En medio de un total hermetismo, en el que las declaraciones de los 34 prelados de la Iglesia Católica estuvieron vetadas, se cumplió ayer la primera reunión anual del episcopado ecuatoriano.
El encuentro, llevado a cabo desde las 15:00 en el Centro de Formación Social Bethania, ubicado en el valle de Los Chillos, fue a puerta cerrada.
Los 34 obispos del país, entre los que estaban Vicente Cisneros, presidente de la Conferencia Episcopal (CEE); Antonio Arregui, vicepresidente de la CEE; José Eguiguren, secretario general; Juan Larrea Holguín, arzobispo de Guayaquil, cumplieron con la primera de las dos reuniones ordinarias que tienen las autoridades eclesiásticas en abril y noviembre. En esta asamblea, el tema central fue el "Estudio del directorio de la piedad popular y la liturgia".
Sin embargo, uno de los puntos incluidos en agenda es el análisis sobre los casos de corrupción que involucran al sacerdote diocesano, Carlos Flores.
La CEE analizará las acciones que adoptará frente al escándalo. Monseñor Eguiguren explicó que el derecho canónico no es explícito frente a este tipo de actos a más de que tanto clérigos como sacerdotes están prohibidos de ocupar cargos públicos. Pero, enfatizó que "el error talvez estuvo en tolerar su designación en las Aduanas por parte de la Arquidiócesis de Quito". "No tenemos cárceles ni leyes pero podría cesar en sus funciones de sacerdote", dijo refiriéndose a la carrera de Flores y confirmó que él sí era un sacerdote "pero no por eso estamos exentos de pecar".
Mientras Carlos Flores desempeñó el cargo de gerente distrital de la CAE, el cardenal Antonio González fue arzobispo de Quito. En las provincias el debate sobre el caso Flores se acentúa. Para el padre José Antonio Maezo, de Puyo (Pastaza), la actitud de Flores es un hecho
"condenable y rechazable, pese a que éste siempre actuó al margen de la autoridad eclesial y como un civil".
Maezo mencionó que "todo lo que se roba al Estado se roba a los pobres", ya que los sacerdotes que trabajan en acción social "se tienen que romper la cabeza para conseguir recursos y sacar adelante sus proyectos con sectores desprotegidos de la sociedad".
El Padre Vicente Ponce, vicario de Tulcán, la Iglesia cometió un error al autorizar a Flores que ocupe la gerencia de las Aduanas.
Recordó que a pesar de estar prohibido por el Derecho Canónico, las autoridades lo autorizaron sin pensar en las consecuencias.
Una vía sería la suspensión
En Tungurahua, la posición de la iglesia Católica sobre el caso de corrupción en las Aduanas por parte del cura Flores, es que debe ser sancionado de acuerdo con la Ley.
Según Gonzalo Espinoza, vicario de Ambato, si cometió los delitos y las investigaciones establecen el enriquecimiento ilícito, debiera ser encarcelado. Entre las primeras medidas que la iglesia podría adoptar es dejar a Flores en "suspenso", es decir, no puede ejercer ninguna función sacerdotal o religiosa, como confesión, atender a los enfermos, entre otras actividades. Pese a ello, Flores seguiría siendo sacerdote. Para Espinoza, el padre Flores fue atrapado por la corrupción que existía en el interior de las Aduanas. Y eso le llevó a poseer bienes y vehículos de lujo.
El cura Flores extorsionaba a los empleados de Aduanas
La denuncia es del 26 de octubre del 2001 y tiene la firma de Segundo Buenaño Carrera, un quiteño que trabajó 15 años en la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).
Señala que el entonces gerente distrital de la CAE, padre Carlos Flores, lo obligó a pagar 540 dólares para renovar su contrato como asistente del Departamento Legal y que, además, le exigió un aporte mensual de 120 dólares.
En el documento, de una hoja, el ex funcionario dice que, pese a ello, el 19 de enero del 2001, el sacerdote, ahora investigado por una estafa de 10 millones de dólares al Estado, lo despidió cuatro meses antes que finalice su contrato.
"El caso es analizado por el Departamento de Fiscalización Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE)", dice el actual gerente distrital de Quito, coronel Ernesto Freire. "Hace ocho días llegó el documento.
Hasta ahora es la única denuncia formal de los abusos del doctor Flores".
El empresario Fernando Navarro señala que conoció otros abusos a funcionarios de la CAE, durante la administración de Flores. Cuando ejercía la Presidencia de la Cámara de Comercio de Quito -cuenta- recibí la visita de dos trabajadores del Servicio de Vigilancia Aduanera, en el 2001. "Vinieron a quejarse porque el padre Flores los removió de la Sala de Arribo Internacional del Aeropuerto de Quito, para colocar a su gente e introducir maletas con mercancía, como equipaje no acompañado".
Navarro dice que esos vigilantes se negaron a presentar la denuncia por escrito: "me pareció, más bien, que estaban molestos porque el cura no los había tomado en cuenta".
Ayer, Fernando Lara, fiscal que investiga el supuesto enriquecimiento ilícito del sacerdote, solicitó las comparecencias de 17 funcionarios que trabajaron con Flores en la Sala de Arribo Internacional.
