Quito. 09 ago 2001. (Editorial)Lo ocurrido en las últimas semanas en el
Ecuador pone en peligro la estabilidad polÃtica y la recuperación
económica del paÃs. El Gobierno debe rectificar, se ha impuesto una serie
de decisiones que son inoportunas y suscita ataques innecesarios que
pueden echar al traste todo lo conseguido y avanzado con muchos esfuerzos
en estos últimos meses.
El presidente debe meditar y asesorarse mejor en las decisiones que
adopta.
El último reglamento que concede la prisión domiciliaria a una lista de
funcionarios o ex mandatarios del Estado, es para decir lo menos una gran
imprudencia del jefe del Estado, que le resultarÃa muy difÃcil de
defender y sostener, aun en los mejores momentos de su popularidad o
credibilidad, que obviamente no lo es hoy.
La publicación de la lista de deudores de Filanbanco no aportará mayor
solución a ninguno de los graves problemas del Gobierno, si esta acción
no es acompañada por una decisión de enmendar errores e iniciar el cobro
de las deudas vencidas de esa institución bancaria, al igual que del
resto de cartera de otras instituciones en manos del Estado o la AGD.
La decisión del TC sobre la inconstitucionalidad del aumento del IVA al
14% es otro tema muy delicado, y agrega mayor complejidad a la situación
actual.
Se debió haber buscado una solución negociada polÃticamente con el
Congreso y los sectores que legÃtimamente impugnaban el procedimiento
utilizado por el Ejecutivo. Lamentablemente, el Gobierno adoptó una
estrategia peligrosa al haber promulgado la reforma unilateralmente con
un procedimiento muy irregular, más aún pactando con sectores polÃticos
como el PRE, beneficiario indiscutible de la reforma del nuevo régimen de
prisiones.
El haber escandalizado desde el interior del mismo Gobierno, el
procedimiento del aumento de capital del Banco del PacÃfico, fue otro
lamentable error, que debió haberse evitado y corregido
administrativamente, sin infringirse un grave daño a sà mismo y a la
confianza del público en la banca estatal. La liquidación tardÃa,
abortada y precipitada de Filanbanco, en vez de haber sido una solución
planificada y negociada de antemano, fue otro grave error que ojalá no
produzca mayores consecuencias para la estabilidad económica o polÃtica
del Ecuador.
El Gobierno debe actuar positivamente y dar señales claras de sus
intenciones de rectificar, enfatizar los procesos privatizadores
comenzando con los bancos bajo su control, continuar la lucha contra la
inflación, la implementación de polÃticas macroeconómicas sanas,
orientadas a reducir el déficit fiscal y seguir impulsando la
reactivación y adecuado crecimiento económico. Solo la actuación futura
de las autoridades económicas, la recuperación efectiva de la cartera de
los bancos estatales, la devolución expedita de los depósitos retenidos
nuevamente en Filanbanco, permitirán restablecer la confianza de los
ecuatorianos en este Gobierno y en el sistema financiero en general.
La oposición al Gobierno debe cesar, la campaña electoral no debe
anticiparse. Es indispensable una tregua polÃtica. El riesgo es muy
grande, el caos polÃtico y la desconfianza generalizada pueden amenazar
con destruirnos, cuando estábamos demasiado cerca de lograr una nueva
oportunidad, de iniciar una verdadera etapa de recuperación económica
para la mayorÃa de ecuatorianos, afectados gravemente durante los últimos
tres años.
Un cambio de presidente o del ministro de EconomÃa o cualquier otra
autoridad clave en este proceso, no ayuda en nada a la verdadera solución
de los problemas pendientes.
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