Quito. 23.07.95. Hablar de corrupción puede llegar a ser un
asunto trillado. Es pan de todos los dÃas. Posiblemente es el
tema que más titulares se ha ganado en los medios de
comunicación escritos de todo el paÃs.
Lo peor es que el asunto no queda ahÃ. Hay un sin número de
hechos que se producen dÃa a dÃa, a cada momento, que todos lo
saben y comentan pero que no pueden salir a la luz.
La prensa carece de los medios para prosperar en sus
investigaciones. No existe un marco legal que permita el
acceso a ciertos documentos, paradógicamente catalogados como
públicos. Es mucho lo que se sabe pero poco lo que se puede
comprobar. "Mire señor periodista, fulanito se robo millones y
millones de sucres cuando se aprobó tal ley", "hasta celular
le dieron al tipo para que vote en contra del proyecto", dicen
los entrevistados cuando la grabadora se encuentra apagada.
Escasean los mecanismos de autoregulación del Estado: no se
pueden conocer cuentas bancarias, el destino de los fondos
públicos, las transas polÃticas de votos por beneficios.
El baúl de la corrupción esconde mucho más de lo que se puede
llegar a saber. Por suerte, también esconde alternativas.
Negocios públicos: el que no cae resbala
¿Cómo se da la corrupción? ¿Quiénes son sus actores? ¿Quienes
sus promotores y beneficiarios? ¿Cuáles son los mecanismos?
Sin duda la corrupción en grande se da en los grandes
contratos del Estado, en las comisiones, en los sobreprecios.
La burocracia ha constituido una telaraña de relaciones que
atrapa toda iniciativa, a veces con la segunda intención de
negociar sus atribuciones. Los grandes problemas, que son
preocupación del presidente o de los ministros, la traspasan,
no sin dificultad, pero no pueden con ella los centenares de
problemas medios y pequeños, para los cuales solo queda el
recurso de "aceitar" a los funcionarios para que el trámite
camine. El poder de ciertos cÃrculos de la burocracia está
allÃ, allà sus posibilidades de negociación y de participación
en la riqueza generada por la actividad privada. Allà la
corrupción de la que son cómplices burócrata y empresario, por
igual, a cada lado de una transacción inmoral.
La corrupción es un tema que está vigente siempre en materia
de gobierno. En todo tiempo y en todos los paÃses, con matices
y excepciones. La razón es muy sencilla. No se trata de que
los funcionarios públicos o los empresarios que con ellos se
entienden, tengan una especial falta de ética atÃpica, que no
se encuentre en otros estratos de la sociedad. No hay una
sustancial diferencia, en cuanto a valores morales, entre la
burocracia y sus socios privados, con el resto de la
población. Lo que ocurre es que los montos que se manejan en
esferas de gobierno son inmensos y las tentaciones suculentas.
Basta calcular la porción del presupuesto del Estado, de ayuda
multilateral y de endeudamiento externo que se dedica a obra
pública, a la contratación de servicios, a gastos de
inversión, para colegir los enormes beneficios económicos que
el sector privado percibe del Estado. Y si para ello hay de
por medio el burócrata, de alto, mediano o bajo nivel, que
puede facilitar o entorpecer el trámite, que puede facilitar o
negar información, que puede influir en que se contrate con
tal o cual firma, que puede elaborar bases de licitación con o
sin dedicatoria, que puede descalificar firmas o no hacerlo,
inclusive por aspectos formales, que puede aumentar o reducir
plazos, que puede ejecutar o no las garantÃas de cumplimiento,
que puede escoger discrecionalmente los proyectos que han de
ejecutarse, entonces tenemos allà el germen de la corrupción,
la tentación inmensa que obnubila, la posibilidad cercana de
mejorar de vida, de ser alguien, de entrar a pesar socialmente.
La corrupción existe también fuera del Estado. Se da en el
sector puramente privado en menores proporciones, acorde con
menores intereses en juego, desde la cajera de supermercado
que no incluye toda la mercancÃa en la cuenta de su amigo,
hasta el banquero que se otorga a sà mismo préstamos
cuantiosos a través de testaferros, pasando por el portero de
estadios y coliseos que deja entrar de pavos a los de la
gallada del barrio.
Pero en el Estado las posibilidades son macro. Detrás de cada
contratación hay un beneficiario privado de carne y hueso, hay
un representante de la firma adjudicataria, hay un hombre que
gana mucho dinero luego de una encarnizada competición no
siempre justa ni equitativa. Si siempre las contrataciones
fueran limpias, no habrÃa problema en que el contratista,
negociante al fin, se gane su dinero. Pero allà entra la
interferencia del poderoso funcionario que puede adelantar
información, descalificar firmas, en fin, que tiene todo un
juego completo de recursos para desviar el recto proceso de
contratación. En cada negocio del Estado alguien gana una
comisión, en el mejor de los casos el representante de la
firma vendedora de los bienes o servicios. Pero el
representante de la casa adjudicataria del contrato puede
compartir sus utilidades con distintos estratos de la
burocracia y para ello existe toda una red de intermediarios.
