Quito. 31 may 99. El Ejecutivo ya tiene definido el borrador de
su proyecto de modernización. La propuesta sería remitida al
Congreso Nacional en esta semana.
A los 10 meses de Gobierno, ¿qué avances concretos existen, según
usted, en materia de modernización?
Internamente, el Conam ha reducido su personal y los costos han
bajado a la tercera parte. Un proyecto importante es el bono
solidario, que tiene cerca de 1,4 millones de personas que lo
cobran todos los meses. Luego tenemos una primera área que abarca
la modernización del Estado, la descentralización y la
desconcentración.
¿Qué alcance tiene cada una?
La modernización del Estado incluye un programa de eficiencia,
con programas de alta tecnología y nuevos procesos. La base es
el Sistema Integrado de Gestión Financiera (Sigef), que se
implementa en 26 entidades.
¿En descentralización qué se hace?
Trabajamos con el grupo consultor, que fue recomendado en Manta,
para la contratación de consultores internacionales que tienen
experiencia de casos en España, Argentina, Bolivia y Colombia.
También estamos contratando a una persona local para que se haga
cargo de este tema. La idea es que el proceso de desconcentración
se maneje desde Quito y la descentralización desde el Conam de
Guayaquil.
¿Quién está articulando los debates que se han registrado luego
del foro realizado en Manta?
Está preparada una agenda. Necesitamos un líder del proyecto que
se encargue exclusivamente de este tema. Tenemos algunos
candidatos, pero aún no está definido. La idea es que luego se
haga un foro provincial sobre este asunto y se recojan las
opiniones de todos, para luego elaborar una propuesta nacional.
¿El Conam la hará?
No. El Conam no diseñará la propuesta: va a recoger las
alternativas de mayor consenso para llevarlas a un debate
nacional.
¿Qué mecanismos existen para lograr la desconcentración?
La idea es que el Estado delegue responsabilidades hacia el resto
de entidades. Un ejemplo: que los ministerios entreguen mayor
campo de acción a las subsecretarías. Hay un plan de
desconcentración en algunos ministerios y están en marcha planes
piloto. Este es un tema de largo alcance y tiene resultados de
corto plazo. Siempre hay posibilidades de seguir
descentralizando. En los próximos 18 meses va a tener un impulso
muy grande.
Usted habló de una primera etapa, ¿cuáles son las siguientes?
Lo anterior es una primera etapa. Luego hay todo el tema de
concesiones, para atraer capital, hacer inversión en
infraestructura, etc. Esto va desde carreteras, agua potable,
aeropuertos... y mejorar el servicio. Una tercera área es el tema
de las privatizaciones. De ahí que modernización no es igual a
privatizaciones.
¿Cómo entra la Ley-Marco en para el desarrollo de este proceso?
Va a ayudar en los tres procesos: en la reducción del tamaño del
Estado, en las concesiones y en las privatizaciones. Es un
acelerador del proceso de modernización en general, que está muy
atrasado.
Tras los contactos de las semanas pasadas, ¿está lista la
Ley-Marco?
La Ley se ha discutido en cuatro niveles: medios de comunicación,
al interior del Gobierno, con gremios productivos y
organizaciones como las FF.AA., y a nivel político. El Presidente
expuso los conceptos de la Ley a los partidos políticos: fue un
debate amplio y hemos tenido una retroalimentación de ideas.
Ahora estamos juntando todas estas ideas en un proyecto de ley,
que lo daría a conocer el Presidente esta semana.
¿Y cuándo se enviará al Congreso?
Tengo entendido que la idea es hacerlo en esta semana.
Ahora, el Presidente envía las leyes cuando está seguro de su
aprobación. ¿Hay ese apoyo?
Hay buena aceptación de la opinión pública en dos hechos: que el
Ecuador está muy atrasado en la modernización y que hay que hacer
algo y rápido. Hay una mayoría que cree que la Ley-Marco es una
vía para ello. La otra es mandar todos los proyectos de ley al
Congreso en un solo paquete, pero no es una salida ágil. También
hay conciencia de que todos los países que han avanzado rápido
en materia de modernización han utilizado una Ley-Marco.
Argentina, Brasil, Bolivia y Perú lo hicieron.
