Quito. 27 may 99. Un juicio iniciado entre gallos y media noche,
plagado de irregularidades, pone otra vez el dedo en la llaga de
la Justicia.
Cuando Vistazo intentó entrevistar el jueves 20 de mayo a la
jueza Isabel Segarra de Alcívar, eran las 10 de la mañana y la
funcionaria aún no llegaba a su despacho. A las 10H05, Segarra
ingresó al juzgado donde un buen grupo de abogados la esperaba
por largo rato. Minutos después, se negó a ser entrevistada
aduciendo "no tener más tiempo para perder con la prensa, pues
me he dedicado varios días a atenderla y he descuidado las
actividades del juzgado". No obstante, la jueza permaneció tan
solo media hora en su despacho, luego de lo cual salió a un
"seminario de capacitación", informaron los empleados.
Isabel Segarra de Alcívar es jueza desde febrero de 1998 y su
nombre era desconocido hasta antes de hacerse cargo del juicio
número 032-99 del Banco del Progreso. El polémico proceso se
inició a las 19h15 del 25 de marzo de este año, cuando el joven
Gabriel Marcelo Tovar Bermeo se presentó al juzgado séptimo de
lo penal del Guayas que se encontraba de turno ese día. Su
objetivo fue presentar la primera denuncia como cuentahorrista
que se sentía perjudicado por las presuntas irregularidades que
se habrían presentado en este Banco. Como si se tratara de un
asesinato o de una violación, Tovar Bermeo explicó en su denuncia
que concurre ante el juez de turno "con el objeto de evitar que
puedan desaparecer las huellas o vestigios de cualquier presunta
infracción".
IRREGULARIDADES
Desde el momento de la recepción de la denuncia comienzan las
irregularidades. La primera, "no hubo sorteo para esta causa, lo
que es ilegal y la admisión de la demanda se hizo fuera de las
horas de oficina", explica el ex presidente Osvaldo Hurtado. A
este criterio se suma Carlos Larreátegui, para quien "se eludió
la oficina de sorteos a propósito irrespetando la competencia del
proceso". Estas versiones son respaldadas por el Reglamento de
turnos rotativos que señala que durante el turno, el juez penal
solo puede conocer un delito flagrante, que son los que se
cometen en ese momento y cuyas huellas o vestigios pueden
borrarse o desaparecer. "Además -añade el constitucionalista
Fabián Corral-, en el proceso que se investiga no está tipificado
el delito. Eso es otra irregularidad".
Posteriormente, el abogado que patrocina la denuncia de Tovar,
Manuel Burbano Daquilema aseguró a diario El Universo que su
nombre había sido utilizado sin su consentimiento en este caso.
Para aumentar las contradicciones, Burbano se presentó al día
siguiente de la publicación ante un notario para declarar "que
fue presionado por la prensa" y por eso negó su participación en
este juicio.
De ahí en adelante, el proceso fue impulsado especialmente por
la parte acusada. El doctor Fernando Aspiazu se presentó ante la
jueza Isabel Segarra de Alcívar "para colaborar y dar las
facilidades necesarias para que se practiquen todas las
diligencias y pericias pertinentes", según expuso en su primer
escrito. Días después, la jueza Segarra dispuso que rindan sus
testimonios propios en Guayaquil los ex presidentes Rodrigo Borja
y Osvaldo Hurtado, los entonces integrantes del directorio del
Banco Central Patrick Barrera, Ana Lucía Coronel, Joseph
Montgomery y Modesto Correa, el ex ministro de Finanzas Fidel
Jaramillo, Carlos Larreátegui y Antonio Acosta, presidente
ejecutivo y presidente del directorio de la Asociación de Bancos
Privados, respectivamente. A ellos se sumaron los representantes
de los medios de comu- nicación Jaime Mantilla del diario Hoy,
Guadalupe Mantilla de El Comercio, Jorge Ortiz de Ecuavisa,
Vicente Olmedo y Maricarmen Ramírez de Dentro y Fuera, Fabián
Corral columnista de El Comercio, Francisco Borja de La
Televisión y Patricia Estupiñán de Burbano, de Vistazo.
Los pedidos de quienes vivían en Quito para comparecer ante los
jueces de su jurisdicción fueron negados por la jueza y la
polémica iba en aumento. Los comunicadores presentaron su
protesta ante la ministra fiscal Mariana Yépez y ante el Consejo
Nacional de la Judicatura, pidiendo la destitución de su cargo.