Allà está, entonces, la medida de la corrupción de un
gobierno. En función de hasta dónde llegan las influencias de
los asechantes contratistas puede establecerse el grado y la
gravedad de la corrupción.
Los partidos cumplen su rol
En materia de negocios del Estado juegan un papel preponderante los
partidos polÃticos.
Buena parte de los afiliados a los partidos polÃticos no
difiere entre sà en su arribismo y picardÃa. Por cierto, son
grupos numéricamente menores, son movilizadores ambiciosos que
se inscriben en los partidos por cálculo. No faltan a las
reuniones, conforman núcleos, pequeños centros de poder dentro
del aparato que les sirve para presionar a la alta dirigencia
por una candidatura, un puesto público o algún otro beneficio.
La mayoria silenciosa de afiliados es de personas sencillas,
honradas, que se identifican de veras con lo que presumen es
el más hondo significado de la ideologÃa del partido. No
siempre entienden a plenitud la doctrina y los rasgos
ideológicos, pero se sienten identificados con los programas y
planes que se publican, con algunas de las ideas que defienden
los dirigentes, con sus actitudes y con ciertos paradigmas que
intuyen. Pero esa mayorÃa silenciosa no manda ni tiene
capacidad de fijar las directrices del partido. Apoya con su
presencia en los actos de campaña y con su voto, pero carece
de poder decisorio al interior de las estructuras.
La corrupción es en buena medida producto de esa masa de
dirigentes partidistas medios que se colocan en los mandos
intermedios de la administración pública con el gobierno de
turno y que creen llegada su única oportunidad de mejorar
económica y socialmente. Se infiltran allà donde se cocinan
los contratos y tejen una red de relaciones con los
negociantes privados, muchos de ellos expertos en los
mecanismos de contratación y muy profundos conocedores de las
flaquezas humanas.
A más secreto, más corrupción
Los gastos reservados y las partidas extrapresupuestarias han
sido, en los 16 años de la nueva democracia que vive el
Ecuador, instrumentos socorridos en absoluta confidencialidad
para el mantenimiento de lo que los expertos llaman
"gobernabilidad".
Con esos instrumentos se han hecho o desecho mayorÃas
parlamentarias y, por lo tanto, se han superado las llamadas
pugnas de poderes. Con ello han prosperado las iniciativas del
Ejecutivo.
Esto ha sido una constante en los cuatro gobiernos
constitucionales de esta "nueva" República: Jaime
Roldós-Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja y
Sixto Durán Ballén. Y han constituido, querrámoslo o no, una
fuente y un alimento reconstituyente de la corrupción polÃtica
en el Ecuador.
Uno de los últimos escándalos que se movió en estos terrenos
fue denunciado por Jorge Gallardo (ID), quien comprobó el uso
de más de 160 mil millones de sucres de gastos reservados para
la campaña electoral de 1992, en provecho de los partidos
afines al gobierno sixtista. Esto, según el denunciante, llevó
a la eliminación de cinco partidas presupuestarias destinadas
a fondos sociales, al incremento de los precios de los
combustibles y a los débitos de varias instituciones del
Estado, por cuenta del ex ministro de Finanzas César Robalino.
Por eso se dijo que el gobierno consiguió diputados de oro,
los más caros de la historia republicana: cada uno significó
más de 22 mil millones de sucres. ¿Valió la pena?
En el gobierno de León Febres Cordero (PSC) también se
recurrió a "donaciones" -por supuesto confidenciales- del
Banco Central del Ecuador. Esa institución, recordémoslo,
entregó 150 mil dólares, en billetes, a Miguel Orellana, alto
funcionario febrescorderistas. Esa suma se destinó para pagar
a un tal Ran Gazit, un israelita experto en "seguridad", que
realizó una guerra sucia destinada a eliminar fÃsicamente a la
cúpula del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo (AVC).
Y durante el gobierno de Rodrigo Borja (ID), por ejemplo, se
entregaron al menos mil millones de sucres a un "feroz"
opositor, el diputado Fabián Alarcón, del Frente Radical
Alfarista (FRA). Los fondos provinieron del Ministerio de
Finanzas -el ministro, a la sazón, era Pablo Better- en
calidad de asignaciones extrapresupuestarias.
Las asignaciones salieron a tÃtulo de organizaciones
populares, sociales y culturales, para la compra de
instrumentos musicales y arreglo de canchas deportivas, por
ejemplo. Era claro que el diputado estaba repartiendo plata
del Estado con fines proselitistas en su favor, en lo que se
llama clientelismo polÃtico: Alarcón es, todavÃa, un frustrado
alcalde de Quito.