¿Por qué se ha optado por esa fórmula para vender la Ley-Marco?
Es bueno que el país discuta primero los conceptos y principios,
porque estamos viendo el fondo y luego los detalles. Igual
sucedió con el tema de la paz con el Perú. La paz se discutió,
no por dónde pasaba la línea de frontera, sino por los beneficios
de la paz. El Congreso incluso aprobó la firma sujeto a una
opinión vinculante. Hay conciencia de los beneficios de la
modernización y lo que se consigue con la Ley-Marco.
Ahora, ¿cómo se implementará?
La Ley-Marco abarca los tres sectores antes señalados. Ayuda a
la modernización del Estado, porque facilitará la fusión de
ministerios, entidades autónomas, etc, para reducirlas y hacerlas
eficientes. Igual situación sucede en las concesiones, ya que
actualmente hay que ir ley por ley para hacer lo mismo. En el
tema de privatizaciones, el país está sentado en 3 mil millones
de dólares, que tendrían una rentabilidad de 300 millones para
el Fondo de Solidaridad, sin gastarnos el patrimonio. Esos
recursos irán a obra social, educación, salud.
¿Se puede hacer la misma gestión con las leyes actuales?
No hay que olvidar que la Ley de Modernización vigente fue hecha
al amparo de la Constitución antigua, que era muy limitante.
Ahora tenemos una nueva Carta Política que, incluso, es más
moderna que la Ley de Modernización. Hay que actualizar esta ley,
así como todas las leyes en el país. Estamos actualizando la
Ley-Marco al amparo de la actual Constitución.
¿Qué límites fija la Ley?
Primero, se define el campo de acción donde puede trabajar el
Presidente. Es más restrictiva que las de América Latina. En
Brasil, por ejemplo, la potestad de hacer cambios la tiene el
Banco Nacional de Desarrollo.
¿Pero cuáles son los principios?
Son cinco. Primero, se va actualizar la Ley a la nueva
Constitución: el nuevo marco ya lo dio la propia Constitución en
gran parte. Segundo: se definen los servicios públicos y señala
que esto es responsabilidad del Estado, que lo puede hacer por
su cuenta o delegando al sector privado. En ambos casos, la
regulación es responsabilidad del Estado. También se define en
lo que el Estado ya no puede meterse, para que se incentive la
inversión. Tercero: se definen los mecanismos de regulación y
control. Cuarto: se definen las infracciones y sanciones. Estos
dos últimos puntos van en beneficio exclusivo del usuario. Por
último, se aclara el destino de los recursos
¿En qué no debe meterse el Estado?
El Estado es muy centralista, tiene un alto nivel de corrupción
y sin un alto grado de eficiencia. Para desconcentrar y
descentralizar hay que sacar al Estado de muchas actividades en
las que no debe estar: concesiones de carreteras, generación
eléctrica, nuevos servicios telefónicos. ..
Qué es susceptible de concesionar y qué de privatizar?
No hay una receta única. Hay que ir caso por caso y dentro de
cada uno hay diferentes variedades. En unos casos puede ser venta
de activos, pero hay varias formas de vender: vía capitalización,
vía un socio estratégico, vía capitalización popular, compañías
mixtas, terciarización, etc. En cada caso contamos con la
asesoría del Banco de Inversión del Banco Mundial y de un banco
de inversión privado para cada sector. En el sector eléctrico se
escogió uno hace dos semanas. Igual se hará en
telecomunicaciones, hidrocarburos, y con el resto.
Un área sensible es la petrolera. ¿Cuál es la estrategia en este
campo?
La política original, aprobada por el Presidente, estipulaba que
Petroecuador no se privatiza. Lo que sí se hará es volverla más
eficiente, dándole un mayor grado de autonomía para que compita
en igualdad de condiciones con las compañías internacionales que
quieran invertir. El concepto que está detrás es que el petróleo
es del Estado y no de Petroecuador.
¿Petrocomercial desaparecerá?
Todo lo que sea el sector de infraestructura de servicios para
el sector (ductos, poliductos, terminales), y que pueda ser un
cuello de botella para crear un mercado competitivo, sería parte
de una empresa que vende servicios a otras. La idea es que esta
empresa dé servicios con tarifas prefijadas, en igualdad de
condiciones. (Texto tomado de El Comercio)
su proyecto de modernización. La propuesta sería remitida al
Congreso Nacional en esta semana.
