Quito. 07 nov 97. El Conam presentó el martes sus objeciones a
las reformas. El Congreso no puede tramitarlas sin que el
Gobierno defina una posición clara.
El impulso que tomó el tema eléctrico a raíz de los apagones,
curiosamente se estanca con la terminación de los cortes de
luz.
El problema radica nuevamente en una contradicción de dos
organismos al interior del Gobierno: el Ministerio de Energía
por un lado y el Consejo Nacional de Modernización (Conam) por
otro.
Las diferencias son de fondo y versan sobre las reformas que
envió el Ejecutivo sobre la Ley de régimen del Sector
Eléctrico.
Lo principal se refiere al tema de concesiones. Mientras el
Conam prefiere dejar la Ley tal como está, el Ministerio de
Energía pretende reformarla para que funcione la figura del
BOT, es decir, construir, operar y transferir al Estado.
Bajo la ley vigente funciona el sistema BOO, o sea, construir,
operar y transferir a otro operador privado.
El presidente de la Comisión de lo Económico del Congreso,
Juan Manuel Fuertes, señaló la semana anterior su intención de
tramitar estas reformas hasta el miércoles pasado. Sin
embargo, el día previo, el Conam le hizo llegar sus
observaciones a las reformas eléctricas, las cuales son
totalmente contradictorias a lo que se pretende aprobar.
¿Cómo puede el Gobierno Nacional enviar reformas sin que
previamente haya un consenso a su interior?
Lo sucedido revela que las decisiones del Presidente, o no se
respetan o no se las conocen.
Para dar una salida a este inconveniente, Fuertes señaló que
convocará a una reunión, tanto a un representante del Conam
como del Ministerio de Energía. De ahí se intentará conseguir
un consenso.
Pero el mismo Fuertes duda que se dé un acuerdo, al menos en
el plazo que se necesita. Por esta razón demandó del
presidente Alarcón una definición clara sobre el tema.
"Mientras eso no suceda, la Comisión está imposibilitada de
presentar el informe para segundo y definitivo debate".
El Conam considera que la reforma al artículo 29 resta
transparencia al proceso de concesión ya que elimina que las
licitaciones se realicen mediante procesos públicos. Sin
embargo, y al contrario de lo que señala el Conam, la reforma
del artículo 40 señala que los proyectos a ser concesionados
por el Conelec mediante licitación pública, serán aquellos que
consten en el Plan Maestro de Electrificación aprobado por el
Conelec. Señala también que el sector privado podrá proponer,
a su riesgo, el desarrollo de otros proyectos alternativos que
deberán ser previamente aprobados por el Conelec. En este
caso, pasarán a formar parte del Plan Nacional de
Electrificación y serán ejecutados por el proponente sin
necesidad de licitación ni concurso. Este es el caso, por
ejemplo, del proyecto TermOriente ubicado junto a la refinería
en Shushufindi, el mismo que generará 270 megavatios en el
2000.
Otro artículo de la Ley que se quiere reformar es respecto al
procedimiento que se sigue cuando la concesión termina.
En la parte que interesa, la reforma plantea que, al terminar
el período de concesión de un proyecto, quien lo operó puede
participar en la nueva licitación.
El valor que cancelará el nuevo dueño será íntegramente del
Estado y formará parte del Fondo de Solidaridad, salvo que el
contrato original contemple el derecho de reposición de un
valor residual al antiguo operador.
El Conam dice que la reforma no toma en cuenta que, si no
existe valor residual a favor del concesionario saliente, la
amortización del proyecto será más elevada. Esto a su vez
provocaría un encarecimiento del precio de venta de la energía
generada.
El modelo de concesión, según la reforma, implica que el
Estado deba garantizar una rentabilidad, como sucede con
Emelec, situación que está prohibido en la Ley, dice el Conam.
Ahí se señala que el Gobierno, bajo ningún concepto
garantizará a los generadores la producción, precio y mercado
de energía.
¿Los proyectos dependen de reformas?
Según el ex subsecretario de Electrificación, Diego Bonifaz,
las reformas a la Ley Eléctrica son básicas para que en la
práctica funcione la figura de concesiones BOT. Este es el
caso, por ejemplo, de San Francisco. Todos los estudios y
trabajos realizados apuntan a concesionarlo bajo esta
modalidad. Nueve de los diez consorcios que fueron invitados
para ofertar en este proyecto enviaron sus cartas de
aceptación. Eso quiere decir que los pasos hechos por la
actual administración van por el camino correcto.
Adicionalmente es necesario introducir las garantías de
compra-venta de energía para atraer la inversión nacional y
extranjera, dijo Bonifaz.
