Sesenta y un millones de dólares suman 20 fideicomisos recibidos por la AGD para cancelar las deudas. La calidad de los bienes está cuestionada
No solo la inestabilidad de los gerentes ha sido el karma de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) en sus seis primeros años de vida. Los balances defi nitivos están atrasados y se han detectado hasta 60 mil partidas pendientes de regularizar, "Por lo que no son confi ables los registros de balances y estados fi nancieros", dice un informe de la propia agencia. Según datos cortados al 31 de julio de 2004, la administración de las instituciones financieras en saneamiento arrojó, en el primer semestre, pérdidas por 13 millones de dólares. ¿Dónde se originan? La llave abierta más grande está en lo que ha signifi cado para la AGD la recepción de bienes en dación de pago y en los famosos fi deicomisos.
SORPRESA: DACIONES EN PAGO
La AGD en realidad es una trilogía compleja. La Agencia de Garantía de Depósitos propiamente dicha que es una entidad de derecho público, bajo la supervisión de la Contraloría General del Estado y dos unidades administrativas independientes conocidas como Instituciones financieras compactadas de la Sierra y de la Costa, ambos entes de derecho privado bajo control de la Superintendencia de Bancos.
"En la práctica existen tres mundos organizacionales aislados e independientes entre sí", señala el ex gerente general, Ramiro Espín. Esta maraña llevó a que existan dos unidades de recursos humanos, tres cabezas administrativas y hasta dos sistemas informáticos. Eso elevó los costos operacionales, provocando fugas de dinero que tanta falta les hace a los depositantes que un día confi aron en algún banquero y que aún esperan la devolución de sus ahorros.
En medio del caos, nadie sabe a ciencia cierta cuánto mismo se ha recibido como daciones en pago por deudas. Y si bien existen listados preliminares de bienes, la "lista defi nitiva" es depurada por cada nueva administración. En el sitio web de la AGD, si pedimos la lista de bienes para la venta nos damos con una página que dice: "en reconstrucción".
Lo único cierto es que el mantenimiento y administración de los bienes recibidos generó, entre mayo de 2003 y julio de 2004, un egreso de 74 millones de dólares. Como es conocido, en las múltiples subastas de bienes poco o nada se ha logrado vender y ello es prueba de que la diferencia entre el valor de los avalúos de los bienes entregados y su precio real de mercado hace imposible su venta. Es que siempre la AGD ha tomado vehículos, terrenos o enseres al precio más alto posible. Un consolidado de bienes cortado a julio de 2004 revela que el 60 por ciento de los bienes recibidos en dación de pago, 84 millones de dólares, presenta algún tipo de problema y que faltan 100 inmuebles más por avaluar.
FIDEICOMISOS, UNA MONTAÑA RUSA
Cuando nació la AGD en diciembre de 1998, en su cuna ya la esperaban los dos primeros fideicomisos. En los años siguientes la cifra llegó a 20 con un patrimonio total de 61,4 millones de dólares. El mecanismo de pago mediante fideicomisos está compuesto de dos escrituras. En la primera, el dueño de un bien constituye un fideicomiso poniéndose como benefi ciario a sí mismo. En esta etapa, como se trata de un acto privado, el mismo benefi ciario le pone precio al bien que por lo general es un terreno baldío. Con la escritura en mano, acude a la AGD a ofrecer un virtual canje de la deuda por el valor del fi deicomiso. En muchos casos, el valor del fi deicomiso coincide con el monto adeudado.
En otros casos el valor es tan alto que alcanza no para uno, sino hasta para 20 o más deudores. Si la AGD lo acepta, se fi rma una segunda escritura en la que el beneficiario del primer fideicomiso cede sus derechos fiduciarios a la AGD. Internamente se da de baja la deuda, pero la AGD no ve un solo centavo.
Tampoco puede vender el terreno ya que no es el propietario legal del mismo. Ni siquiera puede tomar posesión porque una de las cláusulas dice que será el dueño original quien seguirá en la administración del bien.
Solo si algún día se llegare a arrendar o vender el terreno, el beneficio económico de esta acción irá a la AGD. Hasta ahora, la entidad estatal no ha recibido benefi cio alguno de los 20 fideicomisos tramitados. En uno solo, con el que hubieran sido 21, denominado El Descanso, se trató de hacer pasar un terreno árido, con oscuros títulos de propiedad, por 23 millones de dólares.
