Quito. 27 jul 97. Ha tramitado ya 224 denuncias, incluidas
algunas enviadas por el Gobierno. Este parámetro revela el
peso de un organismo que busca institucionalizarse.
La última rueda de prensa de la Comisión Anticorrupción, el 23
de julio pasado, tuvo un matiz muy particular. Ramiro Larrea,
su presidente, comenzó pidiéndole a Fabián Alarcón que
concrete su apoyo como Presidente de la República, a través de
un decreto ejecutivo que institucionalice el trabajo del
organismo.
Luego vinieron las denuncias en contra del ex presidente
Abdalá Bucaram, su esposa, su hermano Adolfo, y su íntimo
amigo, Alfredo Adum Ziadé.
Este pedido de los ocho comisionados pasó relativamente
desapercibido por parte de la opinión pública. Pero es
ciertamente importante, por todo el escenario social y
político que envuelve al país en los actuales momentos.
Hasta ahora, la Comisión ha recibido y procesado 224 denuncias
documentadas, que reposan en sus archivos. ¿Cifra alta para un
período corto o cifra corta para un período largo?
"En todo caso, es una cifra preocupante, porque si la Comisión
se institucionaliza y extiende su investigación hasta el
actual Gobierno, es muy posible que las denuncias crezcan en
progresión geométrica". Este es el criterio de uno de los
comisionados.
¿Por qué el presidente Fabián Alarcón ha dilatado su decisión
de apoyar políticamente a la Comisión, apoyo que por ahora se
mantiene únicamente en el plano verbal?
"Yo creo que hay gente muy cercana al Presidente que no está
de acuerdo con que la Comisión Anticorrupción siga con su
trabajo", dice otro comisionado y ex alto funcionario público
que prefirió no dar su nombre.
Es cierto que la Comisión Anticorrupción emergió de la fiebre
antibucaramista, pero sus actuales funcionarios reconocen que
su papel ha crecido, quizá más allá de sus propias
expectativas.
Según confesiones propias, los comisionados han asumido la
tarea de poner la lupa sobre los actos delictivos de altos
funcionarios del bucaramato, como una suerte de reivindicación
moral delegada por una sociedad que está perdiéndole el miedo
a la denuncia.
Pero no se han quedado allí: han ido a la investigación de
irregularidades que se han cometido en el actual régimen -por
ejemplo el caso del Instituto de Seguridad Social- o se han
ido hacia administraciones anteriores a la de Bucaram -que es
a donde les llevó el hilo de la red de corrupción de
Peñaranda-.
Por lo demás, para hacelo le han tomado la palabra a Alarcón,
quien les pidió que vigilen los actos de su Gobierno.
"La fortaleza de esta Comisión -sostiene Marcelo Merlo, uno de
sus integrantes- crece, entre otras razones, por el formidable
apoyo que ha recibido de toda la prensa ecuatoriana, de las
organizaciones de derechos humanos, de las entidades sociales
y, en general, de la sociedad civil. Me parece notable la
conducta que está apareciendo en nuestra sociedad: está
comenzando a perderle el miedo al acto de denunciar".
Pero también es cierto que, tal como se presenta actualmente
la Comisión, ésta no cuenta de la suficiente capacidad legal
ni con los recursos técnicos para responder adecuadamente a la
serie de denuncias que recibe a diario o que espera recibir en
el futuro.
"A la Comisión Anticorrupción le falta mucho camino que
recorrer para perfeccionar sus sistemas de investigación, por
ejemplo. Yo creo que una vez que logre institucionalizarse,
tendrá que ampliar su radio de trabajo a otras dos o tres
ciudades del país. En cierta manera, nosotros tendremos que
descentralizar la lucha contra la corrupción".
Por su parte, el poder Ejecutivo -y en general todos los
poderes estatales- no parecen transmitir el mismo sentimiento
de optimismo que aflora desde la sociedad civil a través de la
Comisión.
