Quito. 16.07.95. La administración de justicia no es
considerada en el Ecuador como un aspecto importante. Cuando
se reparte el Presupuesto General del Estado, la Función
Judicial representa "la última rueda del coche".
En los interiores del organismo se busca mecanismos que puedan
financiar su trabajo. Aunque contradice cualquier
planteamiento teórico, uno de los tres poderes del Estado
tendrÃa que integrarse al programa de modernización,
privatizarse o buscar autofinanciamiento para poder subsistir.
Pero la justicia produce millones de millones de sucres
diariamente. El proceso de aplicar la ley significa
transacciones de todo tipo y a todo momento. Casi nadie se
queda sin su tajada, pero la Función Judicial, como
institución del Estado, no recibe un centavo.
Las propuestas que se han hecho apuntan a un sector:
registradurÃas y notarÃas, la "gallinita de los huevos de oro"
en el sistema jurisdiccional. Tampoco se descartan otras
posibilidades, como timbres judiciales, porcentaje fijo del
Presupuesto, requisiciones en juicios por narcotráfico,
etcétera, etcétera.
Lo cierto es que entre los múltiples problemas que encierra la
justicia del Ecuador -corrupción, politización, tráfico de
influencias- el financiamiento constituye uno de los más
importantes.
POBRES... ¿PERO HONRADOS?
El 26 de mayo de 1995, los trabajadores y empleados de la
Función Judicial decidieron dejar sus oficinas. El paro de
actividades se extendió hasta el 22 de junio. Durante 27 dÃas
la justicia se paralizó en todo el paÃs.
Un argumento simple y concreto justificaba la medida adoptada
por los servidores judiciales: "no hay plata". El tercer poder
del Estado no tenÃa recursos para mantenerse en pie.
Mientras la población y las demandas de justicia crecen dÃa a
dÃa, el porcentaje del Presupuesto General del Estado otorgado
a la Función Judicial disminuye. En 1945, el Estado le
confirió al Poder el 4.5 por ciento del presupuesto. En 1995,
la justicia tuvo derecho al 0.4 por ciento. Inicialmente se
aprobó una concesión de 87 mil millones de sucres, pero el 4
de enero, el Congreso otorgó a la Función Judicial una partida
presupuestaria de 23 mil millones de sucres. La crisis
económica del poder fue subsanada por 35 mil millones que
ofreció el Ministro de Finanzas a los trabajadores judiciales,
después de casi un mes de paro.
Al déficit presupuestario se suma que la burocracia se
extendió en la Función después de la Reforma al Código de
Procedimiento Penal, llevada a cabo en 1994. Con esa ley, casi
todas las responsabilidades de Comisarios, Tenientes PolÃticos
e Intendentes se trasladaron al Poder Judicial, sin un solo
sucre a cambio.
La Ley orgánica de la Función también indica que se deben
crear Cortes Superiores en todas las capitales de provincia,
lo que implica la construcción inmediata de cinco Cortes a un
costo aproximado de 12 mil millones de sucres.
Estudios llevados a cabo al interior del organismo Estatal,
permiten conocer éstas y otras situaciones. Las causas
judiciales han crecido 30 veces en los últimos 25 años.
Mientras en 1970 habÃa un juez por cada 150 mil habitantes
-cifra que rebasaba toda capacidad de gestión-, hoy en dÃa
existe un juez por cada 320 mil quiteños.
En un año, las demandas penales se han incrementado en cerca
de un 100 por ciento. En Quito se ha llegado a casi mil
quinientas causas presentadas en cinco meses, es decir, seis
veces más de lo que ingresaba el año anterior. Los juzgados
son escasos y no pueden acoger las necesidades de la sociedad
civil.
La situación que actualmente afronta la Función Judicial
cumple con una relación matemática inversamente proporcional:
A mayores dificultades y número de demandas - menores
asignaciones y posibilidades de acción.
Lo que si se ha incrementado es el número de casos pendientes
y el número de prisioneros que aguardan por una sentencia.
