprestigiándose y la crisis política será más aguda.
Otros objetivos son profundizar la modernización del Estado.
Así como implementar una agenda social e impulsar con audacia
la solución del diferendo limítrofe con Perú. Estas metas se
están cumpliendo, la Consulta nos fortaleció políticamente.
No se habría podido decir que se ampliará oleoducto y hará el
nuevo para que el país exporte 600 mil barriles en tres años
más, 80 mil barriles en seis meses. Estas decisiones van a
permitir fortalecer la economía.
Pero se evidencia que el Gobierno aparentemente no tiene un
programa económico. Anunciaron los 20 proyectos para el país
pero esos ya estaban en el camino.
A las tres semanas de estar en el poder Fabián Alarcón anunció
bajar el déficit fiscal de 7 a 2.7 por ciento sin aumentar el
precio de la gasolina ni costo social. En mayo ya teníamos el
déficit en 4.6 y hoy está en 2.7 por ciento. Sí, los 20
proyectos son parte de una herencia pero nadie hacía nada por
concretarlos, nosotros los retomamos y estamos haciéndolos una
realidad.
El principal problema es el financiero, ¿de dónde se saca los
recursos?
Algunos lo tenían, pero nunca se supo administrar. El proyecto
del trasvase de Manabí, los 140 millones dólares del Japón que
estaban estancados por no pagar 14 millones, cancelamos y ahí
están los recursos. Una prueba que los intereses encontrados
impedían hacerlo. El 10 de agosto, el Presidente anunciará
otro plan de reactivación a corto plazo con proyectos
sociales. Con voluntad política y con la comprensión pública,
se hace posible.
En algunos temas políticos el Gobierno sí tuvo posiciones
ambiguas. Primero no estuvo de acuerdo en apoyar la
institucionalización de la Comisión Anticorrupción, ahora le
da su respaldo.
El Presidente mantiene su posición y dijo: quiero que la
comisión siga funcionando mientras yo sea Gobierno y le daré
más poderes, pero yo no intervengo respecto de su
institucionalización porque eso compete a otras funciones del
Estado.
¿Es decir no hay iniciativa del Ejecutivo de preparar una ley
o volver a emitir un decreto?
Eso tiene que decirlo el Presidente de la República. Nuestra
posición es que es una comisión de la sociedad civil que
funciona bien y que puede aportar durante este Gobierno. Pero
no intervenimos respecto de su institucionalización porque es
un tema que no le compete al Ejecutivo. Me satisface el
trabajo de la Comisión Anticorrupción.
¿La vigencia de la Comisión debilita las funciones de los
otros órganos de control?
No. Los órganos de control no han funcionado bien en el país.
Hay que destacar la irrupción de la sociedad civil en muchos
ámbitos de la vida pública, también en corrupción y es
importante darle un espacio.
¿Esa irrupción de la sociedad civil es lo que trataría el
Gobierno de controlar para que no se realice la Asamblea antes
de que termine el interinazgo?
Estoy en contra de esa afirmación. El Gobierno busca el
equilibrio entre la sociedad civil y la sociedad política.
Cuando manda la sociedad política el país puede caer en la
inercia que lleva a la corrupción, desencanto y caos. El
Gobierno tiene que equilibrar el peso de ambos, me alegra
mucho que la sociedad civil esté adquiriendo fuerza.
Ese equilibrio va a ser la base del futuro del Ecuador, el
progreso, y permitió salir de febrero bien, sin violencia, sin
muertes, tenemos que enriquecer esa experiencia. Eso no se
hace sin problemas, siempre habrá desencuentros, lo importante
es que haya la voluntad del Gobierno Nacional y de la sociedad
civil, para que ese equilibrio se mantenga. Ninguna de las dos
está exenta de contradicciones, ni una es el paraíso ni la
otra es el infierno.
De alguna manera ese desequilibrio se vio en el intento de
despolitizar la justicia. En lo que resolvió el Congreso y
vetó parcialmente el Gobierno, algunos sectores no quieren
participar: los medios de comunicación, la Iglesia...
Sí pero fue en un principio. Entre los que aceptaron están:
AER, varios organismos de derechos humanos. Y ahora están casi
todos los propuestos. Creo que es el mejor ejercicio de
aproximación entre sociedad civil y política después de
febrero. El veto del Ejecutivo es primordial, con su voto
conversado con el Congreso Nacional encontró el punto de
equilibrio. Es la sociedad civil la que tiene que designar los
cuatro miembros mayoritarios de la comisión calificadora y los
candidatos para llenar los cupos para la reestructuración de
la Corte. Por lo tanto, la pelota ya está en otra cancha.