Sin embargo, el Conam no lo cree asi. "Si se piensa que esta
reforma facilitará la obtención de propuestas para proyectos
como el San Francisco se está en un error, pues dicho proyecto
está regido por normas ya establecidas". Para ellos, el
cambiar las reglas de juego resulta inconveniente. Señalan que
esta opinión concuerda con los criterios establecidos por los
consultores de Onudi contratados por el Inecel para la
preparación de los documentos precontractuales.
Bonifaz señaló antes de su renuncia que, la asesoría
internacional, de la que se deriva las reformas actuales,
fueron apoyadas y promovidas por estos organismos. La
principal discordia era en el reglamento, pero este ya fue
aprobado.
Inconstitucionalidad * Funcionarios del Conam trataron de
disuadir al TC
La Ley Eléctrica pierde 7 artículos
No se podrá transferir acciones de la estatal eléctrica, ni
establecer sociedades anónimas en el sector. El Congreso debe
reformar los artículos anulados.
La Ley de Régimen del Sector Eléctrico quedó con algunos
vacíos, luego de la resolución adoptada ayer por el Tribunal
Constitucional (TC), de declarar inconstitucionales siete de
sus 40 artículos.
Tres de los declarados inconstitucionales son los más
importantes: una parte del artículo cuarto, el artículo 26 y
el artículo 36, que se refieren a la delegación de actividades
eléctricas al sector privado, la creación de sociedades
anónimas dentro del sector y la transferencia parcial de
acciones de Inecel.
Los otros se relacionan entre sí y fueron objetados por
cuestiones de forma.
Ahora le toca al Congreso Nacional, según lo sostuvo Vicente
Burneo, presidente del organismo de control, llenar esos
vacíos aprobando nuevos artículos de esa Ley.
Esa sería una salida que el TC encontró para no "destruir" la
Ley y poder plantear de mejor manera los mismos conceptos a
los que se oponen los trabajadores.
Pero, ¿la resolución quiere decir que no se puede privatizar
nada en el área de electricidad? Según Burneo, no. "Sí serán
posibles todos los procedimientos de la ley. La palabra
privatización no consta en la ley, sino la conformación de
compañías anónimas. No se ha destruido el sistema de
modernización, todo lo contrario, se lo ha convalecido. De
aquí en adelante sabe todo el Ecuador qué es constitucional y
qué no".
Sin embargo, la resolución trae aún diferencias en la
interpretación entre los mismos vocales.
Para los dirigentes sindicales, así como para algunos miembros
del Tribunal, entre ellos, Jorge González, vocal de Pachakutik
y Darwin Muñoz, del MPD, lo seguro es que de la resolución se
desprende que Inecel no podrá ser privatizado nunca.
"Las concesiones en sectores donde no haya inversiones del
Estado sí", según Juan Mora, presidente del Comité de Empresa
de los Trabajadores de Inecel (Ceti).
"La conformación de compañías anónimas no se hace mediante el
procedimiento de ventas, sino de aportes de capitales; y el
que aporta, que es el Estado, no ha perdido la titularidad
sobre las acciones", sostuvo Burneo, mientras que los
trabajadores afirman que eso significa una transferencia
definitiva del dominio del bien del Estado, es decir,
privatización. Además, según Burneo, más de 31 artículos han
sido declarados constitucionales, lo que quiere decir que la
Ley mantiene su espíritu original, de atraer a la inversión
extranjera.
El martes de la próxima semana se tendrá listo el texto de la
resolución, de cuya redacción depende el verdadero contenido
de la decisión del TC.
La demora en redactar la resolución final se debió, según el
titular del organismo, a que cada artículo declarado como
inconstitucional irá al Congreso con su respectiva explicación
de los motivos.
Además, dio a entender que se adjuntarán algunos "criterios"
al Congreso para la formulación de los nuevos artículos.
Para llegar a este resultado, el Pleno del organismo conoció
dos informes provenientes de la segunda comisión, que trató la
demanda.
En un informe, el de mayoría, se defendía la
constitucionalidad de toda la ley; el de minoría apoyaba la
posición de los trabajadores, calificando como
inconstitucionales 15 artículos; éste habría sido presentado
por González (Pachakutik).
Durante algunas horas de la mañana, los vocales fueron
abordados por representantes del Consejo Nacional de
Modernización (Conam), que buscaban ganar razón en su posición
de que toda la Ley era constitucional. Algunos de los vocales
del TC tomaron la presencia insistente de estos funcionarios
como una forma de presión. (Texto tomado de El Comercio)
las reformas. El Congreso no puede tramitarlas sin que el
Gobierno defina una posición clara.