A los 10 meses de Gobierno, ¿qué avances concretos existen, según
usted, en materia de modernización?
Internamente, el Conam ha reducido su personal y los costos han
bajado a la tercera parte. Un proyecto importante es el bono
solidario, que tiene cerca de 1,4 millones de personas que lo
cobran todos los meses. Luego tenemos una primera área que abarca
la modernización del Estado, la descentralización y la
desconcentración.
¿Qué alcance tiene cada una?
La modernización del Estado incluye un programa de eficiencia,
con programas de alta tecnología y nuevos procesos. La base es
el Sistema Integrado de Gestión Financiera (Sigef), que se
implementa en 26 entidades.
¿En descentralización qué se hace?
Trabajamos con el grupo consultor, que fue recomendado en Manta,
para la contratación de consultores internacionales que tienen
experiencia de casos en España, Argentina, Bolivia y Colombia.
También estamos contratando a una persona local para que se haga
cargo de este tema. La idea es que el proceso de desconcentración
se maneje desde Quito y la descentralización desde el Conam de
Guayaquil.
¿Quién está articulando los debates que se han registrado luego
del foro realizado en Manta?
Está preparada una agenda. Necesitamos un líder del proyecto que
se encargue exclusivamente de este tema. Tenemos algunos
candidatos, pero aún no está definido. La idea es que luego se
haga un foro provincial sobre este asunto y se recojan las
opiniones de todos, para luego elaborar una propuesta nacional.
¿El Conam la hará?
No. El Conam no diseñará la propuesta: va a recoger las
alternativas de mayor consenso para llevarlas a un debate
nacional.
¿Qué mecanismos existen para lograr la desconcentración?
La idea es que el Estado delegue responsabilidades hacia el resto
de entidades. Un ejemplo: que los ministerios entreguen mayor
campo de acción a las subsecretarías. Hay un plan de
desconcentración en algunos ministerios y están en marcha planes
piloto. Este es un tema de largo alcance y tiene resultados de
corto plazo. Siempre hay posibilidades de seguir
descentralizando. En los próximos 18 meses va a tener un impulso
muy grande.
Usted habló de una primera etapa, ¿cuáles son las siguientes?
Lo anterior es una primera etapa. Luego hay todo el tema de
concesiones, para atraer capital, hacer inversión en
infraestructura, etc. Esto va desde carreteras, agua potable,
aeropuertos... y mejorar el servicio. Una tercera área es el tema
de las privatizaciones. De ahí que modernización no es igual a
privatizaciones.
¿Cómo entra la Ley-Marco en para el desarrollo de este proceso?
Va a ayudar en los tres procesos: en la reducción del tamaño del
Estado, en las concesiones y en las privatizaciones. Es un
acelerador del proceso de modernización en general, que está muy
atrasado.
Tras los contactos de las semanas pasadas, ¿está lista la
Ley-Marco?
La Ley se ha discutido en cuatro niveles: medios de comunicación,
al interior del Gobierno, con gremios productivos y
organizaciones como las FF.AA., y a nivel político. El Presidente
expuso los conceptos de la Ley a los partidos políticos: fue un
debate amplio y hemos tenido una retroalimentación de ideas.
Ahora estamos juntando todas estas ideas en un proyecto de ley,
que lo daría a conocer el Presidente esta semana.
¿Y cuándo se enviará al Congreso?
Tengo entendido que la idea es hacerlo en esta semana.
Ahora, el Presidente envía las leyes cuando está seguro de su
aprobación. ¿Hay ese apoyo?
Hay buena aceptación de la opinión pública en dos hechos: que el
Ecuador está muy atrasado en la modernización y que hay que hacer
algo y rápido. Hay una mayoría que cree que la Ley-Marco es una
vía para ello. La otra es mandar todos los proyectos de ley al
Congreso en un solo paquete, pero no es una salida ágil. También
hay conciencia de que todos los países que han avanzado rápido
en materia de modernización han utilizado una Ley-Marco.
Argentina, Brasil, Bolivia y Perú lo hicieron.
¿Por qué se ha optado por esa fórmula para vender la Ley-Marco?