Finalmente, Segarra decidió receptar las declaraciones en la
propia capital de la República, cuyas notificaciones fueron
entregadas a los comunicadores por empleados del Banco del
Progreso y del abogado Vera. "Eso se llama usurpación de
funciones, por cuanto no cualquiera puede citar a los testigos
sino solamente los empleados judiciales", explica Fabián Corral.
DILIGENTES
El lunes 17 de mayo, la jueza Segarra sorprendió a los empleados
de su juzgado cuando entregó a tres de sus colaboradores los
pasajes aéreos a Quito para el viaje al día siguiente. En la
capital, la jueza prácticamente instaló su despacho en los bajos
de la Corte Suprema. "¿De qué se asombran? -se pregunta el
abogado Vera- si no es la primera vez que un juez instala su
despacho en otra ciudad". Los costos de esta iniciativa judicial,
amparada según la jueza en el artículo 24 de la Constitución
Política del Estado, corrieron por su propia cuenta, de acuerdo
a sus declaraciones. El viaje, al final, prácticamente fue en
vano, pues de todos los convocados, solo compareció Modesto
Correa, único miembro del directorio del Banco Central que
permanece en sus funciones.
Otro funcionario diligente en este caso es el fiscal séptimo
Walter Mazzini, quien solicitó a la jueza que llame a declarar
a los periodistas y políticos. "Yo los llamé a declarar porque
él lo solicitó", explicó la jueza Segarra. Aparte de este llamado
ha presentado algunos escritos más impulsando cotidianamente la
marcha de este proceso, lo que contrasta con la lenta
intervención que brinda a un gran número de juicios que se
ventilan en el mismo juzgado.
ABOGADOS
En los corrillos judiciales se asegura que Isabel Segarra fue
recomendada por el ministro de la Corte Superior de Guayaquil
Jorge Wright, de quien ella fue conjuez en 1997. Graduada en la
Universidad Estatal de Guayaquil en 1981, Segarra se inició
ejerciendo su profesión independientemente -"aunque muy poco se
la ha visto por la Corte antes de ser jueza" aseguró un colega
suyo-, y posteriormente fue asesora de los municipios de
Guayaquil entre 1986 y 1988 y del Municipio de Milagro, presidido
por el socialcristiano Líster Andrade, en 1996. Por esa misma
época fue asesora del registrador de la Propiedad de Guayaquil,
Carlos Navarrete. Finalmente fue juez encargada por poco tiempo
del juzgado penal de La Libertad.
MÁS QUEJAS
En el desempeño de sus funciones de juez, Segarra ha tenido
algunas quejas y hasta una acusación particular por extorsión y
prevaricato. La Policía Antinarcóticos del Guayas también
cuestiona su actuación en el caso de narcotráfico denominado
Lomera, en cuyos operativos cumplidos en Ecuador y Estados Unidos
se decomisaron más de 900 kilos de cocaína, que eran enviados
hacia USA vía marítima en contenedores.
A esto se suman más cuestionamientos. Actualmente, un gran número
de quejas reposan en la Presidencia de la Corte Superior a la
espera de sus trámites. Una de ellas, presentada por Máximo Pérez
Méndez, por detención arbitraria, mereció que el presidente de
la Corte Superior de Justicia, Francisco Boloña, disponga su
inmediata excarcelación, "por cuanto la detención infringe los
preceptos legales y se observa la actuación de la jueza séptima
de lo penal, recordándole su obligación de cumplir con las
disposiciones constitucionales y las normas procesales que
garantizan la libertad de los ciudadanos y que son de irrestricto
cumplimiento de todos quienes administran justicia", expuso
Boloña.
La queja más seria, no obstante, se refiere a una acusación de
prevaricato y extorsión, presentada por Carlos Arnoldo Zambrano
Medina ante la presidencia de la Corte. Zambrano acusa a la jueza
Segarra y a su asistente Víctor Hugo N.N. de exigirles dinero a
cambio de la devolución de su vehículo. "El asistente me explicó
que entregue a la jueza la cantidad que ella me solicite para
devolverme el carro, aparte de lo que debía entregarle a él",
expone Zambrano en su acusación. "La abogada Isabel Segarra de
Alcívar en su condición de jueza se hizo entregar 300.000 sucres
en moneda de curso legal, con el cuento de que me haría devolver
el vehículo marca Chevrolet San Remo". Pese a esto, asegura
Zambrano, el carro no le fue devuelto.