Otro misterio -que se va perdiendo con la incomprensible
desmemoria de los ecuatorianos, la escasa tenacidad de ciertos
diputados y los silencios de oro que presumiblemente ha
comprado el gobierno de Sixto Durán Ballén- involucró a un tal
"Comité de información y contacto externo" (CICE), que hizo
una campaña pública para la consulta popular del 23 de agosto
de 1994.
Sus mensajes constituyeron un frontal ataque a los partidos
polÃticos y un auspicio a la polÃtica de los independientes.
La campaña fue millonaria. Se estima entre 15 mil y 45 mil
millones de sucres. Pero, ¿quién la financió?
Una comisión legislativa obtuvo negativas de las Cámaras de la
Producción respecto a un posible financiamiento por parte de
ellas. Surgieron sospechas de que se usaron dineros de
Petroecuador y de la Corporación Financiera Nacional. El CICE,
que no mantiene cuentas corrientes en ningún banco, ¿cómo
manejó tanta plata?
Las preguntas condujeron a una sola "ventanilla", la de los
gastos reservados del Gobierno. Pero el asunto quedó allÃ,
gracias al silencio con que se cubren esas derogaciones. Y el
silencio es, como se ve en estos contados casos, la piedra de
toque del asunto.
Todo se reduce a cenizas
El funcionario que juzga las cuentas reservadas -con capacidad
de establecer glosas si no han sido correctamente manejadas-
es el contralor general del Estado.
Luego de su juzgamiento, los "recibos" de los egresos son
incinerados. Solo queda un "archivo especial", con las
resoluciones que contiene el juzgamiento de los gastos
secretos, conforme a un reglamento que existe para tal fin, y
las cenizas como inútiles rastros...
Conforme a ese reglamento, el contralor es un juez. Pero,
¿siempre es as� Este es un tema que debe atribuirse o
confiarse a la condición moral del contralor, y también a su
independencia y capacidad polÃtica.
En la ContralorÃa se examinan las cuentas secretas de la
Presidencia de la República, de la Vicepresidencia, de la
SecretarÃa General de la Administración, del Ministerio de
Gobierno y del Consejo de Seguridad Nacional.
De acuerdo a un viejo documento de marzo de 1967 -en
vigencia-, se consideran fondos para gastos reservados
aquellos que "con tal carácter se han asignado al Presupuesto
General del Estado, cuya inversión es necesaria para el
mantenimiento de la seguridad interior y exterior del Estado o
para la conservación del orden público".
Otro reglamento de la ContralorÃa, del 30 de marzo de 1954,
precisa que es prohibido dar a conocer el destino de los
gastos reservados fuera del ámbito de ciertas oficinas o de
determinadas personas. Es decir, conocer el destino de estas
"inversiones" es prácticamente imposible, asà lo pida un
legislador o el mismÃsimo presidente del Congreso Nacional,
mucho peor la prensa.
Transar: la primera regla del juego polÃtico ecuatoriano
Transar. "Avenirse en un acuerdo las partes en algunas de sus
exigencias", es su definición. Los polÃticos transan desde
tiempos inmemoriales. "Perico de los palotes", Ministro de
Finanzas, conservador, católico, apostólico y romano, dio una
jugosa partida presupuestaria a "Fulano de tal", honorable
diputado de la República, comunista, marxista y leninista
radical, a cambio de un voto. Eso es transar. Se transa por
plata, también por proyectos. No importa ideologÃas o
principios morales, enemistades ocultas o cenicerazos en
sesiones anteriores, para transar solo se necesita llegar a un
acuerdo en que cada una de las partes saque algún provecho.
El vicepresidente de la República, Alberto Dahik, trató de
transar con los legisladores. Quiso cumplir con una práctica
milenaria. Posiblemente olvidó que el acto de transar no se
hace a viva voz.
Los gobiernos ecuatorianos transan para que sus Ministros no
sean interpelados. Los diputados transan para que se aprueben
leyes que necesita el gobierno.
Transar no es sinónimo de corrupción. La transa puede ser una
figura de corrupción si se convierte en cohecho. En tal caso,
quien propuso la transa adquiere el papel de corruptor y los
que aceptaron transar, actúan de corruptibles.
Los analistas admiten el transe. Es una relación que existe,
que simplemente es y se practica aunque no todo el mundo la
vea con buenos ojos. Lo cierto es que la polÃtica sigue siendo
como en los tiempos de Maquiavelo: "el fin justifica los
medios". No importa con quién se deba transar o qué se deba
transar para lograr lo que se quiere. PolÃtica y ética no son
muy compatibles.
La incertidumbre surge cuando un transe llega a oÃdos de la
opinión pública. Si se ha transado con todos los requisitos
que exige la ley, el acto pasará desapercibido. Si en polÃtica
se transa por debajo, con algunas cláusulas escondidas, para
el provecho personal de una de las partes, se produce
corrupción.