No solo que el avalúo fue sobredimensionado, sino que se decía que el terreno estaba en la parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso) del cantón Santa Elena, cuando esa parroquia pertenece a Guayaquil. En ese fi deicomiso había una veintena de deudores listos a cancelar sus obligaciones. El más fuerte de ellos era Febres-Cordero Cía. Ltda., que hubiera rebajado sus deudas en 10 millones de dólares. En estos tiempos de guerra política, el Presidente de la República ha dicho que demandará la nulidad de 10 fideicomisos en donde las irregularidades son más evidentes. Así, los primeros que fueron al banquillo de los acusados son los fideicomisos Marraquech I y II. Están conformados por terrenos ubicados al sur de Esmeraldas que según los deudores cuestan 10 millones de dólares y que según los avalúos posteriores hechos por la AGD, su precio real podría ser cinco veces menor. Los favorecidos fueron 27 deudores de los cuales los mayores son la camaronera Tunlo del grupo Maspons y el Ingenio La Troncal del grupo Isaías, con casi tres millones de dólares cada uno.
CARRUSEL DE AVALÚOS
Revisando la documentación de los fideicomisos aceptados, vemos que siete de ellos apenas cuentan con un avalúo pedido y pagado por los benefi ciarios. Los siete cubren montos de un millón de dólares o menos y corresponden a terrenos rurales de Quito, Durán, Puerto Cayo y Pedernales.
Diez de los fideicomisos cuentan con dos avalúos. Entre ellos hay nueve casos en que el segundo avalúo es diferente al primero pero en ninguno de ellos se ha procedido a contratar un estudio dirimente. Uno de los fi deicomisos, el Caminos del Norte II, es el único que tiene dos avalúos exactamente iguales sobre un terreno en Cotocollao que valdría 684 mil dólares. Lo extraño es que ambas valoraciones fueron encargadas al mismo perito, el ingeniero Luis Campaña.
Lo más común, ocho de esos casos, es que el segundo avalúo sea bastante inferior al primero. En el caso de La Capitana II, con 16 solares en Chanduy, un perito del Banco Central dijo que valían 4,2 millones de dólares mientras un técnico de la Dirección de Avalúos y Catastros (Dinac) aseguró que no llegarían ni a 620 mil dólares, es decir siete veces menos. La favorecida fue la Pesquera Santa Priscila que pagó una deuda que había contraído inicialmente con Filanbanco y que luego había pasado a la AGD.
Otro caso curioso es el del fideicomiso Anfid con el que se pagó deudas vinculadas por 7,3 millones de dólares de Sico, Sicocar y Sicodiesel, del grupo Andrade. El patrimonio del fi deicomiso lo constituye un terreno y edifi cación de 25 mil metros cuadrados en Guayaquil y otro de cinco mil metros en Quito. La cancelación de la deuda se aplicó en 1999, pero los avalúos se hicieron recién en 2004 y de forma parcial. De ellos se desprende una posible sobrevaloración de 3,1 millones de dólares. Sin embargo este fideicomiso no fue mencionado por el presidente Gutiérrez entre los 10 que demandará su nulidad. Es conocido en Guayaquil que el mayor Renán Borbúa, primo de Gutiérrez, fue jefe de seguridad del Grupo Andrade, y que su residencia en Samborondón, valorada en 500 mil dólares, también fue adquirida a la familia Andrade.
Tres veces menos fue avaluado también un terreno de 23 mil metros cuadrados ubicado en Punta Blanca, península de Santa Elena. Quienes cancelaron deudas por casi 600 mil dólares fueron la agrícola Carlapía y la compañía Boschitos, clientes de Filanbanco. Según la Dinac, esos terrenosno cuestan más de 150 mil dólares. El convenio de dación fue suscrito en marzo de 2003 y una de las cláusulas dice que los mismos representantes de las compañías deudoras se comprometen a cuidar los bienes.
Tanto se busca confundir que en el caso del fi deicomiso La Germania se presentan cinco avalúos, tres de ellos sobre terrenos diferentes al entregado. Fueron dos lotes de terreno en Pascuales, al norte de Guayaquil, que suman 370 hectáreas y que según las escrituras valen 29 millones de dólares. Pero no todo es para pagar deudas. Se acordó que para ello se utilice apenas el 30 por ciento, es decir 8,7 millones de dólares. Pero un avalúo posterior hecho por la Dinac reveló que todo el terreno costaba apenas 1,2 millones de dólares, es decir que estaba 24 veces sobrevalorado.
