Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, informó que Rafael Pardo, ministro de Trabajo, es ahora el nuevo alcalde interino de Bogotá. Con este anuncio desacata el pedido de la CIDH y ratifica la destitución de Gustavo Petro como burgomaestre de la capital colombiana.
Diario El Tiempo, con fuentes en el equipo jurídico de la Presidencia, sostiene que en la decisión de Santos pesaron cuatro tesis.
Una: las medidas cautelares de la Comisión no son de obligatorio cumplimiento si no se refieren a la vida y la integridad de las personas.
Dos: acoger la medida hubiese desatado un caos institucional. Se indica que aceptar la tesis de la Comisión sobre la supuesta falta de competencia del
Procurador sobre los funcionarios de elección popular generaría un vacío jurídico.
Tres: acatar lo dispuesto por la CIDH pondría en duda alrededor de 500 decisiones similares a la operada en el caso Petro por la Procuraduría.
Cuatro: desconocer una acción de la Procuraduría sobre autoridades elegidas en urnas también afectaría el campo de acción de la Cotraloría.
En redes sociales -y no solo en Colombia- se ha desatado una ola de críticas desde los defensores del Sistema Interamericano de DDHH.
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