Los medios de comunicación también juegan su papel. Los
periodistas son acaso "falsos moralistas" que deben utilizar
sus instrumentos para que se premie lo bueno y se castigue la
malo. Hay quien opina que el interés de la prensa es "tragarse
un polÃtico" para vender más ediciones.
¿Se puede levantar una acta contra el vicepresidente por
transar?, ¿se ha cometido un delito penal o moral?.
Politicólogos creen que Dahik debe responder por sus actos,
debe aclarar a la ciudadanÃa lo que ha hecho, pero, ¿podrÃa
ser juzgado por corrupción?
Hormigas contra elefantes
El trueque de votos en favor de una ley y a cambio de
beneficios es una práctica extremadamente generalizada en el
mundo. Todo se negocia. Son conversaciones que se realizan a
puerta cerrada. Son charlas polÃticas en que las partes se
comprometen a callar. Asà lo dijo Gino Lofredo, escritor y
editorialista de HOY.
En el caso especÃfico del escándalo provocado por el
vicepresidente, no habrÃa una situación alarmante si los
fondos otorgados no terminaron en el bolsillo de los
legisladores. "Todo depende del uso que se dan a los recursos
del Estado. Depende de si son a favor de un distrito polÃtico
o son de apropiación personal", enfatizó Lofredo.
Queda claro que transar, negociar, es un acto generalizado. Es
un hecho catalogado de corrupción cuando no cumple con los
caudales de la ley. Pero desde el punto de vista del escritor,
la corrupción en el Ecuador es difÃcil de manejar porque
también resulta una práctica generalizada. "Aquà se hace todo
asÃ. Tratar de sancionar a un individuo por corrupción es
contraproducente. Esto obligarÃa a que el resto de individuos
busquen alternativas más escondidas para llevar a cabo sus
actos".
Evitar la corrupción exigirÃa una mayor participación de la
sociedad civil. En el caso de los medios de comunicación, sus
posibilidades son muy limitadas, porque "no es fácil extraer
información de las instituciones del Estado, aunque estas
informaciones deberÃan ser de dominio público". Se trata de
"una lucha de hormigas contra elefantes", dijo.
Gino Lofredo propone como estrategia anti corrupción, formar
organizaciones fiscalizadoras privadas que sean conformadas
por ciudadanos comunes y corrientes. Admitió que la solución
para esta clase de problemas debe salir de la misma sociedad,
pero objetó que se necesita un poco más de madurez y fe
ciudadana para que el proyecto tenga resultado. "En mi barrió
llevamos más de cinco años tratando de eliminar un basural y
no hemos logrado nada. El asunto no es tan simple", culminó.
Si se depurara la polÃtica...
"Si en este paÃs se depurara responsabilidades polÃticas, León
Febres Cordero no fuera alcalde de Guayaquil y muchos de los
diputados no estarÃan en el Congreso", indicó a BLANCO Y NEGRO
el politicólogo José Sánchez Parga.
A su juicio, en el Ecuador no se puede hacer un seguimiento de
la corrupción porque no hay condiciones ni mecanismos
autoreguladores al interior del Estado. "A Febres Cordero no
se le pidieron cuentas por 150 mil dólares, el caso Flores y
Miel quedo en nada, ¿cuánta gente ha sido enjuiciada en el
Ecuador por corrupción?", interrogó.
Sánchez Parga expresó que la corrupción tiene su proceso bien
definido al interior de nuestra sociedad. "Llega el escándalo
con una fiebre polÃtica y ardores anticorruptores que al poco
tiempo se extinguen", dijo. El conglomerado social sufre su
"happening" del momento y después se olvida.
Por otro lado, destacó que la sociedad civil no puede tener
confianza en instituciones "deficientes, frágiles y
deformes", que no han mostrado efectividad ante la corrupción.
Se refirió a otros paÃses y destacó el caso de las escuchas
telefónicas en España. "Ese hecho le costó el puesto a
Ministros de Justicia. Se hizo una depuración verdadera de
responsabilidades polÃticas".
El sociólogo indicó que Dahik tiene que rendir cuentas
polÃticas y no penales. Recalcó que en su caso, se uso bienes
públicos para llevar a cabo un proyecto gubernamental, aunque
señaló que "corromper a un juez es un hecho que tiene sus
bemoles".
También dijo que no se trata de una interpelación a un
Ministro de Estado, sino a un funcionario que fue elegido por
el pueblo. "En tales circunstancias es más difÃcil el
procedimiento polÃtico-judicial".
A diferencia de los otros analistas consultados por BLANCO Y
NEGRO, Sánchez Parga explicó que el papel de los medios de
comunicación debe limitar a una información clara y
explicativa de los hechos. "Su papel es transformar sucesos en
noticias", aclaró. BLANCO Y NEGRO N§ 65 (Págs. 1.2.3.4)
asunto trillado. Es pan de todos los dÃas. Posiblemente es el
tema que más titulares se ha ganado en los medios de
comunicación escritos de todo el paÃs.