Un tercer y un cuarto avalúo pedido por los deudores dispara el precio a 65 millones de dólares. El quinto, hecho por la Espol, lo deja cercano a los seis millones. Si tomáramos como referencia éste último, y considerando que solo entregaron el 30 por ciento del benefi cio del fi deicomiso, los ecuatorianos estaríamos perdiendo siete millones de dólares. Los deudores: Carlos Mansur y Eica. Hasta el momento han sido aceptados al trámite dos solicitudes de nulidad, el tiempo y los jueces tienen la palabra.
¡Al pueblo hay que movilizarlo!
¿Por qué debemos confiar en usted?
La confianza viene de un mandato presidencial. El Presidente está absolutamente convencido de que tiene razones más que evidentes para luchar contra los deudores que llegaron a serlo, aprovechándose de sus influencias políticas, familiares, económicas o de otra índole. Me indigna cómo, de un modo perverso, se ha maltratado al pueblo en esta mal llamada crisis bancaria en donde tanta gente sufrió el abuso perpetrado por estos banqueros que dejaron a la gente en la más espantosa pobreza.
¿Cree que durará en el cargo?
Pueden darse circunstancias que no permitan completar el plan de cobrar a 2.600 personas, que van ser coactivadas. También actuaremos sobre 150 empresas vinculadas con accionistas o administradores de los bancos cerrados. Las coactivas van a sumar 400 millones. Además hemos decidido enjuiciar por daños y perjuicio a los banqueros que quebraron los bancos. El primero de ellos es Aspiazu, a quien le reclamaremos mil millones de dólares.
¿Cómo piensa cobrar?
Como juez de coactiva. En caso de que no paguen, tengo la facultad de embargar y subastar bienes. Ya empecé con los señores Febres-Cordero a pesar que cuentan con el apoyo de diputados. Yo encontré en la casa del señor Febres-Cordero al diputado Patricio Dávila. Éste empezó a agredirme verbalmente. Dávila decía: "Usted no tiene que venir a cobrar a esta familia y va a ver que con mis diputados no le vamos a permitir que nos cobre". El señor estaba totalmente fuera de sí. Ellos han establecido un sistema de jueces que les cumplen órdenes en forma automática. Tampoco permitiremos que semanipule la opinión pública.
¿Qué persiguen los diputados?
Yo no creo que obtengan prestigio. Pienso que cualquier diputado que se preste para el delito, de querer hacerle un juicio sin causa justa al Presidente, va a recibir una sanción muy grave por parte del pueblo, porque al pueblo tenemos que movilizarlo, para que actúe.
Por Cecilio Moreno Mendoza
No solo la inestabilidad de los gerentes ha sido el karma de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) en sus seis primeros años de vida. Los balances defi nitivos están atrasados y se han detectado hasta 60 mil partidas pendientes de regularizar, "Por lo que no son confi ables los registros de balances y estados fi nancieros", dice un informe de la propia agencia. Según datos cortados al 31 de julio de 2004, la administración de las instituciones financieras en saneamiento arrojó, en el primer semestre, pérdidas por 13 millones de dólares. ¿Dónde se originan? La llave abierta más grande está en lo que ha signifi cado para la AGD la recepción de bienes en dación de pago y en los famosos fi deicomisos.
SORPRESA: DACIONES EN PAGO
La AGD en realidad es una trilogía compleja. La Agencia de Garantía de Depósitos propiamente dicha que es una entidad de derecho público, bajo la supervisión de la Contraloría General del Estado y dos unidades administrativas independientes conocidas como Instituciones financieras compactadas de la Sierra y de la Costa, ambos entes de derecho privado bajo control de la Superintendencia de Bancos.
"En la práctica existen tres mundos organizacionales aislados e independientes entre sí", señala el ex gerente general, Ramiro Espín. Esta maraña llevó a que existan dos unidades de recursos humanos, tres cabezas administrativas y hasta dos sistemas informáticos. Eso elevó los costos operacionales, provocando fugas de dinero que tanta falta les hace a los depositantes que un día confi aron en algún banquero y que aún esperan la devolución de sus ahorros.
En medio del caos, nadie sabe a ciencia cierta cuánto mismo se ha recibido como daciones en pago por deudas. Y si bien existen listados preliminares de bienes, la "lista defi nitiva" es depurada por cada nueva administración. En el sitio web de la AGD, si pedimos la lista de bienes para la venta nos damos con una página que dice: "en reconstrucción".
Lo único cierto es que el mantenimiento y administración de los bienes recibidos generó, entre mayo de 2003 y julio de 2004, un egreso de 74 millones de dólares. Como es conocido, en las múltiples subastas de bienes poco o nada se ha logrado vender y ello es prueba de que la diferencia entre el valor de los avalúos de los bienes entregados y su precio real de mercado hace imposible su venta. Es que siempre la AGD ha tomado vehículos, terrenos o enseres al precio más alto posible. Un consolidado de bienes cortado a julio de 2004 revela que el 60 por ciento de los bienes recibidos en dación de pago, 84 millones de dólares, presenta algún tipo de problema y que faltan 100 inmuebles más por avaluar.