TODAS LAS CAUSAS
"Lo que se busca con este proceso -aseguró Osvaldo Hurtado- es
que todos los juicios que se inicien en contra de los principales
del Banco del Progreso recaigan sobre el juzgado séptimo por
haber sido el primero en conocer sobre estas causas. La jueza
Segarra es de confianza del dueño del Banco del Progreso el cual
busca protegerse de este modo". Tal protección consistiría en que
la jueza dictamine que no existe delito alguno y de esa manera
el asunto se convierta en cosa juzgada, sin opción a volverla a
plantear. No obstante, queda una ventana abierta: "Esa resolución
tendrá que obligatoriamente subir a consulta a una de las salas
de segunda instancia -explicó uno de los ministros de la Corte
Superior de Guayaquil- y ahí las fuerzas políticas están muy
divididas. Nada es seguro y cualquier cosa puede ocurrir".
Con todos estos problemas, los periodistas y demás convocados por
ella a declarar, ahora esperan el informe final de la Comisión
de Quejas del Consejo de la Judicatura, ente en donde se analizan
las irregularidades presentadas por los comunicadores pidiendo
su destitución. El trámite puede prolongarse hasta 30 días como
plazo máximo.
El caso Progreso, no obstante, puede desencadenar nuevos
procesos.Gutemberg Vera declaró a Vistazo que iniciará un juicio
penal en contra del periodista Francisco Borja Cevallos por
injurias y se reservó el derecho de acusar a otros más. Borja
calificó en el Diario Hoy a Vera de "ser un abogado sin
escrúpulos" y se preguntó si no defendió en algunos casos a
socialcristianos. Vera aclaró que fue defensor del Municipio de
Guayaquil en el caso de los "pipones".
"Lo que se busca con este proceso es que todos los juicios en
contra del Banco recaigan en este juzgado".
Existen otras quejas en contra de Segarra. Ahora, su futuro está
en manos del Consejo de la Judicatura. (Texto tomado de La
Revista Vistazo)
plagado de irregularidades, pone otra vez el dedo en la llaga de
la Justicia.
Cuando Vistazo intentó entrevistar el jueves 20 de mayo a la
jueza Isabel Segarra de Alcívar, eran las 10 de la mañana y la
funcionaria aún no llegaba a su despacho. A las 10H05, Segarra
ingresó al juzgado donde un buen grupo de abogados la esperaba
por largo rato. Minutos después, se negó a ser entrevistada
aduciendo "no tener más tiempo para perder con la prensa, pues
me he dedicado varios días a atenderla y he descuidado las
actividades del juzgado". No obstante, la jueza permaneció tan
solo media hora en su despacho, luego de lo cual salió a un
"seminario de capacitación", informaron los empleados.
Isabel Segarra de Alcívar es jueza desde febrero de 1998 y su
nombre era desconocido hasta antes de hacerse cargo del juicio
número 032-99 del Banco del Progreso. El polémico proceso se
inició a las 19h15 del 25 de marzo de este año, cuando el joven
Gabriel Marcelo Tovar Bermeo se presentó al juzgado séptimo de
lo penal del Guayas que se encontraba de turno ese día. Su
objetivo fue presentar la primera denuncia como cuentahorrista
que se sentía perjudicado por las presuntas irregularidades que
se habrían presentado en este Banco. Como si se tratara de un
asesinato o de una violación, Tovar Bermeo explicó en su denuncia
que concurre ante el juez de turno "con el objeto de evitar que
puedan desaparecer las huellas o vestigios de cualquier presunta
infracción".
IRREGULARIDADES
Desde el momento de la recepción de la denuncia comienzan las
irregularidades. La primera, "no hubo sorteo para esta causa, lo
que es ilegal y la admisión de la demanda se hizo fuera de las
horas de oficina", explica el ex presidente Osvaldo Hurtado. A
este criterio se suma Carlos Larreátegui, para quien "se eludió
la oficina de sorteos a propósito irrespetando la competencia del
proceso". Estas versiones son respaldadas por el Reglamento de
turnos rotativos que señala que durante el turno, el juez penal
solo puede conocer un delito flagrante, que son los que se
cometen en ese momento y cuyas huellas o vestigios pueden
borrarse o desaparecer. "Además -añade el constitucionalista
Fabián Corral-, en el proceso que se investiga no está tipificado
el delito. Eso es otra irregularidad".