Lo peor es que el asunto no queda ahÃ. Hay un sin número de
hechos que se producen dÃa a dÃa, a cada momento, que todos lo
saben y comentan pero que no pueden salir a la luz.
La prensa carece de los medios para prosperar en sus
investigaciones. No existe un marco legal que permita el
acceso a ciertos documentos, paradógicamente catalogados como
públicos. Es mucho lo que se sabe pero poco lo que se puede
comprobar. "Mire señor periodista, fulanito se robo millones y
millones de sucres cuando se aprobó tal ley", "hasta celular
le dieron al tipo para que vote en contra del proyecto", dicen
los entrevistados cuando la grabadora se encuentra apagada.
Escasean los mecanismos de autoregulación del Estado: no se
pueden conocer cuentas bancarias, el destino de los fondos
públicos, las transas polÃticas de votos por beneficios.
El baúl de la corrupción esconde mucho más de lo que se puede
llegar a saber. Por suerte, también esconde alternativas.
Negocios públicos: el que no cae resbala
¿Cómo se da la corrupción? ¿Quiénes son sus actores? ¿Quienes
sus promotores y beneficiarios? ¿Cuáles son los mecanismos?
Sin duda la corrupción en grande se da en los grandes
contratos del Estado, en las comisiones, en los sobreprecios.
La burocracia ha constituido una telaraña de relaciones que
atrapa toda iniciativa, a veces con la segunda intención de
negociar sus atribuciones. Los grandes problemas, que son
preocupación del presidente o de los ministros, la traspasan,
no sin dificultad, pero no pueden con ella los centenares de
problemas medios y pequeños, para los cuales solo queda el
recurso de "aceitar" a los funcionarios para que el trámite
camine. El poder de ciertos cÃrculos de la burocracia está
allÃ, allà sus posibilidades de negociación y de participación
en la riqueza generada por la actividad privada. Allà la
corrupción de la que son cómplices burócrata y empresario, por
igual, a cada lado de una transacción inmoral.
La corrupción es un tema que está vigente siempre en materia
de gobierno. En todo tiempo y en todos los paÃses, con matices
y excepciones. La razón es muy sencilla. No se trata de que
los funcionarios públicos o los empresarios que con ellos se
entienden, tengan una especial falta de ética atÃpica, que no
se encuentre en otros estratos de la sociedad. No hay una
sustancial diferencia, en cuanto a valores morales, entre la
burocracia y sus socios privados, con el resto de la
población. Lo que ocurre es que los montos que se manejan en
esferas de gobierno son inmensos y las tentaciones suculentas.
Basta calcular la porción del presupuesto del Estado, de ayuda
multilateral y de endeudamiento externo que se dedica a obra
pública, a la contratación de servicios, a gastos de
inversión, para colegir los enormes beneficios económicos que
el sector privado percibe del Estado. Y si para ello hay de
por medio el burócrata, de alto, mediano o bajo nivel, que
puede facilitar o entorpecer el trámite, que puede facilitar o
negar información, que puede influir en que se contrate con
tal o cual firma, que puede elaborar bases de licitación con o
sin dedicatoria, que puede descalificar firmas o no hacerlo,
inclusive por aspectos formales, que puede aumentar o reducir
plazos, que puede ejecutar o no las garantÃas de cumplimiento,
que puede escoger discrecionalmente los proyectos que han de
ejecutarse, entonces tenemos allà el germen de la corrupción,
la tentación inmensa que obnubila, la posibilidad cercana de
mejorar de vida, de ser alguien, de entrar a pesar socialmente.
La corrupción existe también fuera del Estado. Se da en el
sector puramente privado en menores proporciones, acorde con
menores intereses en juego, desde la cajera de supermercado
que no incluye toda la mercancÃa en la cuenta de su amigo,
hasta el banquero que se otorga a sà mismo préstamos
cuantiosos a través de testaferros, pasando por el portero de
estadios y coliseos que deja entrar de pavos a los de la
gallada del barrio.
Pero en el Estado las posibilidades son macro. Detrás de cada
contratación hay un beneficiario privado de carne y hueso, hay
un representante de la firma adjudicataria, hay un hombre que
gana mucho dinero luego de una encarnizada competición no
siempre justa ni equitativa. Si siempre las contrataciones
fueran limpias, no habrÃa problema en que el contratista,
negociante al fin, se gane su dinero. Pero allà entra la
interferencia del poderoso funcionario que puede adelantar
información, descalificar firmas, en fin, que tiene todo un
juego completo de recursos para desviar el recto proceso de
contratación. En cada negocio del Estado alguien gana una
comisión, en el mejor de los casos el representante de la
firma vendedora de los bienes o servicios. Pero el
representante de la casa adjudicataria del contrato puede
compartir sus utilidades con distintos estratos de la
burocracia y para ello existe toda una red de intermediarios.
