Cerca de $1 millón se trasladaron del Ministerio de Bienestar Social de los fondos para atención infantil para la construcción de obras en escenarios deportivos. El Banco Interamericano de Desarrollo advirtió con suspender la entrega de $100 millones del Préstamo Sectorial Social si los cambios en el Fodi y el PNN no se ajustasen a las condiciones de los convenios suscritos
Vargas se llena de denuncias
El Ministro de Bienestar Social podría afrontar un juicio político si no explica las razones para nombrar dos directores en sendos programas de carácter técnico y que cuentan con apoyo del BID
El ministro de Bienestar Social tiene dos advertencias que le pueden costar un juicio político y hasta su destitución. La primera es del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sus autoridades señalan que si no se cumplen con los requerimientos técnicos para la designación de funcionarios de los programas de desarrollo y atención infantil, podría suspenderse la asignación de $100 millones restantes del Préstamo Sectorial Social, que en total suma $200 millones.
La otra advertencia es del propio Gobierno. El subsecretario de Programación de la Inversión Pública encargado, Diego Martínez, comunicó a Vargas, el 17 de agosto, que "el incumplimiento de las acciones previstas en el convenio de crédito con el BID ocasionaría que el resto de desembolsos que el país mantiene con dicho organismo se vieran suspendidos de manera inmediata".
Es más, en un comunicado del 24 de junio de 2004, la representante del BID en Ecuador, Dora Currea, le comenta que no considera "adecuado introducir cambios repentinos en la Unidad Coordinadora (del Programa Nuestros Niños)", pues, en caso de presentarse vacantes, "deberán ser llenados luego de un proceso de selección competitiva cumpliendo las normas y requerimientos del Programa y el BID".
Y a eso se suma la denuncia de que se tranfirieron fondos del Fondo de Desarrollo Infantil (Fodi) y del Plan Esperanza II (auspiciado por la Corporación Andina de Fomento y como contraparte local, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana) a la Secretaría Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación, para ser invertidos en obras en varios escenarios deportivos (ver recuadro).
El "pretexto" para fiscalizar la labor de Vargas la dio la destitución del director ejecutivo del Programa Nuestros Niños (PNN), Gonzalo Bonilla, y del coordinador general del Fodi, Fernando Sánchez. Estas destituciones, según Vargas, obedecen a la necesidad de mejorar la gestión. Y también considera que es "víctima de una verdadera persecución política por parte de conocidos grupos políticos y de burócratas dorados, cuya intención es la de caotizar al país y lograr prebendas particulares".
Es que Vargas, para colocar, el 21 de junio último, en esos cargos a sus hombres de confianza (Pedro Bagua, director del PNN, y Silverio Chisaguano, al frente del Fodi), no tomó en cuenta las condiciones impuestas por el BID para la creación del Fodi y la culminación del PNN, el 19 de diciembre. Además, las destituciones fueron por acuerdo ministerial cuando los contratos del PNN y Fodi son de consultoría y están sujetos a la Ley de Consultoría, dicen los perjudicados.
Y la gota que derramó el vaso fue la tranferencia de $10 millones del PNN al programa Operación Rescate Infantil (ORI) la semana pasada.
El argumento de Vargas es que con ese dinero se amplía la cobertura a 80 mil niños. Los directivos del PNN dicen que esa transferencia perjudica a más de 110 mil niños, se afecta el trabajo de 104 organizaciones, perderían su empleo 4 000 personas y se detienen los programas de 44 municipios.
Lo que las partes confrontan son argumentos para la designación del personal.
El subsecretario de Desarrollo Social Rural y Urbano Marginal del Ministerio de Bienestar Social, Manuel Chugchilán, dice que las personas designadas por Vargas son "estudiadas, capacitadas, con más sacrificio que cualquier otra persona y, sobre todo, conocen la realidad, porque la pobreza ellos la han vivido". Y acusa de no imparcial al BID, pues no pidió los mismos requisitos para Sánchez y Bonilla: "¿Por qué la discriminación, acaso es el racismo, porque son dos indígenas?", los designados por Vargas, comenta Chugchilán.
