Quito. 22.04.95. En 12 años de operación del oleoducto por
parte de una contratista extranjera el Ecuador perdería 2500
millones de sucres, concluye un estudio de la Federación de
Trabajadores de Petroecuador (FETRAPEC), "además de la pérdida
de soberanía del Estado en el manejo de sus recursos
estratégicos".
El debate sobre la conveniencia de construir el nuevo
oleoducto, que en realidad consiste más bien en una ampliación
del actual y la construcción de una pequeña tubería adicional,
ha llegado al clímax justo cuando el Gobierno ha procedido a
la recepción de tres ofertas correspondientes a tres
consorcios interesados en la obra, que tiene, además, como
"caramelo", la entrega del actual oleoducto a la firma que
construirá la ampliación.
En principio se dijo que había muchas empresas interesadas,
luego se habló de ocho, y finalmente únicamente se presentaron
tres ofertas, las cuales serán evaluadas en un plazo no mayor
a noventa días, para proceder luego a la adjudicación.
Los cuestionadores del proyecto van desde la Federación
Nacional de Trabajadores de Petroecuador, hasta ex ministros
del ramo como Rafael Almeida y Gustavo Jarrín Ampudia, y
diputados como Andrés Vallejo de la Izquierda Democrática y
Marco Flores del partido Social Cristiano, además de analistas
y expertos en la materia. Flores incluso ha anunciado un
juicio político al ministro Galo Abril, en caso de que prosiga
con la privatización del oleoducto transecuatoriano.
Marcelo Román, dirigente de los trabajadores petroleros
plantea varias objeciones desde puntos de vista técnicos y
económicos fundamentalmente.
CON CRUDO LIVIANO
En primer lugar sostiene que el actual oleoducto (al que
llaman también SOTE) debe seguir transportando crudo liviano
solamente, por cuanto fue diseñado para ese tipo de
petróleo. Román sostiene que el haber transportado crudo
pesado en los últimos tiempos ha deteriorado al SOTE.
Recomienda ampliar su capacidad de 320 mil barriles diarios a
400 mil, para lo cual bastará -dice- instalar más estaciones de
bombeo, a un costo aproximado de 80 millones de dólares. La
propuesta del Gobierno -continúa- significará un costo de 600
millones de barriles y lo único que añadirá es "una pequeña
tubería" para transportar 50.000 barriles adicionales. Además
asegura que se ha detectado un sobreprecio en ese costo
estimado.
Román sugiere que la etapa de crudos pesados que está
comenzando en el país sea tratada a través de una política
específica, y reclama un debate nacional para fijar esa
política. ¿Qué debemos hacer en definitiva con las reservas de
crudos pesados? se plantea. Actualmente las empresas
extranjeras transportan 60.000 barriles de crudo pesado por el
SOTE. Esto significa que al mezclarse con el crudo liviano
degradan su calidad y se pierde precio en el mercado, a la vez
que se deteriora el SOTE por el elevado contenido de azufre de
los crudos pesados.
PETROECUADOR MAS CONVENIENTE QUE LAS TRANSNACIONALES
Román asegura que mediante el sistema de consorcio entre
Petroecuador y compañías extranjeras ha reportado enormes
beneficios al país. Un 95% de las utilidades del negocio ha
ido al Estado, mientras que en los contratos de prestación de
servicios firmados con varias transnacionales, no se ha
reportado beneficio alguno para el país. En este tipo de
contratos el Estado repone los costos de las empresas
petroleras, los cuales han sido altísimos, mucho más altos que
los de Petroecuador. El récord se lo lleva la Maxus, cuyos
costos productivos -asegura Román- son de 70 dólares por
barril en una primera fase.
El caso más favorable para el Estado, en lo referente a los
contratos de prestación de servicios resulta el de la compañía
Occidental, cuyo costo de producción en de 10,5 dólares (el
más bajo de todas las contratistas). Si a ese costo se añade
un dólar por transporte en el SOTE, llega a Balao a un costo
de 11,5 dólares. El precio de venta para este crudo de 24
grados API es de 14 dólares, por lo tanto hay una utilidad
bruta de 2,5 dólares por barril, de los cuales un dólar es
para Petroecuador.