Es bueno que el país discuta primero los conceptos y principios,
porque estamos viendo el fondo y luego los detalles. Igual
sucedió con el tema de la paz con el Perú. La paz se discutió,
no por dónde pasaba la línea de frontera, sino por los beneficios
de la paz. El Congreso incluso aprobó la firma sujeto a una
opinión vinculante. Hay conciencia de los beneficios de la
modernización y lo que se consigue con la Ley-Marco.
Ahora, ¿cómo se implementará?
La Ley-Marco abarca los tres sectores antes señalados. Ayuda a
la modernización del Estado, porque facilitará la fusión de
ministerios, entidades autónomas, etc, para reducirlas y hacerlas
eficientes. Igual situación sucede en las concesiones, ya que
actualmente hay que ir ley por ley para hacer lo mismo. En el
tema de privatizaciones, el país está sentado en 3 mil millones
de dólares, que tendrían una rentabilidad de 300 millones para
el Fondo de Solidaridad, sin gastarnos el patrimonio. Esos
recursos irán a obra social, educación, salud.
¿Se puede hacer la misma gestión con las leyes actuales?
No hay que olvidar que la Ley de Modernización vigente fue hecha
al amparo de la Constitución antigua, que era muy limitante.
Ahora tenemos una nueva Carta Política que, incluso, es más
moderna que la Ley de Modernización. Hay que actualizar esta ley,
así como todas las leyes en el país. Estamos actualizando la
Ley-Marco al amparo de la actual Constitución.
¿Qué límites fija la Ley?
Primero, se define el campo de acción donde puede trabajar el
Presidente. Es más restrictiva que las de América Latina. En
Brasil, por ejemplo, la potestad de hacer cambios la tiene el
Banco Nacional de Desarrollo.
¿Pero cuáles son los principios?
Son cinco. Primero, se va actualizar la Ley a la nueva
Constitución: el nuevo marco ya lo dio la propia Constitución en
gran parte. Segundo: se definen los servicios públicos y señala
que esto es responsabilidad del Estado, que lo puede hacer por
su cuenta o delegando al sector privado. En ambos casos, la
regulación es responsabilidad del Estado. También se define en
lo que el Estado ya no puede meterse, para que se incentive la
inversión. Tercero: se definen los mecanismos de regulación y
control. Cuarto: se definen las infracciones y sanciones. Estos
dos últimos puntos van en beneficio exclusivo del usuario. Por
último, se aclara el destino de los recursos
¿En qué no debe meterse el Estado?
El Estado es muy centralista, tiene un alto nivel de corrupción
y sin un alto grado de eficiencia. Para desconcentrar y
descentralizar hay que sacar al Estado de muchas actividades en
las que no debe estar: concesiones de carreteras, generación
eléctrica, nuevos servicios telefónicos. ..
Qué es susceptible de concesionar y qué de privatizar?
No hay una receta única. Hay que ir caso por caso y dentro de
cada uno hay diferentes variedades. En unos casos puede ser venta
de activos, pero hay varias formas de vender: vía capitalización,
vía un socio estratégico, vía capitalización popular, compañías
mixtas, terciarización, etc. En cada caso contamos con la
asesoría del Banco de Inversión del Banco Mundial y de un banco
de inversión privado para cada sector. En el sector eléctrico se
escogió uno hace dos semanas. Igual se hará en
telecomunicaciones, hidrocarburos, y con el resto.
Un área sensible es la petrolera. ¿Cuál es la estrategia en este
campo?
La política original, aprobada por el Presidente, estipulaba que
Petroecuador no se privatiza. Lo que sí se hará es volverla más
eficiente, dándole un mayor grado de autonomía para que compita
en igualdad de condiciones con las compañías internacionales que
quieran invertir. El concepto que está detrás es que el petróleo
es del Estado y no de Petroecuador.
¿Petrocomercial desaparecerá?
Todo lo que sea el sector de infraestructura de servicios para
el sector (ductos, poliductos, terminales), y que pueda ser un
cuello de botella para crear un mercado competitivo, sería parte
de una empresa que vende servicios a otras. La idea es que esta
empresa dé servicios con tarifas prefijadas, en igualdad de
condiciones. (Texto tomado de El Comercio)
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