Los taxistas de Pastaza recibirán radios; en varios cantones de la AmazonÃa, se paga al alcantarillado; en Tungurahua, la implementación de hospitales, en alrededor de 50 poblaciones de todo el paÃs la construcción de puentes. Todo, que en los cálculos extraoficiales suma alrededor de $5 millones, salen de los fondos de la gerencia de Protección Ambiental de Petroecuador, tal cual una "caja chica" para promocionar la imagen del Gobierno de Lucio Gutiérrez
Vargas apoya a los taxistas
La reprogramación de presupuestos sirve para realizar obras sociales
La presión tuvo resultado: tras un mes de gestiones, llamadas telefónicas desde el Congreso, Ministerio de Bienestar Social y hasta la Presidencia de la República, la Gerencia de Protección Ambiental de Petroecuador aceptó financiar con $80 666 para comprar 140 radios para la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis y Camionetas de Pastaza y nueve estaciones de radio fijas para la PolicÃa Nacional, Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil.
Claro, la primera solicitud (a fines de octubre último) recibió el rechazo de uno de los técnicos de la entidad petrolera porque no se podÃa financiar con recursos públicos proyectos para entidades privadas. Luego, tras las llamadas, una de ellas, según fuentes de Petroecuador, del diputado afÃn al Gobierno Franklin SanmartÃn, el 11 de noviembre de este año, en el memorando 1616-GPA-2004, el gerente de Protección Ambiental, Miguel Vélez, autoriza la suscripción del convenio con el Ministerio de Bienestar Social para la ejecución del "Proyecto de Apoyo a la Comunidad de Puyo para la Implementación de Mecanismos Antidelincuenciales y de Ayuda Inmediata ante Desastres Naturales, con cargo a la partida 961.150632, denominada "Aportes y Transferencias-Fondo de Desarrollo Comunal" que administra" esta gerencia.
"El propósito es entregar una radio a cada uno de los 474 taxistas socios de las siete cooperativas que hay en la provincia, de las cuales seis son nuestras filiales", dijo el presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis y Camionetas de Pastaza, Ney Caicedo. O sea, de un lado se maneja la cifra de 140 radios, y en Puyo la de 474.
El dirigente culpó a la Defensa Civil de no dar las facilidades necesarias para que se hubiese agilitado el trámite. Es que, en principio, el convenio de cooperación debÃa firmarse con la Coordinación Provincial de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de Pastaza, previa una autorización de la Dirección Nacional, la que finalmente negó el pedido.
El coordinador local de esta entidad, Enrique Meza, dijo que su solicitud de delegación para firmar el convenio fue analizada en el Departamento JurÃdico de su Institución se concluyó que la Defensa Civil no podÃa asumir tantas obligaciones porque no dispone de recursos y en vista de que el beneficio era más directamente para los taxistas.
La pregunta es por qué asumió Bienestar Social y por qué Petroecuador interviene dotando el dinero.
Caicedo reconoció la ayuda que reciben del diputado independiente por Pastaza, Franklin SanmartÃn, para que la idea se concrete.
"Simplemente se me pidió el apoyo desde la Comisión de Seguridad Ciudadana y de la Unión de Taxistas para que el proyecto pudiera concretarse y eso es lo que estoy haciendo", aclaró SanmartÃn y descartó haberse convertido en tramitador: "Como autoridad de la provincia, es mi deber apoyar toda iniciativa que busque su bienestar general". El diputado acotó que el proyecto tiene como espÃritu convertir a los taxistas en los "ojos y oÃdos" que ayuden en su misión de garantizar la seguridad interna que le compete a la PolicÃa.
Al ser consultado acerca de la existencia de una ilegalidad al financiar un programa de una organización de carácter privado con recursos estatales, SanmartÃn dijo que la misma Gerencia de Protección Ambiental ha entregado recursos para proyectos de organizaciones indÃgenas amazónicas con carácter de derecho privado.