Otro punto importante por definir es el seguimiento de las
denuncias hechas por la Comisión. "Nosotros no podemos ir más
allá de donde comienza el campo de acción de los jueces, de la
justicia ecuatoriana", dice Merlo. Con estos acertijos en la
mesa, el Gobierno tiene una deuda pendiente con la sociedad.
La Corte, el cuello de botella
El caso Peñaranda, las Aduanas, la Comisión de Tránsito de
Guayas, el Banco del Estado, el IESS, Petroecuador, Emetel...
son algunos de los casos que llegaron a la Corte Suprema de
Justicia y a los juzgados por dos caminos: mediante
excitativas enviadas por el Ministerio Fiscal, o directamente
a la Corte por parte de la Comisión Anticorrupción.
En cada uno de los casos, el juicio se inició a través del
levantamiento del autocabeza de proceso, trámite judicial en
el que se sindica y dicta las órdenes de prisión de los
implicados. En la mayoría de los casos, todos están con orden
de captura. Además se dispuso la retención de las cuentas
bancarias y la prohibición de la venta de los bienes. Todos
los casos de corrupción denunciados están en la etapa sumarial
o investigación de las pruebas, para comprobar los delitos
cometidos por los ex funcionarios del gobierno de Abdalá
Bucaram.
La indagación por parte de los jueces está paralizada, a causa
de la reorganización de la Corte Suprema.
Tras la primera etapa, los jueces deben emitir su resolución
de acusación o absolución de los implicados. Si hay
inconformidad las partes pueden apelar. Luego viene la
sentencia.
Algunas denuncias que esperan trámite
Sobre Alfredo Adum: se detectó un perjuicio de 2.407 millones
de sucres por evasión en los muelles, propaganda política,
contrataciones ilícitas, adquisición de materiales inservibles
y servicios radiales.
Los dólares de María R. Pulley: se observaron incongruencias
en las inversiones en sucres y dólares por parte de Bucaram y
su esposa, entre enero de 1994 y abril de 1997. La Comisión
pidió a la Superintendencia de Bancos un examen especial para
establecer el origen de los recursos con los cuales la ex
Primera Dama adquirió USD 705.270.
Las evasiones de Bucaram: no hubo concordancia entre lo
declarado por Abdalá Bucaram, respecto a sus patrimonio y
rentas, y lo que él mismo dijo tener a la revista Vistazo.
El contrato Ecuapower: su aplazamiento a enero de 1997 resultó
en una suscripción entre 37 y 50 por ciento más cara de lo
previsto para agosto de 1996.
Franklin Verduga y la CTG: el ex diputado del PSC usó su poder
político para influir en las decisiones de la Comisión de
Tránsito del Guayas.
Contrabando: llegaron vehículos desde Chile, con valores 5
veces menores a los reales. Se detectaron importaciones con
documentos falsos que pretendieron ingresar en marzo.
La Contraloría se estrelló contra un muro...
La Constitución se acopló a la realidad: así se justificó la
eliminación de la facultade de glosar (pedir la devolución de
dinero) de la Contraloría.
Algo de verdad hay en ese argumento. La Ley Orgánica de
Administración Financiera y Control determinaba que la
Contraloría glose cuando encuentre manejos irregulares de los
recursos estatales. Sin embargo, las glosas no eran firmes.
Los presuntos corruptos podían apelar tres veces al organismo,
sin contar con la presentación de pruebas de descargo, que se
hace antes de que se apruebe un examen especial.
Si se ratifica el resultado queda un último recurso: apelar al
Tribunal de lo Contencioso, que tiene la decisión final. En el
camino se desvanece cerca del 90% de las glosas. Por eso, se
sostiene que las glosas de la Contraloría nunca fueron firmes.
Lógica de doble filo: la solución no era dar más poder a
Contraloría para hacer efectivo el cobro: había que quitarle
para institucionalizar la evasión.
El problema se agrava con los compromisos políticos en los que
puede estar el Contralor. No hay que olvidar que su nominación
lo ata al Congreso. Aquí el Presidente tiene su promesa:
enviar un proyecto de reforma constitucional y legal. (Texto
tomado de EL COMERCIO)
algunas enviadas por el Gobierno. Este parámetro revela el
peso de un organismo que busca institucionalizarse.