Bonilla y Sánchez señalan que Bagua tiene una denuncia de mal manejo de fondos en 1996 y no está capacitado para el cargo, al igual que Chisaguano, quien ostenta un título de máster en Ciencias Sociales.
Por lo pronto, el subsecretario de Bienestar Social, Bolívar González, encargado en Quito de esa cartera, suspendió los nombramientos. (OP)
¿Adónde fue la plata?
El Ministerio de Bienestar Social autorizó, vía resolución, aprobada por la Cartera de Economía, rebajar el presupuesto del Fodi y del proyecto Esperanza II por $1 millón para que fueran trasladados a la Corporación Regional de Desarrollo de El Oro y para la Secretaría Nacional del Deporte.
La modificación autorizada, que consta en un documento del Ministerio de Economía, firmada por Vicen Páez, subsecretario general de Coordinación, asciende a $720 000, "servirá para que la Secretaría Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación transfiera los recursos a la ejecución de los proyectos: construcción de la cancha de fútbol, cerramiento y sistema de riego en el complejo deportivo Homero Andrade-Liga Cantonal de Chone ($157 971); construcción de cancha de fútbol, cerramiento, sistema de riego, tribuna y graderío en el club Magaly Masson-Cantón Chone ($192 020); construcción de cancha de césped, cerramiento, tribuna, graderíos, camerinos, cisterna y tanque séptico en el estadio municipal del cantón Pichincha, Manabí ($220 000); y construcción de cerramiento en el estadio de fútbol de la Liga Deportiva Cantonal de Pajan ($150 000)".
Este documento fue aprobado el 23 de julio último para que se cumpliera e incorporara como parte del presupuesto de esa entidad durante el presente ejercicio presupuestario. (OP)
Los otros frentes
Antonio Vargas respondió a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y al Congreso Nacional, ante los requerimientos de que se cumplieran con los compromisos adquiridos por el Ministerio de Bienestar Social: "No se atrasarán las asignaciones", dijo.
En todo caso, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Antonio Arregui, acusó a Vargas por no entregar los recursos comprometidos para la ejecución de los planes Solidaridad y Esperanza II. En estos proyectos están contemplados 150 programas de atención infantil y se benefician alrededor de 500 mil niños en todo el país.
Ante la amenaza de un enjuiciamiento político, por parte del diputado chimboracense Rodrigo García (Pachakutik), Vargas declaró que se trataba de una simple revancha política y acotó: "Acudiré a todo llamado que me haga el Congreso Nacional y cualquier otro organismo de control, puesto que soy un hombre apegado al Derecho y mi accionar se identifica con el bienestar y progreso del país".
García pide se le demuestre y fundamente la capacidad técnica de su equipo asesor, los procesos de selección y contratación de personal nuevo en la Secretaría Técnica del Frente Social y de los programas del Ministerio de Bienestar Social. Además, que se expliquen las razones que le llevaron a incumplir con los acuerdos del Gobierno con el BID. (OP))
La dispersión domina en la atención a los infantes
Los actores del proceso de desarrollo de los niños coinciden que, con la misma cantidad de dinero actual, se podría atender a todos los menores.
En nombre de los niños del país se han creado decenas de organizaciones y entidades para trabajar en función de su desarrollo. Y la disputa que esta semana se produjo entre quienes defienden al ministro Antonio Vargas y los dirigentes de las organizaciones no gubernamentales reveló la dispersión de tareas y recursos, que se intenta corregir con la implementación y puesta en marcha del Fondo de Desarrollo Infantil (Fodi).
En Ecuador existen 1 336 860 niños, entre 0 y 5 años. De ellos, 819 495 están en situación de pobreza y solo son atendidos 230 148 por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con un presupuesto que bordea los $70 millones anuales.