El Fiscal mantiene en reserva sus identidades. Siete de ellos testifican hoy, desde las 09:00, en la Unidad de Delitos Aduaneros, ubicada en Miravalle, vía a Cumbayá. Los otros 10 comparecerán mañana.
"En el transcurso de la semana habrá más allanamientos y detenciones", dice Lara.
Dos precisiones
Falla por un homónimo . La nota "Vía crucis de la Iglesia Católica" (abril 27, pág. C1) registra que Carlos Flores Andrade, involucrado en actos de corrupción por su función en la Aduana es "sacerdote jesuita activo". Varias notas enviadas a esta Redacción alertaron del error cometido: este Diario confundió al ex Gerente de la Aduana de Quito, sacerdote diocesano, con el jesuita Carlos Flores Bodero, consejero espiritual del Colegio San Gabriel de la capital. Este error se originó en una lamentable coincidencia de nombres, por eso, este Diario se disculpa con el referido sacerdote por esta falla.
¿Confesor de Noboa? . El primer párrafo de la misma nota dice que Carlos Flores fue confesor del ex presidente Noboa. El ex vocero presidencial, Óscar Zuloaga, desmiente. Empero, este Diario obtuvo ese dato de una fuente autorizada de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
El proceso penal
La indagación de ayer . Los esposos Carlos Sierra y Carmen Solís no comparecieron. El fiscal Fernando Lara los citó a testificar. Presume que vendieron casas al padre Flores, en El Inca (Quito).
Lo que hizo el Juez . Luis Fernández, juez III Penal, fue comunicado de las 17 comparecencias solicitadas por el fiscal Lara. Las aprobó y no despachó nuevas diligencias.
Quito: 29 anomalías en el 2003
En lo que va del año, la Contraloría halló 29 casos de corrupción, con indicios de responsabilidad penal, solo en el Cuarto Distrito de la CAE, como se conoce a la Aduana de Quito. Así lo dijo el contralor subrogante, Genaro Peña.
De su lado, el nuevo gerente del Cuarto Distrito de la CAE, coronel Ernesto Freire, asegura que desde su llegada al cargo, el 12 de marzo, se hallaron dos cargas que no correspondían a lo importado: la mercancía desapareció en el traslado de la bodega de la CAE a dos almaceneras. A inicios de mes se halló una lata con llantas, pese a que ingresó un motor, y el 11 de abril se encontraron piedras y hierros, que ingresaron como piezas para motor.
"Por estos casos hay seis detenidos. Hemos removido los ocho departamentos de la CAE distrital de Quito, para evitar que la red siga operando", dice Ernesto Freire.
El encuentro, llevado a cabo desde las 15:00 en el Centro de Formación Social Bethania, ubicado en el valle de Los Chillos, fue a puerta cerrada.
Los 34 obispos del país, entre los que estaban Vicente Cisneros, presidente de la Conferencia Episcopal (CEE); Antonio Arregui, vicepresidente de la CEE; José Eguiguren, secretario general; Juan Larrea Holguín, arzobispo de Guayaquil, cumplieron con la primera de las dos reuniones ordinarias que tienen las autoridades eclesiásticas en abril y noviembre. En esta asamblea, el tema central fue el "Estudio del directorio de la piedad popular y la liturgia".
Sin embargo, uno de los puntos incluidos en agenda es el análisis sobre los casos de corrupción que involucran al sacerdote diocesano, Carlos Flores.
La CEE analizará las acciones que adoptará frente al escándalo. Monseñor Eguiguren explicó que el derecho canónico no es explícito frente a este tipo de actos a más de que tanto clérigos como sacerdotes están prohibidos de ocupar cargos públicos. Pero, enfatizó que "el error talvez estuvo en tolerar su designación en las Aduanas por parte de la Arquidiócesis de Quito". "No tenemos cárceles ni leyes pero podría cesar en sus funciones de sacerdote", dijo refiriéndose a la carrera de Flores y confirmó que él sí era un sacerdote "pero no por eso estamos exentos de pecar".
Mientras Carlos Flores desempeñó el cargo de gerente distrital de la CAE, el cardenal Antonio González fue arzobispo de Quito. En las provincias el debate sobre el caso Flores se acentúa. Para el padre José Antonio Maezo, de Puyo (Pastaza), la actitud de Flores es un hecho
"condenable y rechazable, pese a que éste siempre actuó al margen de la autoridad eclesial y como un civil".
Maezo mencionó que "todo lo que se roba al Estado se roba a los pobres", ya que los sacerdotes que trabajan en acción social "se tienen que romper la cabeza para conseguir recursos y sacar adelante sus proyectos con sectores desprotegidos de la sociedad".
El Padre Vicente Ponce, vicario de Tulcán, la Iglesia cometió un error al autorizar a Flores que ocupe la gerencia de las Aduanas.
Recordó que a pesar de estar prohibido por el Derecho Canónico, las autoridades lo autorizaron sin pensar en las consecuencias.
Una vía sería la suspensión
En Tungurahua, la posición de la iglesia Católica sobre el caso de corrupción en las Aduanas por parte del cura Flores, es que debe ser sancionado de acuerdo con la Ley.