Allà está, entonces, la medida de la corrupción de un
gobierno. En función de hasta dónde llegan las influencias de
los asechantes contratistas puede establecerse el grado y la
gravedad de la corrupción.
Los partidos cumplen su rol
En materia de negocios del Estado juegan un papel preponderante los
partidos polÃticos.
Buena parte de los afiliados a los partidos polÃticos no
difiere entre sà en su arribismo y picardÃa. Por cierto, son
grupos numéricamente menores, son movilizadores ambiciosos que
se inscriben en los partidos por cálculo. No faltan a las
reuniones, conforman núcleos, pequeños centros de poder dentro
del aparato que les sirve para presionar a la alta dirigencia
por una candidatura, un puesto público o algún otro beneficio.
La mayoria silenciosa de afiliados es de personas sencillas,
honradas, que se identifican de veras con lo que presumen es
el más hondo significado de la ideologÃa del partido. No
siempre entienden a plenitud la doctrina y los rasgos
ideológicos, pero se sienten identificados con los programas y
planes que se publican, con algunas de las ideas que defienden
los dirigentes, con sus actitudes y con ciertos paradigmas que
intuyen. Pero esa mayorÃa silenciosa no manda ni tiene
capacidad de fijar las directrices del partido. Apoya con su
presencia en los actos de campaña y con su voto, pero carece
de poder decisorio al interior de las estructuras.
La corrupción es en buena medida producto de esa masa de
dirigentes partidistas medios que se colocan en los mandos
intermedios de la administración pública con el gobierno de
turno y que creen llegada su única oportunidad de mejorar
económica y socialmente. Se infiltran allà donde se cocinan
los contratos y tejen una red de relaciones con los
negociantes privados, muchos de ellos expertos en los
mecanismos de contratación y muy profundos conocedores de las
flaquezas humanas.
A más secreto, más corrupción
Los gastos reservados y las partidas extrapresupuestarias han
sido, en los 16 años de la nueva democracia que vive el
Ecuador, instrumentos socorridos en absoluta confidencialidad
para el mantenimiento de lo que los expertos llaman
"gobernabilidad".
Con esos instrumentos se han hecho o desecho mayorÃas
parlamentarias y, por lo tanto, se han superado las llamadas
pugnas de poderes. Con ello han prosperado las iniciativas del
Ejecutivo.
Esto ha sido una constante en los cuatro gobiernos
constitucionales de esta "nueva" República: Jaime
Roldós-Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja y
Sixto Durán Ballén. Y han constituido, querrámoslo o no, una
fuente y un alimento reconstituyente de la corrupción polÃtica
en el Ecuador.
Uno de los últimos escándalos que se movió en estos terrenos
fue denunciado por Jorge Gallardo (ID), quien comprobó el uso
de más de 160 mil millones de sucres de gastos reservados para
la campaña electoral de 1992, en provecho de los partidos
afines al gobierno sixtista. Esto, según el denunciante, llevó
a la eliminación de cinco partidas presupuestarias destinadas
a fondos sociales, al incremento de los precios de los
combustibles y a los débitos de varias instituciones del
Estado, por cuenta del ex ministro de Finanzas César Robalino.
Por eso se dijo que el gobierno consiguió diputados de oro,
los más caros de la historia republicana: cada uno significó
más de 22 mil millones de sucres. ¿Valió la pena?
En el gobierno de León Febres Cordero (PSC) también se
recurrió a "donaciones" -por supuesto confidenciales- del
Banco Central del Ecuador. Esa institución, recordémoslo,
entregó 150 mil dólares, en billetes, a Miguel Orellana, alto
funcionario febrescorderistas. Esa suma se destinó para pagar
a un tal Ran Gazit, un israelita experto en "seguridad", que
realizó una guerra sucia destinada a eliminar fÃsicamente a la
cúpula del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo (AVC).
Y durante el gobierno de Rodrigo Borja (ID), por ejemplo, se
entregaron al menos mil millones de sucres a un "feroz"
opositor, el diputado Fabián Alarcón, del Frente Radical
Alfarista (FRA). Los fondos provinieron del Ministerio de
Finanzas -el ministro, a la sazón, era Pablo Better- en
calidad de asignaciones extrapresupuestarias.
Las asignaciones salieron a tÃtulo de organizaciones
populares, sociales y culturales, para la compra de
instrumentos musicales y arreglo de canchas deportivas, por
ejemplo. Era claro que el diputado estaba repartiendo plata
del Estado con fines proselitistas en su favor, en lo que se
llama clientelismo polÃtico: Alarcón es, todavÃa, un frustrado
alcalde de Quito.