Esos fondos provienen de los programas impulsados por el Instituto Nacional del Niño y la Familia (Innfa), Programa Nacional de Educación Pre Escolar (Pronepe) y del Programa Nuestros Niños (PNN).
El PNN tiene contrato con 104 organizaciones no guberanmentales, municipios, consejos provinciales, organizaciones religiosas y populares, todas con personería jurídica.
El programa Operación Rescate Infantil (ORI) atiende a 46 mil niños, de los cuales 4 500 son en contrato con el PNN, pero el año 2003, solo 12 provincias reportaron información sobre el número de niños que atienden, a pesar de que tienen organización en las 22 provincias.
Solamente el 21% de los centros infantiles del ORI están en las 220 parroquias más pobres del país. Eso significa que existe un error de focalización y no están atendiendo a los niños más pobres del país. Se debe corregir la falta de atención.
Y en toda la polémica está en discusión el modelo de trabajo y gestión con el que laboran cada una de las organizaciones. Por eso, las entidades internacionales de crédito han condicionado la entrega de recursos a someterse a un modelo donde se subasten los proyectos para que puedan responder a requerimientos técnicos y evaluaciones regulares sobre la base de parámetros definidos. Incluso la fiscalización adoptaría esquemas que garanticen un cumplimiento cabal de los proyectos para evitar el uso clientelar y político.
Por ejemplo, no se han actualizado los estudios para definir la situación de pobreza de algunas zonas del país. El Guasmo, en Guayaquil, era una zona de extrema pobreza hace 20 años, pero ahora, en sus alrededores, se encuentran los sectores de mayor riesgo. Lo mismo ocurre con La Ferroviaria y La Colmena en Quito. (OP)
LOS DATOS
Los mecanismos de asignación, transferencia, utilización y control de los recursos del plan Operación Rescate Infantil (ORI) "no son eficientes para el cumplimiento de la delegación que el Estado le ha confiado", dice el informe ejecutivo de 2003.
"Las falencias en el control interno posibilitan el descontrol de los recursos asignados y fomentan el desvío de los recursos hacia fines particulares", explica el documento.
En el año 2002, el ORI solo ejecutó el 71% de su presupuesto, pero, en remuneraciones y deudas pendientes de pago, si se ejecutaron en un 100%.
El ORI, con $21 millones, atiende a 103 200 niños. El Programa Nuestros Niños, con $14 millones, atiende a 125 000 niños, según señala el documento de evaluación sobre el ORI. (OP)
No se explican los gastos en hotel y refrigeradoras
A partir de la disputa entre organizaciones, proliferan las denuncias sobre contratos de personal no capacitado, como asesores que "hacen" de choferes
Las denuncias sobre irregularidades en la contratación de personal vinculado a las organizaciones afines al ministro de Bienestar Social y el uso de recursos para destinos particulares, comenzaron a proliferar desde la semana pasada.
Una de ellas indica que Antonio Vargas utilizó dinero de su Ministerio para pagar las cuentas de hospedaje en el hotel Tambo Real, de Quito. De acuerdo con la factura 001-001, número 0040166, emitida el 8 de agosto de 2004, obtenida por BLANCO Y NEGRO, Vargas pagó por ese concepto, entre el 7 y 8 de agosto, $1 592,40. En el desglose se detalla el consumo de cafetería y habitación.
Asimismo, varias organizaciones de apoyo al desarrollo infantil denuncian el uso indebido de fondos públicos con la contratación de personal no calificado, como asesores, que hacen tareas de choferes y asistentes. Consultado el personal en el ministerio de Bienestar Social, se comprobó que Carlos Cuji, Gonzalo Saravia, Joel Álava y Marco Santy (primo de Antonio Vargas) ganan sueldos de entre $1 000 y $2 000.
