Quito. 08 sep 97. En la Comisión de lo Civil se reunieron por
separado los dos representantes. Los dos organismos superaron
sus divergencias sobre estos temas.
Los impasses entre las Fuerzas Armadas y la Policía por la
aprobación de la Ley Orgánica de la segunda institución, al
parecer, quedaron zanjados.
Los tres puntos de divergencias fueron por los artículos 2, 45
y 83 del proyecto de ley, cuyos contenidos fueron objetados
por las Fuerzas Armadas, específicamente en dos oficios
enviados -el 1 de abril y 23 de junio de este año- por el
ministro de Defensa, Ramiro Ricaurte, al presidente del
Congreso Nacional, Heinz Moeller.
Pero ayer, tanto los generales Carlos Mendoza, subsecretario
de Defensa, como Vinicio Peñaherrera, director financiero de
la Policía, cedieron en sus posiciones en una reunión ampliada
con todos los miembros de la Comisión legislativa de lo Civil
y Penal.
El encuentro se hizo por separado y en forma reservada. Se
conoció que el ambiente de las conversaciones fue cordial y
los generales expusieron sus puntos de vista en forma serena y
hasta hubo risas. Los legisladores de la Comisión solo
receptaron las opiniones, que serán insertadas en el informe
para que se continúe con el segundo debate en el Plenario.
Las discrepancias se concentraron en el artículo 2. Este se
refiere a que en casos excepcionales la Policía solo será
fuerza auxiliar de las FF. AA. previo a la emisión del decreto
de Estado de Emergencia. Los militares cuestionaron esa parte
porque la Constitución establece que la Policía será fuerza
auxiliar en los casos que sean necesarios. Así lo aceptó el
general Peñaherrera, quien retiró ese acápite del proyecto,
según informó Estuardo Gavilánez, presidente de la Comisión de
lo Civil y Penal.
Se conoció que en la reunión con los diputados se dijo que eso
no significa que la Policía estará supeditada a las FF.AA.
En cuanto al artículo 45, relacionado a la delimitación de los
cuatro distritos de la Policía en los que estará organizado el
territorio nacional con sedes en Quito, Guayaquil, Cuenca y
Riobamba, las observaciones eran que esos distritos sean
organizados en correspondencia con la división territorial de
las zona de defensa, como consta en el Plan de Defensa Interna
elaborado por el Comando Conjunto de las FF.AA. para una mejor
coordinación.
La Policía, a través de Peñaherrera, argumentó que no se puede
modificar porque esa organización permite una mejor
operatividad a la institución. Sin embargo, se dejó entrever
que la Policía podría ajustarse a la zonificación militar en
los casos que se presenten.
El general Mendoza dijo que ese punto no será modificado, pero
sí precisó que la Policía Nacional estará sujeta a la
planificación de las FF. AA. en casos de emergencia.
El último punto de discrepancia (artículo 83) quedará tal como
lo presentó la Policía, es decir sin modificaciones, afirmó el
legislador Estuardo Gavilánez. El artículo quedaría redactado
así: "Las remuneraciones del personal de la Policía Nacional y
más beneficios de ley y especiales que perciben serán iguales
a los de las Fuerzas Armadas, en sus respectivas jerarquías".
Los futuros incrementos beneficiarán por igual a todos los
miembros de la Fuerza Pública (FF.AA. y Policía). Para el
cálculo de sueldos y más emolumentos se aplicarán los
reglamentos y sistemas más idóneos, que además cubran todos
los riesgos del servicio policial".
Gavilánez dice que la Comisión que preside no tiene
competencia para discutir sobre salarios y remuneraciones y
quien lo debería hacer es la Comisión de lo Laboral y Social.
El general Peñaherrera señaló que sobre este aspecto no hay
problemas, porque los pagos deben hacerse cada seis meses como
lo establece la ley.
El informe de la Comisión de lo Civil y Penal con los cambios
realizados a la Ley Orgánica de Policía sería entregado la
próxima semana al Plenario del Congreso para que continúe con
el segundo debate del proyecto de ley. Justamente, la
discusión se detuvo por las observaciones de las FF. AA.
El proyecto, que fue presentado el 26 de febrero de 1996,
contiene 89 artículos, cuatro disposiciones transitorias y un
artículo final.
El acuerdo alcanzado entre las dos entidades se logró luego de
una reunión mantenida entre el jefe del Comando Conjunto de
las FF. AA., Paco Moncayo, y el comandante de la Policía,
Marco Hinojosa. Es por eso que ayer, Mendoza reiteró que no
hay contradicciones y que todo quedó solucionado.
LOS PUNTOS DE CONCORDANCIA
El acuerdo * La Policía como el Ejército cedieron en estos
tres aspectos planteados en el proyecto de la Ley Orgánica de
la Policía Nacional.
Artículo 2 * Solo en casos excepcionales, la Policía es una
fuerza auxiliar de las FF.AA., previa la expedición del
decreto de Estado de Emergencia.