Miguel Vélez, gerente de Protección Ambiental, dijo que debÃa recibir la autorización de la presidencia de Petroecuador para hablar con la prensa de estos temas. Sin embargo, fuentes de la misma institución señalaron que este tipo de proyectos no corresponden con las responsabilidades y obligaciones de esa Gerencia. Su objetivo, según sus documentos, es apoyar a las zonas y poblaciones que pueden ser afectados por la industria petrolera o para resarcir los daños en los bienes tangibles e intangibles del Ecuador. (OP/EF)
Las justificaciones para las acciones polÃticas
La mayorÃa de planes que cuentan con recursos de Petroecuador es para obras que inaugura Lucio Gutiérrez
El proyecto para dotar de radios a la provincia de Pastaza nació con un oficio del 21 de octubre de 2004, en el que la Fundación de la AmazonÃa Ecuatoriana para la Conservación y el Desarrollo Ecológico, Social, Productivo y Popular, con sede en el cantón Mera, solicita la dotación de equipos para el control antidelincuencial.
El 28 de octubre se reconoce que esa organización solicita un financiamiento de $85 146,40. Luego, el 11 de noviembre, se autoriza la "contribución" de $80 666.
La censura dictada por el Congreso en contra del ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas, pone en riesgo el futuro del proyecto. "El pasado 29 de octubre, durante la sesión de aniversario de la Unión, el señor ministro dijo que dará todo el impulso para que se cristalice cuanto antes. La crisis polÃtica y ahora la incertidumbre sobre su permanencia en el cargo hace que nada esté seguro", reconoció Ney Caicedo, dirigente de los transportistas.
Los choferes justifican el proyecto y dicen: "Nuestro rol será el de estar atentos a cualquier suceso anormal, como asaltos, robos, incidentes, desmanes, y también para que nuestros compañeros no sean fácil presa de la delincuencia. Hemos sido objeto de robo de unidades y, para ello, hasta se ha asesinado a los compañeros".
Ellos no creen que este proyecto tenga que ver con los acuerdos polÃticos entre los gremios de los choferes con el Gobierno de Lucio Gutiérrez.
El 11 de octubre de este año, Miguel Vélez, gerente de Protección Ambiental de Petroecuador, informa al presidente ejecutivo de esa entidad que se reprogramó de la Partida Presupuestaria "Aportes y Transferencias-Fondo de Desarrollo Comunal", "para la la realización de proyectos programados para ejecutarlos en el año en curso".
Esa reprogramación sirve para ejecutar planes en alcantarillado en San Pedro de los Cofanes, parroquia Siete de Julio, recinto Jivino Verde, en Shushufindi; aulas escolares para el Centro Shuar Taruka, en el Municipio Cascales; para reforestación de las cuencas hidrográficas del rÃo Napo; para agua de riego de las vertientes de las lagunas Angascocha y El PujÃn, en San Miguelito. Todo por un monto que suma $804 447. Solo en el último proyecto mencionado se usarán $300 mil.
Este dinero se obtiene de la negación de un proyecto para la regeneración urbana de los barrios Puerto Limón y Cinco de Junio de Esmeraldas. (OP/EF)
"Yo te ofrezco, busca quien..."
El Presidente de la República ofreció dar más de $500 mil para tres poblaciones tungurahuenses. Hasta ahora no llega el dinero, pero, de entregarlo, no se justificarÃa legalmente "extraerlo" de Petroecuador
El dÃa jueves 14 de octubre último, el presidente Lucio Gutiérrez llegó a PÃllaro con mucho entusiasmo y dejó a sus pobladores encantados. Exhibió un documento por el cual se otorgaba un cheque por $396 376 para el equipamiento del Hospital de PÃllaro.
El acto se cumplió con la presencia de los candidatos de la alianza gobiernista para las dignidades seccionales. Tres dÃas después, Ãdgar Arcos perdÃa frente a Edwin Cortez. Este último, el viernes 15 de octubre, demostró a los pillareños que el ofrecimiento habÃa sido solo para favorecer a Arcos, del PSC, y a la alianza gobiernista y que la plata para el hospital no existÃa, solo era un ofrecimiento electoral.
La misma oferta recibieron los habitantes de Pelileo, San Miguelito de PÃllaro y de Ambato. Para las tres ciudades se ofreció dinero que facilitaba el equipamiento del hospital y la terminación de la infraestructura, en el caso del primero; mejoramiento de infraestructura y equipamiento, en el segundo; y adquisición de caldero, construcción de cisterna y bomba, en el tercero. Todo por un monto que suma $1 139 740.
Lo que no sabÃan los tungurahuenses (y quizá ni el propio Lucio Gutiérrez) era que el dinero ofrecido salÃa de los fondos de la gerencia de Protección Ambiental de Petroecuador, tras una reprogramación del presupuesto y una reasignación de fondos.