En cambio, las autoridades de Bienestar Social acusan a los funcionarios del Programa Nuestros Niños (PNN) y del Fondo de Desarrollo Infantil (Fodi) de cobrar sueldos entre $2 000 y $ 3000.
Además, está en estudio la supuesta entrega indebida de 400 refrigeradoras, por parte del PNN, a los centros de cuidado diario infantil a cargo del programa Operación Rescate Infantil y el Instituto Nacional del Niño y la Familia (Innfa).
De acuerdo con el informe preliminar de la Contraloría General del Estado, "se evidenció que algunos centros cuentan con dos refrigeradoras que no han sido reportadas por el técnico asignado y el caso del ORI que mantiene 25 refrigeradoras en bodegas". (OP))
PUNTO DE VISTA
El futuro del país está hipotecado
Los niños son un buen negocio para un "batallón" de "guagólogos", según se desprende de las cifras de personal involucrado y recursos destinados.
Visto en perspectiva, la atención infantil tiene dinero, planes y personal suficiente como para resolver los problemas básicos de casi 1 millón de niños ecuatorianos pobres. Entonces, ¿por qué la situación no mejora y, contrariamente, se observa una agudización de la pobreza?
Por un lado está la explicación que dan las autoridades de Gobierno: los técnicos y consultores ganan sueldos elevados y se gastan mucho dinero en estudios. A eso le llaman la burocracia "dorada".
Por otro, está la acusación de las organizaciones no gubernamentales de que los gobiernos de turno utilizan política y clientelarmente los recursos destinados a estos problemas.
Por tanto, urge una solución inmediata que camine por el sendero de la racionalización del dinero (en la mayoría de los casos provinientes del exterior), la tecnificación de los procesos y la fiscalización rigurosa. De no hacerlo, se corre el riesgo de derrochar dinero en nombre de los niños sin que estos sientan el efecto de algún beneficio inmediato.
Claro, la política lo contamina todo y en este caso se está hipotecando el futuro del país al sostener un grupo humano con bajas y pésimas condiciones de vida. De hecho, el futuro no se vislumbra esperanzador para todo el país por falta de sentido común. (OP) (BLANCO Y NEGRO)
Vargas se llena de denuncias
El Ministro de Bienestar Social podría afrontar un juicio político si no explica las razones para nombrar dos directores en sendos programas de carácter técnico y que cuentan con apoyo del BID
El ministro de Bienestar Social tiene dos advertencias que le pueden costar un juicio político y hasta su destitución. La primera es del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sus autoridades señalan que si no se cumplen con los requerimientos técnicos para la designación de funcionarios de los programas de desarrollo y atención infantil, podría suspenderse la asignación de $100 millones restantes del Préstamo Sectorial Social, que en total suma $200 millones.
La otra advertencia es del propio Gobierno. El subsecretario de Programación de la Inversión Pública encargado, Diego Martínez, comunicó a Vargas, el 17 de agosto, que "el incumplimiento de las acciones previstas en el convenio de crédito con el BID ocasionaría que el resto de desembolsos que el país mantiene con dicho organismo se vieran suspendidos de manera inmediata".
Es más, en un comunicado del 24 de junio de 2004, la representante del BID en Ecuador, Dora Currea, le comenta que no considera "adecuado introducir cambios repentinos en la Unidad Coordinadora (del Programa Nuestros Niños)", pues, en caso de presentarse vacantes, "deberán ser llenados luego de un proceso de selección competitiva cumpliendo las normas y requerimientos del Programa y el BID".
Y a eso se suma la denuncia de que se tranfirieron fondos del Fondo de Desarrollo Infantil (Fodi) y del Plan Esperanza II (auspiciado por la Corporación Andina de Fomento y como contraparte local, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana) a la Secretaría Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación, para ser invertidos en obras en varios escenarios deportivos (ver recuadro).
