Lo reconocen los ingenieros y arquitectos, los funcionarios y autoridades municipales: los proyectos de construcción se encarecen hasta un 25% para destinar ese porcentaje al pago de coimas que aceleren la aprobación de los trámites en el Municipio de Quito. La corrupción es de lado y lado: empleados y constructores se benefician de un mal que es un secreto a voces. Los gremios profesionales y el Cabildo elaboran, en estos dÃas, una solución
Solo la coima acelera todo
EL COSTO DE LA OBRA se encarece hasta en un 25% con el pago a los funcionarios municipales. Una veedurÃa a los trámites de 7 500 carpetas detectó que 6 200 empezaron sin los permisos respectivos
Las denuncias oficiales son pocas frente a los rumores y denuncias informales de corrupción en el Municipio de Quito por la demora en la aprobación de planos y proyectos de construcción.
En la Comisión Anticorrupción del Cabildo capitalino, este año, apenas cuatro personas se "atrevieron" a denunciar a los funcionarios que exigieron dinero a cambio de agilizar un trámite. En una no se encontró mérito para sancionar, en otra solo se inicio un sumario administrativo, en otra más se pidió renuncia y en la última se procedió a ordenar la devolución de lo recibido (extraoficialmente se supo que se trató de una botella de whisky y $40).
Los funcionarios municipales niegan la existencia de coimas. Y si se insiste en una declaración, se niegan a explicar y dicen que solo las más altas autoridades pueden hacer públicas sus opiniones.
Sin embargo, es vox pópuli que hasta un 25% del costo total de un proyecto se utiliza en el pago de coimas a los empleados municipales. Asà lo reconocen los dirigiente de los colegios de profesionales.
El Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha habla de coimas del 10% "sobre el monto total del contrato en algunas entidades del Estado".
A la vez, el titular de este gremio, Jorge Merlo Paredes, comenta que "hoy se ha convertido ya en un "impuesto" que cambia de nombre, dependiendo de la tienda polÃtica de turno". En el caso del Municipio de Quito, Merlo señala que, para aprobar un plano o proyecto, la demora puede llevar de cuatro a 10 meses. No deja de reconocer que los ingenierios ("a veces por la falta de trabajo y por carencia de ética") cometen actos de corrupción al pagar para agilizar el trámite, pero nadie se atreve a hablar de corrupción dentro del Municipio del Distrito Metropolitano porque eso implica la presentación de pruebas y, al no exponerlas, se incurre en el delito de calumnia.
Las únicas evidencias de que algo raro pasa son los resultados de una veedurÃa realizada por la Cámara de la Construcción de Pichincha sobre 7 500 carpetas represadas en la Administración de la Zona Norte, en la cual se detectó que alrededor de 6 200 de ellas estaban demoradas por falta de planos y permisos.
Eso equivale a decir, como señaló un socio de ese gremio, que simplemente el dueño de la construcción prefirió cancelar la multa para evitarse el costo que significa el pago de intereses del crédito bancario para construir mientras se espera la aprobación de los planos por parte del Municipio, que en muchos casos puede ir de 15 dÃas, el mÃnimo para obtener el permiso, hasta seis meses y un año, como denuncian varios empresarios.
¿Y eso es corrupción? Está inscrita en ella si de por medio está el pago de soborno para agilizar el trámite en la ventanilla o para direccionar el sentido de una inspección de obra para decir que está marchando en orden. Eso equivale, según los dirigentes gremiales, a que el trámite está concluido cuando la obra está terminada.
"Si tuviéramos un dato concreto de soborno, acudirÃamos a la FiscalÃa", dice el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego del Castillo.
En el Colegio de Arquitectos de Pichincha sà hay evidencias: en este año se sancionó a cuatro colegas y existen 15 denuncias. Sin embargo, Diego Salazar, presidente del gremio, prefiere mantener en reserva los nombres de los inculpados.
Eso sÃ, Salazar señala que esa cifra es mÃnima frente a la realidad, asà como es mÃnimo el porcentaje de proyectos que el Municipio aprueba sin una sola observación.