La solicitud la hizo el Ministerio de Salud Pública, no solo para esas poblaciones de Tunguragua. Allà se incluyó la solicitud para la remodelación y ampliación del hospital Marco Vinicio Iza, de Nueva Loja, en SucumbÃos, por un monto "redondo" de $700 mil.
El alcalde de PÃllaro, Edwin Cortez, dice que ni siquiera le consultaron si hacÃa falta ese dinero para el hospital, que durante 22 años ha esperado recursos para convertirse en un verdadero centro de atención. "Eso, sin olvidar que necesitamos mejorar el sistema de agua potable", explica.
Lo cierto es que, en PÃllaro, todavÃa muchas emergencias no se pueden atender porque no existen los instrumentos ni equipos para garantizar un servicio médico. Los empleados y galenos coinciden en una sola respuesta: "No tenemos nada". De hecho, en el último feriado, un parto con cesárea tuvo que ocurrir en el hospital de Ambato. Incluso, el Municipio de PÃllaro paga de sus fondos el sueldo de $500 para un cirujano traÃdo desde Ambato, como lo confirma Ãdgar Arcos, director titular del hospital.
En Pelileo, las obras en el nuevo hospital están paralizadas y en el subcentro médico de San Miguelito (de donde es el ministro de EnergÃa, Eduardo López), no existen recursos para atender cirugÃas menores. De concretarse la oferta, de $35 mil para San Miguelito, según varios pobladores, se resolverÃan casi todos los problemas de la localidad. (OP)
Las versiones oficiales
El silencio es la única respuesta
En varias ocasiones se ha solicitado una entrevista con el gerente de Protección Ambiental de Petroecuador, Miguel Vélez, pero la respuesta ha sido siempre la misma: "Se requiere de una autorización del presidente de la entidad para poder explicar".
Incluso, a través del departamento de Relaciones Públicas de Petroecuador, se insistió en una entrevista sin resultado positivo.
El dÃa martes 16 de noviembre, se le envió a Luis Camacho un cuestionario para resolver varias de las inquietudes sobre el uso de recursos y la reprogramación de presupuestos destinados a la protección ambiental. Hasta el cierre de esta edición, no se conocÃa de una respuesta sobre el tema. (OP)
Puente de $89 mil se cae antes de ser terminado
En la administración del ex ministro de EnergÃa, Carlos Arboleda, se cuestionó el trabajo de Tony "El Suizo", aunque ninguno de sus puentes ha caÃdo o sufre daños
Jorge Arroyo (31 años) fue al sitio equivocado en el momento menos indicado. Al llegar con agua para los obreros que trabajaban en la construcción del puente de Concepción, la estructura se vino abajo. El hombre cayó y murió entre los escombros y la correntada del rÃo Bogotá. Tres personas más resultaron heridas.
Eran las 11:00 del 14 de octubre de 2004. Al parecer, las bases cedieron al peso de la tuberÃa y por eso se desplomó, junto con el esfuerzo de tres años del poblado para que el Estado atendiera su vieja aspiración.
Tras el desplome, la parroquia se quedó sin puente y con un daño ambiental, cuyo remedio tendrá un costo adicional. Eso, sin olvidar que el concreto y los tubos retorcidos son un peligro para quienes ocupan el rÃo, como señala Maritza Gobea, de la Junta Parroquial.
Las autoridades de Petroecuador pidieron la actuación de la ContralorÃa y una investigación para hallar las causas del incidente. El contratista, Jaime Luna, ha asegurado que la construcción cumplió con todos los requisitos técnicos.
Según los comuneros, el pedido de la obra se formalizó en el Gobierno de Gustavo Noboa y fue discutida en tres reuniones con el ex ministro Carlos Arboleda, en 2003. El convenio se firmó el 21 de septiembre de ese año.
Inicialmente, el costo se fijó en $69 mil; luego se informó que aumentaba en $20 mil, según los testimonios.
La obra formaba parte del convenio 079 PRO A 2003, del 30 de diciembre de 2003, suscrito entre Petroecuador y el Ministerio de EnergÃa para la construcción de 74 puentes por un monto de $2 985 336,50.
Ese convenio de financiamiento del proyecto Puentes para la Comunidad Fase II sufrió una reprogramación en 2004. En ella se redujo de 74 a 64 el número de puentes a realizarse sin tener que variar el costo previsto inicialmente.