Esta es la oportunidad y responsabilidad de darle al país una
gran CSJ. La responsabilidad de la Corte está en la sociedad
civil. Prácticamente no hay posibilidades que el Congreso haga
algo distinto de lo que la sociedad quiere. Ya hay reacciones
sobre los sueldos que impedirían que algunos personajes
acepten, pero eso se puede resolver.
Pero en el tema de la Asamblea ese equilibrio no se está
dando. Esa sociedad política -como usted la llama- logra
desbalancear las fuerzas a su favor para que no se realice
este año. ¿Dónde está el equilibrio?
El 80 por ciento de los ecuatorianos no quiere Asamblea
Nacional este año. Las encuestas de Market e Informe
Confidencial dicen que los ecuatorianos no la quieren. Como
Gobierno no nos interesa, sabiendo que el pueblo no quiere la
Asamblea, pero eso es al margen, aprobaremos lo que el
Congreso Nacional resuelva. Eso sí, hemos expresado nuestro
punto de vista para que después cada una de las funciones
asuma ante los ecuatorianos su responsabilidad. (Texto tomado
de EL COMERCIO)
fecha de la Asamblea. Primero planteó que se la haga el
próximo año. Luego en una reunión con los jefes bloques -en
octubre- pero con derecho a veto del Presidente. ¿Cómo
interpretar esas indecisiones?
El país está harto de que se hable tanto sobre cosas que no
tienen que ver con que los ciudadanos quieren: empleo y
seguridad. Pero si me piden hablar de lo mismo le seguiré
haciendo.
El Gobierno no cambia de opinión ni tiene ambigüedades,
creemos que es competencia del Congreso. Si revisa el mandato
de febrero, en las actas se encontrará que la Asamblea debe
ser en agosto del 98. Y creemos que es mejor que tenga veto
presidencial. Una tercera opinión señala que el Gobierno debe
aceptar lo que el Congreso resuelva.
¿Por qué la Asamblea no le interesa al ciudadano?
No digo que no le interese. Le interesa como otros temas, si
se consulta a la gente se verá que tiene otras prioridades
también.
Uno de los argumentos para que se realice el 98 es la
estabilidad. ¿Pero no sería riesgoso que el nuevo Gobierno no
tenga reglas?
Todo lo contrario. Una Asamblea elegida el 98 recogerá las
tendencias de Gobierno y oposición que regirá en los próximos
cuatro años, por lo tanto será un reflejo del clima político
de 1998 al 2002. Pero insisto, no es para nosotros un asunto
de polémica, dimos nuestra opinión.
¿Por qué entonces el Congreso Nacional no consultó las actas
de febrero, donde se establece que la Asamblea sea en agosto
98 -como usted asegura- antes de proponer fechas?
Eso pregúntele a los bloques legislativos que han planteado la
Asamblea para este año, porque si va a la biblioteca ahí dice
que se realice en agosto del 98 y encontrará que tengo razón.
Aunque usted trate de bajarle el perfil al tema de la
Asamblea, no puede negar que cuestionó a la diputada Alexandra
Vela (DP) por revelar conversaciones privadas sobre el tema.
No tiene nada que ver con lo político, Alexandra Vela (DP) es
mi gran amiga y cualquier diferencia que tengamos no cuestiona
mi profundo cariño y amistad hacia ella. Yo simplemente digo,
conversaciones privadas tienen el carácter de reservadas.
Pero Ramiro Rivera advirtió a usted que no meta mano en el
bloque de la DP, ¿eso qué significa?
Creo que el señor Rivera ofendió a sus diputados. Porque
supongo que debe confiar en ellos, por respeto a los
legisladores no me voy a referir a su declaración. Pero sí hay
que ser claro, ese bloque legislativo, que la prensa publicita
como DP, es también del Frente Nacional, como Rodríguez y
Barragán que tienen relación política con el Gobierno y pueden
votar distinto a la DP.
En el tema de la Asamblea Nacional se dice que hay una
relación de dependencia con el PSC y sus líderes. Ese partido
tiene una posición, algunas veces, interpretada como
antiasambleísta. ¿Qué tanto influye esa posición en el
Gobierno?
Si se refiere a lo del Impuesto al Consumo Especial (ICE), la
Comisión de Presupuesto, que la dirige el diputado Alvaro
Pérez, jefe del bloque socialcristiano, presentó un informe
contra nuestro proyecto y votaron de acuerdo con esa comisión
demócratas populares, Pachakutik... El Gobierno va a vetar
toda la resolución del Congreso. ¿Esto es un acuerdo con los
socialcristianos? Y por qué no dicen que en este caso
estuvieron de acuerdo todos los bloques y por eso, nosotros
mantuvimos el criterio y se lo vetará totalmente.
En el tema fiscal no hay ningún acuerdo, en ocasiones hay
coincidencias. Nosotros administramos el Estado, el Congreso
legisla y fiscaliza, tenemos ámbitos distintos de acción.