FIDEICOMISOS, UNA MONTAÑA RUSA
Cuando nació la AGD en diciembre de 1998, en su cuna ya la esperaban los dos primeros fideicomisos. En los años siguientes la cifra llegó a 20 con un patrimonio total de 61,4 millones de dólares. El mecanismo de pago mediante fideicomisos está compuesto de dos escrituras. En la primera, el dueño de un bien constituye un fideicomiso poniéndose como benefi ciario a sí mismo. En esta etapa, como se trata de un acto privado, el mismo benefi ciario le pone precio al bien que por lo general es un terreno baldío. Con la escritura en mano, acude a la AGD a ofrecer un virtual canje de la deuda por el valor del fi deicomiso. En muchos casos, el valor del fi deicomiso coincide con el monto adeudado.
En otros casos el valor es tan alto que alcanza no para uno, sino hasta para 20 o más deudores. Si la AGD lo acepta, se fi rma una segunda escritura en la que el beneficiario del primer fideicomiso cede sus derechos fiduciarios a la AGD. Internamente se da de baja la deuda, pero la AGD no ve un solo centavo.
Tampoco puede vender el terreno ya que no es el propietario legal del mismo. Ni siquiera puede tomar posesión porque una de las cláusulas dice que será el dueño original quien seguirá en la administración del bien.
Solo si algún día se llegare a arrendar o vender el terreno, el beneficio económico de esta acción irá a la AGD. Hasta ahora, la entidad estatal no ha recibido benefi cio alguno de los 20 fideicomisos tramitados. En uno solo, con el que hubieran sido 21, denominado El Descanso, se trató de hacer pasar un terreno árido, con oscuros títulos de propiedad, por 23 millones de dólares.
No solo que el avalúo fue sobredimensionado, sino que se decía que el terreno estaba en la parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso) del cantón Santa Elena, cuando esa parroquia pertenece a Guayaquil. En ese fi deicomiso había una veintena de deudores listos a cancelar sus obligaciones. El más fuerte de ellos era Febres-Cordero Cía. Ltda., que hubiera rebajado sus deudas en 10 millones de dólares. En estos tiempos de guerra política, el Presidente de la República ha dicho que demandará la nulidad de 10 fideicomisos en donde las irregularidades son más evidentes. Así, los primeros que fueron al banquillo de los acusados son los fideicomisos Marraquech I y II. Están conformados por terrenos ubicados al sur de Esmeraldas que según los deudores cuestan 10 millones de dólares y que según los avalúos posteriores hechos por la AGD, su precio real podría ser cinco veces menor. Los favorecidos fueron 27 deudores de los cuales los mayores son la camaronera Tunlo del grupo Maspons y el Ingenio La Troncal del grupo Isaías, con casi tres millones de dólares cada uno.
CARRUSEL DE AVALÚOS
Revisando la documentación de los fideicomisos aceptados, vemos que siete de ellos apenas cuentan con un avalúo pedido y pagado por los benefi ciarios. Los siete cubren montos de un millón de dólares o menos y corresponden a terrenos rurales de Quito, Durán, Puerto Cayo y Pedernales.
Diez de los fideicomisos cuentan con dos avalúos. Entre ellos hay nueve casos en que el segundo avalúo es diferente al primero pero en ninguno de ellos se ha procedido a contratar un estudio dirimente. Uno de los fi deicomisos, el Caminos del Norte II, es el único que tiene dos avalúos exactamente iguales sobre un terreno en Cotocollao que valdría 684 mil dólares. Lo extraño es que ambas valoraciones fueron encargadas al mismo perito, el ingeniero Luis Campaña.
Lo más común, ocho de esos casos, es que el segundo avalúo sea bastante inferior al primero. En el caso de La Capitana II, con 16 solares en Chanduy, un perito del Banco Central dijo que valían 4,2 millones de dólares mientras un técnico de la Dirección de Avalúos y Catastros (Dinac) aseguró que no llegarían ni a 620 mil dólares, es decir siete veces menos. La favorecida fue la Pesquera Santa Priscila que pagó una deuda que había contraído inicialmente con Filanbanco y que luego había pasado a la AGD.
