Quito. 10 jul 97. El grupo de seguridad que protegió a Sixto
Durán-Ballén, su numerosa familia, a varios ministros de
Estado y al secretario de la Administración, estuvo compuesto
por 60 hombres, 15 de ellos, destinados exclusivamente para la
seguridad personal del ex primer mandatario. El costo total
del equipo adquirido por ese gobierno llegó a los 226.000
dólares. Además, se contaba con un robot manipulador de bombas
-donado por la embajada norteamericana- 43 radios portátiles,
seis radios para vehículos y una repetidora.

Quienes elaboraron el plan de seguridad de Sixto pensaron que,
aun con deficiencias, no se necesitaría más para resguardar a
un presidente y su familia en un país donde los atentados,
coches bombas y amenazas son sólo referencias lejanas en el
tiempo y en el espacio.

¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que un presidente
ecuatoriano necesitaría para su "seguridad personal" 100
equipos de puntería con láser y rayos infrarrojos, tres carros
blindados, 285 chalecos antibala, un equipo sofisticado,
completo y autónomo de radiocomunicaciones que abarcaría hasta
el último rincón del país?

Pues, por cuenta propia lo pensaron Abdalá Bucaram y Miguel
Salem K. cuando negociaron con la empresa Thorca, por tres
millones 400 mil dólares, equipos de seguridad que, a criterio
de varios expertos consultados por Vistazo, más parecían
destinados a una fuerza de seguridad propia y autónoma de las
Fuerzas Armadas y la Policía, que acompañaría a Bucaram y
compañía. Su propia Guardia de Corps, sus Tonton Macoutes.
Pero, más grave aún: con el equipo de comunicaciones venían
170 codificadores de radiofrecuencia, que -de acuerdo al uso
que se le quiera dar- sirven para, además de impedir la
interferencia de las señales de su propia red, "interceptar
frecuencias de teléfonos celulares, líneas convencionales y
otras frecuencias de radio", de acuerdo a testimonios de
expertos en seguridad y guerra electrónica consultados por
Vistazo. El sistema, explicaron, consiste en captar la señal
de una conversación telefónica, mediante frecuencias de radio,
codificar y grabar la conversación, si es del caso. Cada uno
de estos aparatos, puede llegar a rastrear hasta 12 celulares,
mientras graba cuatro conversaciones diferentes al mismo
tiempo. Es decir, hubiesen servido para rastrear 2.000
llamadas telefónicas al mismo tiempo, "si es que se pensaba
proceder deshonestamente". ¿Para qué, se preguntó el general
Juan Méndez (ex jefe de Inteligencia del Ejército y autor del
plan de seguridad de Durán-Ballén en 1995), se traen 170
codificadores aparte, si cada aparato de radio tiene su propia
codificación? Lo ratificó un experto en aparatos de seguridad
electrónica: "Estos aparatos portátiles y equipos de base son
aparatos sofisticados de comunicación, de última generación,
cada uno, trae incorporado un codificador, un decodificador, y
un "encriptor" que evita la intercepción de cualquier tipo de
mensajes, transformando la voz, de quienes mantienen una
conversacion, en simples sonidos".

Uno de los más importantes conocedores e importadores de
equipos electrónicos para seguridad y espionaje dijo, además,
que su empresa -cuyo nombre pidió mantener en reserva por
razones de mercado- recibió de la administración bucaramista
un pedido para la cotización de una red de interferencia de
llamadas telefónicas.

La negociación de estos equipos fue desconocida por las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Fue calificada de
"secreta", gracias a un sello impregnado en las proformas, sin
mediar licitaciones, decretos o algo que la justifique, de
acuerdo a la excitativa del fiscal general de la Nación. Este
título de secreto fue cuestionado por el procurador, Milton
Álava, acción tomada por Miguel Salem, ex secretario de la
Administración, y a la que calificó de "cómodo y arbitrario
atajo (...) para eludir las exigencias legales".

Los abogados del Estado sostuvieron que todo esto se hizo sin
licitación, sin conocimiento de nadie y hasta sin contrato. A
pesar de todo, la empresa Thorca recibió de la presidencia de
Bucaram el 40 por ciento del anticipo, por casi 5.000 millones
de sucres, en efectivo.