El "pretexto" para fiscalizar la labor de Vargas la dio la destitución del director ejecutivo del Programa Nuestros Niños (PNN), Gonzalo Bonilla, y del coordinador general del Fodi, Fernando Sánchez. Estas destituciones, según Vargas, obedecen a la necesidad de mejorar la gestión. Y también considera que es "víctima de una verdadera persecución política por parte de conocidos grupos políticos y de burócratas dorados, cuya intención es la de caotizar al país y lograr prebendas particulares".
Es que Vargas, para colocar, el 21 de junio último, en esos cargos a sus hombres de confianza (Pedro Bagua, director del PNN, y Silverio Chisaguano, al frente del Fodi), no tomó en cuenta las condiciones impuestas por el BID para la creación del Fodi y la culminación del PNN, el 19 de diciembre. Además, las destituciones fueron por acuerdo ministerial cuando los contratos del PNN y Fodi son de consultoría y están sujetos a la Ley de Consultoría, dicen los perjudicados.
Y la gota que derramó el vaso fue la tranferencia de $10 millones del PNN al programa Operación Rescate Infantil (ORI) la semana pasada.
El argumento de Vargas es que con ese dinero se amplía la cobertura a 80 mil niños. Los directivos del PNN dicen que esa transferencia perjudica a más de 110 mil niños, se afecta el trabajo de 104 organizaciones, perderían su empleo 4 000 personas y se detienen los programas de 44 municipios.
Lo que las partes confrontan son argumentos para la designación del personal.
El subsecretario de Desarrollo Social Rural y Urbano Marginal del Ministerio de Bienestar Social, Manuel Chugchilán, dice que las personas designadas por Vargas son "estudiadas, capacitadas, con más sacrificio que cualquier otra persona y, sobre todo, conocen la realidad, porque la pobreza ellos la han vivido". Y acusa de no imparcial al BID, pues no pidió los mismos requisitos para Sánchez y Bonilla: "¿Por qué la discriminación, acaso es el racismo, porque son dos indígenas?", los designados por Vargas, comenta Chugchilán.
Bonilla y Sánchez señalan que Bagua tiene una denuncia de mal manejo de fondos en 1996 y no está capacitado para el cargo, al igual que Chisaguano, quien ostenta un título de máster en Ciencias Sociales.
Por lo pronto, el subsecretario de Bienestar Social, Bolívar González, encargado en Quito de esa cartera, suspendió los nombramientos. (OP)
¿Adónde fue la plata?
El Ministerio de Bienestar Social autorizó, vía resolución, aprobada por la Cartera de Economía, rebajar el presupuesto del Fodi y del proyecto Esperanza II por $1 millón para que fueran trasladados a la Corporación Regional de Desarrollo de El Oro y para la Secretaría Nacional del Deporte.
La modificación autorizada, que consta en un documento del Ministerio de Economía, firmada por Vicen Páez, subsecretario general de Coordinación, asciende a $720 000, "servirá para que la Secretaría Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación transfiera los recursos a la ejecución de los proyectos: construcción de la cancha de fútbol, cerramiento y sistema de riego en el complejo deportivo Homero Andrade-Liga Cantonal de Chone ($157 971); construcción de cancha de fútbol, cerramiento, sistema de riego, tribuna y graderío en el club Magaly Masson-Cantón Chone ($192 020); construcción de cancha de césped, cerramiento, tribuna, graderíos, camerinos, cisterna y tanque séptico en el estadio municipal del cantón Pichincha, Manabí ($220 000); y construcción de cerramiento en el estadio de fútbol de la Liga Deportiva Cantonal de Pajan ($150 000)".
Este documento fue aprobado el 23 de julio último para que se cumpliera e incorporara como parte del presupuesto de esa entidad durante el presente ejercicio presupuestario. (OP)
Los otros frentes
Antonio Vargas respondió a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y al Congreso Nacional, ante los requerimientos de que se cumplieran con los compromisos adquiridos por el Ministerio de Bienestar Social: "No se atrasarán las asignaciones", dijo.