Esa prudencia contrasta con la sospecha de varios profesionales que no quieren identificarse para evitar retaliaciones o entrar en la "lista negra" municipal. "No hay duda de que en el proceso de aprobación de planos se mueven oscuros intereses", dicen ellos, y coinciden con Simón Espinosa, presidente de la Comisión Anticorrupción de Municipio, quien señala que el actual sistema permite algunas distorsiones que pueden generar actos de corrupción. (OP/LB)
LAS CIFRAS Y NORMAS
La construcción se reactivó a partir del 2001. Ese año creció al 19.4% tras un estancamiento en las crisis de 1999 y 2000. Las remesas de los emigrantes fueron el punto de apoyo.
En 2002 bajó a 15,4% (aporte al PIB de 7,5%). En 2003, el crecimiento fue de solo 2,8% (aporte al PIB de 3%). En 2001 y 2002 creció por la influencia de la obra pública en la construcción del OCP. Hoy es netamente construcción privada, en proyectos de vivienda. Esas cifras corresponden al Distrito.
Ningún profesional de la construcción admitió, en su denuncia, que él o algún colega, haya pagado para agilizar el trámite.
Las ordenanzas que regulan la aprobación de trámites se aprobaron en 1989 y fueron reformadas en 2003. Ahora existe otra ordenanza, elaborada por los Colegios de Arquitectos e Ingenieros. Su aprobación fue suspendida hasta que pasara la campaña electoral, en vista de las objeciones que hacÃan los agremiados. El alcalde Paco Moncayo les ofreció una solución consensuada. (OP/LB)
Invasión de casas desocupadas
Muchas personas prefieren dejar en abandono sus propiedades antes que "someterse" al trámite de una aprobación. En ese proceso se pueden pasar desde cuatro hasta 10 meses sin resultado
Los arquitectos dicen que el negocio de la construcción ha mejorado ostensiblemente para todos los profesionales de esta rama. Los ingenieros, en cambio, señalan que no, que la desocupación de sus colegas es enorme. Las cifras del Municipio ponen las cosas en blanco y negro, según los datos que se publican en la página web.
Hasta el año 2001, en todo el Distrito Metropolitano existÃan 16 680 casas en construcción y, paradójicamente, 29 070 desocupadas. Por ejemplo, en el sector urbano, en el barrio La Concepción, al norte de Quito, se registraron 42 obras en contrucción y 392 viviendas abandonadas. Algo parecido ocurrÃa en el centro histórico, aunque, con el proceso de recuperación, las cifras todavÃa están por actualizarse: en ese año existÃan 58 en construcción y 720 abandonadas.
Según los técnicos de los colegios profesionales, ese "desorden urbano" favorece la corrupción por varias vÃas. Mucha gente, dicen, prefiere abandonar su propiedad antes que someterse a la tortura y presión de los funcionarios municipales para la aprobación de una simple modificación, derrocamiento o reconstrucción.
En el Municipio, se conoce que algunos de sus funcionarios obtienen casas y departamentos en los planes de vivienda que se aprueban con una "extraña" rapidez. Incluso, en la Comisión Anticorrupción del Municipio ya existen varias investigaciones en ese sentido.
Una fórmula para "ejercer" la corrupción es la exigencia de estudios de impacto ambiental o las observaciones técnicas. Y para favorecer la aprobación, los empleados "recomiendan" oficinas y estudios de "profesionales garantizados" que elaboran informes de acuerdo con las exigencias municipales. Aunque no es nada nuevo, la persistencia en este tipo de modalidades incide en el encarecimiento para el usuario de todo proyecto.
Por eso, los gremios y la misma Comisión Anticorrupción son partidarios de implementar la declaración juramentada de bienes de los empleados. Aunque no es la solución definitiva, pues la mayorÃa de propiedades producto de la coima se pone a nombre de terceros, "sà serÃa por lo menos un sistema de prevención", coinciden el arquitecto Diego Salazar y el ingeniero Jorge Merlo. (OP)
EL DATO
Alto costo
La empresa privada no está libre de culpa en la corrupción, señalan Diego Salazar y Jorge Merlo. "Las coimas son un ritual, no solo para la burocracia, sino una práctica cotidiana en gran parte de la empresa privada y con porcentajes que alcanzan hasta el 30%, según la sagacidad", comenta Merlo.