La acusación señala que "Miguel Salem aceptó ilegalmente la
proforma de la empresa Thorca, para la provisión de equipos
electrónicos y de seguridad". Un accionista de la empresa
aclaró a Vistazo que lo que ellos hicieron fue cumplir
estrictamente con el pedido de la Presidencia de la República:
"Nosotros no impusimos una proforma, no somos quien para
influir en las decisiones de un presidente acerca de su
seguridad".

DEPENDE DEL TIPO

Cada presidente, de acuerdo a sus condiciones personales, de
su familia y de sus más cercanos colaboradores, tiene un Plan
Maestro de Seguridad. Éste lo realiza el responsable militar
del Palacio de Gobierno y pasa a estudio de la Dirección de
Inteligencia de las FFAA. La filosofía sobre la seguridad de
un presidente tiene como base la protección inmediata del
presidente y su familia, usando todos los medios que disponen
las FFAA y la Policía. Al parecer, Bucaram también compartió
un ejercicio de seguridad que no difería de los gobiernos
anteriores donde se forman dos anillos de seguridad: el
primero, la seguridad adelantada, encargada a hombres de
Inteligencia de la Policía y el Ejército. Éstos recogen
información y realizan un barrido antiatentado (pueden ser
bombas como francotiradores) en los lugares a donde va el
primer mandatario. El anillo interno es de seguridad
inmediata, por lo general cuatro hombres y un supervisor, y es
la que se muere, pero al presidente no lo tocan, es el último
bastión. Hay también la seguridad fija, que cuida la casa de
Gobierno y del presidente, y una seguridad de reacción que es
el Ejército.

Cuando el presidente se moviliza en vehículo se utilizan por
lo general dos carros escoltas, uno adelante y otro atrás, dos
motos que abren el tránsito, una moto en el flanco y otra que
cierra la caravana.

Las condiciones "ideales" de seguridad exigen que haya dos
caravanas exactamente iguales, con un carro blindado cada una,
varios patrulleros y motos. Pero ello se usa en países en
condiciones extremas de inseguridad. En el Ecuador, tres
blindados de máxima seguridad, ocho patrulleros y 16 motos de
escolta, como quería Bucaram, "solo puede ser posible para un
hombre muy temeroso o un megalómano", dijo un experto en
seguridad para Vips (Very important persons). Otros, en
cambio, sostienen que "cualquier inversión en seguridad, es
poca".

La escolta presidencial, y los hombres de la seguridad
inmediata y adelantada son hombres de las FFAA que tienen su
dotación de armamento. Por lo general, pistolas Browing,
Beretta y pistolas ametralladoras de 9mm con una gran cadencia
de fuego. Sin embargo, es la Casa Presidencial la encargada de
dotar a los hombres del resto de equipos. Lo demás: detectores
de bombas, robots, trajes protectores, cascos antibala, etc.,
es una labor estrictamente policial y nada tiene que ver con
la seguridad personal del presidente, dijo el general Juan
Méndez. El ejecutivo de Thorca, dijo a su vez que parte de
este equipo (285 chalecos antibala, 100 fundas para pistolas
con miras láser, 100 miras láser, 300 radios portátiles -200
de ellos de manos libres-, 185 cascos, 12 equipos de
protección antibomba) iban destinados en parte a la Policía
Nacional y para seguridad de los aeropuertos.
Extraoficialmente se informó que los mandos de la institución
policial nada supieron de ello, aunque sí se hizo un pedido de
equipo, pero "por el órgano regular". Los policías tienen un
escuadrón antibomba, con perros entrenados en detección de
explosivos y el equipo suficiente para las condiciones del
Ecuador.

Hasta marzo de este año nada supieron de las negociaciones las
FFAA ni la Policía. Tampoco la escolta presidencial, que, de
saberlo, debió comunicarlo al Comando Conjunto, máximo
responsable de la seguridad del presidente. Entonces, ¿para
qué y para quiénes eran los equipos de seguridad, y otros no
tan protectores?