La última rueda de prensa de la Comisión Anticorrupción, el 23
de julio pasado, tuvo un matiz muy particular. Ramiro Larrea,
su presidente, comenzó pidiéndole a Fabián Alarcón que
concrete su apoyo como Presidente de la República, a través de
un decreto ejecutivo que institucionalice el trabajo del
organismo.
Luego vinieron las denuncias en contra del ex presidente
Abdalá Bucaram, su esposa, su hermano Adolfo, y su íntimo
amigo, Alfredo Adum Ziadé.
Este pedido de los ocho comisionados pasó relativamente
desapercibido por parte de la opinión pública. Pero es
ciertamente importante, por todo el escenario social y
político que envuelve al país en los actuales momentos.
Hasta ahora, la Comisión ha recibido y procesado 224 denuncias
documentadas, que reposan en sus archivos. ¿Cifra alta para un
período corto o cifra corta para un período largo?
"En todo caso, es una cifra preocupante, porque si la Comisión
se institucionaliza y extiende su investigación hasta el
actual Gobierno, es muy posible que las denuncias crezcan en
progresión geométrica". Este es el criterio de uno de los
comisionados.
¿Por qué el presidente Fabián Alarcón ha dilatado su decisión
de apoyar políticamente a la Comisión, apoyo que por ahora se
mantiene únicamente en el plano verbal?
"Yo creo que hay gente muy cercana al Presidente que no está
de acuerdo con que la Comisión Anticorrupción siga con su
trabajo", dice otro comisionado y ex alto funcionario público
que prefirió no dar su nombre.
Es cierto que la Comisión Anticorrupción emergió de la fiebre
antibucaramista, pero sus actuales funcionarios reconocen que
su papel ha crecido, quizá más allá de sus propias
expectativas.
Según confesiones propias, los comisionados han asumido la
tarea de poner la lupa sobre los actos delictivos de altos
funcionarios del bucaramato, como una suerte de reivindicación
moral delegada por una sociedad que está perdiéndole el miedo
a la denuncia.
Pero no se han quedado allí: han ido a la investigación de
irregularidades que se han cometido en el actual régimen -por
ejemplo el caso del Instituto de Seguridad Social- o se han
ido hacia administraciones anteriores a la de Bucaram -que es
a donde les llevó el hilo de la red de corrupción de
Peñaranda-.
Por lo demás, para hacelo le han tomado la palabra a Alarcón,
quien les pidió que vigilen los actos de su Gobierno.
"La fortaleza de esta Comisión -sostiene Marcelo Merlo, uno de
sus integrantes- crece, entre otras razones, por el formidable
apoyo que ha recibido de toda la prensa ecuatoriana, de las
organizaciones de derechos humanos, de las entidades sociales
y, en general, de la sociedad civil. Me parece notable la
conducta que está apareciendo en nuestra sociedad: está
comenzando a perderle el miedo al acto de denunciar".
Pero también es cierto que, tal como se presenta actualmente
la Comisión, ésta no cuenta de la suficiente capacidad legal
ni con los recursos técnicos para responder adecuadamente a la
serie de denuncias que recibe a diario o que espera recibir en
el futuro.
"A la Comisión Anticorrupción le falta mucho camino que
recorrer para perfeccionar sus sistemas de investigación, por
ejemplo. Yo creo que una vez que logre institucionalizarse,
tendrá que ampliar su radio de trabajo a otras dos o tres
ciudades del país. En cierta manera, nosotros tendremos que
descentralizar la lucha contra la corrupción".
Por su parte, el poder Ejecutivo -y en general todos los
poderes estatales- no parecen transmitir el mismo sentimiento
de optimismo que aflora desde la sociedad civil a través de la
Comisión.