El impulso que tomó el tema eléctrico a raíz de los apagones,
curiosamente se estanca con la terminación de los cortes de
luz.
El problema radica nuevamente en una contradicción de dos
organismos al interior del Gobierno: el Ministerio de Energía
por un lado y el Consejo Nacional de Modernización (Conam) por
otro.
Las diferencias son de fondo y versan sobre las reformas que
envió el Ejecutivo sobre la Ley de régimen del Sector
Eléctrico.
Lo principal se refiere al tema de concesiones. Mientras el
Conam prefiere dejar la Ley tal como está, el Ministerio de
Energía pretende reformarla para que funcione la figura del
BOT, es decir, construir, operar y transferir al Estado.
Bajo la ley vigente funciona el sistema BOO, o sea, construir,
operar y transferir a otro operador privado.
El presidente de la Comisión de lo Económico del Congreso,
Juan Manuel Fuertes, señaló la semana anterior su intención de
tramitar estas reformas hasta el miércoles pasado. Sin
embargo, el día previo, el Conam le hizo llegar sus
observaciones a las reformas eléctricas, las cuales son
totalmente contradictorias a lo que se pretende aprobar.
¿Cómo puede el Gobierno Nacional enviar reformas sin que
previamente haya un consenso a su interior?
Lo sucedido revela que las decisiones del Presidente, o no se
respetan o no se las conocen.
Para dar una salida a este inconveniente, Fuertes señaló que
convocará a una reunión, tanto a un representante del Conam
como del Ministerio de Energía. De ahí se intentará conseguir
un consenso.
Pero el mismo Fuertes duda que se dé un acuerdo, al menos en
el plazo que se necesita. Por esta razón demandó del
presidente Alarcón una definición clara sobre el tema.
"Mientras eso no suceda, la Comisión está imposibilitada de
presentar el informe para segundo y definitivo debate".
El Conam considera que la reforma al artículo 29 resta
transparencia al proceso de concesión ya que elimina que las
licitaciones se realicen mediante procesos públicos. Sin
embargo, y al contrario de lo que señala el Conam, la reforma
del artículo 40 señala que los proyectos a ser concesionados
por el Conelec mediante licitación pública, serán aquellos que
consten en el Plan Maestro de Electrificación aprobado por el
Conelec. Señala también que el sector privado podrá proponer,
a su riesgo, el desarrollo de otros proyectos alternativos que
deberán ser previamente aprobados por el Conelec. En este
caso, pasarán a formar parte del Plan Nacional de
Electrificación y serán ejecutados por el proponente sin
necesidad de licitación ni concurso. Este es el caso, por
ejemplo, del proyecto TermOriente ubicado junto a la refinería
en Shushufindi, el mismo que generará 270 megavatios en el
2000.
Otro artículo de la Ley que se quiere reformar es respecto al
procedimiento que se sigue cuando la concesión termina.
En la parte que interesa, la reforma plantea que, al terminar
el período de concesión de un proyecto, quien lo operó puede
participar en la nueva licitación.
El valor que cancelará el nuevo dueño será íntegramente del
Estado y formará parte del Fondo de Solidaridad, salvo que el
contrato original contemple el derecho de reposición de un
valor residual al antiguo operador.
El Conam dice que la reforma no toma en cuenta que, si no
existe valor residual a favor del concesionario saliente, la
amortización del proyecto será más elevada. Esto a su vez
provocaría un encarecimiento del precio de venta de la energía
generada.
El modelo de concesión, según la reforma, implica que el
Estado deba garantizar una rentabilidad, como sucede con
Emelec, situación que está prohibido en la Ley, dice el Conam.
Ahí se señala que el Gobierno, bajo ningún concepto
garantizará a los generadores la producción, precio y mercado
de energía.
¿Los proyectos dependen de reformas?
Según el ex subsecretario de Electrificación, Diego Bonifaz,
las reformas a la Ley Eléctrica son básicas para que en la
práctica funcione la figura de concesiones BOT. Este es el
caso, por ejemplo, de San Francisco. Todos los estudios y
trabajos realizados apuntan a concesionarlo bajo esta
modalidad. Nueve de los diez consorcios que fueron invitados
para ofertar en este proyecto enviaron sus cartas de
aceptación. Eso quiere decir que los pasos hechos por la
actual administración van por el camino correcto.
Adicionalmente es necesario introducir las garantías de
compra-venta de energía para atraer la inversión nacional y
extranjera, dijo Bonifaz.