Posteriormente, el abogado que patrocina la denuncia de Tovar,
Manuel Burbano Daquilema aseguró a diario El Universo que su
nombre había sido utilizado sin su consentimiento en este caso.
Para aumentar las contradicciones, Burbano se presentó al día
siguiente de la publicación ante un notario para declarar "que
fue presionado por la prensa" y por eso negó su participación en
este juicio.
De ahí en adelante, el proceso fue impulsado especialmente por
la parte acusada. El doctor Fernando Aspiazu se presentó ante la
jueza Isabel Segarra de Alcívar "para colaborar y dar las
facilidades necesarias para que se practiquen todas las
diligencias y pericias pertinentes", según expuso en su primer
escrito. Días después, la jueza Segarra dispuso que rindan sus
testimonios propios en Guayaquil los ex presidentes Rodrigo Borja
y Osvaldo Hurtado, los entonces integrantes del directorio del
Banco Central Patrick Barrera, Ana Lucía Coronel, Joseph
Montgomery y Modesto Correa, el ex ministro de Finanzas Fidel
Jaramillo, Carlos Larreátegui y Antonio Acosta, presidente
ejecutivo y presidente del directorio de la Asociación de Bancos
Privados, respectivamente. A ellos se sumaron los representantes
de los medios de comu- nicación Jaime Mantilla del diario Hoy,
Guadalupe Mantilla de El Comercio, Jorge Ortiz de Ecuavisa,
Vicente Olmedo y Maricarmen Ramírez de Dentro y Fuera, Fabián
Corral columnista de El Comercio, Francisco Borja de La
Televisión y Patricia Estupiñán de Burbano, de Vistazo.
Los pedidos de quienes vivían en Quito para comparecer ante los
jueces de su jurisdicción fueron negados por la jueza y la
polémica iba en aumento. Los comunicadores presentaron su
protesta ante la ministra fiscal Mariana Yépez y ante el Consejo
Nacional de la Judicatura, pidiendo la destitución de su cargo.
Finalmente, Segarra decidió receptar las declaraciones en la
propia capital de la República, cuyas notificaciones fueron
entregadas a los comunicadores por empleados del Banco del
Progreso y del abogado Vera. "Eso se llama usurpación de
funciones, por cuanto no cualquiera puede citar a los testigos
sino solamente los empleados judiciales", explica Fabián Corral.
DILIGENTES
El lunes 17 de mayo, la jueza Segarra sorprendió a los empleados
de su juzgado cuando entregó a tres de sus colaboradores los
pasajes aéreos a Quito para el viaje al día siguiente. En la
capital, la jueza prácticamente instaló su despacho en los bajos
de la Corte Suprema. "¿De qué se asombran? -se pregunta el
abogado Vera- si no es la primera vez que un juez instala su
despacho en otra ciudad". Los costos de esta iniciativa judicial,
amparada según la jueza en el artículo 24 de la Constitución
Política del Estado, corrieron por su propia cuenta, de acuerdo
a sus declaraciones. El viaje, al final, prácticamente fue en
vano, pues de todos los convocados, solo compareció Modesto
Correa, único miembro del directorio del Banco Central que
permanece en sus funciones.
Otro funcionario diligente en este caso es el fiscal séptimo
Walter Mazzini, quien solicitó a la jueza que llame a declarar
a los periodistas y políticos. "Yo los llamé a declarar porque
él lo solicitó", explicó la jueza Segarra. Aparte de este llamado
ha presentado algunos escritos más impulsando cotidianamente la
marcha de este proceso, lo que contrasta con la lenta
intervención que brinda a un gran número de juicios que se
ventilan en el mismo juzgado.
ABOGADOS
En los corrillos judiciales se asegura que Isabel Segarra fue
recomendada por el ministro de la Corte Superior de Guayaquil
Jorge Wright, de quien ella fue conjuez en 1997. Graduada en la
Universidad Estatal de Guayaquil en 1981, Segarra se inició
ejerciendo su profesión independientemente -"aunque muy poco se
la ha visto por la Corte antes de ser jueza" aseguró un colega
suyo-, y posteriormente fue asesora de los municipios de
Guayaquil entre 1986 y 1988 y del Municipio de Milagro, presidido
por el socialcristiano Líster Andrade, en 1996. Por esa misma
época fue asesora del registrador de la Propiedad de Guayaquil,
Carlos Navarrete. Finalmente fue juez encargada por poco tiempo
del juzgado penal de La Libertad.