También ha crecido la desconfianza de la ciudadanÃa en la
administración de justicia y los robos, asaltos, secuestros o
violaciones.
A este hecho se suman tecnologÃas utilizadas en la labor
judicial que datan de inicios de siglo. Archivos comidos por
ratones. Cintas para máquinas de escribir pasadas y repasadas
veinte o treinta veces. Instalaciones simplemente
indescriptibles.
Nadie discute que se necesita financiar el Poder Judicial. Ni
abogados, ni jueces, ni clientes, ni empleados. Sus
condiciones actuales exigen una revalorización de las
funciones que le corresponden y un proceso de modernización
que facilite la administración de justicia.
El dilema está en el camino a seguir. Buena parte de las
propuestas que se han hecho apuntan a la restructuración de
notarÃas, registradurÃas mercantiles y de propiedad. Ciertos
sectores opinan que no estarÃa mal un porcentaje de los
honorarios profesionales, que hoy son transferidos
directamente de cliente a abogado. Expertos dicen que el
Estado debe otorgar mejores partidas presupuestarias.
Lo cierto es que al interior de la justicia ecuatoriana se
mueven fuertes sumas de dinero, aunque su distribución deje
siempre a un perdedor: la Función Judicial.
Asignación fija: 2.5%
- En la Reforma Constitucional de 1992 se introdujo la
obligatoriedad de que el Estado asigne a la Función Judicial,
durante tres años, un porcentaje fijo del Presupuesto General
del Estado.
- Ese porcentaje es del 2.5 y constituÃa la suma de 112 mil
millones de sucres en 1995.
- La Función Judicial, sin embargo, deberá conformarse con 23
mil millones procedentes de la partida presupuestaria y 35 mil
millones otorgados por el Ministerio de Finanzas después del
paro de trabajadores judiciales.
- El Congreso Nacional fue muy hábil en interpretar la
cláusula introducida en la Constitución que otorgaba al Poder
el 2.5 por ciento del presupuesto.
- La asignación se consideró que debÃa ser tomada después de
diversas obligaciones del Estado (pago de deudas), lo que
disminuyó su porcentaje al 0.4 por ciento.
- De esta forma, la Corte Suprema de Justicia y las
representaciones laborales del sector, han debido negociar la
partida presupuestaria. Las conversaciones con el gobierno
permitieron el acceso a 35 mil millones más.
- El déficit en el sector, sin embargo, se mantiene en 54 mil
millones de sucres.
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO GENERAL
DEL ESTADO ENTREGADO AL
PODER JUDICIAL
1940 4.50%
1950 4,50%
1960 3.00%
1970 1.80%
1980 1.00%
1995 0.50%
"JUSTICIA NO ES PRIVATIZABLE"
Hasta en la más moderna de las naciones la administración de
justicia es un deber del Estado. La modernización del sector
no debe ser llevada a cabo en las mismas condiciones que otras
empresas públicas. El Poder Judicial jamás puede ser
privatizado. Esos son los principios de los que parte Valeria
Merino Dirani, directora de la Corporación Latinoamericana
para el Desarrollo (CLD), una entidad privada que ha examinado
las reformas en la Función Judicial durante los últimos cuatro
años.
Para Merino, los problemas de financiamiento en el tercer
Poder del Estado se sustentan en que no se reconoce a la
justicia como un área importante para el desarrollo de la
sociedad. Considera que los gobiernos no han sabido valorar
las reales dimensiones de la Función Judicial, tampoco han
valorado la importancia que reviste el organismo público como
administrador de justicia.
Según indica, este hecho ha tenido su contraparte en la
incapacidad de gestión de las instituciones vinculadas al
sector, que en muchos casos, no utilizaban ni siquiera el cien
por ciento de su presupuesto. Las asignaciones Estatales,
entonces, parecÃan no requerir de un incremento.
"Ha habido muy poca capacidad gerencial -señala-, lo que ha
repercutido en que no se realice un presupuesto global y
coherente con las necesidades de la Función. La distribución
solo se hacÃa en razón de salarios".