Municipio admite el lÃo y discute una solución
La nueva ordenanza, preparada por los gremios profesionales, está en pleno debate, pero existen objeciones que la AlcaldÃa dice tendrán una salida consensuada
René Vallejo, director encargado de la Dirección de Territorio y Vivienda del Municipio de Quito, admite que hay inconvenientes en la aprobación de trámites, por cierto desconocimiento de la normativa legal o porque no es lo suficientemente clara. También por un insuficiente número de personal. Las cifras municipales revelan la magnitud del problema. Vallejo dice que el 28% de solicitudes presentadas en tres administraciones zonales fue negado.
A ese departamento han llegado denuncias no documentadas de irregularidades, lo que abona las sospechas de ciertos empresarios, que tampoco dan la cara, que aducen presiones y supuestos sobornos en el trámite de solicitudes o en la tarea de los inspectores.
El tema es grave por cuanto el sector de la construcción es uno de los más importantes en la dinamización de la economÃa. "Razón por la cual, el Municipio -dice Vallejo- le ha dado, por disposición del alcalde, un tratamiento oportuno".
Como resultado de las quejas y los contactos con los gremios del sector, el Concejo aprobó una nueva ordenanza para agilizar los trámites, que propende un cambio en el enfoque en el trámite de solicitudes, no priorizando el cumplimiento de normas municipales a través de la revisión exhaustiva de planos, sino en la verificación de ese cumplimiento a medida que avanza la obra.
Ese proceso empieza con la entrega personalizada de las solicitudes, no a través de la ventanilla. El usuario deberá entregar toda la documentación y en dos o tres dÃas las administraciones zonales entregarán la aprobación.
El control efectivo se hará en tres momentos: al inicio de la obra, en una etapa intermedia, y al final de la construcción. Para esta verificación se estudia un sistema de apoyo eminentemente técnico que podrÃa ser similar al de los fedatarios del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Aunque todo parece óptimo, hay un punto de conflicto, pues los gremios involucrados en la construcción cuestionan la obligatoriedad del usuario para hacer una declaración juramentada sobre la veracidad de la documentación entregada.
El Colegio de Arquitectos dice que es la solución definitiva al problema. El de Ingenieros insiste en una reforma para que no se sancione penalmente a los profesionales si no existe un adecuado sistema de control y fiscalización. Para Diego del Castillo, presidente de la Cámara de la Construcción, ese instrumento no asegura por sà solo el éxito del sistema, pues pueden crearse otras formas para evadir el control.
Según la Cámara, el 60% de las construcciones en Quito se ha construido en la informalidad. A decir de un profesional de la entidad, ese porcentaje explica que la gente prefiere empezar a construir una vivienda aún sin permiso, pues prefiere pagar luego la multa, de forma legal o a través de sobornos. (OP/LB)
PUNTO DE VISTA
¿A LA VISTA DE TODOS LOS CIEGOS?
Reactivar el sector de la construcción hace frotar las manos de los empleados y funcionarios municipales. Y no es para menos: en cada proyecto, según la confesión de muchos profesionales, se "presupuesta" hasta un 25% para pagar coimas y comisiones en los trámites de aprobación.
Los controles son mÃnimos y, en muchos, casos nulos. La capacidad de fiscalización también es floja porque, de mejorarse, perjudicarÃa el negocio de funcionarios que aducen bajos sueldos. Y en eso participa un "sistema" poderoso. Por lo pronto, en el Municipio de Quito se debate una nueva ordenaza que moderniza y mejora el trámite de aprobación de planos y proyectos de construcción.
De todos modos, hay una complicidad entre arquitectos, ingenieros y constructores con los empleados municipales que, por ahora, los colegios profesionales intentan acabar. Si no hay una voluntad compartida para transparentar un proceso limpio de aprobación en beneficio de los clientes y ciudadanos, por más que se elabore una nueva ordenanza, siempre se encontrarán huecos por donde mantener la corrupción.
Es un secreto a voces que la coima está institucionalizada en el Municipio, pero todos están ciegos. Entonces, ¿qué hace falta para cortar de raÃz un fenómeno endémico?