Artículo 45 * Según la Ley Orgánica, el país tiene 4 distritos
con sede en Quito (Carchi, Imbabura, Pichincha, Esmeraldas
Napo y Sucumbíos), Guayaquil (Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos
y Galápagos), Cuenca (Cañar, Azuay, Loja, Morona Santiago y
Zamora Chinchipe), y Riobamba (Cotopaxi, Tungurahua,
Chimborazo, Bolívar y Pastaza).
Artículo 83 * Los sueldos de los policías y más beneficios de
ley y especiales que perciban serán iguales a los de las FF.
AA., en sus respectivas jerarquías. Los futuros aumentos
beneficiarán por igual a todos los miembros de la Fuerza
Pública.
Hoy llega el helicóptero
Otro de los objetivos de las brigadas barriales de Quito se ha
cumplido: hoy llega al helipuerto del Regimiento Quito el
primer helicóptero del proyecto de seguridad 112.
Para celebrar el hecho histórico los dirigentes de 162 barrios
están organizando un programa especial. El acto se realizará a
las 11h00 y contará con la presencia de los brigadistas,
dirigentes barriales, el presidente de la República Fabián
Alarcón, el ministro de Gobierno y Policía, César Verduga,
entre otras autoridades de la administración pública.
El helicóptero Beel tiene un costo de 1.300 millones de sucres
(unos 325 mil dólares) y es de segunda mano.
El pago se realizará en dos partes: los primeros 650 millones
serán cancelados al momento de la entrega de la nave y la
segunda parte será cancelada por el Ministerio de Finanzas
este mes. En principio el segundo pago iba a ser abonado en
cuotas mensuales, pero el mes pasado Alarcón ofreció
públicamente pagar el resto de dinero en una reunión con los
barrios en Carondelet.
Según el presidente de las Brigadas Barriales del Sur, Luis
Cadena, este objetivo se cumplió luego de un año de intensa
actividad.
Pero ahora viene otro reto: el mantenimiento. Se establece que
solamente en combustible se gastará más de seis millones
semanales y con menos de una hora diaria de vuelo. Llenar el
tanque requiere más de 20 galones. Es decir que se necesitaría
unos 24 millones de sucres mensuales solo para combustible. Al
año esto representa un total de 288 millones.
Aunque en las cuentas bancarias de las brigadas hay cerca 240
millones (producto de la cena del millón efectuada a fines del
mes pasado en el Oro Verde), unos 170 millones se destinarán
para contratar un seguro de vida para cinco personas
(capacidad de la nave) y para el helicóptero en caso de
siniestro: 100 millones por ocupante y 1.600 millones por
daños en la nave. (Texto tomado de El Comercio)
separado los dos representantes. Los dos organismos superaron
sus divergencias sobre estos temas.
Los impasses entre las Fuerzas Armadas y la Policía por la
aprobación de la Ley Orgánica de la segunda institución, al
parecer, quedaron zanjados.
Los tres puntos de divergencias fueron por los artículos 2, 45
y 83 del proyecto de ley, cuyos contenidos fueron objetados
por las Fuerzas Armadas, específicamente en dos oficios
enviados -el 1 de abril y 23 de junio de este año- por el
ministro de Defensa, Ramiro Ricaurte, al presidente del
Congreso Nacional, Heinz Moeller.
Pero ayer, tanto los generales Carlos Mendoza, subsecretario
de Defensa, como Vinicio Peñaherrera, director financiero de
la Policía, cedieron en sus posiciones en una reunión ampliada
con todos los miembros de la Comisión legislativa de lo Civil
y Penal.
El encuentro se hizo por separado y en forma reservada. Se
conoció que el ambiente de las conversaciones fue cordial y
los generales expusieron sus puntos de vista en forma serena y
hasta hubo risas. Los legisladores de la Comisión solo
receptaron las opiniones, que serán insertadas en el informe
para que se continúe con el segundo debate en el Plenario.
Las discrepancias se concentraron en el artículo 2. Este se
refiere a que en casos excepcionales la Policía solo será
fuerza auxiliar de las FF. AA. previo a la emisión del decreto
de Estado de Emergencia. Los militares cuestionaron esa parte
porque la Constitución establece que la Policía será fuerza
auxiliar en los casos que sean necesarios. Así lo aceptó el
general Peñaherrera, quien retiró ese acápite del proyecto,
según informó Estuardo Gavilánez, presidente de la Comisión de
lo Civil y Penal.
Se conoció que en la reunión con los diputados se dijo que eso
no significa que la Policía estará supeditada a las FF.AA.
En cuanto al artículo 45, relacionado a la delimitación de los
cuatro distritos de la Policía en los que estará organizado el
territorio nacional con sedes en Quito, Guayaquil, Cuenca y
Riobamba, las observaciones eran que esos distritos sean
organizados en correspondencia con la división territorial de
las zona de defensa, como consta en el Plan de Defensa Interna
elaborado por el Comando Conjunto de las FF.AA. para una mejor
coordinación.
La Policía, a través de Peñaherrera, argumentó que no se puede
modificar porque esa organización permite una mejor
operatividad a la institución. Sin embargo, se dejó entrever
que la Policía podría ajustarse a la zonificación militar en
los casos que se presenten.
