El Derecho Historico A La Autonomia


Publicado el 08/Mayo/1999 | 00:00

Guayaquil. 08 may 99. Cuando Ecuador se independizó, afirma el
jurista Miguel Macías Hurtado, la nueva república se dividió
en tres departamentos bien definidos: Guayaquil, Quito y
Azuay, los cuales en sus inicios tuvieron gobiernos autónomos.

"Guayaquil fue el primero en independizarse, por lo que fue el
Estado de Guayaquil, que tenía su propio gobierno, y que en su
Constitución hizo llamados a las demás regiones a seguir su
ejemplo", indicó.

La autonomía no nueva, asevera Macías, ya que desde ese
entonces Guayaquil era una unidad dentro de otra unidad, que
era el Ecuador.

Con este concepto concuerda Galo García Feraud, quien agrega
que el problema es que el sistema de gobierno unitario al que
se llegó, finalmente degeneró por la cantidad de excesos que
finalmente causaron el centralismo.

"El sistema unitario como concepto no es malo, si es bien
aplicado no debería ser objeto de reclamos, pero en el Ecuador
ese modelo se ha visto desfigurado", expresó.

Según Macías Hurtado, a pesar de la realidad autonómica
guayaquileña de los primeros años republicanos, la
independencia de España no implicó un verdadero cambio
respecto a la colonia, ya que con el correr de los años se
siguió con la organización que tenían ellos aquel entonces, el
estado unitario.

Indicó que además dicho modelo prevaleció por el temor
existente ante posibles invasiones de naciones extranjeras,
tanto Colombia en los primeros años como por supuesto Perú.

Aspecto legal

Macías Hurtado manifestó que para que las regiones se
autonomicen económicamente no es necesario hacer reformas
legales, ya que "con las leyes existentes, como la del 15% a
los municipios y la Ley de Descentralización es suficiente, lo
que se necesita es que el gobernante de turno tenga la
decisión política y la voluntad de aplicarlas".

No obstante, García Feraud afirmó que el problema en el país
es que se ha intentado implantar la descentralización
progresiva en lugar de la descentralización operativa.

La descentralización progresiva es aquella, dijo, que implica
leyes que luego necesitan de reglamentos y otras leyes
complementarias para aplicarse, tal es el caso de la actual
Constitución y otros cuerpos legales.

La descentralización operativa, es aquella que empieza a
funcionar inmediatamente luego de haber sido expedida la
legislación correspondiente.

Según García Feraud, el federalismo no afecta la unidad
nacional. "Uno no puede decir que en los Estados Unidos de
América o en los de México, que tienen sistemas federales, no
hay unidad nacional, especialmente este último", aseveró.

"¿Qué es lo que destruye la unidad nacional?", se preguntó.
"Es la injusticia, el irrespeto, la falta de consideración del
derecho ajeno, desarrollar un centro y olvidarse del resto",
expresó García.

Un país no puede ser fuerte cuando se desarrolla solo una
parte de su cuerpo, manifestó.

La experiencia internacional

A pesar de que en el Ecuador se han aprobado un gran número de
leyes que han tratado que la administración pública sea lo más
equitativa posible a la hora de designar rentas, es clamor
general que esas leyes no se aplican.

En otros países se han llevado a cabo procesos
descentralizadores con muchos mejores resultados.

España.- Podría considerarse como el paradigma del Estado
descentralizado ideal, que aunque no siempre fue así, hoy goza
de una estructura política administrativa que les permite
vivir de lo que cada región produce, sin descuidar al Estado
central.

El territorio español se divide en Comunidades, las cuales
gozan de autonomía.

Cada comunidad se rige a través de un Estatuto, y entre las
competencias que pueden asumir están: Organización de sus
instituciones de autogobierno; ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda; obra pública de interés local y
regional; agricultura y ganadería; construcción y explotación
hidráulica; pesca; asistencia social, sanidad e higiene; y
policía autonómica.

Para financiarse, las comunidades pueden recurrir a sus
propios impuestos; tributos cedidos por el Estado;
participaciones de los ingresos del Estado; producto de
operaciones de crédito, multas y sanciones, entre otros.

Chile.- La división territorial está hecha en regiones, cuya
administración depende de gobiernos regionales.

El gobierno regional tiene, entre otras atribuciones: Elaborar
y aprobar las políticas de desarrollo; elaborar su proyecto de
presupuesto; solicitar la transferencia de competencias y
recursos al gobierno; participar en acciones de cooperación
internacional en la región.

Puede asimismo adquirir, administrar y disponer de sus bienes
y recursos, así como supervisar y fiscalizar las obras que se
ejecuten con cargo a su presupuesto.

En cuanto a tributos, puede aplicar impuestos que graven
actividades o bienes que tengan una clara identificación
regional.

Bolivia.- El país se divide políticamente en departamentos,
provincias, secciones y cantones. Cada departamento y
municipio tienen su propio presupuesto y las rentas estatales
se dividen en nacionales, departamentales y municipales.