La reelección del alcalde Paco Moncayo debe ser un incentivo para afrontar un problema persistente que solo acaba con la imagen de una institución en desarrollo. (OP)(Blanco y Negro)
Solo la coima acelera todo
EL COSTO DE LA OBRA se encarece hasta en un 25% con el pago a los funcionarios municipales. Una veedurÃa a los trámites de 7 500 carpetas detectó que 6 200 empezaron sin los permisos respectivos
Las denuncias oficiales son pocas frente a los rumores y denuncias informales de corrupción en el Municipio de Quito por la demora en la aprobación de planos y proyectos de construcción.
En la Comisión Anticorrupción del Cabildo capitalino, este año, apenas cuatro personas se "atrevieron" a denunciar a los funcionarios que exigieron dinero a cambio de agilizar un trámite. En una no se encontró mérito para sancionar, en otra solo se inicio un sumario administrativo, en otra más se pidió renuncia y en la última se procedió a ordenar la devolución de lo recibido (extraoficialmente se supo que se trató de una botella de whisky y $40).
Los funcionarios municipales niegan la existencia de coimas. Y si se insiste en una declaración, se niegan a explicar y dicen que solo las más altas autoridades pueden hacer públicas sus opiniones.
Sin embargo, es vox pópuli que hasta un 25% del costo total de un proyecto se utiliza en el pago de coimas a los empleados municipales. Asà lo reconocen los dirigiente de los colegios de profesionales.
El Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha habla de coimas del 10% "sobre el monto total del contrato en algunas entidades del Estado".
A la vez, el titular de este gremio, Jorge Merlo Paredes, comenta que "hoy se ha convertido ya en un "impuesto" que cambia de nombre, dependiendo de la tienda polÃtica de turno". En el caso del Municipio de Quito, Merlo señala que, para aprobar un plano o proyecto, la demora puede llevar de cuatro a 10 meses. No deja de reconocer que los ingenierios ("a veces por la falta de trabajo y por carencia de ética") cometen actos de corrupción al pagar para agilizar el trámite, pero nadie se atreve a hablar de corrupción dentro del Municipio del Distrito Metropolitano porque eso implica la presentación de pruebas y, al no exponerlas, se incurre en el delito de calumnia.
Las únicas evidencias de que algo raro pasa son los resultados de una veedurÃa realizada por la Cámara de la Construcción de Pichincha sobre 7 500 carpetas represadas en la Administración de la Zona Norte, en la cual se detectó que alrededor de 6 200 de ellas estaban demoradas por falta de planos y permisos.
Eso equivale a decir, como señaló un socio de ese gremio, que simplemente el dueño de la construcción prefirió cancelar la multa para evitarse el costo que significa el pago de intereses del crédito bancario para construir mientras se espera la aprobación de los planos por parte del Municipio, que en muchos casos puede ir de 15 dÃas, el mÃnimo para obtener el permiso, hasta seis meses y un año, como denuncian varios empresarios.
¿Y eso es corrupción? Está inscrita en ella si de por medio está el pago de soborno para agilizar el trámite en la ventanilla o para direccionar el sentido de una inspección de obra para decir que está marchando en orden. Eso equivale, según los dirigentes gremiales, a que el trámite está concluido cuando la obra está terminada.
"Si tuviéramos un dato concreto de soborno, acudirÃamos a la FiscalÃa", dice el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego del Castillo.
En el Colegio de Arquitectos de Pichincha sà hay evidencias: en este año se sancionó a cuatro colegas y existen 15 denuncias. Sin embargo, Diego Salazar, presidente del gremio, prefiere mantener en reserva los nombres de los inculpados.
Eso sÃ, Salazar señala que esa cifra es mÃnima frente a la realidad, asà como es mÃnimo el porcentaje de proyectos que el Municipio aprueba sin una sola observación.
