Veinte mil campesinos de la Sierra han formado grupos armados antidelincuenciales. No faltan denuncias por homicidios y desapariciones.
Dicen que la PolicÃa no llegaba, y si llegaba y actuaba, la justicia soltaba al cuatrero por falta de pruebas y volvÃa a delinquir. Siempre era asÃ. Tanto, que los campesinos resolvieron organizarse en Juntas Anticuatreras, ahora llamadas Juntas de Defensa del Campesinado. Existen casi 400 juntas con 20 mil socios. Operan, principalmente, en siete provincias de la Sierra Central con el apoyo de la PolicÃa, autoridades seccionales, algunos curas y partidos polÃticos. Por ese estÃmulo se habrÃan tomado atribuciones de "policÃas, jueces y verdugos".
Entre 2000 y 2001 habrÃan sido asesinados y desaparecido 17 personas. Además, "vigilan el orden", armados y con uniformes de la PolicÃa y el Ejército; extienden "boletas" a los habitantes de las grandes ciudades para que respondan antes sus "asambleas" por supuestos delitos; y cuando no están de acuerdo con las decisiones de la justicia ordinaria, secuestran a abogados, fiscales y hasta se toman los juzgados.
Estas denuncias han llegado incluso a AmnistÃa Internacional, pero el máximo lÃder de las Juntas, Raúl Bayas, argumenta que solo actúan "Como mediadores en casos que atentan contra la moral y la propiedad privada y que buscan justicia sin más arma que un látigo".
¿JUNTAS LEGALES O ILEGALES?
Según el presidente del Colegio de Abogados de Ambato, Fausto Lana, la Ley de Comunas de 1966 faculta la organización de las Juntas Anticuatreras. Otros juristas aclaran que la Constitución faculta esta organización únicamente a los indÃgenas, "para la solución de conflictos internos".
Según Lana, los "conflictos internos" son, por ejemplo, demarcación de linderos, controversias por el uso del agua, conflictos familiares. "Pero desde hace más o menos tres años, la Central de Juntas de Quero, formada por campesinos no indÃgenas, interviene en la investigación de paternidad, asuntos de alimentos, delitos, accidentes de tránsito, etc. La misma gente que no veÃa solución a sus conflictos con los jueces comunes, buscaba a las Juntas para, por ejemplo, cobrar deudas. La Junta citaba a los involucrados y en asamblea pública se los juzgaba. Si el acusado no pagaba, hasta lo secuestraban y lo obligaban a firmar documentos o a dejar escrituras". Según
Bayas, la Junta trata hasta 70 confl ictos por mes que los resuelve sin ninguna presión.
ASESINATOS
Más grave aún son los 15 asesinatos y dos desapariciones denunciados ante la Cedhu (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos), autoridades judiciales y AmnistÃa Internacional. Causas: venganzas y conflictos de tierras.
El más espeluznante se dio el uno de septiembre de 2000, en Lambaza Alto, BolÃvar.
"Más o menos a las 24h00, unos 30 miembros de las Juntas vestidos con ropa militar y de bomberos ingresaron en la noche a la casa de Bertha Guzmán. Ella se encontraba con sus ocho hijos. Agredieron a Bertha echándole agua y golpearon a su hija Elcia.
Les preguntaban dónde estaba el dinero de la venta de la chacra y la mula. Bertha logró salir de la casa con su hija Fabiola y buscó a la PolicÃa que se negó a darles auxilio porque no tenÃan vehÃculo. Bertha regresó a su casa a las 4h30 y su hijo Rodrigo relató que a sus hermanos Nelson, Hernán, Martha, Luz, Idelva y Elcia Guevara Guzmán
los habÃan sacado de la casa amarrados y llevado hacia la parte posterior donde los asesinaron e incineraron". Veintidós dÃas después la PolicÃa Judicial recién hizo un informe y no se conoció castigo alguno.
Raúl Bayas desmiente la participación de las Juntas: "He escuchado que fueron vendettas entre ellos. Muchos se toman el nombre de las Juntas para hacer cosas".
En los supuestos abusos de las Juntas aparecen también involucrados curas y policÃas. Por supuesto interés en un terreno junto al cementerio y en la hija del dueño del terreno, desde julio de 2000 el párroco de Poaló, Hernán Paredes âautoproclamado fundador de la Junta del Campesinado de PÃllaroâ supuestamente azuzó una persecución contra la familia Moreno Romero.