En su argumentación al Consejo de Administración de Petroecuador (Cad), el gerente de Protección Ambiental, Miguel Vélez, señala que el cambio obedece a la reprogramación realizada por el Ministerio de EnergÃa, considerando obras adicionales y complementarias para que los puentes queden habilitados.
Además, en su carta del 21 de septiembre de 2004 al presidente de la estatal y los miembros del CAD, Vélez señala que dicha reprogramación responde a las caracterÃsticas de los nuevos puentes (longitudes, especificaciones técnicas y relocalización), "razones por las cuales variaron sus presupuestos".
Para los vecinos de Concepción, esos argumentos no se ajustan al caso del puente de esta parroquia, pues se les informó del reajuste cuando la obra estaba ya en ejecución, a través de un fiscalizador.
Y en la Junta Parroquial dudan que ese aumento haya sido para mejorar la obra. Prueba de ello es que se vino abajo antes de ser concluida. Ahora solo quedan desperdigados restos de tuberÃa que fue dada de baja por la industria petrolera. (LB)
PUNTO DE VISTA
Nuevas dudas sin una sola respuesta
La utilización arbitraria y polÃtica de recursos públicos destinados para fines muy concretos tiene un solo nombre: corrupción.
En Petroecuador existe la sospecha de que el dinero solo tiene un fin: mejorar, potenciar y hasta lavar la imagen del Gobierno, sin descontar la garantÃa de los acuerdos polÃticos con grupos corporativos. Las pruebas: desde la gerencia de Protección Ambiental, se han destinado y repartido centenas de miles de dólares para implementar hospitales, construir puentes, comprar radios para taxistas, tal como detalla este informe. ¿O ahora son los nuevos fondos reservados del Gobierno gutierrista?
Las consecuencias: otros proyectos, programados y pensados para paliar los efectos de la industria petrolera, que van desde lo propiamente ambiental hasta lo cultural, quedan en suspenso o, por lo menos, postergados. Y algo más: la presión de las autoridades (se dice incluso que algunos diputados demandan esas obras para apoyar al Gobierno en el Congreso) se convierte en un modo de gestión que anula y distorsiona la planificación de equipos técnicos con planes a largo plazo.
Las causas: la falta de transparencia en la gestión pública y la necesidad de garantizar apoyos polÃticos con sectores necesitados, utilizados desde su condición de miseria, en muchos de los casos.
Por eso, Petroecuador debe y tiene que informar por qué hace estas reprogramaciones y no da una explicación a los verdaderos dueños del dinero: todos los ecuatorianos. (OP) (Blanco y Negro)
Vargas apoya a los taxistas
La reprogramación de presupuestos sirve para realizar obras sociales
La presión tuvo resultado: tras un mes de gestiones, llamadas telefónicas desde el Congreso, Ministerio de Bienestar Social y hasta la Presidencia de la República, la Gerencia de Protección Ambiental de Petroecuador aceptó financiar con $80 666 para comprar 140 radios para la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis y Camionetas de Pastaza y nueve estaciones de radio fijas para la PolicÃa Nacional, Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil.
Claro, la primera solicitud (a fines de octubre último) recibió el rechazo de uno de los técnicos de la entidad petrolera porque no se podÃa financiar con recursos públicos proyectos para entidades privadas. Luego, tras las llamadas, una de ellas, según fuentes de Petroecuador, del diputado afÃn al Gobierno Franklin SanmartÃn, el 11 de noviembre de este año, en el memorando 1616-GPA-2004, el gerente de Protección Ambiental, Miguel Vélez, autoriza la suscripción del convenio con el Ministerio de Bienestar Social para la ejecución del "Proyecto de Apoyo a la Comunidad de Puyo para la Implementación de Mecanismos Antidelincuenciales y de Ayuda Inmediata ante Desastres Naturales, con cargo a la partida 961.150632, denominada "Aportes y Transferencias-Fondo de Desarrollo Comunal" que administra" esta gerencia.
"El propósito es entregar una radio a cada uno de los 474 taxistas socios de las siete cooperativas que hay en la provincia, de las cuales seis son nuestras filiales", dijo el presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis y Camionetas de Pastaza, Ney Caicedo. O sea, de un lado se maneja la cifra de 140 radios, y en Puyo la de 474.
El dirigente culpó a la Defensa Civil de no dar las facilidades necesarias para que se hubiese agilitado el trámite. Es que, en principio, el convenio de cooperación debÃa firmarse con la Coordinación Provincial de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de Pastaza, previa una autorización de la Dirección Nacional, la que finalmente negó el pedido.
