Quito. 28.10.93. La denuncia de la Asociación Ecuatoriana de
Industriales e Importadores de Productos Farmaceúticos
(ASOPROFAR), entró estos días en una nueva fase polémica. El
lunes pasado, los denunciantes, así como su patrocinador, la
Cámara de Comercio de Quito, fueron recibidos en comisión general
por el Consejo Superior del IESS, a fin de que precisaran sus
denuncias. Pero ello no ocurrió. Los denunciantes dijeron que lo
harán ante el Fiscal General de la Nación, si este les pide. Pero
éste sostiene que ello no es pertinente, puesto que la denuncia
no fue presentada ante él y que lo que procede es una
investigación policial. El episodio estuvo marcado también por
dos hechos: el presidente de ASOPROFAR pareció dar pie atrás,
después que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Francisco Acosta Yépez, pidió identificar a los presuntos
responsables del ilícito.
QUE SE IDENTIFIQUE A LOS AUTORES DE LOS ILICITOS
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Acosta
Yépez, pidió que se identifique por sus nombres a los
protagonistas de los presuntos ilícitos en la adquisición de
medicamentos para las casas de salud del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social.
Tras señalar que la corrupción es una enfermedad endémica
ecuatoriana, anotó que sin embargo, "desde hace muchos años,
nadie quiere dar la cara y las denuncias son siempre escándalosas
en el sentido de que en tal parte, todo está corrompido".
Agregó que no es justo hacer una denuncia general en el sentido
de que el IESS está corrompido, lo cual "es cierto", como lo está
también la función Judicial, pero insistió en que es necesario
identificar con nombres a los corruptos, porque no se puede
afirmar en forma generalizada que una institución está corrompida
por "cuatro o diez sinvergüenzas" a quienes no se los identifica,
a fin de aplicarles "los remedios".
Esto no es posible que continúe en toda la República, porque de
esa manera no llegamos a parte alguna.
NO SE HA PRESENTADO PETICION ALGUNA EN LA FISCALIA: CASARES
El Fiscal General de la Nación, Fernando Casares dijo que no se
ha presentado en su despacho una petición o denuncia dirigida a
su autoridad sobre el caso del abastecimiento de fármacos para el
IESS, sino que la ministra de Bienestar Social, "simplemente" le
entregó una copia de las denuncias que ella había recibido.
Revisado el contenido de las mismas, la Fiscalía llegó a la
conclusión de que se estaba denunciando la comisión de delitos
punibles, pesquisables de oficio, razón por la que con fecha 25
de octubre, pidió que la unidad de investigaciones especiales de
la Policía investigue y presente un informe, sobre todo respecto
a la identidad de las personas a las que se haría relación en
esas notas, añadió.
Afirmó que si el ministerio fiscal obtiene datos respecto a la
identidad de esas personas, así como fechas, lugares, cantidades
y todas las circunstancias que conforman un hecho punible,
emprenderá las acciones penales correspondientes para sancionar
como delito penal los hechos referidos.
Agregó que el tráfico de influencias no está tipificado en el
país como delito penal, pero sí lo están las gestiones que de
alguna manera persigan un beneficio personal en perjuicio de una
institución pública, realizadas no solo por los funcionarios que
manejan dinero, sino también por los directivos de esa entidad.
Agregó que en el caso de instituciones como el IESS, en las que
las decisiones tomadas por los miembros de su organismo directivo
tienen que ser ejecutadas por funcionarios subalternos, la
responsabilidad es compartida.
Dijo que las investigaciones policiales no tienen plazo fijo,
puesto que ellas tienen que realizarse no solo en Quito, sino en
Guayaquil, con el objeto de que sean exhaustivas.
Reveló que ha solicitado al Secretario de la SENDA, Benjamín
Rosales, que preste toda la colaboración que precisen los
investigadores policiales y al ministro Fiscal de Pichincha, que
colabore en el proceso.
Además, dijo, que estima que el consejo superior del IESS debe
haber solicitado a la Contraloría General de la Nación, algún
tipo de auditoría o examen especial.
Declinó anticipar si habrá enjuiciamientos penales, porque las
comunicaciones que reposan en su despacho son "muy vagas e
imprecisas", por lo que sería "absurdo" que el ministerio Fiscal
inicie un proceso penal.