Padres e hijos fueron secuestrados y encerrados en calabozos acusándolos de robo de vacunos, de electrodomésticos y posesión de armas. Después les exigieron que abandonaran sus tierras y dejaran el pueblo. Se comprobó la falsedad de las acusaciones de robo y la cúpula de la Iglesia tuvo que trasladar al párroco a otro pueblo.
Bayas admite que en algunas comunidades hay "retenes" donde "Encierran a los malcriados, desadaptados que no solo pegan a la mujer, sino también a la mamá, al papá, al hermano. La misma familia se encarga de darles tres latigazos".
LA GRAN CRUZADA
En EcheandÃa, BolÃvar, Carnaval 2003, miembros de las "Juntas de Defensa del Campesinado, vestidos con camuflajes del Ejército y de la PolicÃa, con látigos de cuero de ganado, luego de recibir órdenes de la PolicÃa salieron a las calles a decomisar anilinas, globos, harina y huevos. La gente que se resistÃa fue detenida, golpeada y para recuperar su libertad pagó 17 dólares de multa". La Cedhu le pidió al entonces Comandante de PolicÃa, Ãdgar Vaca, explique porqué las Juntas se tomaban atribuciones policiales. Entonces se descubrió que estos actos eran parte del control de la seguridad acordado por todos los bolivarenses.
Efectivamente, a raÃz del asesinato de un destacado abogado de Guaranda, Raúl Bayas, quien habÃa formado las Juntas de Defensa del Campesinado en BolÃvar, ayudó a capturar a los asesinos. El hecho infl uyó para que las Juntas desde abril de 2002 se integren al Comité de Seguridad Ciudadana
"BolÃvar solidaria y segura". Del comité participaron Gobernación, Consejo Provincial, municipios, PolicÃa, Ministerio Fiscal, Tribunal de Menores, Dirección Provincial de Educación, Universidad de BolÃvar, Intendencia, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, profesionales en PsiquiatrÃa, brigadas barriales y medios de comunicación.
Con este antecedente, en abril de 2003, el Director de Operaciones de la PolicÃa pidió mediante telegrama a los comandantes de Chimborazo, Los RÃos, Tungurahua, BolÃvar y Cotopaxi que "Ante la presencia de Juntas de Defensa del Campesinado en su jurisdicción, sÃrvase realizar reuniones de acercamiento en coordinación con autoridades seccionales, función jurisdiccional y Ministerio Público, fin determinar organización, actuación y procedimientos con sujeción estricta a lo previsto en la Constitución, leyes y reglamentos, prevaleciendo respeto derechos humanos y garantÃas constitucionales".
Estimulados por el respaldo bolivarense, Bayas y los delegados de las Juntas buscaron un diálogo con el coronel Patricio Acosta, cuando aún era Secretario General de la Administración, para pedirle "El apoyo incondicional a fin de fortalecer la lucha contra la injusticia y la corrupción".
El encuentro se dio en Quero. Bayas cuenta: "Ahà conversamos bastante, fuimos también al Ministerio. Hablamos de la seguridad, de las desventajas que tenemos con la gente que quiere aislarnos. Otra vez conversamos con el coronel Lucio Gutiérrez. Nos ofreció consolidarnos en el ámbito jurÃdico, hacer un proyecto de ley para nosotros ser parte de la seguridad. Nada sucedió".
MEGAPROYECTO
Un año después (agosto 2004) el Ministerio de Bienestar Social, anunciaba su megaproyecto "Seguridad Ciudadana" que prevé la creación de una fuerza de seguridad en el campo parecida a las Juntas campesinas.
Según dijo a Vistazo el subsecretario, BolÃvar González, al comienzo reclutarÃan a "Cincuenta mil personas que ganarán 50 dólares al mes". El costo inicial será de 20 millones de dólares. "En cuatro años subirÃan a medio millón de personas". Dispondrán de 50 mil computadoras donadas por empresas. "No habrá gente armada, ni siquiera de un cuchillo". Harán un "trabajo de inteligencia". Con cursos de capacitación los instruirán sobre su función. En el proyecto participarán más de 300 organizaciones.