¿Pero es extraño que esas coincidencias siempre se den después
de reuniones privadas del Gobierno con los líderes
socialcristianos?
Pueden ser privadas o públicas, eso no importa. En una
democracia si usted no conversa para buscar acuerdos con todos
los bloques, en este caso los bloques legislativos, no
gobierna democráticamente, hay que conversar. Yo hablo con
Heinz Moeller (PSC), Alexandra Vela (DP), Marco Landázuri
(ID), Luis Macas (Nuevo País), Patricio Velasco (UN)... con
todos los miembros de los bloques. Como Ministro de Gobierno
es mi obligación dialogar, eso no implica ni sometimiento de
unos a otros ni acuerdo debajo de la mesa, es una búsqueda de
coincidencias cuando son posibles.
Se puede interpretar que el Gobierno actuó apresuradamente y
no buscó acuerdos para la aprobación del ICE que resultaba
esencial ¿Qué pasó?
Cuando buscamos consensos tenemos demasiadas conversaciones
privadas. Cuando esto no funciona entonces no buscamos
coincidencias. Enviamos el proyecto y conversamos, pero no
hubo acuerdo. De ahí, que como Gobierno vamos a vetar
totalmente ese proyecto aprobado por el Congreso y enviaremos
otro. Luego volveremos a conversar con la Comisión de
Presupuesto y todos los bloques parlamentarios, para que se
apruebe.
¿Las conversaciones se iniciarán antes de enviar el proyecto?
Sí. Igual como lo hicimos cuando enviamos el primer proyecto.
No hay que olvidarse que toma 15 días discutirlo, consultamos
con la Comisión y hubo idas y venidas, acuerdos y desacuerdos
y finalmente no hubo nada. La Comisión de Presupuesto del
Congreso actuó según su criterio, nosotros lo haremos según el
nuestro. Esto no es guerra con el Congreso tampoco con mi gran
amigo Alvaro Pérez ni con el bloque socialcristiano.
Heinz Moeller adelantó que el Congreso volverá a negar las
reformas tributarias, ¿por qué insistir con esa fórmula?
Consultas hubo, a lo mejor Heinz no las conoció, no tiene por
qué conocerlas. En todo caso, tampoco es importante, no
estamos frente a una guerra por un tema de impuestos porque ni
esos tributos son básicos para la vida del Estado ni son causa
para dañar las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo. Se
va a mandar un proyecto adicional porque nos parece importante
y lo sacaremos de la mejor manera posible, con anticipación.
¿El Gobierno mantiene diálogos para las próximas elecciones
del Congreso?
No tenemos interés en el futuro político del Congreso porque
es un Gobierno que tendrá tres meses de Congreso político
-agosto a octubre- después vendrán las comisiones legislativas
permanentes y el proceso electoral. Si fueran cuatro años, le
interesaría la composición política. Al momento, es bueno
resaltar como ha dirigido Moeller, eficientemente con
autonomía, disintiendo y coincidiendo con nosotros.
Sin embargo, no estamos guardando cartas baja la manga, sería
tonto involucrarnos con el Congreso. Pero nos interesa que se
cumplan las reformas políticas que servirán para la
transformación del Estado. Ese será el gran logro de este
Gobierno, a la Asamblea Nacional le corresponde la reforma
económica.
El interinazgo muestra cierta debilidad. Como Ministro de
Gobierno, ¿qué planteó para armar un acuerdo nacional y en qué
consiste?
Los objetivos del Gobierno interino, en función de lo que el
país pidió y rechazó en febrero son: la reforma política para
impulsar el crecimiento económico. Los ecuatorianos votaron
favorablemente y el Congreso ha cumplido un 99 por ciento en
transformar la voluntad popular en mandato constitucional.
Hace años planteé que si este país no crece económicamente no
resolverá ningún problema puntual, la democracia seguirá
desprestigiándose y la crisis política será más aguda.
Otros objetivos son profundizar la modernización del Estado.
Así como implementar una agenda social e impulsar con audacia
la solución del diferendo limítrofe con Perú. Estas metas se
están cumpliendo, la Consulta nos fortaleció políticamente.
No se habría podido decir que se ampliará oleoducto y hará el
nuevo para que el país exporte 600 mil barriles en tres años
más, 80 mil barriles en seis meses. Estas decisiones van a
permitir fortalecer la economía.
Pero se evidencia que el Gobierno aparentemente no tiene un
programa económico. Anunciaron los 20 proyectos para el país
pero esos ya estaban en el camino.
A las tres semanas de estar en el poder Fabián Alarcón anunció
bajar el déficit fiscal de 7 a 2.7 por ciento sin aumentar el
precio de la gasolina ni costo social. En mayo ya teníamos el
déficit en 4.6 y hoy está en 2.7 por ciento. Sí, los 20
proyectos son parte de una herencia pero nadie hacía nada por
concretarlos, nosotros los retomamos y estamos haciéndolos una
realidad.