Opinó que en el caso de las exclusiones de determinados
medicamentos en las licitaciones del IESS, según lo denunciado
por los proveedores de fármacos, debe haber un ánimo doloso para
hablar de delito.
El ministro Fiscal expresó que no es pertinente que solicite a
los denunciantes que identifiquen nombres de los presuntos
responsables de delito, puesto que la denuncia no se presentó
ante su autoridad. sino que los conoció por la entrega de
documentos hecha por la ministra de Bienestar Social.
Añadió que en el supuesto de que la denuncia se hubiese
presentado en su despacho, no tiene facultad para pedir algún
tipo de aclaraciones, sino para disponer de inmediato el
enjuiciamiento penal de quienes aparecieron responsables.
NO SE TRATA DE UNA DENUNCIA SINO MAS BIEN ES UNA ALERTA
"En realidad, excepción hecha del caso de los pagos en Guayaquil,
lo expresado no viene a ser una denuncia de actuaciones ilícitas,
sino mas bien una alerta de que estaban ocurriendo cosas que nos
parecían diferentes, anormales, y que deseamos que ustedes
tuvieran conocimiento de esos eventos", afirmó el presidente de
ASOPROFAR, Richard Miller, en la misma reunión del lunes pasado.
"Les habíamos solicitado la intervención de la autoridad
respectiva y tengo entendido que eso ya se ha hecho la semana
pasada, por lo cual estamos muy agradecidos", agregó.
Tras señalar que ese es un problema de "mucha preocupación" para
ASOPROFAR, dijo que confirmaba lo dicho en los "escritos" de esa
entidad a la ministra de Bienestar Social y al director General
del IESS.
LABORATORIOS TRATAN DE OBTENER VENTAJAS
Sabemos que también existen laboratorios que se acercan de manera
irregular a tratar de obtener ventajas en distintas instancias,
afirmó de su lado la ministra de Bienestar Social, Monserrat
Butiñá.
Por ello, agregó, pedimos la colaboración de los laboratorios
para que denuncien quiénes son los que se "acercan de lado y lado
para buscar este tipo de tentaciones que llevan a la corrupción".
Nuestra posición es clara: aceptamos la denuncia de la Cámara (de
Comercio), "pedimos que sea más fuerte" y coincidimos con el
presidente de la Corte Suprema de Justicia en lograr la
transparencia en las licitaciones, enfatizó.
DIRECTOR DEL IESS
De su lado, el director General del IESS, Italo Colamarco, dijo
que las puertas de esa entidad siempre han estado abiertas a
cualquier denuncia de los laboratorios, no solo respecto a la
adquisición de fármacos sino de todos los contratos que tiene el
instituto con cualquier persona jurídica.
Tras señalar que su preocupación es combatir la corrupción, a
cualquier nivel, agregó que durante su gestión le han llegado
tres denuncias.
La primera, referida a la compra de fundas para diálisis
peritoneal, en 1992, caso en el que, según la documentación
presentada, llegó a la conclusión de que el denunciante no tenía
razón, puesto que los materiales correspondían a otro fabricante
y proveedor, a pesar de que tenían el mismo nombre.
Agregó que a otra denuncia, cuyas características no precisó,
estaba dándole viabilidad.
Relató el caso de un afiliado a ASOPROFAR que acudió a su
despacho para averiguar si conocía a un abogado quiteño de
apellido Morán que se habría tomado su nombre, aduciendo su
amistad, para una gestión cuya índole, tampoco precisó Colamarco.
Apeló a la seriedad de la Cámara de Comercio de Quito y ASOPROFAR
para que le hagan llegar cualquier tipo de denuncias, porque,
según reiteró, está presto a combatir y perseguir todo tipo de
inmoralidades, porque esa es la decisión del Consejo Superior del
IESS.
REPRESENTANTE DE ORGANISMOS SECCIONALES
Entretanto, el vocal por los municipios, Oscar Llerena, alegó que
el Consejo Superior del IESS no ha encargado al Fiscal General de
la Nación la investigación de las denuncias de ASOPROFAR, sino
que ha acudido a él porque es la instancia que debe realizar la
excitativa para que se inicien los juicios penales
correspondientes. (3A)
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