La directora del CID destaca que esa situación está en proceso
de cambio. Comenta que en la administración de Francisco
Acosta Velasco, anterior presidente de la Corte Suprema de
Justicia, se logró significativos avances en los sistemas de
administración.
No comparte la postura de que se asigne a la Función Judicial
un porcentaje fijo del presupuesto, aunque reconoce que este
mecanismo ha dado buenos resultados en otros paÃses. "No se
puede subordinar a uno de los tres Poderes del Estado a otro
Poder", dice. Merino enfatiza que la Función tendrÃa que ser
considerada en el mismo nivel del Ejecutivo o Legislativo.
Valeria Merino explica que la filosofÃa modernizadora es
verticalmente opuesta en el ámbito de la justicia. No se puede
reducir personal y el servicio tiene que incrementarse en
forma paralela a la población y la demanda que impone la
sociedad.
"La justicia es un servicio y deber del Estado. Por otro lado
y aunque parezca ilógico, mientras el servicio es más
eficiente y ágil, mayor es la cantidad de clientes de la
justicia. Uno de los indicadores de confianza en el sistema
judicial es el incremento o decrecimiento real de
actividades", recalca.
En referencia a las notarÃas, sintetiza que se necesita una
redistribución de los ingresos en la Función porque "no es
posible que, a mayor crecimiento económico del paÃs y mayor
necesidad de utilizar estos servicios, los que se enriquezcan
sean los notarios".
"Son cantidades muy considerables de dinero. Calcule que en
una sola transacción que haga el gobierno con una petrolera
puede lograrse cifras altÃsimas", objeta.
"La plata del narcotráfico ayudarÃa"
Hugo EcheverrÃa, juez del cantón Cotacachi, explica que en la
administración de justicia, solo la Función Jurisdiccional se
queda sin una migaja de pan. Los abogados cobran honorarios,
tramitadores reciben su paga, peritos ganan por su trabajo, la
policÃa incauta propiedades, pero a los jueces y empleados
solo reciben el sueldito mensual.
EcheverrÃa fue uno de los dirigentes laborales que mayor
participación tuvo en el paro de actividades de la Función.
Junto a otro funcionarios planteó 11 formas que podÃan
autofinanciar al tercer poder del Estado. El juez de
Cotacachi asume que el Estado ya no puede cubrir los gastos de
una de sus Funciones y se adscribe a las modernizadoras
polÃticas de autogestión y financiamiento propio. Tampoco cree
que notarÃas y registradurÃas dejarÃan que se les escape sus
codiciadas condiciones.
EcheverrÃa propone que se graven algunos trámites, tales como
escritos, certificados y demandas. "Esto facilitarÃa la
administración de justicia en dos sentidos. Por un lado -dice-
se recaudarÃa fondos para la Función y, por otro lado, se
eliminarÃa ciertas formas de corrupción que se producen en el
interior de los juzgados". Con respecto al último punto,
explica que algunos abogados realizan cinco o seis escritos
hasta que su caso caiga en manos de un juez amigo. Con
gravámenes en los escritos la situación fuera distinta.
Una segunda acotación del juez, se relaciona con los cotizados
juicios de narcotráfico. "Los jueces se juegan la vida en
estos casos y, sin embargo, ni una sola parte de las
incautaciones se distribuye en la Función Judicial. Todos los
capitales se recuperan para otros sectores del Estado, como la
PolicÃa y los organismos antidrogas", enfatiza.
AnomalÃas a la orden del dÃa
AnomalÃas en notarÃas y registradurÃas no son cosa rara. A
veces las denuncias pueden corresponder a resentimientos o
envidias, pero en otros casos son muy ciertas.
En junio de 1994, Hugo Amir Guerrero, denunció graves
irregularidades en el cantón Guayaquil, por el nombramiento
de los notarios. De los 30 nombrados, 21 fueron ratificados,
no asà los nueve restantes que fueron destituidos. A juicio de
Hugo Amir Guerrero, no se designó los notarios que tuvieron el
más alto puntaje sino que se lo hizo porque tuvieron el
"favoritismo de los jueces", en dos de los casos por
familiaridad con dos ministros jueces de la Corte Suprema de
Justicia.