En todo caso, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Antonio Arregui, acusó a Vargas por no entregar los recursos comprometidos para la ejecución de los planes Solidaridad y Esperanza II. En estos proyectos están contemplados 150 programas de atención infantil y se benefician alrededor de 500 mil niños en todo el país.
Ante la amenaza de un enjuiciamiento político, por parte del diputado chimboracense Rodrigo García (Pachakutik), Vargas declaró que se trataba de una simple revancha política y acotó: "Acudiré a todo llamado que me haga el Congreso Nacional y cualquier otro organismo de control, puesto que soy un hombre apegado al Derecho y mi accionar se identifica con el bienestar y progreso del país".
García pide se le demuestre y fundamente la capacidad técnica de su equipo asesor, los procesos de selección y contratación de personal nuevo en la Secretaría Técnica del Frente Social y de los programas del Ministerio de Bienestar Social. Además, que se expliquen las razones que le llevaron a incumplir con los acuerdos del Gobierno con el BID. (OP))
La dispersión domina en la atención a los infantes
Los actores del proceso de desarrollo de los niños coinciden que, con la misma cantidad de dinero actual, se podría atender a todos los menores.
En nombre de los niños del país se han creado decenas de organizaciones y entidades para trabajar en función de su desarrollo. Y la disputa que esta semana se produjo entre quienes defienden al ministro Antonio Vargas y los dirigentes de las organizaciones no gubernamentales reveló la dispersión de tareas y recursos, que se intenta corregir con la implementación y puesta en marcha del Fondo de Desarrollo Infantil (Fodi).
En Ecuador existen 1 336 860 niños, entre 0 y 5 años. De ellos, 819 495 están en situación de pobreza y solo son atendidos 230 148 por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con un presupuesto que bordea los $70 millones anuales.
Esos fondos provienen de los programas impulsados por el Instituto Nacional del Niño y la Familia (Innfa), Programa Nacional de Educación Pre Escolar (Pronepe) y del Programa Nuestros Niños (PNN).
El PNN tiene contrato con 104 organizaciones no guberanmentales, municipios, consejos provinciales, organizaciones religiosas y populares, todas con personería jurídica.
El programa Operación Rescate Infantil (ORI) atiende a 46 mil niños, de los cuales 4 500 son en contrato con el PNN, pero el año 2003, solo 12 provincias reportaron información sobre el número de niños que atienden, a pesar de que tienen organización en las 22 provincias.
Solamente el 21% de los centros infantiles del ORI están en las 220 parroquias más pobres del país. Eso significa que existe un error de focalización y no están atendiendo a los niños más pobres del país. Se debe corregir la falta de atención.
Y en toda la polémica está en discusión el modelo de trabajo y gestión con el que laboran cada una de las organizaciones. Por eso, las entidades internacionales de crédito han condicionado la entrega de recursos a someterse a un modelo donde se subasten los proyectos para que puedan responder a requerimientos técnicos y evaluaciones regulares sobre la base de parámetros definidos. Incluso la fiscalización adoptaría esquemas que garanticen un cumplimiento cabal de los proyectos para evitar el uso clientelar y político.
Por ejemplo, no se han actualizado los estudios para definir la situación de pobreza de algunas zonas del país. El Guasmo, en Guayaquil, era una zona de extrema pobreza hace 20 años, pero ahora, en sus alrededores, se encuentran los sectores de mayor riesgo. Lo mismo ocurre con La Ferroviaria y La Colmena en Quito. (OP)
LOS DATOS
Los mecanismos de asignación, transferencia, utilización y control de los recursos del plan Operación Rescate Infantil (ORI) "no son eficientes para el cumplimiento de la delegación que el Estado le ha confiado", dice el informe ejecutivo de 2003.
"Las falencias en el control interno posibilitan el descontrol de los recursos asignados y fomentan el desvío de los recursos hacia fines particulares", explica el documento.