Esa prudencia contrasta con la sospecha de varios profesionales que no quieren identificarse para evitar retaliaciones o entrar en la "lista negra" municipal. "No hay duda de que en el proceso de aprobación de planos se mueven oscuros intereses", dicen ellos, y coinciden con Simón Espinosa, presidente de la Comisión Anticorrupción de Municipio, quien señala que el actual sistema permite algunas distorsiones que pueden generar actos de corrupción. (OP/LB)
LAS CIFRAS Y NORMAS
La construcción se reactivó a partir del 2001. Ese año creció al 19.4% tras un estancamiento en las crisis de 1999 y 2000. Las remesas de los emigrantes fueron el punto de apoyo.
En 2002 bajó a 15,4% (aporte al PIB de 7,5%). En 2003, el crecimiento fue de solo 2,8% (aporte al PIB de 3%). En 2001 y 2002 creció por la influencia de la obra pública en la construcción del OCP. Hoy es netamente construcción privada, en proyectos de vivienda. Esas cifras corresponden al Distrito.
Ningún profesional de la construcción admitió, en su denuncia, que él o algún colega, haya pagado para agilizar el trámite.
Las ordenanzas que regulan la aprobación de trámites se aprobaron en 1989 y fueron reformadas en 2003. Ahora existe otra ordenanza, elaborada por los Colegios de Arquitectos e Ingenieros. Su aprobación fue suspendida hasta que pasara la campaña electoral, en vista de las objeciones que hacÃan los agremiados. El alcalde Paco Moncayo les ofreció una solución consensuada. (OP/LB)
Invasión de casas desocupadas
Muchas personas prefieren dejar en abandono sus propiedades antes que "someterse" al trámite de una aprobación. En ese proceso se pueden pasar desde cuatro hasta 10 meses sin resultado
Los arquitectos dicen que el negocio de la construcción ha mejorado ostensiblemente para todos los profesionales de esta rama. Los ingenieros, en cambio, señalan que no, que la desocupación de sus colegas es enorme. Las cifras del Municipio ponen las cosas en blanco y negro, según los datos que se publican en la página web.
Hasta el año 2001, en todo el Distrito Metropolitano existÃan 16 680 casas en construcción y, paradójicamente, 29 070 desocupadas. Por ejemplo, en el sector urbano, en el barrio La Concepción, al norte de Quito, se registraron 42 obras en contrucción y 392 viviendas abandonadas. Algo parecido ocurrÃa en el centro histórico, aunque, con el proceso de recuperación, las cifras todavÃa están por actualizarse: en ese año existÃan 58 en construcción y 720 abandonadas.
Según los técnicos de los colegios profesionales, ese "desorden urbano" favorece la corrupción por varias vÃas. Mucha gente, dicen, prefiere abandonar su propiedad antes que someterse a la tortura y presión de los funcionarios municipales para la aprobación de una simple modificación, derrocamiento o reconstrucción.
En el Municipio, se conoce que algunos de sus funcionarios obtienen casas y departamentos en los planes de vivienda que se aprueban con una "extraña" rapidez. Incluso, en la Comisión Anticorrupción del Municipio ya existen varias investigaciones en ese sentido.
Una fórmula para "ejercer" la corrupción es la exigencia de estudios de impacto ambiental o las observaciones técnicas. Y para favorecer la aprobación, los empleados "recomiendan" oficinas y estudios de "profesionales garantizados" que elaboran informes de acuerdo con las exigencias municipales. Aunque no es nada nuevo, la persistencia en este tipo de modalidades incide en el encarecimiento para el usuario de todo proyecto.
Por eso, los gremios y la misma Comisión Anticorrupción son partidarios de implementar la declaración juramentada de bienes de los empleados. Aunque no es la solución definitiva, pues la mayorÃa de propiedades producto de la coima se pone a nombre de terceros, "sà serÃa por lo menos un sistema de prevención", coinciden el arquitecto Diego Salazar y el ingeniero Jorge Merlo. (OP)
EL DATO
Alto costo
La empresa privada no está libre de culpa en la corrupción, señalan Diego Salazar y Jorge Merlo. "Las coimas son un ritual, no solo para la burocracia, sino una práctica cotidiana en gran parte de la empresa privada y con porcentajes que alcanzan hasta el 30%, según la sagacidad", comenta Merlo.