El coordinador local de esta entidad, Enrique Meza, dijo que su solicitud de delegación para firmar el convenio fue analizada en el Departamento JurÃdico de su Institución se concluyó que la Defensa Civil no podÃa asumir tantas obligaciones porque no dispone de recursos y en vista de que el beneficio era más directamente para los taxistas.
La pregunta es por qué asumió Bienestar Social y por qué Petroecuador interviene dotando el dinero.
Caicedo reconoció la ayuda que reciben del diputado independiente por Pastaza, Franklin SanmartÃn, para que la idea se concrete.
"Simplemente se me pidió el apoyo desde la Comisión de Seguridad Ciudadana y de la Unión de Taxistas para que el proyecto pudiera concretarse y eso es lo que estoy haciendo", aclaró SanmartÃn y descartó haberse convertido en tramitador: "Como autoridad de la provincia, es mi deber apoyar toda iniciativa que busque su bienestar general". El diputado acotó que el proyecto tiene como espÃritu convertir a los taxistas en los "ojos y oÃdos" que ayuden en su misión de garantizar la seguridad interna que le compete a la PolicÃa.
Al ser consultado acerca de la existencia de una ilegalidad al financiar un programa de una organización de carácter privado con recursos estatales, SanmartÃn dijo que la misma Gerencia de Protección Ambiental ha entregado recursos para proyectos de organizaciones indÃgenas amazónicas con carácter de derecho privado.
Miguel Vélez, gerente de Protección Ambiental, dijo que debÃa recibir la autorización de la presidencia de Petroecuador para hablar con la prensa de estos temas. Sin embargo, fuentes de la misma institución señalaron que este tipo de proyectos no corresponden con las responsabilidades y obligaciones de esa Gerencia. Su objetivo, según sus documentos, es apoyar a las zonas y poblaciones que pueden ser afectados por la industria petrolera o para resarcir los daños en los bienes tangibles e intangibles del Ecuador. (OP/EF)
Las justificaciones para las acciones polÃticas
La mayorÃa de planes que cuentan con recursos de Petroecuador es para obras que inaugura Lucio Gutiérrez
El proyecto para dotar de radios a la provincia de Pastaza nació con un oficio del 21 de octubre de 2004, en el que la Fundación de la AmazonÃa Ecuatoriana para la Conservación y el Desarrollo Ecológico, Social, Productivo y Popular, con sede en el cantón Mera, solicita la dotación de equipos para el control antidelincuencial.
El 28 de octubre se reconoce que esa organización solicita un financiamiento de $85 146,40. Luego, el 11 de noviembre, se autoriza la "contribución" de $80 666.
La censura dictada por el Congreso en contra del ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas, pone en riesgo el futuro del proyecto. "El pasado 29 de octubre, durante la sesión de aniversario de la Unión, el señor ministro dijo que dará todo el impulso para que se cristalice cuanto antes. La crisis polÃtica y ahora la incertidumbre sobre su permanencia en el cargo hace que nada esté seguro", reconoció Ney Caicedo, dirigente de los transportistas.
Los choferes justifican el proyecto y dicen: "Nuestro rol será el de estar atentos a cualquier suceso anormal, como asaltos, robos, incidentes, desmanes, y también para que nuestros compañeros no sean fácil presa de la delincuencia. Hemos sido objeto de robo de unidades y, para ello, hasta se ha asesinado a los compañeros".
Ellos no creen que este proyecto tenga que ver con los acuerdos polÃticos entre los gremios de los choferes con el Gobierno de Lucio Gutiérrez.
El 11 de octubre de este año, Miguel Vélez, gerente de Protección Ambiental de Petroecuador, informa al presidente ejecutivo de esa entidad que se reprogramó de la Partida Presupuestaria "Aportes y Transferencias-Fondo de Desarrollo Comunal", "para la la realización de proyectos programados para ejecutarlos en el año en curso".
Esa reprogramación sirve para ejecutar planes en alcantarillado en San Pedro de los Cofanes, parroquia Siete de Julio, recinto Jivino Verde, en Shushufindi; aulas escolares para el Centro Shuar Taruka, en el Municipio Cascales; para reforestación de las cuencas hidrográficas del rÃo Napo; para agua de riego de las vertientes de las lagunas Angascocha y El PujÃn, en San Miguelito. Todo por un monto que suma $804 447. Solo en el último proyecto mencionado se usarán $300 mil.