Según Gonzalo Espinoza, vicario de Ambato, si cometió los delitos y las investigaciones establecen el enriquecimiento ilícito, debiera ser encarcelado. Entre las primeras medidas que la iglesia podría adoptar es dejar a Flores en "suspenso", es decir, no puede ejercer ninguna función sacerdotal o religiosa, como confesión, atender a los enfermos, entre otras actividades. Pese a ello, Flores seguiría siendo sacerdote. Para Espinoza, el padre Flores fue atrapado por la corrupción que existía en el interior de las Aduanas. Y eso le llevó a poseer bienes y vehículos de lujo.
El cura Flores extorsionaba a los empleados de Aduanas
La denuncia es del 26 de octubre del 2001 y tiene la firma de Segundo Buenaño Carrera, un quiteño que trabajó 15 años en la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).
Señala que el entonces gerente distrital de la CAE, padre Carlos Flores, lo obligó a pagar 540 dólares para renovar su contrato como asistente del Departamento Legal y que, además, le exigió un aporte mensual de 120 dólares.
En el documento, de una hoja, el ex funcionario dice que, pese a ello, el 19 de enero del 2001, el sacerdote, ahora investigado por una estafa de 10 millones de dólares al Estado, lo despidió cuatro meses antes que finalice su contrato.
"El caso es analizado por el Departamento de Fiscalización Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE)", dice el actual gerente distrital de Quito, coronel Ernesto Freire. "Hace ocho días llegó el documento.
Hasta ahora es la única denuncia formal de los abusos del doctor Flores".
El empresario Fernando Navarro señala que conoció otros abusos a funcionarios de la CAE, durante la administración de Flores. Cuando ejercía la Presidencia de la Cámara de Comercio de Quito -cuenta- recibí la visita de dos trabajadores del Servicio de Vigilancia Aduanera, en el 2001. "Vinieron a quejarse porque el padre Flores los removió de la Sala de Arribo Internacional del Aeropuerto de Quito, para colocar a su gente e introducir maletas con mercancía, como equipaje no acompañado".
Navarro dice que esos vigilantes se negaron a presentar la denuncia por escrito: "me pareció, más bien, que estaban molestos porque el cura no los había tomado en cuenta".
Ayer, Fernando Lara, fiscal que investiga el supuesto enriquecimiento ilícito del sacerdote, solicitó las comparecencias de 17 funcionarios que trabajaron con Flores en la Sala de Arribo Internacional.
El Fiscal mantiene en reserva sus identidades. Siete de ellos testifican hoy, desde las 09:00, en la Unidad de Delitos Aduaneros, ubicada en Miravalle, vía a Cumbayá. Los otros 10 comparecerán mañana.
"En el transcurso de la semana habrá más allanamientos y detenciones", dice Lara.
Dos precisiones
Falla por un homónimo . La nota "Vía crucis de la Iglesia Católica" (abril 27, pág. C1) registra que Carlos Flores Andrade, involucrado en actos de corrupción por su función en la Aduana es "sacerdote jesuita activo". Varias notas enviadas a esta Redacción alertaron del error cometido: este Diario confundió al ex Gerente de la Aduana de Quito, sacerdote diocesano, con el jesuita Carlos Flores Bodero, consejero espiritual del Colegio San Gabriel de la capital. Este error se originó en una lamentable coincidencia de nombres, por eso, este Diario se disculpa con el referido sacerdote por esta falla.
¿Confesor de Noboa? . El primer párrafo de la misma nota dice que Carlos Flores fue confesor del ex presidente Noboa. El ex vocero presidencial, Óscar Zuloaga, desmiente. Empero, este Diario obtuvo ese dato de una fuente autorizada de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
El proceso penal
La indagación de ayer . Los esposos Carlos Sierra y Carmen Solís no comparecieron. El fiscal Fernando Lara los citó a testificar. Presume que vendieron casas al padre Flores, en El Inca (Quito).
Lo que hizo el Juez . Luis Fernández, juez III Penal, fue comunicado de las 17 comparecencias solicitadas por el fiscal Lara. Las aprobó y no despachó nuevas diligencias.
Quito: 29 anomalías en el 2003
En lo que va del año, la Contraloría halló 29 casos de corrupción, con indicios de responsabilidad penal, solo en el Cuarto Distrito de la CAE, como se conoce a la Aduana de Quito. Así lo dijo el contralor subrogante, Genaro Peña.
De su lado, el nuevo gerente del Cuarto Distrito de la CAE, coronel Ernesto Freire, asegura que desde su llegada al cargo, el 12 de marzo, se hallaron dos cargas que no correspondían a lo importado: la mercancía desapareció en el traslado de la bodega de la CAE a dos almaceneras. A inicios de mes se halló una lata con llantas, pese a que ingresó un motor, y el 11 de abril se encontraron piedras y hierros, que ingresaron como piezas para motor.
"Por estos casos hay seis detenidos. Hemos removido los ocho departamentos de la CAE distrital de Quito, para evitar que la red siga operando", dice Ernesto Freire.
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