Según dijo, en la notarÃa décimo primera, el doctor Hugo Amir
Guerrero, titular desde 1978 sumó 13 puntos, pero el despacho
fue ocupado por Jorge Pino Vernaza que obtuvo siete puntos.
En el Registro de la Propiedad de Guayaquil, el funcionario
Carlos Navarrete comprobó la desaparición de folios de los
libros de registro de hipotecas, compraventa, adjudicaciones y
prohibiciones judiciales (ordenadas por los jueces) que no se
habÃan inscrito. Actualmente, Navarrete tiene una denuncia en
su contra por cobrar aranceles muy altos.
Una situación similar enfrenta el Registrador Mercantil de
Quito, Julio César Almeida, quien se mostró reacio a explicar
el tema y prefirió indicar que todas las respuesta de
absolutamente todos los temas de esta edición de BLANCO Y
NEGRO, las tiene la Corte Suprema de Justicia.
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO
NotarÃas, registradurÃas mercantiles y de propiedad. Hacia
allá apuntan las miradas. A viva voz se dice que es el mejor
de los cargos para un abogado. Ocupar el escritorio principal
en alguna de estas oficinas públicas es un privilegio al que
solo "los mejores" pueden acceder.
El Poder Judicial podrÃa financiarse con las recaudaciones de
notarÃas y registradurÃas. Por lo menos eso dicen buena parte
de las propuestas.
La Ley Notarial y de Registros data de 1966. Fue creada en la
presidencia de Clemente Yerovi Indavuro y en el transcurso del
tiempo se la han agregado algunas cláusulas.
La Ley especifica en el artÃculo ocho que "la Corte Suprema de
Justicia podrá modificar las tarifas" y "agregar tarifas para
actos no previstos". Los registradores y notarios cobran sus
honorarios según las condiciones económicas de la población.
Es asà que se establecen aranceles progresivamente, según la
inflación, las alzas salariales, etcétera.
Las cantidades de dinero que recauda una registradurÃa o
notarÃa de ciudades grandes como Quito o Guayaquil puede ser
incalculable. Si no lo cree, revise cuanto pagó por un trámite
notarial o su registro de propiedad y multiplique esa cifra
por los cientos de transacciones que se realizan diariamente.
Las crÃticas se sintetizan en que ni un centavo va para la
Función Judicial. La plata queda en las mismas oficinas.
No es lo mismo en todo lado
Lograr un certificado en la RegistradurÃa de
la Propiedad de esta ciudad constituye una verdadera odisea.
Julio Peñaherrera, actual registrador en Cuenca, señala que no
existe ningún tipo de marginación. "Quise marginar cuando
recién entre, pero no pude, porque no coincidÃan los números
de inscripción", explica. "Este problema da un 70 por ciento
más de trabajo a la oficina". La falta de cuidado y
ordenamiento en esta dependencia ha dado lugar a graves
perjuicios de los interesados. "Al emitir un certificado, el
personal debe comenzar a buscar documentos inimaginables",
enfatiza Peñaherrera.
En la RegistradurÃa de Cuenca apenas está ingresando la
computadora, lo que evitará en los próximos años las búsquedas
interminables de archivos y escrituras. En máquinas adquiridas
por el propio registrador, se ingresa todo el trabajo
elaborado desde 1971. En el futuro se tratará de registrar la
documentación de 1940 a 1970. Al ser una función pública, el
Registrador es una persona que debe afrontar todas estas
situaciones, sin embargo, Peñaherrera explica que la
computadora no es una obligación legal.
La RegistradurÃa de la Propiedad, recibe unas 200 peticiones
de trabajo al dÃa, entre certificados, razones, prohibiciones,
actualizaciones e inscripciones. A diferencia de su similar de
Quito, la RegistradurÃa de la capital azuaya tarda cerca de 25
dÃas en entregar una certificación. (Revista BLANCO Y NEGRO N§
64) (PP. 1.2.3.4)
considerada en el Ecuador como un aspecto importante. Cuando
se reparte el Presupuesto General del Estado, la Función
Judicial representa "la última rueda del coche".