El Plan Piloto estaba previsto iniciarlo este mismo año en las comunidades Tsáchilas, Chachis, Mantas, Eperas y Awa. Lo que no está claro es si esta fuerza se fusionará con las Juntas o las sustituirá. "Nosotros ya estamos enlazados con la misma PolicÃa Nacional y con la Defensa Civil", dice Bayas quien no ve mal este proyecto,
"Pero si el propósito es dividirnos, como hace con los movimientos indÃgenas, eso no va a poder con nosotros".
Asà de caliente está el campo, por un lado indÃgenas, por otro las Juntas de Defensa del Campesinado y por otro el gobierno moviendo sus fichas.
El justiciero
Raúl Macario Bayas Villacrés, hijo de campesinos mestizos, nació en la comunidad Shaushi, cantón Quero, provincia de Tungurahua, el uno de agosto de 1964. Es el antepenúltimo de seis hermanos. "De niño veÃa la desesperación, el sufrimiento de nuestros papacitos a quienes a veces les dejaban sin nada los delincuentes". En esta zona la gente vive de la agricultura y ganaderÃa en terrenos de menos de 8.000 m2.
Terminó la primaria en Quero, trabajó como agricultor, como "controlador" en un camión, en 1984 hizo el servicio militar. En 1986 se casó y vive con su familia en su fi nca de 5.000 m2. Por el año 1994 fue secretario de la Junta de Shaushi; 1997, presidente; en el 2000 fue invitado a formar Juntas en la provincia de BolÃvar, donde "habÃa terribles bandas de delincuentes armados porque ahà se producen muchas armas. Hasta hijos de policÃas estaban metidos en los robos".
En cuatro años ha creado casi 400 Juntas en Tungurahua, BolÃvar, Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Los RÃos, Napo y Pastaza. Desde abril de 2003 es el máximo directivo de las Juntas. Ahora preside la restaurada Confederación, integrada por sus federaciones cantonales y éstas por las Juntas Parroquiales.
El delito más frecuente en el campo es la estafa en la venta de carros y terrenos, dice este hombre alto, carismático, que lleva un rosario en su pecho porque "Soy fiel creyente en Dios que es el único juez" y usa trenza como sÃmbolo de "fortaleza para poder perseverar".
Declarado defensor de "la moral, la propiedad privada", en Ambato le llaman "El justiciero"; los indÃgenas le dicen "Hermano indio abogado".
Por Mariana Neira
Dicen que la PolicÃa no llegaba, y si llegaba y actuaba, la justicia soltaba al cuatrero por falta de pruebas y volvÃa a delinquir. Siempre era asÃ. Tanto, que los campesinos resolvieron organizarse en Juntas Anticuatreras, ahora llamadas Juntas de Defensa del Campesinado. Existen casi 400 juntas con 20 mil socios. Operan, principalmente, en siete provincias de la Sierra Central con el apoyo de la PolicÃa, autoridades seccionales, algunos curas y partidos polÃticos. Por ese estÃmulo se habrÃan tomado atribuciones de "policÃas, jueces y verdugos".
Entre 2000 y 2001 habrÃan sido asesinados y desaparecido 17 personas. Además, "vigilan el orden", armados y con uniformes de la PolicÃa y el Ejército; extienden "boletas" a los habitantes de las grandes ciudades para que respondan antes sus "asambleas" por supuestos delitos; y cuando no están de acuerdo con las decisiones de la justicia ordinaria, secuestran a abogados, fiscales y hasta se toman los juzgados.
Estas denuncias han llegado incluso a AmnistÃa Internacional, pero el máximo lÃder de las Juntas, Raúl Bayas, argumenta que solo actúan "Como mediadores en casos que atentan contra la moral y la propiedad privada y que buscan justicia sin más arma que un látigo".
¿JUNTAS LEGALES O ILEGALES?
Según el presidente del Colegio de Abogados de Ambato, Fausto Lana, la Ley de Comunas de 1966 faculta la organización de las Juntas Anticuatreras. Otros juristas aclaran que la Constitución faculta esta organización únicamente a los indÃgenas, "para la solución de conflictos internos".
Según Lana, los "conflictos internos" son, por ejemplo, demarcación de linderos, controversias por el uso del agua, conflictos familiares. "Pero desde hace más o menos tres años, la Central de Juntas de Quero, formada por campesinos no indÃgenas, interviene en la investigación de paternidad, asuntos de alimentos, delitos, accidentes de tránsito, etc. La misma gente que no veÃa solución a sus conflictos con los jueces comunes, buscaba a las Juntas para, por ejemplo, cobrar deudas. La Junta citaba a los involucrados y en asamblea pública se los juzgaba. Si el acusado no pagaba, hasta lo secuestraban y lo obligaban a firmar documentos o a dejar escrituras". Según
Bayas, la Junta trata hasta 70 confl ictos por mes que los resuelve sin ninguna presión.