Aunque es el Tesoro Nacional el encargado de recaudar los
recursos de cada departamento y municipio, estos no son
centralizados en ese tesoro.

Cada departamento y municipio tienen una serie de competencias
asignadas por el poder central.

Efectos en propiedad intelectual

Los tentáculos de la centralización han llegado al campo de la
propiedad intelectual. Sigue sin integrarse el Consejo
Directivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
(IEPI), lo que impide la creación de las subdirecciones
regionales para la presentación de apelaciones y recursos de
revisión.

Mientras no se constituya el IEPI, los comités de Propiedad
Intelectual, de Obtenciones Vegetales y de Derechos de Autor
no pueden operar, causando una paralización en esta materia,
denunció el experto en propiedad intelectual, Miguel Macías
Carmigniani.

Otro elemento se suma a la situación y es que mediante el
reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual, que entró en
vigencia el 1 de febrero de 1999, se pretende convertir a las
oficinas regionales del IEPI en meros buzones de correo,
expresa Macías.

"El IEPI podrá implementar oficinas que cumplan servicios de
asesoría, información y difusión de la propiedad intelectual,
así como de recepción de documentos en provincias", señala el
literal c del artículo 2 del Reglamento.

Se desliza un error

El Consejo Directivo del IEPI debió integrarse el 19 de junio
de 1998. ¿La razón? El Consejo de Universidades y Escuelas
Politécnicas (Conuep), no ha designado a su representante.

"Entiendo que quieren designar a un prestigioso legislador, lo
cual es inconstitucional", dijo Macías.

Otra de las razones es que las cámaras de la producción
tampoco han designado a su representante, debido a que en el
artículo 353 de la ley se ha deslizado el error de que se
nombre al representante del Consejo de Cámaras y Asociaciones
de la Producción, organismo que no existe.

"Además no se han designado a tres de los siete miembros del
Consejo Directivo del IEPI y la ley exige que las resoluciones
de ese Consejo deben adoptarse con el voto favorable de al
menos cinco de sus miembros", puntualizó.

Plazo de 180 días

El experto planteó a la Business Software Alliance (BSA),
prorrogar a 180 días (hasta que se descongelen los depósitos
bancarios) el plazo concedido a las empresas de software para
que destruyan los programas piratas que puedan tener y
adquieran programas legítimos con sus correspondientes
licencias.

Torres: Gobierno se contradice

Entre lo que el Gobierno pregona en descentralización y lo que
lleva a cabo existe un gran trecho de contradicciones, afirma
el Alcalde de Ambato y presidente de la Asociación de
Municipalidades del Ecuador (AME), Luis Fernando Torres.

El titular de la AME lamentó que el Presidente de la República
no cumpla con la descentralización ni la modernización del
Estado, "no entrega a los entes seccionales el 15% del
presupuesto y ni siquiera ha elaborado la agenda de
descentralización anual que manda la Constitución en sus
disposiciones finales", refirió.

Prueba de ello es que el régimen eliminó los gastos de
operación de los municipios en un monto aproximado de 50
millones de dólares, expresó.
Otro golpe de gracia que han sufrido los municipios, dijo, es
la reducción de su participación en el presupuesto del Estado
del 11% al 9%, "fue Mahuad el que vetó el proyecto y el
Congreso se allanó", puntualizó.

La lista de incongruencias îexpresa Torresî es bastante
extensa. "Es este Gobierno el que adeuda a los municipios
ecuatorianos desde diciembre de 1998 cinco meses de
transferencias que totalizan la suma de 90 millones de
dólares", expuso.

Torres criticó la actitud del Gobierno de impedir que los
alcaldes protestaran, el pasado 22 de abril, para reclamar el
pago de sus asignaciones "militarizaron las instalaciones de
los municipios".

"Este Gobierno mantiene interventores en ciudades como
Portoviejo y está a punto de enviar otros interventores a
Zaruma y El Empalme para que esos funcionarios hagan la
gestión de alcaldes, en plena inobservancia a lo estipulado en
la Ley de Régimen Municipal", dijo.

Regionalización

Torres dijo ser partidario de una regionalización del país en
materia de descentralización.

"Los especialistas de Bolivia, España y de Colombia convocados
al foro de Manta, manifestaron algo que dejó a muchos
boquiabiertos y a otros por poco les da un ataque al corazón
al narrar que los municipios han sido en esos países los ejes
de la centralización".

En este tema, la postura de la AME es que los municipios se
conviertan en auténticos gobiernos seccionales para ejercer
una soberanía limitada en el cantón.

Para Torres resulta inaudito que un solo municipio (el
Metropolitano de Quito) maneje el tránsito y a los demás entes
el Ministerio de Gobierno les haya negado esa posibilidad.

"AME cree que sí debe discutirse la constitución de regiones
siempre y cuando la regionalización sirva para la creación de
nuevos proyectos y en el futuro, para la constitución de una
especie de unidades geopolíticas", concluyó. (Texto tomado de
El Universo)

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