Sin embargo, el Conam no lo cree asi. "Si se piensa que esta
reforma facilitará la obtención de propuestas para proyectos
como el San Francisco se está en un error, pues dicho proyecto
está regido por normas ya establecidas". Para ellos, el
cambiar las reglas de juego resulta inconveniente. Señalan que
esta opinión concuerda con los criterios establecidos por los
consultores de Onudi contratados por el Inecel para la
preparación de los documentos precontractuales.
Bonifaz señaló antes de su renuncia que, la asesoría
internacional, de la que se deriva las reformas actuales,
fueron apoyadas y promovidas por estos organismos. La
principal discordia era en el reglamento, pero este ya fue
aprobado.
Inconstitucionalidad * Funcionarios del Conam trataron de
disuadir al TC
La Ley Eléctrica pierde 7 artículos
No se podrá transferir acciones de la estatal eléctrica, ni
establecer sociedades anónimas en el sector. El Congreso debe
reformar los artículos anulados.
La Ley de Régimen del Sector Eléctrico quedó con algunos
vacíos, luego de la resolución adoptada ayer por el Tribunal
Constitucional (TC), de declarar inconstitucionales siete de
sus 40 artículos.
Tres de los declarados inconstitucionales son los más
importantes: una parte del artículo cuarto, el artículo 26 y
el artículo 36, que se refieren a la delegación de actividades
eléctricas al sector privado, la creación de sociedades
anónimas dentro del sector y la transferencia parcial de
acciones de Inecel.
Los otros se relacionan entre sí y fueron objetados por
cuestiones de forma.
Ahora le toca al Congreso Nacional, según lo sostuvo Vicente
Burneo, presidente del organismo de control, llenar esos
vacíos aprobando nuevos artículos de esa Ley.
Esa sería una salida que el TC encontró para no "destruir" la
Ley y poder plantear de mejor manera los mismos conceptos a
los que se oponen los trabajadores.
Pero, ¿la resolución quiere decir que no se puede privatizar
nada en el área de electricidad? Según Burneo, no. "Sí serán
posibles todos los procedimientos de la ley. La palabra
privatización no consta en la ley, sino la conformación de
compañías anónimas. No se ha destruido el sistema de
modernización, todo lo contrario, se lo ha convalecido. De
aquí en adelante sabe todo el Ecuador qué es constitucional y
qué no".
Sin embargo, la resolución trae aún diferencias en la
interpretación entre los mismos vocales.
Para los dirigentes sindicales, así como para algunos miembros
del Tribunal, entre ellos, Jorge González, vocal de Pachakutik
y Darwin Muñoz, del MPD, lo seguro es que de la resolución se
desprende que Inecel no podrá ser privatizado nunca.
"Las concesiones en sectores donde no haya inversiones del
Estado sí", según Juan Mora, presidente del Comité de Empresa
de los Trabajadores de Inecel (Ceti).
"La conformación de compañías anónimas no se hace mediante el
procedimiento de ventas, sino de aportes de capitales; y el
que aporta, que es el Estado, no ha perdido la titularidad
sobre las acciones", sostuvo Burneo, mientras que los
trabajadores afirman que eso significa una transferencia
definitiva del dominio del bien del Estado, es decir,
privatización. Además, según Burneo, más de 31 artículos han
sido declarados constitucionales, lo que quiere decir que la
Ley mantiene su espíritu original, de atraer a la inversión
extranjera.
El martes de la próxima semana se tendrá listo el texto de la
resolución, de cuya redacción depende el verdadero contenido
de la decisión del TC.
La demora en redactar la resolución final se debió, según el
titular del organismo, a que cada artículo declarado como
inconstitucional irá al Congreso con su respectiva explicación
de los motivos.
Además, dio a entender que se adjuntarán algunos "criterios"
al Congreso para la formulación de los nuevos artículos.
Para llegar a este resultado, el Pleno del organismo conoció
dos informes provenientes de la segunda comisión, que trató la
demanda.
En un informe, el de mayoría, se defendía la
constitucionalidad de toda la ley; el de minoría apoyaba la
posición de los trabajadores, calificando como
inconstitucionales 15 artículos; éste habría sido presentado
por González (Pachakutik).
Durante algunas horas de la mañana, los vocales fueron
abordados por representantes del Consejo Nacional de
Modernización (Conam), que buscaban ganar razón en su posición
de que toda la Ley era constitucional. Algunos de los vocales
del TC tomaron la presencia insistente de estos funcionarios
como una forma de presión. (Texto tomado de El Comercio)
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