MÁS QUEJAS
En el desempeño de sus funciones de juez, Segarra ha tenido
algunas quejas y hasta una acusación particular por extorsión y
prevaricato. La Policía Antinarcóticos del Guayas también
cuestiona su actuación en el caso de narcotráfico denominado
Lomera, en cuyos operativos cumplidos en Ecuador y Estados Unidos
se decomisaron más de 900 kilos de cocaína, que eran enviados
hacia USA vía marítima en contenedores.
A esto se suman más cuestionamientos. Actualmente, un gran número
de quejas reposan en la Presidencia de la Corte Superior a la
espera de sus trámites. Una de ellas, presentada por Máximo Pérez
Méndez, por detención arbitraria, mereció que el presidente de
la Corte Superior de Justicia, Francisco Boloña, disponga su
inmediata excarcelación, "por cuanto la detención infringe los
preceptos legales y se observa la actuación de la jueza séptima
de lo penal, recordándole su obligación de cumplir con las
disposiciones constitucionales y las normas procesales que
garantizan la libertad de los ciudadanos y que son de irrestricto
cumplimiento de todos quienes administran justicia", expuso
Boloña.
La queja más seria, no obstante, se refiere a una acusación de
prevaricato y extorsión, presentada por Carlos Arnoldo Zambrano
Medina ante la presidencia de la Corte. Zambrano acusa a la jueza
Segarra y a su asistente Víctor Hugo N.N. de exigirles dinero a
cambio de la devolución de su vehículo. "El asistente me explicó
que entregue a la jueza la cantidad que ella me solicite para
devolverme el carro, aparte de lo que debía entregarle a él",
expone Zambrano en su acusación. "La abogada Isabel Segarra de
Alcívar en su condición de jueza se hizo entregar 300.000 sucres
en moneda de curso legal, con el cuento de que me haría devolver
el vehículo marca Chevrolet San Remo". Pese a esto, asegura
Zambrano, el carro no le fue devuelto.
TODAS LAS CAUSAS
"Lo que se busca con este proceso -aseguró Osvaldo Hurtado- es
que todos los juicios que se inicien en contra de los principales
del Banco del Progreso recaigan sobre el juzgado séptimo por
haber sido el primero en conocer sobre estas causas. La jueza
Segarra es de confianza del dueño del Banco del Progreso el cual
busca protegerse de este modo". Tal protección consistiría en que
la jueza dictamine que no existe delito alguno y de esa manera
el asunto se convierta en cosa juzgada, sin opción a volverla a
plantear. No obstante, queda una ventana abierta: "Esa resolución
tendrá que obligatoriamente subir a consulta a una de las salas
de segunda instancia -explicó uno de los ministros de la Corte
Superior de Guayaquil- y ahí las fuerzas políticas están muy
divididas. Nada es seguro y cualquier cosa puede ocurrir".
Con todos estos problemas, los periodistas y demás convocados por
ella a declarar, ahora esperan el informe final de la Comisión
de Quejas del Consejo de la Judicatura, ente en donde se analizan
las irregularidades presentadas por los comunicadores pidiendo
su destitución. El trámite puede prolongarse hasta 30 días como
plazo máximo.
El caso Progreso, no obstante, puede desencadenar nuevos
procesos.Gutemberg Vera declaró a Vistazo que iniciará un juicio
penal en contra del periodista Francisco Borja Cevallos por
injurias y se reservó el derecho de acusar a otros más. Borja
calificó en el Diario Hoy a Vera de "ser un abogado sin
escrúpulos" y se preguntó si no defendió en algunos casos a
socialcristianos. Vera aclaró que fue defensor del Municipio de
Guayaquil en el caso de los "pipones".
"Lo que se busca con este proceso es que todos los juicios en
contra del Banco recaigan en este juzgado".
Existen otras quejas en contra de Segarra. Ahora, su futuro está
en manos del Consejo de la Judicatura. (Texto tomado de La
Revista Vistazo)
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