Municipio admite el lÃo y discute una solución
La nueva ordenanza, preparada por los gremios profesionales, está en pleno debate, pero existen objeciones que la AlcaldÃa dice tendrán una salida consensuada
René Vallejo, director encargado de la Dirección de Territorio y Vivienda del Municipio de Quito, admite que hay inconvenientes en la aprobación de trámites, por cierto desconocimiento de la normativa legal o porque no es lo suficientemente clara. También por un insuficiente número de personal. Las cifras municipales revelan la magnitud del problema. Vallejo dice que el 28% de solicitudes presentadas en tres administraciones zonales fue negado.
A ese departamento han llegado denuncias no documentadas de irregularidades, lo que abona las sospechas de ciertos empresarios, que tampoco dan la cara, que aducen presiones y supuestos sobornos en el trámite de solicitudes o en la tarea de los inspectores.
El tema es grave por cuanto el sector de la construcción es uno de los más importantes en la dinamización de la economÃa. "Razón por la cual, el Municipio -dice Vallejo- le ha dado, por disposición del alcalde, un tratamiento oportuno".
Como resultado de las quejas y los contactos con los gremios del sector, el Concejo aprobó una nueva ordenanza para agilizar los trámites, que propende un cambio en el enfoque en el trámite de solicitudes, no priorizando el cumplimiento de normas municipales a través de la revisión exhaustiva de planos, sino en la verificación de ese cumplimiento a medida que avanza la obra.
Ese proceso empieza con la entrega personalizada de las solicitudes, no a través de la ventanilla. El usuario deberá entregar toda la documentación y en dos o tres dÃas las administraciones zonales entregarán la aprobación.
El control efectivo se hará en tres momentos: al inicio de la obra, en una etapa intermedia, y al final de la construcción. Para esta verificación se estudia un sistema de apoyo eminentemente técnico que podrÃa ser similar al de los fedatarios del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Aunque todo parece óptimo, hay un punto de conflicto, pues los gremios involucrados en la construcción cuestionan la obligatoriedad del usuario para hacer una declaración juramentada sobre la veracidad de la documentación entregada.
El Colegio de Arquitectos dice que es la solución definitiva al problema. El de Ingenieros insiste en una reforma para que no se sancione penalmente a los profesionales si no existe un adecuado sistema de control y fiscalización. Para Diego del Castillo, presidente de la Cámara de la Construcción, ese instrumento no asegura por sà solo el éxito del sistema, pues pueden crearse otras formas para evadir el control.
Según la Cámara, el 60% de las construcciones en Quito se ha construido en la informalidad. A decir de un profesional de la entidad, ese porcentaje explica que la gente prefiere empezar a construir una vivienda aún sin permiso, pues prefiere pagar luego la multa, de forma legal o a través de sobornos. (OP/LB)
PUNTO DE VISTA
¿A LA VISTA DE TODOS LOS CIEGOS?
Reactivar el sector de la construcción hace frotar las manos de los empleados y funcionarios municipales. Y no es para menos: en cada proyecto, según la confesión de muchos profesionales, se "presupuesta" hasta un 25% para pagar coimas y comisiones en los trámites de aprobación.
Los controles son mÃnimos y, en muchos, casos nulos. La capacidad de fiscalización también es floja porque, de mejorarse, perjudicarÃa el negocio de funcionarios que aducen bajos sueldos. Y en eso participa un "sistema" poderoso. Por lo pronto, en el Municipio de Quito se debate una nueva ordenaza que moderniza y mejora el trámite de aprobación de planos y proyectos de construcción.
De todos modos, hay una complicidad entre arquitectos, ingenieros y constructores con los empleados municipales que, por ahora, los colegios profesionales intentan acabar. Si no hay una voluntad compartida para transparentar un proceso limpio de aprobación en beneficio de los clientes y ciudadanos, por más que se elabore una nueva ordenanza, siempre se encontrarán huecos por donde mantener la corrupción.
Es un secreto a voces que la coima está institucionalizada en el Municipio, pero todos están ciegos. Entonces, ¿qué hace falta para cortar de raÃz un fenómeno endémico?
La reelección del alcalde Paco Moncayo debe ser un incentivo para afrontar un problema persistente que solo acaba con la imagen de una institución en desarrollo. (OP)(Blanco y Negro)
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