Obligados a aclarar el tema

Los dimes y diretes entre la Comisión de Control Cívico de la Corrupción
(CCCC) y la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) pasan, a todas luces,
por el problema de la transparencia de la información, a la que están
obligados los responsables de las instituciones.
En efecto, la CCCC debería no solo hacer la denuncia, sino poner a
disposición del país toda la documentación que pruebe que sus conclusiones
son fruto de una profunda y veraz investigación.
Los integrantes de esta institución no deben olvidar el papel fundamental
que tienen en la vida del país, puesto que desde su creación se ha
constituido en una suerte de contraloría ciudadana, por lo que no pueden
dejar sombra de duda sobre su trabajo y sus intenciones.
En la misma línea, la AGD, que nació a raíz de la catástrofe financiera que
vivió el país, está obligada a laborar con pulcritud, cumpliendo, de forma
estricta, la misión para la que fue constituida: recuperar el dinero de los
bancos cerrados para el erario nacional y pagar a los clientes perjudicados
por la banca.
Las sospechas de que en la CCCC ciertos integrantes estarían buscando
protagonismo en un año electoral tienen que ser eliminadas, so pena de que
la propia institución pierda legitimidad.
La tarea a ella encomendada es de suma gravedad, por lo que todo esfuerzo
por demostrar imparcialidad es poco, cuando se trata del honor de las
personas y la sobrevivencia de las instituciones..
Asimismo, la AGD, que tiene un corto pero ya tormentoso historial, no puede
caer ante las presiones de los grupos de interés, y peor ocultar la
información detallada de su proceder, porque eso significaría, de igual
forma, que ante la faz pública sus actuales directivos pierdan crédito y,
más que eso, que sean vistos como parte del aparataje corrupto que rodea a
ciertos banqueros.
Pero, al parecer, en el país no todas las instituciones están dispuestas a
correr riegos.
A propósito, ¿qué está haciendo la Fiscalía de la Nación para aclarar las
denuncias de la CCCC?
Una suerte de renunciamiento a sus verdaderas funciones es parte del
enrarecido ambiente que rodea a los casos vinculados a los bancos y grupos
de poder económico y político, que ha hecho daño a instituciones como el
Ministerio Público, que daría la impresión ha perdido credibilidad ante el
país.
La Fiscalía General debe actuar de oficio, como es su responsabilidad,
cuando de por medio hay denuncias como las presentadas por la CCCC, a
sabiendas de que la Comisión no puede desarrollar iniciativas punitivas,
sino que cuenta sobre todo como la fuerza moral para sacar a la luz los
trapos sucios de instituciones y personas.
Esa suerte de laxitud de los órganos de justicia no hace sino poner en duda
su independencia, más aún cuando de por medio hay enormes sumas de dinero de
personas de enorme influencia.
En medio de todo este ambiente, las declaraciones del presidente Gustavo
Noboa, que ha sembrado dudas sobre la independencia de los integrantes de la
Comisión de Control Cívico de la Corrupción, lo único que han hecho es
atizar el fuego en el que arden las sospechas de que en el Ecuador todos
actúan de acuerdo con intereses.
Esta es otra razón de peso para que la Comisión y su presidente, Ramiro
Larrea, informen con lujo de detalles el enredo legal y las posibles
irregularidades cometidas por el gerente de la AGD.
En cambio, el gerente de la Agencia de Garantía, Patricio Dávila, debe
responder con documentos a la Comisión y explicar al país la forma en que
está operando el fideicomiso de Emelec ya que, siendo un funcionario del
Estado, está obligado a rendir cuentas de su trabajo.