Quito. 07.06.95. La inseguridad y la violencia urbana han crecido
en todo el mundo. Eso es un hecho.

Según datos de 1994 del Centro de Estudios Regionales (CERG),
solo en Guayaquil hay alrededor de 30 bandas organizadas que se
dedican a asaltar bancos, comercios y casas, con un promedio de
dos asaltos grandes por semana. Existen además 50 bandas que
roban entre cinco y ocho vehículos diarios, y 1.500 pandillas que
producen 30 asaltos diarios.

Frente a la creciente inseguridad que se vive en las grandes
ciudades, la gente ha buscado sus propias medidas de protección:
alarmas, guardias de seguridad, muros altos, rejas gruesas en las
ventanas, armas...

Estados Unidos, por ejemplo, gastó el año pasado 65 billones de
dólares en protección privada (alarmas, guardias privadas,
sistema de seguridad). En ese país se estima que la población
posee más de 200 millones de armas de fuego.

A pesar de los gastos y las medidas de seguridad que se siguen
inventando, ha sido muy difícil controlar la inseguridad y la
violencia urbana.

Si las cosas siguen como están, ¿qué le espera a nuestro país a
fines de este siglo? ¿Qué medidas se deben tomar para que la
inseguridad y la violencia urbana no se conviertan en un monstruo
que no podremos controlar en el año 2.000?

LA POLICIA DEL AÑO 2000

En relación a sus vecinos, Ecuador tiene métodos delictivos menos
sofisticados y un menor número de policías por habitante.

Colombia tiene 3.5 policías por cada mil habitantes y Perú 4.4
policías, mientras que Ecuador tiene 1.3 policías por cada mil
habitantes.

Tanto Perú y Colombia están sobre la recomendación internacional
de policías, que es de tres por cada mil habitantes. Ecuador, en
cambio, está un 66% bajo esta norma mínima de seguridad
colectiva.

Plan de seguridad para el año 2.000


Frente al problema de la inseguridad y la violencia urbana, la
Policía ecuatoriana se ha planteado un plan de seguridad para el
año 2.000.

Fuentes policiales consultadas señalaron que el número de
policías para el próximo siglo deberá aproximarse a los 50 mil
efectivos.

Este crecimiento de personal exigirá la construcción de
infraestructura y equipamiento adecuados. En este ámbito será
necesario construir cuarteles tipo regimiento, de tres a uno
comparativamente a lo actual.

También será necesario adquirir patrulleros y motocicletas
capaces de sostener el crecimiento urbanístico. Esto multiplicará
en dos veces el actual parque motorizado.

Se requerirá el patrullaje aéreo en ciertas ciudades muy
conflictivas y aquellas muy cercanas a las fronteras. Por eso, si
nuestra policía va a tener 50 mil efectivos para 12 millones 600
mil habitantes, deberá contar con 30 helicópteros para poder
cubrir áreas importantes en zonas con expansión comercial y
población flotante.

La Policía asegura que para el año 2.000 será necesario un
reequipamiento con equipos infranqueables de alta seguridad, una
renovación total de su rastrillo, y personal suficiente de alto
poder disuasivo-preventivo.

En cuanto a las leyes, fuentes policiales señalan que se deberá
renovar la actual Ley Orgánica y de Personal, que data de hace 30
años.

En lo que tiene que ver con los servicios, se necesitará de un
completo sistema de informática para obtener información básica.
Esto significa comunicación central electrónica, en los
vehículos, comunicación en las dependencias y capacitación.

En educación, la policía dice que se proyecta un cambio radical.
La idea es masificar la instrucción y para ello se requerirá de
un gran esfuerzo institucional y paciencia colectiva. Ahora se
logra capacitar integralmente solo a 150 policías por año. De 15
mil hombres que tiene actualmente la institución, solo seis mil
son bachilleres.

PREVENCIO ANTES QUE REPRESION

Para algunos sociólogos y urbanistas ecuatorianos, el problema de
la inseguridad es muy complejo, y no se soluciona con el aumento
del número de policías.

Según dice el urbanista Fernando Carrión, hasta ahora solo se han
propuesto dos salidas equívocas para el problema de la violencia
urbana: reprimir y privatizar.

La primera medida ha servido para "justificar el fortalecimiento
de los llamados gendarmes del orden... y para profundizar las
llamadas páginas rojas o difundir programas violentos".

La segunda ha permitido que se desarrolle una policía privada,
por lo general constituida por policías jubilados que no tiene
ningún tipo de control.

Por su parte, Gaitán Villavicencio, sociólogo guayaquileño y
director del Centro de Estudios Regionales (CERG), señala que ni
los poderes locales ni el gobierno central se han interesado por
plantear alternativas para enfrentar la inseguridad en las
ciudades.

"En nuestro país no existen políticas ni programas", dice el
sociólogo, y plantea que la primera medida a corto plazo que se
debería tomar es la coordinación de una campaña para impedir que
se desarrolle el pánico colectivo que hoy existe en las ciudades,
sobre todo en Quito.