ASESINATOS
Más grave aún son los 15 asesinatos y dos desapariciones denunciados ante la Cedhu (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos), autoridades judiciales y AmnistÃa Internacional. Causas: venganzas y conflictos de tierras.
El más espeluznante se dio el uno de septiembre de 2000, en Lambaza Alto, BolÃvar.
"Más o menos a las 24h00, unos 30 miembros de las Juntas vestidos con ropa militar y de bomberos ingresaron en la noche a la casa de Bertha Guzmán. Ella se encontraba con sus ocho hijos. Agredieron a Bertha echándole agua y golpearon a su hija Elcia.
Les preguntaban dónde estaba el dinero de la venta de la chacra y la mula. Bertha logró salir de la casa con su hija Fabiola y buscó a la PolicÃa que se negó a darles auxilio porque no tenÃan vehÃculo. Bertha regresó a su casa a las 4h30 y su hijo Rodrigo relató que a sus hermanos Nelson, Hernán, Martha, Luz, Idelva y Elcia Guevara Guzmán
los habÃan sacado de la casa amarrados y llevado hacia la parte posterior donde los asesinaron e incineraron". Veintidós dÃas después la PolicÃa Judicial recién hizo un informe y no se conoció castigo alguno.
Raúl Bayas desmiente la participación de las Juntas: "He escuchado que fueron vendettas entre ellos. Muchos se toman el nombre de las Juntas para hacer cosas".
En los supuestos abusos de las Juntas aparecen también involucrados curas y policÃas. Por supuesto interés en un terreno junto al cementerio y en la hija del dueño del terreno, desde julio de 2000 el párroco de Poaló, Hernán Paredes âautoproclamado fundador de la Junta del Campesinado de PÃllaroâ supuestamente azuzó una persecución contra la familia Moreno Romero.
Padres e hijos fueron secuestrados y encerrados en calabozos acusándolos de robo de vacunos, de electrodomésticos y posesión de armas. Después les exigieron que abandonaran sus tierras y dejaran el pueblo. Se comprobó la falsedad de las acusaciones de robo y la cúpula de la Iglesia tuvo que trasladar al párroco a otro pueblo.
Bayas admite que en algunas comunidades hay "retenes" donde "Encierran a los malcriados, desadaptados que no solo pegan a la mujer, sino también a la mamá, al papá, al hermano. La misma familia se encarga de darles tres latigazos".
LA GRAN CRUZADA
En EcheandÃa, BolÃvar, Carnaval 2003, miembros de las "Juntas de Defensa del Campesinado, vestidos con camuflajes del Ejército y de la PolicÃa, con látigos de cuero de ganado, luego de recibir órdenes de la PolicÃa salieron a las calles a decomisar anilinas, globos, harina y huevos. La gente que se resistÃa fue detenida, golpeada y para recuperar su libertad pagó 17 dólares de multa". La Cedhu le pidió al entonces Comandante de PolicÃa, Ãdgar Vaca, explique porqué las Juntas se tomaban atribuciones policiales. Entonces se descubrió que estos actos eran parte del control de la seguridad acordado por todos los bolivarenses.
Efectivamente, a raÃz del asesinato de un destacado abogado de Guaranda, Raúl Bayas, quien habÃa formado las Juntas de Defensa del Campesinado en BolÃvar, ayudó a capturar a los asesinos. El hecho infl uyó para que las Juntas desde abril de 2002 se integren al Comité de Seguridad Ciudadana
"BolÃvar solidaria y segura". Del comité participaron Gobernación, Consejo Provincial, municipios, PolicÃa, Ministerio Fiscal, Tribunal de Menores, Dirección Provincial de Educación, Universidad de BolÃvar, Intendencia, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, profesionales en PsiquiatrÃa, brigadas barriales y medios de comunicación.