"Estos requerimientos son para una fuerza superior. Los
chalecos antibala usan solamente los que rodean inmediatamente
al presidente. En el caso exagerado, póngale 20, para ciertos
elementos de reserva. Cien escudos antibala nada tienen que
ver con la seguridad del presidente", dijo el general Méndez.
Otros elementos vinculados a la seguridad presidencial
señalaron que lo único que realmente se necesita es lo que
sirve para la seguridad inmediata del presidente. Lo demás,
puede coordinarse con las unidades policiales y militares,
ubicadas en todo el país, y entrenadas precisamente para la
seguridad. "Los policías tienen trajes antibombas y otros
equipos. Entonces, Abdalá Bucaram desconfiaba tanto de las
FFAA y la Policía que quiso su propio equipo de
radiocomunicaciones con alcance nacional, su propio escuadrón
antibombas y una fuerza propia, autónoma y altamente
sofisticada de al menos 100 hombres para su seguridad
personal, o quien sabe qué cosas", fueron las conclusiones del
general Méndez.

¡COMERSE A THORCA!

Thorca es una empresa vendedora de armas y equipos de
seguridad, fundada hace siete años. Proveedora de las FFAA y
la Policía, es representante de varias marcas mundiales de
armamento. Ahora, sus directivos se hayan en la
"clandestinidad", a la espera de una orden de prisión pedida
por el fiscal y el procurador.

Hay 85 empresas y particulares que proveen armas a las fuerzas
de seguridad del Ecuador. Algunas son transnacionales. "El
negocio de las armas es ruin", dijo un vendedor de máquinas de
muerte. No solo por su tipo de comercio sino porque, al
impulso del mercado y la competencia, la actividad tiene a los
rivales caminando sobre brazas. El articulista del diario El
Telégrafo, Jorge Rodríguez Torres, aseguró, refiriéndose al
procurador del Estado y al fiscal de la Nación que, "ojalá que
los dos altos funcionarios no se den cuenta demasiado tarde
que están siendo usados por intereses muy poderosos, que andan
a la caza de un inmenso negocio, en donde se les hace
indispensable "¡comerse" a la empresa Thor (Thorca)!". Desde
esa perspectiva, varias fuentes consultadas señalaron que ese
"inmenso negocio" que estaría por producirse, es,
evidentemente de armas, que Thorca lo está llevando adelante y
desprestigiar a esta empresa, poner en prisión a sus
directivos y llevarla a la quiebra le haría perder la
representación de varias firmas internacionales de armamento,
o sea, el negocio que se viene.

Al accionista de Thorca le pareció extraño la "diligencia" de
las autoridades del Estado en descubrir un supuesto negociado
de equipos de seguridad, cuando el nuevo Gobierno fue
informado del negocio el cuatro de abril. Varios jefes
militares estuvieron también al tanto de la negociación, luego
del cambio de Gobierno: directivos de Thorca conversaron de
ello con los jefes militares, y previamente recibieron la
llamada del subsecretario de Gobierno, Sebastián Valdiviezo
pidiendo información "de cómo había sido hecha la negociación,
nos solicitó la posibilidad de un descuento y financiamiento
(...)", según una carta enviada por Germán Venegas, gerente de
Thorca al gerente de la empresa de seguros El Dorado, que dio
las pólizas de garantía correspondientes.

Le informó Venegas, en esa carta, que las autoridades
militares de la Casa de Gobierno, le manifestaron que "ese
equipo se necesita", y los productos ofertados serían
distribuidos a diferentes sitios.

"Sorprendentemente", el secretario de la Administración
Pública encargado, Fred Larreátegui, solicitó, a nombre del
Gobierno, la ejecución de las garantías.

El procurador, que es abogado del Estado, ha pedido la
anulación de la contratación, y Thorca deslindó cualquier
responsabilidad sobre el mal trámite administrativo llevado
adelante por el Gobierno anterior.

Es el tira y afloja final de un negocio de equipos de
seguridad y comunicaciones, que pudo poner al país al borde de
un gigantesco plan de espionaje electrónico y a conformación
de un ejército particular para fines nada seguros. ¡De la que
nos libramos! (Texto tomado de REVISTA VISTAZO No. 717)

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