El general Mendoza dijo que ese punto no será modificado, pero
sí precisó que la Policía Nacional estará sujeta a la
planificación de las FF. AA. en casos de emergencia.
El último punto de discrepancia (artículo 83) quedará tal como
lo presentó la Policía, es decir sin modificaciones, afirmó el
legislador Estuardo Gavilánez. El artículo quedaría redactado
así: "Las remuneraciones del personal de la Policía Nacional y
más beneficios de ley y especiales que perciben serán iguales
a los de las Fuerzas Armadas, en sus respectivas jerarquías".
Los futuros incrementos beneficiarán por igual a todos los
miembros de la Fuerza Pública (FF.AA. y Policía). Para el
cálculo de sueldos y más emolumentos se aplicarán los
reglamentos y sistemas más idóneos, que además cubran todos
los riesgos del servicio policial".
Gavilánez dice que la Comisión que preside no tiene
competencia para discutir sobre salarios y remuneraciones y
quien lo debería hacer es la Comisión de lo Laboral y Social.
El general Peñaherrera señaló que sobre este aspecto no hay
problemas, porque los pagos deben hacerse cada seis meses como
lo establece la ley.
El informe de la Comisión de lo Civil y Penal con los cambios
realizados a la Ley Orgánica de Policía sería entregado la
próxima semana al Plenario del Congreso para que continúe con
el segundo debate del proyecto de ley. Justamente, la
discusión se detuvo por las observaciones de las FF. AA.
El proyecto, que fue presentado el 26 de febrero de 1996,
contiene 89 artículos, cuatro disposiciones transitorias y un
artículo final.
El acuerdo alcanzado entre las dos entidades se logró luego de
una reunión mantenida entre el jefe del Comando Conjunto de
las FF. AA., Paco Moncayo, y el comandante de la Policía,
Marco Hinojosa. Es por eso que ayer, Mendoza reiteró que no
hay contradicciones y que todo quedó solucionado.
LOS PUNTOS DE CONCORDANCIA
El acuerdo * La Policía como el Ejército cedieron en estos
tres aspectos planteados en el proyecto de la Ley Orgánica de
la Policía Nacional.
Artículo 2 * Solo en casos excepcionales, la Policía es una
fuerza auxiliar de las FF.AA., previa la expedición del
decreto de Estado de Emergencia.
Artículo 45 * Según la Ley Orgánica, el país tiene 4 distritos
con sede en Quito (Carchi, Imbabura, Pichincha, Esmeraldas
Napo y Sucumbíos), Guayaquil (Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos
y Galápagos), Cuenca (Cañar, Azuay, Loja, Morona Santiago y
Zamora Chinchipe), y Riobamba (Cotopaxi, Tungurahua,
Chimborazo, Bolívar y Pastaza).
Artículo 83 * Los sueldos de los policías y más beneficios de
ley y especiales que perciban serán iguales a los de las FF.
AA., en sus respectivas jerarquías. Los futuros aumentos
beneficiarán por igual a todos los miembros de la Fuerza
Pública.
Hoy llega el helicóptero
Otro de los objetivos de las brigadas barriales de Quito se ha
cumplido: hoy llega al helipuerto del Regimiento Quito el
primer helicóptero del proyecto de seguridad 112.
Para celebrar el hecho histórico los dirigentes de 162 barrios
están organizando un programa especial. El acto se realizará a
las 11h00 y contará con la presencia de los brigadistas,
dirigentes barriales, el presidente de la República Fabián
Alarcón, el ministro de Gobierno y Policía, César Verduga,
entre otras autoridades de la administración pública.
El helicóptero Beel tiene un costo de 1.300 millones de sucres
(unos 325 mil dólares) y es de segunda mano.
El pago se realizará en dos partes: los primeros 650 millones
serán cancelados al momento de la entrega de la nave y la
segunda parte será cancelada por el Ministerio de Finanzas
este mes. En principio el segundo pago iba a ser abonado en
cuotas mensuales, pero el mes pasado Alarcón ofreció
públicamente pagar el resto de dinero en una reunión con los
barrios en Carondelet.
Según el presidente de las Brigadas Barriales del Sur, Luis
Cadena, este objetivo se cumplió luego de un año de intensa
actividad.
Pero ahora viene otro reto: el mantenimiento. Se establece que
solamente en combustible se gastará más de seis millones
semanales y con menos de una hora diaria de vuelo. Llenar el
tanque requiere más de 20 galones. Es decir que se necesitaría
unos 24 millones de sucres mensuales solo para combustible. Al
año esto representa un total de 288 millones.
Aunque en las cuentas bancarias de las brigadas hay cerca 240
millones (producto de la cena del millón efectuada a fines del
mes pasado en el Oro Verde), unos 170 millones se destinarán
para contratar un seguro de vida para cinco personas
(capacidad de la nave) y para el helicóptero en caso de
siniestro: 100 millones por ocupante y 1.600 millones por
daños en la nave. (Texto tomado de El Comercio)
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