Otro punto importante por definir es el seguimiento de las
denuncias hechas por la Comisión. "Nosotros no podemos ir más
allá de donde comienza el campo de acción de los jueces, de la
justicia ecuatoriana", dice Merlo. Con estos acertijos en la
mesa, el Gobierno tiene una deuda pendiente con la sociedad.
La Corte, el cuello de botella
El caso Peñaranda, las Aduanas, la Comisión de Tránsito de
Guayas, el Banco del Estado, el IESS, Petroecuador, Emetel...
son algunos de los casos que llegaron a la Corte Suprema de
Justicia y a los juzgados por dos caminos: mediante
excitativas enviadas por el Ministerio Fiscal, o directamente
a la Corte por parte de la Comisión Anticorrupción.
En cada uno de los casos, el juicio se inició a través del
levantamiento del autocabeza de proceso, trámite judicial en
el que se sindica y dicta las órdenes de prisión de los
implicados. En la mayoría de los casos, todos están con orden
de captura. Además se dispuso la retención de las cuentas
bancarias y la prohibición de la venta de los bienes. Todos
los casos de corrupción denunciados están en la etapa sumarial
o investigación de las pruebas, para comprobar los delitos
cometidos por los ex funcionarios del gobierno de Abdalá
Bucaram.
La indagación por parte de los jueces está paralizada, a causa
de la reorganización de la Corte Suprema.
Tras la primera etapa, los jueces deben emitir su resolución
de acusación o absolución de los implicados. Si hay
inconformidad las partes pueden apelar. Luego viene la
sentencia.
Algunas denuncias que esperan trámite
Sobre Alfredo Adum: se detectó un perjuicio de 2.407 millones
de sucres por evasión en los muelles, propaganda política,
contrataciones ilícitas, adquisición de materiales inservibles
y servicios radiales.
Los dólares de María R. Pulley: se observaron incongruencias
en las inversiones en sucres y dólares por parte de Bucaram y
su esposa, entre enero de 1994 y abril de 1997. La Comisión
pidió a la Superintendencia de Bancos un examen especial para
establecer el origen de los recursos con los cuales la ex
Primera Dama adquirió USD 705.270.
Las evasiones de Bucaram: no hubo concordancia entre lo
declarado por Abdalá Bucaram, respecto a sus patrimonio y
rentas, y lo que él mismo dijo tener a la revista Vistazo.
El contrato Ecuapower: su aplazamiento a enero de 1997 resultó
en una suscripción entre 37 y 50 por ciento más cara de lo
previsto para agosto de 1996.
Franklin Verduga y la CTG: el ex diputado del PSC usó su poder
político para influir en las decisiones de la Comisión de
Tránsito del Guayas.
Contrabando: llegaron vehículos desde Chile, con valores 5
veces menores a los reales. Se detectaron importaciones con
documentos falsos que pretendieron ingresar en marzo.
La Contraloría se estrelló contra un muro...
La Constitución se acopló a la realidad: así se justificó la
eliminación de la facultade de glosar (pedir la devolución de
dinero) de la Contraloría.
Algo de verdad hay en ese argumento. La Ley Orgánica de
Administración Financiera y Control determinaba que la
Contraloría glose cuando encuentre manejos irregulares de los
recursos estatales. Sin embargo, las glosas no eran firmes.
Los presuntos corruptos podían apelar tres veces al organismo,
sin contar con la presentación de pruebas de descargo, que se
hace antes de que se apruebe un examen especial.
Si se ratifica el resultado queda un último recurso: apelar al
Tribunal de lo Contencioso, que tiene la decisión final. En el
camino se desvanece cerca del 90% de las glosas. Por eso, se
sostiene que las glosas de la Contraloría nunca fueron firmes.
Lógica de doble filo: la solución no era dar más poder a
Contraloría para hacer efectivo el cobro: había que quitarle
para institucionalizar la evasión.
El problema se agrava con los compromisos políticos en los que
puede estar el Contralor. No hay que olvidar que su nominación
lo ata al Congreso. Aquí el Presidente tiene su promesa:
enviar un proyecto de reforma constitucional y legal. (Texto
tomado de EL COMERCIO)
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