En el año 2002, el ORI solo ejecutó el 71% de su presupuesto, pero, en remuneraciones y deudas pendientes de pago, si se ejecutaron en un 100%.
El ORI, con $21 millones, atiende a 103 200 niños. El Programa Nuestros Niños, con $14 millones, atiende a 125 000 niños, según señala el documento de evaluación sobre el ORI. (OP)
No se explican los gastos en hotel y refrigeradoras
A partir de la disputa entre organizaciones, proliferan las denuncias sobre contratos de personal no capacitado, como asesores que "hacen" de choferes
Las denuncias sobre irregularidades en la contratación de personal vinculado a las organizaciones afines al ministro de Bienestar Social y el uso de recursos para destinos particulares, comenzaron a proliferar desde la semana pasada.
Una de ellas indica que Antonio Vargas utilizó dinero de su Ministerio para pagar las cuentas de hospedaje en el hotel Tambo Real, de Quito. De acuerdo con la factura 001-001, número 0040166, emitida el 8 de agosto de 2004, obtenida por BLANCO Y NEGRO, Vargas pagó por ese concepto, entre el 7 y 8 de agosto, $1 592,40. En el desglose se detalla el consumo de cafetería y habitación.
Asimismo, varias organizaciones de apoyo al desarrollo infantil denuncian el uso indebido de fondos públicos con la contratación de personal no calificado, como asesores, que hacen tareas de choferes y asistentes. Consultado el personal en el ministerio de Bienestar Social, se comprobó que Carlos Cuji, Gonzalo Saravia, Joel Álava y Marco Santy (primo de Antonio Vargas) ganan sueldos de entre $1 000 y $2 000.
En cambio, las autoridades de Bienestar Social acusan a los funcionarios del Programa Nuestros Niños (PNN) y del Fondo de Desarrollo Infantil (Fodi) de cobrar sueldos entre $2 000 y $ 3000.
Además, está en estudio la supuesta entrega indebida de 400 refrigeradoras, por parte del PNN, a los centros de cuidado diario infantil a cargo del programa Operación Rescate Infantil y el Instituto Nacional del Niño y la Familia (Innfa).
De acuerdo con el informe preliminar de la Contraloría General del Estado, "se evidenció que algunos centros cuentan con dos refrigeradoras que no han sido reportadas por el técnico asignado y el caso del ORI que mantiene 25 refrigeradoras en bodegas". (OP))
PUNTO DE VISTA
El futuro del país está hipotecado
Los niños son un buen negocio para un "batallón" de "guagólogos", según se desprende de las cifras de personal involucrado y recursos destinados.
Visto en perspectiva, la atención infantil tiene dinero, planes y personal suficiente como para resolver los problemas básicos de casi 1 millón de niños ecuatorianos pobres. Entonces, ¿por qué la situación no mejora y, contrariamente, se observa una agudización de la pobreza?
Por un lado está la explicación que dan las autoridades de Gobierno: los técnicos y consultores ganan sueldos elevados y se gastan mucho dinero en estudios. A eso le llaman la burocracia "dorada".
Por otro, está la acusación de las organizaciones no gubernamentales de que los gobiernos de turno utilizan política y clientelarmente los recursos destinados a estos problemas.
Por tanto, urge una solución inmediata que camine por el sendero de la racionalización del dinero (en la mayoría de los casos provinientes del exterior), la tecnificación de los procesos y la fiscalización rigurosa. De no hacerlo, se corre el riesgo de derrochar dinero en nombre de los niños sin que estos sientan el efecto de algún beneficio inmediato.
Claro, la política lo contamina todo y en este caso se está hipotecando el futuro del país al sostener un grupo humano con bajas y pésimas condiciones de vida. De hecho, el futuro no se vislumbra esperanzador para todo el país por falta de sentido común. (OP) (BLANCO Y NEGRO)
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