La oposición ratifica la convocatoria para otra marcha mañana
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y expresidentes de Iberoamércia se ofrecen como mediadores para contribuir al diálogo y a la pacificación de Venezuela.
El Gobierno de Venezuela intensificó los operativos contra los manifestantes.
Ayer, el presidente Nicolás Maduro informó que se han movilizado 20 547 agentes de la Guardia y la Policía para contener más de 500 eventos violentos desde hace un mes.
Maduro deslindó responsabilidades en la crisis y aseguró que los 28 muertos son producto de la “violencia guarimbera”, como llaman en su Gobierno a las barricadas durante las protestas.
Indicó que han sido detenidas
1 529 personas desde el 12 de febrero, cuando comenzaron las protestas. De ellas, 105 siguen en prisión, acusadas de delitos como homicidio y terrorismo.
Ayer, la Fiscalía elevó a 28 el número de muertos en 41 días de protestas. Además, 400 heridos, más de 100 detenidos y 41 investigaciones por violación de los derechos humanos.
Entre tanto, el canciller Elías Jaua llamó asesino del pueblo venezolano al secretario de Estado de EEUU, John Kerry.
En un encendido discurso dijo: “Lo denunciamos a usted como asesino del pueblo venezolano, señor Kerry (...). Cada vez que estamos a punto de reducir a los violentos, sale a declarar Kerry y se activan las guarimbas -barricadas en llamas- en los focos de violencia”.
De esa forma, Jaua descargó sobre EEUU la responsabilidad de las protestas contra la violencia, la inflación, la escasez...
Los operativos ordenados por Maduro se han centrado en Caracas, San Cristóbal y Valencia.
En esta última ciudad, el miércoles, dos civiles y un guardia murieron por impactos de bala en tres hechos distintos.
Según la prensa local, en Valencia, en donde el jueves fueron detenidos seis hombres y se decomisaron explosivos, habrían sido capturadas al menos ocho personas en zonas residenciales.
Desde Ginebra, la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, dijo que Washington financia acciones violentas, después de que parlamentarios de EEUU pidieran desbloquear fondos para ayudar a ONG y activistas en Venezuela.
Maduro acusa a la oposición de fomentar las protestas con apoyo de EEUU. Eso provocó la expulsión de ocho diplomáticos de Caracas en el último año y de medidas recíprocas de Washington. Ambos Gobiernos retiraron a sus embajadores en 2010.
EEUU, principal cliente del petróleo venezolano, llamó el jueves a que Maduro cese la campaña de terror contra su pueblo.
Ante el callejón sin salida en el que ha caído Venezuela, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ofreció mediar entre el Gobierno y la oposición. Lo hizo en una entrevista publicada ayer por diario El Tiempo, e indicó que hay una iniciativa que puede incluir a exmandatarios iberoamericanos para contribuir a la pacificación de Venezuela.
Maduro agradeció el gesto, dijo que Santos es uno de los presidentes que más lo defiende y recordó que Venezuela facilita el diálogo con las FARC.
Venezuela vive una ola de protestas iniciadas por estudiantes de San Cristóbal tras el intento de violación a una estudiante.
A los reclamos se suman la exigencia de que sean liberados los presos políticos y se acabe la represión oficial y de los colectivos armados del chavismo.
Para hoy, la oposición llamó a otra marcha contra la injerencia de Cuba. (EFE, AFP y Red. HOY)
Otra guerra contra aerolíneas
"Las aerolíneas que cierren en Venezuela no podrán volver a operar en el país mientras haya un Gobierno chavista": La advertencia hizo ayer Nicolás Maduro tras las cancelaciones de rutas anunciadas por compañías aéreas que reclaman que el Gobierno de Venezuela les pague una deuda millonaria desde hace meses.
Según Maduro, eso es parte de la supuesta guerra económica para derrocarlo. La aerolínea del estado, Conviasa, suplirá esas operaciones, anticipó Maduro.
El miércoles, Tony Tyler, director de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, en inglés), con sede en Ginebra, aseguró que le Gobierno adeuda a compañías $3 700 millones y advirtió que no podrán sostener las operaciones de manera indefinida si no les pagan.
En Venezuela, donde rige un férreo control cambiario desde 2003, las aerolíneas venden en bolívares sus boletos y luego el Estado se los cancela en dólares. Los pagos fueron suspendidos en octubre de 2013.
Cauce Democrático pide la paz
El foro cívico Cauce Democrático de Ecuador lamentó ayer que el autoritarismo haya socavado la democracia y haya sumido a Venezuela en una profunda crisis.
En un comunicado, agrega que las protestas del pueblo son un derecho constitucional y repudia la represión violenta del Gobierno.
"Estudiantes que, en forma pacífica, han enarbolado la bandera de la libertad han sido agredidos, heridos, torturados y victimados. Estos hechos constituyen -dice el foro- graves violaciones a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Carta Democrática Interamericana".
Cauce pidió que el Gobierno escuche la voz de su pueblo, desarme a los grupos armados que patrocina y abra canales de diálogo para resolver los justos reclamos de la juventud venezolana. Para el foro, la defensa de la democracia y los DDHH sobrepasa las fronteras nacionales. En tal virtud, considera que los Gobiernos de la región y la OEA no pueden seguir indiferentes ante el sufrimiento que agobia a un pueblo hermano.
EEUU: Senado pide sanciones
Los senadores demócratas Robert Menéndez y Bill Nelson y el republicano Marco Rubio presentaron un proyecto de ley que contempla sanciones directas al Gobierno de Nicolás Maduro. El texto va más allá de la propuesta que presentaron Menéndez y Rubio y que el Pleno del Senado aprobó el miércoles. Condena los actos violentos e insta al presidente Barack Obama a que disponga el congelamiento de activos de las personas involucradas en la represión de las protestas. También pide la revocación de visados a una lista que los senadores remitirán a la Casa Blanca. Y contempla una ayuda de $15 millones para la defensa de los DDHH, de la prensa y el fortalecimiento de la sociedad civil, vital para la democracia.
Antes de llegar a Obama, la iniciativa deberá ser aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y el Pleno, la Cámara de Representantes, en ese orden.
El Congreso estará en receso la próxima semana, por lo que el texto legislativo no será considerado hasta finales de mes.
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