El principal problema es el financiero, ¿de dónde se saca los
recursos?
Algunos lo tenían, pero nunca se supo administrar. El proyecto
del trasvase de Manabí, los 140 millones dólares del Japón que
estaban estancados por no pagar 14 millones, cancelamos y ahí
están los recursos. Una prueba que los intereses encontrados
impedían hacerlo. El 10 de agosto, el Presidente anunciará
otro plan de reactivación a corto plazo con proyectos
sociales. Con voluntad política y con la comprensión pública,
se hace posible.
En algunos temas políticos el Gobierno sí tuvo posiciones
ambiguas. Primero no estuvo de acuerdo en apoyar la
institucionalización de la Comisión Anticorrupción, ahora le
da su respaldo.
El Presidente mantiene su posición y dijo: quiero que la
comisión siga funcionando mientras yo sea Gobierno y le daré
más poderes, pero yo no intervengo respecto de su
institucionalización porque eso compete a otras funciones del
Estado.
¿Es decir no hay iniciativa del Ejecutivo de preparar una ley
o volver a emitir un decreto?
Eso tiene que decirlo el Presidente de la República. Nuestra
posición es que es una comisión de la sociedad civil que
funciona bien y que puede aportar durante este Gobierno. Pero
no intervenimos respecto de su institucionalización porque es
un tema que no le compete al Ejecutivo. Me satisface el
trabajo de la Comisión Anticorrupción.
¿La vigencia de la Comisión debilita las funciones de los
otros órganos de control?
No. Los órganos de control no han funcionado bien en el país.
Hay que destacar la irrupción de la sociedad civil en muchos
ámbitos de la vida pública, también en corrupción y es
importante darle un espacio.
¿Esa irrupción de la sociedad civil es lo que trataría el
Gobierno de controlar para que no se realice la Asamblea antes
de que termine el interinazgo?
Estoy en contra de esa afirmación. El Gobierno busca el
equilibrio entre la sociedad civil y la sociedad política.
Cuando manda la sociedad política el país puede caer en la
inercia que lleva a la corrupción, desencanto y caos. El
Gobierno tiene que equilibrar el peso de ambos, me alegra
mucho que la sociedad civil esté adquiriendo fuerza.
Ese equilibrio va a ser la base del futuro del Ecuador, el
progreso, y permitió salir de febrero bien, sin violencia, sin
muertes, tenemos que enriquecer esa experiencia. Eso no se
hace sin problemas, siempre habrá desencuentros, lo importante
es que haya la voluntad del Gobierno Nacional y de la sociedad
civil, para que ese equilibrio se mantenga. Ninguna de las dos
está exenta de contradicciones, ni una es el paraíso ni la
otra es el infierno.
De alguna manera ese desequilibrio se vio en el intento de
despolitizar la justicia. En lo que resolvió el Congreso y
vetó parcialmente el Gobierno, algunos sectores no quieren
participar: los medios de comunicación, la Iglesia...
Sí pero fue en un principio. Entre los que aceptaron están:
AER, varios organismos de derechos humanos. Y ahora están casi
todos los propuestos. Creo que es el mejor ejercicio de
aproximación entre sociedad civil y política después de
febrero. El veto del Ejecutivo es primordial, con su voto
conversado con el Congreso Nacional encontró el punto de
equilibrio. Es la sociedad civil la que tiene que designar los
cuatro miembros mayoritarios de la comisión calificadora y los
candidatos para llenar los cupos para la reestructuración de
la Corte. Por lo tanto, la pelota ya está en otra cancha.
Esta es la oportunidad y responsabilidad de darle al país una
gran CSJ. La responsabilidad de la Corte está en la sociedad
civil. Prácticamente no hay posibilidades que el Congreso haga
algo distinto de lo que la sociedad quiere. Ya hay reacciones
sobre los sueldos que impedirían que algunos personajes
acepten, pero eso se puede resolver.
Pero en el tema de la Asamblea ese equilibrio no se está
dando. Esa sociedad política -como usted la llama- logra
desbalancear las fuerzas a su favor para que no se realice
este año. ¿Dónde está el equilibrio?
El 80 por ciento de los ecuatorianos no quiere Asamblea
Nacional este año. Las encuestas de Market e Informe
Confidencial dicen que los ecuatorianos no la quieren. Como
Gobierno no nos interesa, sabiendo que el pueblo no quiere la
Asamblea, pero eso es al margen, aprobaremos lo que el
Congreso Nacional resuelva. Eso sí, hemos expresado nuestro
punto de vista para que después cada una de las funciones
asuma ante los ecuatorianos su responsabilidad. (Texto tomado
de EL COMERCIO)
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