Con este antecedente, en abril de 2003, el Director de Operaciones de la PolicÃa pidió mediante telegrama a los comandantes de Chimborazo, Los RÃos, Tungurahua, BolÃvar y Cotopaxi que "Ante la presencia de Juntas de Defensa del Campesinado en su jurisdicción, sÃrvase realizar reuniones de acercamiento en coordinación con autoridades seccionales, función jurisdiccional y Ministerio Público, fin determinar organización, actuación y procedimientos con sujeción estricta a lo previsto en la Constitución, leyes y reglamentos, prevaleciendo respeto derechos humanos y garantÃas constitucionales".
Estimulados por el respaldo bolivarense, Bayas y los delegados de las Juntas buscaron un diálogo con el coronel Patricio Acosta, cuando aún era Secretario General de la Administración, para pedirle "El apoyo incondicional a fin de fortalecer la lucha contra la injusticia y la corrupción".
El encuentro se dio en Quero. Bayas cuenta: "Ahà conversamos bastante, fuimos también al Ministerio. Hablamos de la seguridad, de las desventajas que tenemos con la gente que quiere aislarnos. Otra vez conversamos con el coronel Lucio Gutiérrez. Nos ofreció consolidarnos en el ámbito jurÃdico, hacer un proyecto de ley para nosotros ser parte de la seguridad. Nada sucedió".
MEGAPROYECTO
Un año después (agosto 2004) el Ministerio de Bienestar Social, anunciaba su megaproyecto "Seguridad Ciudadana" que prevé la creación de una fuerza de seguridad en el campo parecida a las Juntas campesinas.
Según dijo a Vistazo el subsecretario, BolÃvar González, al comienzo reclutarÃan a "Cincuenta mil personas que ganarán 50 dólares al mes". El costo inicial será de 20 millones de dólares. "En cuatro años subirÃan a medio millón de personas". Dispondrán de 50 mil computadoras donadas por empresas. "No habrá gente armada, ni siquiera de un cuchillo". Harán un "trabajo de inteligencia". Con cursos de capacitación los instruirán sobre su función. En el proyecto participarán más de 300 organizaciones.
El Plan Piloto estaba previsto iniciarlo este mismo año en las comunidades Tsáchilas, Chachis, Mantas, Eperas y Awa. Lo que no está claro es si esta fuerza se fusionará con las Juntas o las sustituirá. "Nosotros ya estamos enlazados con la misma PolicÃa Nacional y con la Defensa Civil", dice Bayas quien no ve mal este proyecto,
"Pero si el propósito es dividirnos, como hace con los movimientos indÃgenas, eso no va a poder con nosotros".
Asà de caliente está el campo, por un lado indÃgenas, por otro las Juntas de Defensa del Campesinado y por otro el gobierno moviendo sus fichas.
El justiciero
Raúl Macario Bayas Villacrés, hijo de campesinos mestizos, nació en la comunidad Shaushi, cantón Quero, provincia de Tungurahua, el uno de agosto de 1964. Es el antepenúltimo de seis hermanos. "De niño veÃa la desesperación, el sufrimiento de nuestros papacitos a quienes a veces les dejaban sin nada los delincuentes". En esta zona la gente vive de la agricultura y ganaderÃa en terrenos de menos de 8.000 m2.
Terminó la primaria en Quero, trabajó como agricultor, como "controlador" en un camión, en 1984 hizo el servicio militar. En 1986 se casó y vive con su familia en su fi nca de 5.000 m2. Por el año 1994 fue secretario de la Junta de Shaushi; 1997, presidente; en el 2000 fue invitado a formar Juntas en la provincia de BolÃvar, donde "habÃa terribles bandas de delincuentes armados porque ahà se producen muchas armas. Hasta hijos de policÃas estaban metidos en los robos".
En cuatro años ha creado casi 400 Juntas en Tungurahua, BolÃvar, Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Los RÃos, Napo y Pastaza. Desde abril de 2003 es el máximo directivo de las Juntas. Ahora preside la restaurada Confederación, integrada por sus federaciones cantonales y éstas por las Juntas Parroquiales.
El delito más frecuente en el campo es la estafa en la venta de carros y terrenos, dice este hombre alto, carismático, que lleva un rosario en su pecho porque "Soy fiel creyente en Dios que es el único juez" y usa trenza como sÃmbolo de "fortaleza para poder perseverar".
Declarado defensor de "la moral, la propiedad privada", en Ambato le llaman "El justiciero"; los indÃgenas le dicen "Hermano indio abogado".
Por Mariana Neira
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