Otro caso curioso es el del fideicomiso Anfid con el que se pagó deudas vinculadas por 7,3 millones de dólares de Sico, Sicocar y Sicodiesel, del grupo Andrade. El patrimonio del fi deicomiso lo constituye un terreno y edifi cación de 25 mil metros cuadrados en Guayaquil y otro de cinco mil metros en Quito. La cancelación de la deuda se aplicó en 1999, pero los avalúos se hicieron recién en 2004 y de forma parcial. De ellos se desprende una posible sobrevaloración de 3,1 millones de dólares. Sin embargo este fideicomiso no fue mencionado por el presidente Gutiérrez entre los 10 que demandará su nulidad. Es conocido en Guayaquil que el mayor Renán Borbúa, primo de Gutiérrez, fue jefe de seguridad del Grupo Andrade, y que su residencia en Samborondón, valorada en 500 mil dólares, también fue adquirida a la familia Andrade.
Tres veces menos fue avaluado también un terreno de 23 mil metros cuadrados ubicado en Punta Blanca, península de Santa Elena. Quienes cancelaron deudas por casi 600 mil dólares fueron la agrícola Carlapía y la compañía Boschitos, clientes de Filanbanco. Según la Dinac, esos terrenosno cuestan más de 150 mil dólares. El convenio de dación fue suscrito en marzo de 2003 y una de las cláusulas dice que los mismos representantes de las compañías deudoras se comprometen a cuidar los bienes.
Tanto se busca confundir que en el caso del fi deicomiso La Germania se presentan cinco avalúos, tres de ellos sobre terrenos diferentes al entregado. Fueron dos lotes de terreno en Pascuales, al norte de Guayaquil, que suman 370 hectáreas y que según las escrituras valen 29 millones de dólares. Pero no todo es para pagar deudas. Se acordó que para ello se utilice apenas el 30 por ciento, es decir 8,7 millones de dólares. Pero un avalúo posterior hecho por la Dinac reveló que todo el terreno costaba apenas 1,2 millones de dólares, es decir que estaba 24 veces sobrevalorado.
Un tercer y un cuarto avalúo pedido por los deudores dispara el precio a 65 millones de dólares. El quinto, hecho por la Espol, lo deja cercano a los seis millones. Si tomáramos como referencia éste último, y considerando que solo entregaron el 30 por ciento del benefi cio del fi deicomiso, los ecuatorianos estaríamos perdiendo siete millones de dólares. Los deudores: Carlos Mansur y Eica. Hasta el momento han sido aceptados al trámite dos solicitudes de nulidad, el tiempo y los jueces tienen la palabra.
¡Al pueblo hay que movilizarlo!
¿Por qué debemos confiar en usted?
La confianza viene de un mandato presidencial. El Presidente está absolutamente convencido de que tiene razones más que evidentes para luchar contra los deudores que llegaron a serlo, aprovechándose de sus influencias políticas, familiares, económicas o de otra índole. Me indigna cómo, de un modo perverso, se ha maltratado al pueblo en esta mal llamada crisis bancaria en donde tanta gente sufrió el abuso perpetrado por estos banqueros que dejaron a la gente en la más espantosa pobreza.
¿Cree que durará en el cargo?
Pueden darse circunstancias que no permitan completar el plan de cobrar a 2.600 personas, que van ser coactivadas. También actuaremos sobre 150 empresas vinculadas con accionistas o administradores de los bancos cerrados. Las coactivas van a sumar 400 millones. Además hemos decidido enjuiciar por daños y perjuicio a los banqueros que quebraron los bancos. El primero de ellos es Aspiazu, a quien le reclamaremos mil millones de dólares.
¿Cómo piensa cobrar?
Como juez de coactiva. En caso de que no paguen, tengo la facultad de embargar y subastar bienes. Ya empecé con los señores Febres-Cordero a pesar que cuentan con el apoyo de diputados. Yo encontré en la casa del señor Febres-Cordero al diputado Patricio Dávila. Éste empezó a agredirme verbalmente. Dávila decía: "Usted no tiene que venir a cobrar a esta familia y va a ver que con mis diputados no le vamos a permitir que nos cobre". El señor estaba totalmente fuera de sí. Ellos han establecido un sistema de jueces que les cumplen órdenes en forma automática. Tampoco permitiremos que semanipule la opinión pública.
¿Qué persiguen los diputados?
Yo no creo que obtengan prestigio. Pienso que cualquier diputado que se preste para el delito, de querer hacerle un juicio sin causa justa al Presidente, va a recibir una sanción muy grave por parte del pueblo, porque al pueblo tenemos que movilizarlo, para que actúe.
Por Cecilio Moreno Mendoza
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