En los interiores del organismo se busca mecanismos que puedan
financiar su trabajo. Aunque contradice cualquier
planteamiento teórico, uno de los tres poderes del Estado
tendrÃa que integrarse al programa de modernización,
privatizarse o buscar autofinanciamiento para poder subsistir.
Pero la justicia produce millones de millones de sucres
diariamente. El proceso de aplicar la ley significa
transacciones de todo tipo y a todo momento. Casi nadie se
queda sin su tajada, pero la Función Judicial, como
institución del Estado, no recibe un centavo.
Las propuestas que se han hecho apuntan a un sector:
registradurÃas y notarÃas, la "gallinita de los huevos de oro"
en el sistema jurisdiccional. Tampoco se descartan otras
posibilidades, como timbres judiciales, porcentaje fijo del
Presupuesto, requisiciones en juicios por narcotráfico,
etcétera, etcétera.
Lo cierto es que entre los múltiples problemas que encierra la
justicia del Ecuador -corrupción, politización, tráfico de
influencias- el financiamiento constituye uno de los más
importantes.
POBRES... ¿PERO HONRADOS?
El 26 de mayo de 1995, los trabajadores y empleados de la
Función Judicial decidieron dejar sus oficinas. El paro de
actividades se extendió hasta el 22 de junio. Durante 27 dÃas
la justicia se paralizó en todo el paÃs.
Un argumento simple y concreto justificaba la medida adoptada
por los servidores judiciales: "no hay plata". El tercer poder
del Estado no tenÃa recursos para mantenerse en pie.
Mientras la población y las demandas de justicia crecen dÃa a
dÃa, el porcentaje del Presupuesto General del Estado otorgado
a la Función Judicial disminuye. En 1945, el Estado le
confirió al Poder el 4.5 por ciento del presupuesto. En 1995,
la justicia tuvo derecho al 0.4 por ciento. Inicialmente se
aprobó una concesión de 87 mil millones de sucres, pero el 4
de enero, el Congreso otorgó a la Función Judicial una partida
presupuestaria de 23 mil millones de sucres. La crisis
económica del poder fue subsanada por 35 mil millones que
ofreció el Ministro de Finanzas a los trabajadores judiciales,
después de casi un mes de paro.
Al déficit presupuestario se suma que la burocracia se
extendió en la Función después de la Reforma al Código de
Procedimiento Penal, llevada a cabo en 1994. Con esa ley, casi
todas las responsabilidades de Comisarios, Tenientes PolÃticos
e Intendentes se trasladaron al Poder Judicial, sin un solo
sucre a cambio.
La Ley orgánica de la Función también indica que se deben
crear Cortes Superiores en todas las capitales de provincia,
lo que implica la construcción inmediata de cinco Cortes a un
costo aproximado de 12 mil millones de sucres.
Estudios llevados a cabo al interior del organismo Estatal,
permiten conocer éstas y otras situaciones. Las causas
judiciales han crecido 30 veces en los últimos 25 años.
Mientras en 1970 habÃa un juez por cada 150 mil habitantes
-cifra que rebasaba toda capacidad de gestión-, hoy en dÃa
existe un juez por cada 320 mil quiteños.
En un año, las demandas penales se han incrementado en cerca
de un 100 por ciento. En Quito se ha llegado a casi mil
quinientas causas presentadas en cinco meses, es decir, seis
veces más de lo que ingresaba el año anterior. Los juzgados
son escasos y no pueden acoger las necesidades de la sociedad
civil.
La situación que actualmente afronta la Función Judicial
cumple con una relación matemática inversamente proporcional:
A mayores dificultades y número de demandas - menores
asignaciones y posibilidades de acción.
Lo que si se ha incrementado es el número de casos pendientes
y el número de prisioneros que aguardan por una sentencia.
También ha crecido la desconfianza de la ciudadanÃa en la
administración de justicia y los robos, asaltos, secuestros o
violaciones.