Otro misterio -que se va perdiendo con la incomprensible
desmemoria de los ecuatorianos, la escasa tenacidad de ciertos
diputados y los silencios de oro que presumiblemente ha
comprado el gobierno de Sixto Durán Ballén- involucró a un tal
"Comité de información y contacto externo" (CICE), que hizo
una campaña pública para la consulta popular del 23 de agosto
de 1994.
Sus mensajes constituyeron un frontal ataque a los partidos
polÃticos y un auspicio a la polÃtica de los independientes.
La campaña fue millonaria. Se estima entre 15 mil y 45 mil
millones de sucres. Pero, ¿quién la financió?
Una comisión legislativa obtuvo negativas de las Cámaras de la
Producción respecto a un posible financiamiento por parte de
ellas. Surgieron sospechas de que se usaron dineros de
Petroecuador y de la Corporación Financiera Nacional. El CICE,
que no mantiene cuentas corrientes en ningún banco, ¿cómo
manejó tanta plata?
Las preguntas condujeron a una sola "ventanilla", la de los
gastos reservados del Gobierno. Pero el asunto quedó allÃ,
gracias al silencio con que se cubren esas derogaciones. Y el
silencio es, como se ve en estos contados casos, la piedra de
toque del asunto.
Todo se reduce a cenizas
El funcionario que juzga las cuentas reservadas -con capacidad
de establecer glosas si no han sido correctamente manejadas-
es el contralor general del Estado.
Luego de su juzgamiento, los "recibos" de los egresos son
incinerados. Solo queda un "archivo especial", con las
resoluciones que contiene el juzgamiento de los gastos
secretos, conforme a un reglamento que existe para tal fin, y
las cenizas como inútiles rastros...
Conforme a ese reglamento, el contralor es un juez. Pero,
¿siempre es as� Este es un tema que debe atribuirse o
confiarse a la condición moral del contralor, y también a su
independencia y capacidad polÃtica.
En la ContralorÃa se examinan las cuentas secretas de la
Presidencia de la República, de la Vicepresidencia, de la
SecretarÃa General de la Administración, del Ministerio de
Gobierno y del Consejo de Seguridad Nacional.
De acuerdo a un viejo documento de marzo de 1967 -en
vigencia-, se consideran fondos para gastos reservados
aquellos que "con tal carácter se han asignado al Presupuesto
General del Estado, cuya inversión es necesaria para el
mantenimiento de la seguridad interior y exterior del Estado o
para la conservación del orden público".
Otro reglamento de la ContralorÃa, del 30 de marzo de 1954,
precisa que es prohibido dar a conocer el destino de los
gastos reservados fuera del ámbito de ciertas oficinas o de
determinadas personas. Es decir, conocer el destino de estas
"inversiones" es prácticamente imposible, asà lo pida un
legislador o el mismÃsimo presidente del Congreso Nacional,
mucho peor la prensa.
Transar: la primera regla del juego polÃtico ecuatoriano
Transar. "Avenirse en un acuerdo las partes en algunas de sus
exigencias", es su definición. Los polÃticos transan desde
tiempos inmemoriales. "Perico de los palotes", Ministro de
Finanzas, conservador, católico, apostólico y romano, dio una
jugosa partida presupuestaria a "Fulano de tal", honorable
diputado de la República, comunista, marxista y leninista
radical, a cambio de un voto. Eso es transar. Se transa por
plata, también por proyectos. No importa ideologÃas o
principios morales, enemistades ocultas o cenicerazos en
sesiones anteriores, para transar solo se necesita llegar a un
acuerdo en que cada una de las partes saque algún provecho.
El vicepresidente de la República, Alberto Dahik, trató de
transar con los legisladores. Quiso cumplir con una práctica
milenaria. Posiblemente olvidó que el acto de transar no se
hace a viva voz.
Los gobiernos ecuatorianos transan para que sus Ministros no
sean interpelados. Los diputados transan para que se aprueben
leyes que necesita el gobierno.
Transar no es sinónimo de corrupción. La transa puede ser una
figura de corrupción si se convierte en cohecho. En tal caso,
quien propuso la transa adquiere el papel de corruptor y los
que aceptaron transar, actúan de corruptibles.
Los analistas admiten el transe. Es una relación que existe,
que simplemente es y se practica aunque no todo el mundo la
vea con buenos ojos. Lo cierto es que la polÃtica sigue siendo
como en los tiempos de Maquiavelo: "el fin justifica los
medios". No importa con quién se deba transar o qué se deba
transar para lograr lo que se quiere. PolÃtica y ética no son
muy compatibles.
La incertidumbre surge cuando un transe llega a oÃdos de la
opinión pública. Si se ha transado con todos los requisitos
que exige la ley, el acto pasará desapercibido. Si en polÃtica
se transa por debajo, con algunas cláusulas escondidas, para
el provecho personal de una de las partes, se produce
corrupción.