En cambio con el petróleo que produce Petroecuador la cosa es
distinta. Su costo de producción es de apenas 17 dólares por
barril, más un dólar de transporte por el SOTE a Balao, da un
costo puesto allí de 2,7 dólares. El precio de venta para este
crudo de 28 grados API es de 15 dólares, de manera que la
utilidad neta para Petroecuador es de 12,3 dólares por barril.
Obviamente la relación entre Petroecuador y las otras
contratistas que tienen costos más altos de producción es aún
mayor. Las ventajas de Petroecuador son claras. De allí que se
afirme que los ingresos de petróleo para el país provienen de
Petroecuador y no de las transnacionales. Parece claro,
entonces, la conveniencia de impulsar la actividad exploradora
y explotadora de Petroecuador, en lugar de: propugnar su
privatización.
UN CAMINO TORTUOSO
La ampliación del oleoducto ha seguido un camino tortuoso. Se
convocó a presentar ofertas en marzo de 1994 sin contar para
ello con estudios de reservas, ni estudio de ganancias.
Las bases de la licitación han sido modificadas en ocho
ocasiones y la recepción de las ofertas se pospuso tres veces.
La última modificación se produjo ocho días antes de la
recepción de las ofertas. Varias empresas se han retirado.
Evidentemente tanto cambio en las bases levanta suspicacías
sobre la transparencia del proceso, porque mediante la
inclusión de nuevas exigencias se puede poner fuera de
concurso a algunas compañías, o permitir una participación
ventajosa de otras.
Los cambios en las bases de una licitación han significado
muchas veces los mecanismos para favorecer a unos
participantes y perjudicar a otros.
GALO ABRIL JUSTIFICA LA OBRA
El ministro de Energía Galo Abril justificó la ampliación del
oleoducto porque -aseveró- el Ecuador posee reservas probadas
de 200 millones de barriles, de los cuales con la nueva
tecnología se puede recobrar hasta el 60%, de manera que se
tendrán campos para explotar durante 72 años y eso si no se
descubren nuevos campos. Aseguró que estudios del Instituto
Francés del Petróleo establecen que el Ecuador recibirá
durante doce años de concesión, una suma neta de 1.650
millones de dólares, cantidad superior a la que se recibiría
si no se ejecuta la obra.
Adicionalmente defendió la capacidad técnica de los consorcios
que participan en la licitación, los cuales, dijo, "son los
mejores del mundo". Con la intención de terminar con las
objeciones de algunos diputados, dijo que les ha remitido las
cifras arriba indicadas.
En cuanto a los cambios de la licitación, dijo que no son de
fondo, excepto uno por el cual antes se pedía el 40% de la
participación estatal en utilidades y pérdidas, pero que en
una discusión con el comite especial de petróleos se acordó
que sea el 30% en utilidades, no en pérdidas.
El ministro formuló declaraciones en el Noticiero Nacional Al
Aire de Gamavisión, diario HOY y El Universo, y Sonorama.
LA PUNTA DE LANZA DEL NEOLIBERALISMO
Adicionalmente a las consideraciones técnicas y económicas, el
dirigente sindical petrolero vislumbra en el proyecto de
privatización del SOTE la punta de lanza del proyecto
privatizador del Gobierno sobre el sector petrolero. "El
proyecto gubernamental de ampliación del oleoducto, antes que
una solución seria al sistema de evacuación de petróleo, es un
medio para delimitar el desarrollo empresarial de Petroecador
(tesis del fundamentalismo neoliberal) porque le privan de
administrar sus propios bienes para transferirlos al sector
privado transnacional". Román advierte que detrás de este
proyecto están "los grupos económicos y financieros más
poderosos del Ecuador".
Como pasos posteriores, recela Román, vendrá la entrega al
sector privado de los campos de Petroecuador, como
Shushufindi, Sacha, Lago Agrio, Libertador, etc. Todo esto a
través de la incorporaeión de nuevas tecnologías de
recuperación que requerirían una inversión que el Estado se
niega a permitirle a Petroecuador. Con el pretexto de la
imposibilidad de invertir ingentes sumas de dinero en las
nuevas tecnologías, se traspasarán los mejores campos a las
transnacionales, advierte Román. (2A)
parte de una contratista extranjera el Ecuador perdería 2500
millones de sucres, concluye un estudio de la Federación de
Trabajadores de Petroecuador (FETRAPEC), "además de la pérdida
de soberanía del Estado en el manejo de sus recursos
estratégicos".