A este hecho se suman tecnologÃas utilizadas en la labor
judicial que datan de inicios de siglo. Archivos comidos por
ratones. Cintas para máquinas de escribir pasadas y repasadas
veinte o treinta veces. Instalaciones simplemente
indescriptibles.
Nadie discute que se necesita financiar el Poder Judicial. Ni
abogados, ni jueces, ni clientes, ni empleados. Sus
condiciones actuales exigen una revalorización de las
funciones que le corresponden y un proceso de modernización
que facilite la administración de justicia.
El dilema está en el camino a seguir. Buena parte de las
propuestas que se han hecho apuntan a la restructuración de
notarÃas, registradurÃas mercantiles y de propiedad. Ciertos
sectores opinan que no estarÃa mal un porcentaje de los
honorarios profesionales, que hoy son transferidos
directamente de cliente a abogado. Expertos dicen que el
Estado debe otorgar mejores partidas presupuestarias.
Lo cierto es que al interior de la justicia ecuatoriana se
mueven fuertes sumas de dinero, aunque su distribución deje
siempre a un perdedor: la Función Judicial.
Asignación fija: 2.5%
- En la Reforma Constitucional de 1992 se introdujo la
obligatoriedad de que el Estado asigne a la Función Judicial,
durante tres años, un porcentaje fijo del Presupuesto General
del Estado.
- Ese porcentaje es del 2.5 y constituÃa la suma de 112 mil
millones de sucres en 1995.
- La Función Judicial, sin embargo, deberá conformarse con 23
mil millones procedentes de la partida presupuestaria y 35 mil
millones otorgados por el Ministerio de Finanzas después del
paro de trabajadores judiciales.
- El Congreso Nacional fue muy hábil en interpretar la
cláusula introducida en la Constitución que otorgaba al Poder
el 2.5 por ciento del presupuesto.
- La asignación se consideró que debÃa ser tomada después de
diversas obligaciones del Estado (pago de deudas), lo que
disminuyó su porcentaje al 0.4 por ciento.
- De esta forma, la Corte Suprema de Justicia y las
representaciones laborales del sector, han debido negociar la
partida presupuestaria. Las conversaciones con el gobierno
permitieron el acceso a 35 mil millones más.
- El déficit en el sector, sin embargo, se mantiene en 54 mil
millones de sucres.
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO GENERAL
DEL ESTADO ENTREGADO AL
PODER JUDICIAL
1940 4.50%
1950 4,50%
1960 3.00%
1970 1.80%
1980 1.00%
1995 0.50%
"JUSTICIA NO ES PRIVATIZABLE"
Hasta en la más moderna de las naciones la administración de
justicia es un deber del Estado. La modernización del sector
no debe ser llevada a cabo en las mismas condiciones que otras
empresas públicas. El Poder Judicial jamás puede ser
privatizado. Esos son los principios de los que parte Valeria
Merino Dirani, directora de la Corporación Latinoamericana
para el Desarrollo (CLD), una entidad privada que ha examinado
las reformas en la Función Judicial durante los últimos cuatro
años.
Para Merino, los problemas de financiamiento en el tercer
Poder del Estado se sustentan en que no se reconoce a la
justicia como un área importante para el desarrollo de la
sociedad. Considera que los gobiernos no han sabido valorar
las reales dimensiones de la Función Judicial, tampoco han
valorado la importancia que reviste el organismo público como
administrador de justicia.
Según indica, este hecho ha tenido su contraparte en la
incapacidad de gestión de las instituciones vinculadas al
sector, que en muchos casos, no utilizaban ni siquiera el cien
por ciento de su presupuesto. Las asignaciones Estatales,
entonces, parecÃan no requerir de un incremento.
"Ha habido muy poca capacidad gerencial -señala-, lo que ha
repercutido en que no se realice un presupuesto global y
coherente con las necesidades de la Función. La distribución
solo se hacÃa en razón de salarios".