Este dinero se obtiene de la negación de un proyecto para la regeneración urbana de los barrios Puerto Limón y Cinco de Junio de Esmeraldas. (OP/EF)
"Yo te ofrezco, busca quien..."
El Presidente de la República ofreció dar más de $500 mil para tres poblaciones tungurahuenses. Hasta ahora no llega el dinero, pero, de entregarlo, no se justificarÃa legalmente "extraerlo" de Petroecuador
El dÃa jueves 14 de octubre último, el presidente Lucio Gutiérrez llegó a PÃllaro con mucho entusiasmo y dejó a sus pobladores encantados. Exhibió un documento por el cual se otorgaba un cheque por $396 376 para el equipamiento del Hospital de PÃllaro.
El acto se cumplió con la presencia de los candidatos de la alianza gobiernista para las dignidades seccionales. Tres dÃas después, Ãdgar Arcos perdÃa frente a Edwin Cortez. Este último, el viernes 15 de octubre, demostró a los pillareños que el ofrecimiento habÃa sido solo para favorecer a Arcos, del PSC, y a la alianza gobiernista y que la plata para el hospital no existÃa, solo era un ofrecimiento electoral.
La misma oferta recibieron los habitantes de Pelileo, San Miguelito de PÃllaro y de Ambato. Para las tres ciudades se ofreció dinero que facilitaba el equipamiento del hospital y la terminación de la infraestructura, en el caso del primero; mejoramiento de infraestructura y equipamiento, en el segundo; y adquisición de caldero, construcción de cisterna y bomba, en el tercero. Todo por un monto que suma $1 139 740.
Lo que no sabÃan los tungurahuenses (y quizá ni el propio Lucio Gutiérrez) era que el dinero ofrecido salÃa de los fondos de la gerencia de Protección Ambiental de Petroecuador, tras una reprogramación del presupuesto y una reasignación de fondos.
La solicitud la hizo el Ministerio de Salud Pública, no solo para esas poblaciones de Tunguragua. Allà se incluyó la solicitud para la remodelación y ampliación del hospital Marco Vinicio Iza, de Nueva Loja, en SucumbÃos, por un monto "redondo" de $700 mil.
El alcalde de PÃllaro, Edwin Cortez, dice que ni siquiera le consultaron si hacÃa falta ese dinero para el hospital, que durante 22 años ha esperado recursos para convertirse en un verdadero centro de atención. "Eso, sin olvidar que necesitamos mejorar el sistema de agua potable", explica.
Lo cierto es que, en PÃllaro, todavÃa muchas emergencias no se pueden atender porque no existen los instrumentos ni equipos para garantizar un servicio médico. Los empleados y galenos coinciden en una sola respuesta: "No tenemos nada". De hecho, en el último feriado, un parto con cesárea tuvo que ocurrir en el hospital de Ambato. Incluso, el Municipio de PÃllaro paga de sus fondos el sueldo de $500 para un cirujano traÃdo desde Ambato, como lo confirma Ãdgar Arcos, director titular del hospital.
En Pelileo, las obras en el nuevo hospital están paralizadas y en el subcentro médico de San Miguelito (de donde es el ministro de EnergÃa, Eduardo López), no existen recursos para atender cirugÃas menores. De concretarse la oferta, de $35 mil para San Miguelito, según varios pobladores, se resolverÃan casi todos los problemas de la localidad. (OP)
Las versiones oficiales
El silencio es la única respuesta
En varias ocasiones se ha solicitado una entrevista con el gerente de Protección Ambiental de Petroecuador, Miguel Vélez, pero la respuesta ha sido siempre la misma: "Se requiere de una autorización del presidente de la entidad para poder explicar".
Incluso, a través del departamento de Relaciones Públicas de Petroecuador, se insistió en una entrevista sin resultado positivo.
El dÃa martes 16 de noviembre, se le envió a Luis Camacho un cuestionario para resolver varias de las inquietudes sobre el uso de recursos y la reprogramación de presupuestos destinados a la protección ambiental. Hasta el cierre de esta edición, no se conocÃa de una respuesta sobre el tema. (OP)
Puente de $89 mil se cae antes de ser terminado
En la administración del ex ministro de EnergÃa, Carlos Arboleda, se cuestionó el trabajo de Tony "El Suizo", aunque ninguno de sus puentes ha caÃdo o sufre daños
Jorge Arroyo (31 años) fue al sitio equivocado en el momento menos indicado. Al llegar con agua para los obreros que trabajaban en la construcción del puente de Concepción, la estructura se vino abajo. El hombre cayó y murió entre los escombros y la correntada del rÃo Bogotá. Tres personas más resultaron heridas.
