Ser Flexibles Para Negociar

Quito. 08.02.95. En estas líneas argumento que la comunidad
internacional puede aceptar una salida justa y honrosa del
conflicto para Ecuador. No sigo el desarrollo jurídico del
litigio sino razono políticamente acerca de acciones posibles.

Una salida al conflicto con Perú supone un giro en los
planteamientos de las dos partes, que permita adecuar sus
posiciones a una salida acorde con los actuales parámetros de las
relaciones internacionales y mutuamente aceptada como
conveniente.

No podemos olvidar que una negociación mediada y sostenida por un
conflicto armado será necesariamente ilegítima e inestable ante
las opiniones públicas ecuatoriana y peruana.

La estrategia ecuatoriana -no siempre observada con precisión ni
constancia- es perseguir la más adecuada "internacionalización de
la controversia", para que la "presión internacional" obligue a
Perú a un explícito reconocimiento de la necesidad de buscar una
salida al conflicto y al litigio.

Por ello, se propuso que la posición ecuatoriana sea llevada al
escenario internacional más alto como es la Asamblea de Naciones
Unidas. Como se sabe, no existe otra instancia mayor para
arrancar o culminar una controversia internacional que afecta a
la paz.

El único camino que puede adoptar nuestro país -asistido por la
razón histórica, por la solidez de su frente interno y por la
solvencia técnica de sus Fuerzas Armadas- es complejizar y
diversificar la negociación en todos y cada uno de los niveles de
nuestras relaciones internacionales, evitando la reducción de la
negociación a un solo frente.

En el plano jurídico, las coordenadas están fijadas. Es una base
que ya no interrumpe la negociación. Hay que llegar a una
negociación eficaz. Tenemos que ganar legitimidad internacional,
condición de posibilidad para viabilizar la negociación frente a
un Perú, que nos presenta con una imagen de inflexibilidad e
irracionalidad.

El Protocolo de Río de Janeiro es una normatividad ilegítima -no
aceptada o sin consenso- pues fue producto de una guerra de
expansión. Es incompatible con las posiciones esgrimidas por
otros países y por foros internacionales en el manejo de sus
conflictos internacionales.

Desde la óptica de la nulidad, si Ecuador abre su posición
respecto a una legalidad existente a la que considera ilegítima
porque no incorpora sus aspiraciones y derechos históricos, Perú
debería flexibilizar su posición respecto de esa legalidad, que
la considera por principio inconmovible. Se puede, por esa vía,
abrir un cauce de solución a las aspiraciones ecuatorianas.

3.- Nuestras estrategias diplomática y militar están coordinadas
y disciplinadas concientemente para lograr un objetivo nacional.
No es este el momento para debatir esos temas. La ventaja de
estos planos es evidente. En tanto, en el Perú, los dualismos son
claros. Su política de seguridad rebasa cuando no subordina a la
política exterior. El carácter tutelar de las Fuerzas Armadas
peruanas es estructural. Para rebasarlo, sus actores políticos
deben reconquistar los canales no militares de tratamiento de
conflicto. De no lograrlo, las consecuencias de reforzamiento del
autoritarismo en el Perú, las pagará su pueblo, con un
sistemático alejamiento de las posibilidades democráticas.

4.- ¿Por qué no pudimos evitar el inicio del incidente armado?
Las razones, en este instante, sobran ya que es cada vez claro
que un grupo corrupto de la Fuerza Armada peruana requiere volver
a sujetar a Fujimori a su control, deshaciendo la legitimidad que
pueda conquistar en las urnas. Y lo han logrado. El Presidente de
Perú está tan preso de sus Fuerzas Armadas como su enemigo
Abimael Guzmán.

5.- ¿Cuál puede ser el marco para una negociación? Las dos partes
pueden reconocer la insuficiencia del Protocolo de Río como
puerta para la satisfacción de aspiraciones ecuatorianas y como
vía para el perfeccionamiento del instrumento, que es un interés
objetivo del Perú. El contenido de la negociación debe ser
rigurosamente respetuoso de las opiniones públicas de los dos
países y de la comunidad internacional. Así, en primera
instancia, el problema no se ubica en la delimitación de la
frontera en la zona en que Protocolo es inejecutable sino en
parar la guerra.

La ubicación global del problema podría finalmente, ser bajo qué
modalidad técnica y política viable es posible ejecutar un
derecho de navegación en el Amazonas, que tenga incidencia en el
desarrollo de los dos países. De este modo se trasciende, por una
definición más precisa de consenso renovado, las prescripciones
del Protocolo de Río. Los temas contemporáneos del desarrollo de
la cuenca amazónica ya no son sólo navegabilidad del río y sus
afluentes, como hace más de medio siglo.

Los derechos amazónicos del Ecuador se pueden enfocar por el lado
de una cuenca de desarrollo, de corresponsabilidad en su gestión
y estatutos específicos de soberanía. Esta sería la modalidad de
expandir, modernizándolo, al concepto restringido de navegación.

Los organismos internacionales, los países y los foros a los
cuales apela el Ecuador, no se pronunciarán por una tesis
jurídica sino, probablemente, por una modalidad moderna de salida
a al crisis. Debemos, por todas las formas, evitar que la salida
propuesta se enmarque en un falso pragmatismo de evitar la
conflagración armada aceptando hechos consumados, sometiendo a
Ecuador a las urgencias de los países y bloques con mayor peso
relativo.

LO QUE ESA SALIDA IMPLICA

La comunidad internacional -que parece entender aunque no puede
controlar la (re)emergencia de los nacionalismos- sabe que los
conflictos pueden desatar olas de reivindicaciones similares
pendientes en la región.

A su vez, una exitosa -por lo pacífica- salida al conflicto entre
Ecuador y Perú puede producir un efecto de emulación beneficioso
para todos. La nueva hegemonía mundial invitaba a una solución de
los conflictos interamericanos por el peso de Estados y por la
capacidad de intervención sensata que pudo desatar. Esta sigue
siendo una esperanza.

La tesis del "Arbitraje Papal" retoma relevancia como acción
inmediatamente posterior a la mediación de la Organización de
Estados Americanos, en la que la deberían tener un carácter
protagónico, además de Estados Unidos, los países garantes, los
del Arca Andina y los de la Cuenca Amazónica.

Una forma de legalidad que consiga legitimarse en las dos partes
como condición de su estabilidad. Para lograrlo, la misma
negociación debe ser legítima. Los actores globales -aunque no
los negociadores específicos- deben ser pluripartidistas y
plurisociales. (7A)