La directora del CID destaca que esa situación está en proceso
de cambio. Comenta que en la administración de Francisco
Acosta Velasco, anterior presidente de la Corte Suprema de
Justicia, se logró significativos avances en los sistemas de
administración.
No comparte la postura de que se asigne a la Función Judicial
un porcentaje fijo del presupuesto, aunque reconoce que este
mecanismo ha dado buenos resultados en otros paÃses. "No se
puede subordinar a uno de los tres Poderes del Estado a otro
Poder", dice. Merino enfatiza que la Función tendrÃa que ser
considerada en el mismo nivel del Ejecutivo o Legislativo.
Valeria Merino explica que la filosofÃa modernizadora es
verticalmente opuesta en el ámbito de la justicia. No se puede
reducir personal y el servicio tiene que incrementarse en
forma paralela a la población y la demanda que impone la
sociedad.
"La justicia es un servicio y deber del Estado. Por otro lado
y aunque parezca ilógico, mientras el servicio es más
eficiente y ágil, mayor es la cantidad de clientes de la
justicia. Uno de los indicadores de confianza en el sistema
judicial es el incremento o decrecimiento real de
actividades", recalca.
En referencia a las notarÃas, sintetiza que se necesita una
redistribución de los ingresos en la Función porque "no es
posible que, a mayor crecimiento económico del paÃs y mayor
necesidad de utilizar estos servicios, los que se enriquezcan
sean los notarios".
"Son cantidades muy considerables de dinero. Calcule que en
una sola transacción que haga el gobierno con una petrolera
puede lograrse cifras altÃsimas", objeta.
"La plata del narcotráfico ayudarÃa"
Hugo EcheverrÃa, juez del cantón Cotacachi, explica que en la
administración de justicia, solo la Función Jurisdiccional se
queda sin una migaja de pan. Los abogados cobran honorarios,
tramitadores reciben su paga, peritos ganan por su trabajo, la
policÃa incauta propiedades, pero a los jueces y empleados
solo reciben el sueldito mensual.
EcheverrÃa fue uno de los dirigentes laborales que mayor
participación tuvo en el paro de actividades de la Función.
Junto a otro funcionarios planteó 11 formas que podÃan
autofinanciar al tercer poder del Estado. El juez de
Cotacachi asume que el Estado ya no puede cubrir los gastos de
una de sus Funciones y se adscribe a las modernizadoras
polÃticas de autogestión y financiamiento propio. Tampoco cree
que notarÃas y registradurÃas dejarÃan que se les escape sus
codiciadas condiciones.
EcheverrÃa propone que se graven algunos trámites, tales como
escritos, certificados y demandas. "Esto facilitarÃa la
administración de justicia en dos sentidos. Por un lado -dice-
se recaudarÃa fondos para la Función y, por otro lado, se
eliminarÃa ciertas formas de corrupción que se producen en el
interior de los juzgados". Con respecto al último punto,
explica que algunos abogados realizan cinco o seis escritos
hasta que su caso caiga en manos de un juez amigo. Con
gravámenes en los escritos la situación fuera distinta.
Una segunda acotación del juez, se relaciona con los cotizados
juicios de narcotráfico. "Los jueces se juegan la vida en
estos casos y, sin embargo, ni una sola parte de las
incautaciones se distribuye en la Función Judicial. Todos los
capitales se recuperan para otros sectores del Estado, como la
PolicÃa y los organismos antidrogas", enfatiza.
AnomalÃas a la orden del dÃa
AnomalÃas en notarÃas y registradurÃas no son cosa rara. A
veces las denuncias pueden corresponder a resentimientos o
envidias, pero en otros casos son muy ciertas.
En junio de 1994, Hugo Amir Guerrero, denunció graves
irregularidades en el cantón Guayaquil, por el nombramiento
de los notarios. De los 30 nombrados, 21 fueron ratificados,
no asà los nueve restantes que fueron destituidos. A juicio de
Hugo Amir Guerrero, no se designó los notarios que tuvieron el
más alto puntaje sino que se lo hizo porque tuvieron el
"favoritismo de los jueces", en dos de los casos por
familiaridad con dos ministros jueces de la Corte Suprema de
Justicia.