Los medios de comunicación también juegan su papel. Los
periodistas son acaso "falsos moralistas" que deben utilizar
sus instrumentos para que se premie lo bueno y se castigue la
malo. Hay quien opina que el interés de la prensa es "tragarse
un polÃtico" para vender más ediciones.
¿Se puede levantar una acta contra el vicepresidente por
transar?, ¿se ha cometido un delito penal o moral?.
Politicólogos creen que Dahik debe responder por sus actos,
debe aclarar a la ciudadanÃa lo que ha hecho, pero, ¿podrÃa
ser juzgado por corrupción?
Hormigas contra elefantes
El trueque de votos en favor de una ley y a cambio de
beneficios es una práctica extremadamente generalizada en el
mundo. Todo se negocia. Son conversaciones que se realizan a
puerta cerrada. Son charlas polÃticas en que las partes se
comprometen a callar. Asà lo dijo Gino Lofredo, escritor y
editorialista de HOY.
En el caso especÃfico del escándalo provocado por el
vicepresidente, no habrÃa una situación alarmante si los
fondos otorgados no terminaron en el bolsillo de los
legisladores. "Todo depende del uso que se dan a los recursos
del Estado. Depende de si son a favor de un distrito polÃtico
o son de apropiación personal", enfatizó Lofredo.
Queda claro que transar, negociar, es un acto generalizado. Es
un hecho catalogado de corrupción cuando no cumple con los
caudales de la ley. Pero desde el punto de vista del escritor,
la corrupción en el Ecuador es difÃcil de manejar porque
también resulta una práctica generalizada. "Aquà se hace todo
asÃ. Tratar de sancionar a un individuo por corrupción es
contraproducente. Esto obligarÃa a que el resto de individuos
busquen alternativas más escondidas para llevar a cabo sus
actos".
Evitar la corrupción exigirÃa una mayor participación de la
sociedad civil. En el caso de los medios de comunicación, sus
posibilidades son muy limitadas, porque "no es fácil extraer
información de las instituciones del Estado, aunque estas
informaciones deberÃan ser de dominio público". Se trata de
"una lucha de hormigas contra elefantes", dijo.
Gino Lofredo propone como estrategia anti corrupción, formar
organizaciones fiscalizadoras privadas que sean conformadas
por ciudadanos comunes y corrientes. Admitió que la solución
para esta clase de problemas debe salir de la misma sociedad,
pero objetó que se necesita un poco más de madurez y fe
ciudadana para que el proyecto tenga resultado. "En mi barrió
llevamos más de cinco años tratando de eliminar un basural y
no hemos logrado nada. El asunto no es tan simple", culminó.
Si se depurara la polÃtica...
"Si en este paÃs se depurara responsabilidades polÃticas, León
Febres Cordero no fuera alcalde de Guayaquil y muchos de los
diputados no estarÃan en el Congreso", indicó a BLANCO Y NEGRO
el politicólogo José Sánchez Parga.
A su juicio, en el Ecuador no se puede hacer un seguimiento de
la corrupción porque no hay condiciones ni mecanismos
autoreguladores al interior del Estado. "A Febres Cordero no
se le pidieron cuentas por 150 mil dólares, el caso Flores y
Miel quedo en nada, ¿cuánta gente ha sido enjuiciada en el
Ecuador por corrupción?", interrogó.
Sánchez Parga expresó que la corrupción tiene su proceso bien
definido al interior de nuestra sociedad. "Llega el escándalo
con una fiebre polÃtica y ardores anticorruptores que al poco
tiempo se extinguen", dijo. El conglomerado social sufre su
"happening" del momento y después se olvida.
Por otro lado, destacó que la sociedad civil no puede tener
confianza en instituciones "deficientes, frágiles y
deformes", que no han mostrado efectividad ante la corrupción.
Se refirió a otros paÃses y destacó el caso de las escuchas
telefónicas en España. "Ese hecho le costó el puesto a
Ministros de Justicia. Se hizo una depuración verdadera de
responsabilidades polÃticas".
El sociólogo indicó que Dahik tiene que rendir cuentas
polÃticas y no penales. Recalcó que en su caso, se uso bienes
públicos para llevar a cabo un proyecto gubernamental, aunque
señaló que "corromper a un juez es un hecho que tiene sus
bemoles".
También dijo que no se trata de una interpelación a un
Ministro de Estado, sino a un funcionario que fue elegido por
el pueblo. "En tales circunstancias es más difÃcil el
procedimiento polÃtico-judicial".
A diferencia de los otros analistas consultados por BLANCO Y
NEGRO, Sánchez Parga explicó que el papel de los medios de
comunicación debe limitar a una información clara y
explicativa de los hechos. "Su papel es transformar sucesos en
noticias", aclaró. BLANCO Y NEGRO N§ 65 (Págs. 1.2.3.4)
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