"Es necesario realizar una modificación estructural de la
policía: capacitar al personal, buscar un cambio de concepción
para que los policías no sean entes represivos sino mas bien de
prevención, y sobre todo mejorar su calidad de vida para evitar
que, como un círculo vicioso, se genere la corrupción".

Gaitán Villavicencio señala que también se debe mejorar el
sistema judicial; invertir en la modificación del sistema
penitenciario que hoy se constituye en una "escuela de
reeducación del delito"; y buscar un mayor nivel de contacto
comunitario, para que la gente ejerza su capacidad de control
social, no desde la represión sino desde la disuación.

"Las medidas para enfrentar la inseguridad no pueden tomarse en
forma aislada, sino que deben ser canalizadas sincrónicamente ",
dice el sociólogo, y agrega que en todo este proceso el Municipio
debe jugar el rol de organizador de una campaña de seguridad.

"Se puede tomar medidas contra la violencia urbana sin necesidad
de crear un ente burocrático. La idea es que los poderes locales
-que hoy han perdido su capacidad de intervenir en las esferas
ciudadanas- propongan medidas y las asuman con toda la
comunidad".

UNA EXPERIENCIA QUE HA DADO RESULTADO

El problema de la inseguridad no es nada nuevo ni aquí ni en el
resto del mundo. Desde hace algunos años, muchos países han sido
azotados por la violencia urbana, y se han visto obligados a
tomar distintas medidas de seguridad.

En Cali, la ciudad más violenta del mundo, el Municipio creó hace
tres años el programa "Desarrollo, Seguridad y Paz" (DESEPAZ),
que tiene por objetivo disminuir la criminalidad y la violencia a
través de medidas preventivas.

DESEPAZ comenzó por conformar un grupo de expertos de las
instituciones que recogen y procesan información sobre
delincuencia, homicidios y muertes por accidentes de tránsito
(Policía Metropolitana, Fiscalía, oficina de Medicina Legal,
Personería y secretarías de salud y tránsito). Así es como se
logró establecer un Sistema de Información y Vigilancia
Epidemiológica sobre homicidios, en base a las instituciones que
en forma tradicional lo hacían de modo independiente y sin
criterio para la toma de decisiones.

La información recopilada sirvió para adoptar ciertas medidas de
prevención: reducción de las horas de venta de licores; control
de la alcoholemia a los conductores, sobre todo en las noches de
fin de semana (medida que redujo en 100 el número de muertes en
accidentes de tránsito, entre 1992 y 1993); desarme de civiles en
horas y días de mayor riesgo, y la propuesta al Ministerio de
Defensa de adoptar una reglamentación más rígida sobre el porte
de armas.

DESEPAZ se esfuerza además por recuperar la credibilidad de la
ciudadanía en sus organismos de defensa. Para ello, el Alcalde
-que es el jefe de la policía de su Municipio- trabaja para
mejorar la escolaridad de los agentes de policía de la ciudad,
aumentar sus conocimientos en derechos humanos y
constitucionales, y elevar su condición de vivienda con la
esperanza de que el mejoramiento de su calidad de vida tenga
efectos en su comportamiento y en el cumplimiento de sus
obligaciones.

El programa también realiza actividades con las comunidades de
mayor riesgo, a través de los Consejos de Seguridad Comunitarios
o de reuniones menos formales. Con el Consejo se rediseña la
política o programas para los jóvenes de alto riesgo, y se recoge
la información de las comunas y barrios, que posteriormente se
discute con los comandantes de la policía.

Otro objetivo del programa DESEPAZ es modernizar el sistema
judicial. Para ello ha financiado cursos de actualización en
criminalística y otras áreas, y ha promovido Centros de
Conciliación en diferentes comunas. Dentro de este mismo
objetivo, el programa ha creado la Casa de Justicia y Paz, donde
se agrupan jueces, comisarios e inspectores que adelantan su
trabajo en coordinación.

Se ha previsto que las estrategias de DESEPAZ produzcan
resultados a mediano y largo plazo, aunque hay acciones
localizadas cuyos efectos ya se empiezan a percibir.

En 1993, por ejemplo, se registró que en la Comuna 20 -una zona
de alta violencia- no ocurrió ni un solo homicidio en 15 semanas,
a diferencia del año anterior, en el que se presentaron dos o
res homicidios semanalmente. Asimismo, los habitantes de las
onas populares han confirmado reiteradamente la drástica
isminución de atracos y robos en los barrios donde los jóvene se
han incorporado a actividades productivas, bien sea con la
administración municipal o con empresas privadas. (MCR)

* Con información del libro "Ciudad y violencia en América
Latina" del Programa de Gestión Urbana para América Latina y el
Caribe.

TASAS DE HOMICIDIOS EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA


País Número de homocidios Población
por año (millones)

Colombia 25.030 32.3
EEUU 18.600 245.0
Brasil 37.270 151.6
México 17.804 86.3
Venezuela 3.245 19.8
Argentina 4.066 32.7
Perú 2.524 22.0
Ecuador 1.187 10.8
Uruguay 127 3.1

Datos de 1990. Fuentes Policía Nacional, OPS, Naciones Unidas.
(10B)
EXPLORED
en Ciudad N/D

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