Según dijo, en la notarÃa décimo primera, el doctor Hugo Amir
Guerrero, titular desde 1978 sumó 13 puntos, pero el despacho
fue ocupado por Jorge Pino Vernaza que obtuvo siete puntos.
En el Registro de la Propiedad de Guayaquil, el funcionario
Carlos Navarrete comprobó la desaparición de folios de los
libros de registro de hipotecas, compraventa, adjudicaciones y
prohibiciones judiciales (ordenadas por los jueces) que no se
habÃan inscrito. Actualmente, Navarrete tiene una denuncia en
su contra por cobrar aranceles muy altos.
Una situación similar enfrenta el Registrador Mercantil de
Quito, Julio César Almeida, quien se mostró reacio a explicar
el tema y prefirió indicar que todas las respuesta de
absolutamente todos los temas de esta edición de BLANCO Y
NEGRO, las tiene la Corte Suprema de Justicia.
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO
NotarÃas, registradurÃas mercantiles y de propiedad. Hacia
allá apuntan las miradas. A viva voz se dice que es el mejor
de los cargos para un abogado. Ocupar el escritorio principal
en alguna de estas oficinas públicas es un privilegio al que
solo "los mejores" pueden acceder.
El Poder Judicial podrÃa financiarse con las recaudaciones de
notarÃas y registradurÃas. Por lo menos eso dicen buena parte
de las propuestas.
La Ley Notarial y de Registros data de 1966. Fue creada en la
presidencia de Clemente Yerovi Indavuro y en el transcurso del
tiempo se la han agregado algunas cláusulas.
La Ley especifica en el artÃculo ocho que "la Corte Suprema de
Justicia podrá modificar las tarifas" y "agregar tarifas para
actos no previstos". Los registradores y notarios cobran sus
honorarios según las condiciones económicas de la población.
Es asà que se establecen aranceles progresivamente, según la
inflación, las alzas salariales, etcétera.
Las cantidades de dinero que recauda una registradurÃa o
notarÃa de ciudades grandes como Quito o Guayaquil puede ser
incalculable. Si no lo cree, revise cuanto pagó por un trámite
notarial o su registro de propiedad y multiplique esa cifra
por los cientos de transacciones que se realizan diariamente.
Las crÃticas se sintetizan en que ni un centavo va para la
Función Judicial. La plata queda en las mismas oficinas.
No es lo mismo en todo lado
Lograr un certificado en la RegistradurÃa de
la Propiedad de esta ciudad constituye una verdadera odisea.
Julio Peñaherrera, actual registrador en Cuenca, señala que no
existe ningún tipo de marginación. "Quise marginar cuando
recién entre, pero no pude, porque no coincidÃan los números
de inscripción", explica. "Este problema da un 70 por ciento
más de trabajo a la oficina". La falta de cuidado y
ordenamiento en esta dependencia ha dado lugar a graves
perjuicios de los interesados. "Al emitir un certificado, el
personal debe comenzar a buscar documentos inimaginables",
enfatiza Peñaherrera.
En la RegistradurÃa de Cuenca apenas está ingresando la
computadora, lo que evitará en los próximos años las búsquedas
interminables de archivos y escrituras. En máquinas adquiridas
por el propio registrador, se ingresa todo el trabajo
elaborado desde 1971. En el futuro se tratará de registrar la
documentación de 1940 a 1970. Al ser una función pública, el
Registrador es una persona que debe afrontar todas estas
situaciones, sin embargo, Peñaherrera explica que la
computadora no es una obligación legal.
La RegistradurÃa de la Propiedad, recibe unas 200 peticiones
de trabajo al dÃa, entre certificados, razones, prohibiciones,
actualizaciones e inscripciones. A diferencia de su similar de
Quito, la RegistradurÃa de la capital azuaya tarda cerca de 25
dÃas en entregar una certificación. (Revista BLANCO Y NEGRO N§
64) (PP. 1.2.3.4)
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