Eran las 11:00 del 14 de octubre de 2004. Al parecer, las bases cedieron al peso de la tuberÃa y por eso se desplomó, junto con el esfuerzo de tres años del poblado para que el Estado atendiera su vieja aspiración.
Tras el desplome, la parroquia se quedó sin puente y con un daño ambiental, cuyo remedio tendrá un costo adicional. Eso, sin olvidar que el concreto y los tubos retorcidos son un peligro para quienes ocupan el rÃo, como señala Maritza Gobea, de la Junta Parroquial.
Las autoridades de Petroecuador pidieron la actuación de la ContralorÃa y una investigación para hallar las causas del incidente. El contratista, Jaime Luna, ha asegurado que la construcción cumplió con todos los requisitos técnicos.
Según los comuneros, el pedido de la obra se formalizó en el Gobierno de Gustavo Noboa y fue discutida en tres reuniones con el ex ministro Carlos Arboleda, en 2003. El convenio se firmó el 21 de septiembre de ese año.
Inicialmente, el costo se fijó en $69 mil; luego se informó que aumentaba en $20 mil, según los testimonios.
La obra formaba parte del convenio 079 PRO A 2003, del 30 de diciembre de 2003, suscrito entre Petroecuador y el Ministerio de EnergÃa para la construcción de 74 puentes por un monto de $2 985 336,50.
Ese convenio de financiamiento del proyecto Puentes para la Comunidad Fase II sufrió una reprogramación en 2004. En ella se redujo de 74 a 64 el número de puentes a realizarse sin tener que variar el costo previsto inicialmente.
En su argumentación al Consejo de Administración de Petroecuador (Cad), el gerente de Protección Ambiental, Miguel Vélez, señala que el cambio obedece a la reprogramación realizada por el Ministerio de EnergÃa, considerando obras adicionales y complementarias para que los puentes queden habilitados.
Además, en su carta del 21 de septiembre de 2004 al presidente de la estatal y los miembros del CAD, Vélez señala que dicha reprogramación responde a las caracterÃsticas de los nuevos puentes (longitudes, especificaciones técnicas y relocalización), "razones por las cuales variaron sus presupuestos".
Para los vecinos de Concepción, esos argumentos no se ajustan al caso del puente de esta parroquia, pues se les informó del reajuste cuando la obra estaba ya en ejecución, a través de un fiscalizador.
Y en la Junta Parroquial dudan que ese aumento haya sido para mejorar la obra. Prueba de ello es que se vino abajo antes de ser concluida. Ahora solo quedan desperdigados restos de tuberÃa que fue dada de baja por la industria petrolera. (LB)
PUNTO DE VISTA
Nuevas dudas sin una sola respuesta
La utilización arbitraria y polÃtica de recursos públicos destinados para fines muy concretos tiene un solo nombre: corrupción.
En Petroecuador existe la sospecha de que el dinero solo tiene un fin: mejorar, potenciar y hasta lavar la imagen del Gobierno, sin descontar la garantÃa de los acuerdos polÃticos con grupos corporativos. Las pruebas: desde la gerencia de Protección Ambiental, se han destinado y repartido centenas de miles de dólares para implementar hospitales, construir puentes, comprar radios para taxistas, tal como detalla este informe. ¿O ahora son los nuevos fondos reservados del Gobierno gutierrista?
Las consecuencias: otros proyectos, programados y pensados para paliar los efectos de la industria petrolera, que van desde lo propiamente ambiental hasta lo cultural, quedan en suspenso o, por lo menos, postergados. Y algo más: la presión de las autoridades (se dice incluso que algunos diputados demandan esas obras para apoyar al Gobierno en el Congreso) se convierte en un modo de gestión que anula y distorsiona la planificación de equipos técnicos con planes a largo plazo.
Las causas: la falta de transparencia en la gestión pública y la necesidad de garantizar apoyos polÃticos con sectores necesitados, utilizados desde su condición de miseria, en muchos de los casos.
Por eso, Petroecuador debe y tiene que informar por qué hace estas reprogramaciones y no da una explicación a los verdaderos dueños del dinero: todos los ecuatorianos. (OP) (Blanco y Negro)
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