El debate sobre la conveniencia de construir el nuevo
oleoducto, que en realidad consiste más bien en una ampliación
del actual y la construcción de una pequeña tubería adicional,
ha llegado al clímax justo cuando el Gobierno ha procedido a
la recepción de tres ofertas correspondientes a tres
consorcios interesados en la obra, que tiene, además, como
"caramelo", la entrega del actual oleoducto a la firma que
construirá la ampliación.
En principio se dijo que había muchas empresas interesadas,
luego se habló de ocho, y finalmente únicamente se presentaron
tres ofertas, las cuales serán evaluadas en un plazo no mayor
a noventa días, para proceder luego a la adjudicación.
Los cuestionadores del proyecto van desde la Federación
Nacional de Trabajadores de Petroecuador, hasta ex ministros
del ramo como Rafael Almeida y Gustavo Jarrín Ampudia, y
diputados como Andrés Vallejo de la Izquierda Democrática y
Marco Flores del partido Social Cristiano, además de analistas
y expertos en la materia. Flores incluso ha anunciado un
juicio político al ministro Galo Abril, en caso de que prosiga
con la privatización del oleoducto transecuatoriano.
Marcelo Román, dirigente de los trabajadores petroleros
plantea varias objeciones desde puntos de vista técnicos y
económicos fundamentalmente.
CON CRUDO LIVIANO
En primer lugar sostiene que el actual oleoducto (al que
llaman también SOTE) debe seguir transportando crudo liviano
solamente, por cuanto fue diseñado para ese tipo de
petróleo. Román sostiene que el haber transportado crudo
pesado en los últimos tiempos ha deteriorado al SOTE.
Recomienda ampliar su capacidad de 320 mil barriles diarios a
400 mil, para lo cual bastará -dice- instalar más estaciones de
bombeo, a un costo aproximado de 80 millones de dólares. La
propuesta del Gobierno -continúa- significará un costo de 600
millones de barriles y lo único que añadirá es "una pequeña
tubería" para transportar 50.000 barriles adicionales. Además
asegura que se ha detectado un sobreprecio en ese costo
estimado.
Román sugiere que la etapa de crudos pesados que está
comenzando en el país sea tratada a través de una política
específica, y reclama un debate nacional para fijar esa
política. ¿Qué debemos hacer en definitiva con las reservas de
crudos pesados? se plantea. Actualmente las empresas
extranjeras transportan 60.000 barriles de crudo pesado por el
SOTE. Esto significa que al mezclarse con el crudo liviano
degradan su calidad y se pierde precio en el mercado, a la vez
que se deteriora el SOTE por el elevado contenido de azufre de
los crudos pesados.
PETROECUADOR MAS CONVENIENTE QUE LAS TRANSNACIONALES
Román asegura que mediante el sistema de consorcio entre
Petroecuador y compañías extranjeras ha reportado enormes
beneficios al país. Un 95% de las utilidades del negocio ha
ido al Estado, mientras que en los contratos de prestación de
servicios firmados con varias transnacionales, no se ha
reportado beneficio alguno para el país. En este tipo de
contratos el Estado repone los costos de las empresas
petroleras, los cuales han sido altísimos, mucho más altos que
los de Petroecuador. El récord se lo lleva la Maxus, cuyos
costos productivos -asegura Román- son de 70 dólares por
barril en una primera fase.
El caso más favorable para el Estado, en lo referente a los
contratos de prestación de servicios resulta el de la compañía
Occidental, cuyo costo de producción en de 10,5 dólares (el
más bajo de todas las contratistas). Si a ese costo se añade
un dólar por transporte en el SOTE, llega a Balao a un costo
de 11,5 dólares. El precio de venta para este crudo de 24
grados API es de 14 dólares, por lo tanto hay una utilidad
bruta de 2,5 dólares por barril, de los cuales un dólar es
para Petroecuador.
En cambio con el petróleo que produce Petroecuador la cosa es
distinta. Su costo de producción es de apenas 17 dólares por
barril, más un dólar de transporte por el SOTE a Balao, da un
costo puesto allí de 2,7 dólares. El precio de venta para este
crudo de 28 grados API es de 15 dólares, de manera que la
utilidad neta para Petroecuador es de 12,3 dólares por barril.
Obviamente la relación entre Petroecuador y las otras
contratistas que tienen costos más altos de producción es aún
mayor. Las ventajas de Petroecuador son claras. De allí que se
afirme que los ingresos de petróleo para el país provienen de
Petroecuador y no de las transnacionales. Parece claro,
entonces, la conveniencia de impulsar la actividad exploradora
y explotadora de Petroecuador, en lugar de: propugnar su
privatización.
UN CAMINO TORTUOSO
La ampliación del oleoducto ha seguido un camino tortuoso. Se
convocó a presentar ofertas en marzo de 1994 sin contar para
ello con estudios de reservas, ni estudio de ganancias.
Las bases de la licitación han sido modificadas en ocho
ocasiones y la recepción de las ofertas se pospuso tres veces.
La última modificación se produjo ocho días antes de la
recepción de las ofertas. Varias empresas se han retirado.
Evidentemente tanto cambio en las bases levanta suspicacías
sobre la transparencia del proceso, porque mediante la
inclusión de nuevas exigencias se puede poner fuera de
concurso a algunas compañías, o permitir una participación
ventajosa de otras.
Los cambios en las bases de una licitación han significado
muchas veces los mecanismos para favorecer a unos
participantes y perjudicar a otros.
GALO ABRIL JUSTIFICA LA OBRA
El ministro de Energía Galo Abril justificó la ampliación del
oleoducto porque -aseveró- el Ecuador posee reservas probadas
de 200 millones de barriles, de los cuales con la nueva
tecnología se puede recobrar hasta el 60%, de manera que se
tendrán campos para explotar durante 72 años y eso si no se
descubren nuevos campos. Aseguró que estudios del Instituto
Francés del Petróleo establecen que el Ecuador recibirá
durante doce años de concesión, una suma neta de 1.650
millones de dólares, cantidad superior a la que se recibiría
si no se ejecuta la obra.
Adicionalmente defendió la capacidad técnica de los consorcios
que participan en la licitación, los cuales, dijo, "son los
mejores del mundo". Con la intención de terminar con las
objeciones de algunos diputados, dijo que les ha remitido las
cifras arriba indicadas.
En cuanto a los cambios de la licitación, dijo que no son de
fondo, excepto uno por el cual antes se pedía el 40% de la
participación estatal en utilidades y pérdidas, pero que en
una discusión con el comite especial de petróleos se acordó
que sea el 30% en utilidades, no en pérdidas.
El ministro formuló declaraciones en el Noticiero Nacional Al
Aire de Gamavisión, diario HOY y El Universo, y Sonorama.
LA PUNTA DE LANZA DEL NEOLIBERALISMO
Adicionalmente a las consideraciones técnicas y económicas, el
dirigente sindical petrolero vislumbra en el proyecto de
privatización del SOTE la punta de lanza del proyecto
privatizador del Gobierno sobre el sector petrolero. "El
proyecto gubernamental de ampliación del oleoducto, antes que
una solución seria al sistema de evacuación de petróleo, es un
medio para delimitar el desarrollo empresarial de Petroecador
(tesis del fundamentalismo neoliberal) porque le privan de
administrar sus propios bienes para transferirlos al sector
privado transnacional". Román advierte que detrás de este
proyecto están "los grupos económicos y financieros más
poderosos del Ecuador".
Como pasos posteriores, recela Román, vendrá la entrega al
sector privado de los campos de Petroecuador, como
Shushufindi, Sacha, Lago Agrio, Libertador, etc. Todo esto a
través de la incorporaeión de nuevas tecnologías de
recuperación que requerirían una inversión que el Estado se
niega a permitirle a Petroecuador. Con el pretexto de la
imposibilidad de invertir ingentes sumas de dinero en las
nuevas tecnologías, se traspasarán los mejores campos a las
transnacionales, advierte Román. (2A)
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