Una lata de almojábanas arde a un costado de la calle 12 de febrero. Dos manos encallecidas se afanan en remover los amasijos que están a la venta. El alimento, que sabe a almidón, se despacha en fundas de papel, 50 centavos cuestan los tres panecillos.
El encargado de la venta es un hombre que se esmera en convencer a sus clientes. âSoy Alirioâ, dice, âel colombianoâ. Y narra que llegó hace dos años desde La Dorada, en Putumayo, huyendo de los enfrentamientos que libran guerrilleros, Ejército y paramilitares.
A pocos pasos de su negocio ambulante se encuentra la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en Nueva Loja, la cual no le trae gratos recuerdos. âAllà sepulté la esperanza de legalizar mi permanencia en Ecuadorâ, cuenta.
âCaminé ocho meses en busca de la visa, pero me la negaron. No entiendo cómo un equipo de expertos de la CancillerÃa ecuatoriana y los de esta agencia no cree en la desgracia de la gente y le niegan sus papelesâ, se queja.
A 10 km de la ciudad, en un sembradÃo de maÃz, plátano, yuca y café, Manuel también se lamenta, viste una camisa mpapada por sudor. El colombiano tampoco ha legalizado su permanencia. Añora su casa, la finca y los animales que dejó en Puerto Caicedo, en el 2003. Salió amenazado de muerte por una supuesta vinculación con la guerrilla. âAllà las amenazas son serias y pocos se resistenâ.
A su lado, sus dos hijos pequeños juguetean con un machete y un arpón. âLes gusta la caza y la pescaâ. Hace un año recibieron el apoyo del plan de movilidad humana de la iglesia de San Miguel de SucumbÃos y empezaron a estudiar. El programa se financia con fondos del Acnur y de otros donantes internacionales. Este año cubrió las matrÃculas y los útiles de 301 refugiados.
El estatuto de refugiado, sin embargo, tampoco es garantÃa de estabilidad económica. John Jairo, quien escapó de la violencia de Colombia, legalizó su estadÃa, porta la Visa XII-IV, pero tardó meses en encontrar trabajo.
Con la visa en la mano, recorrió sin éxito centros comerciales, obras de construcción y petroleras. Solo uno de sus paisanos lo sacó del desempleo.
Ahora viaja cinco veces al mes a Pasto para comprar teléfonos celulares y comercializarlos en Nueva Loja y en Shushufindi. âLos traigo por medio de amigos y los vendo a precios bajos, con eso mantengo a toda mi familiaâ.
En las calles de Nueva Loja el número de colombianos a los cuales se les negó el estatus de refugiado va en aumento. Un registro de la CancillerÃa precisa que en lo que va de este año se presentaron 666 solicitudes de refugio: 180 se
negaron.
Los sin papeles se sienten limitados y son explotados. Trabajan bajo presión y eluden las redadas de la PolicÃa de Migración, que en nueve meses de este año detuvo a 144 colombianos y deportó a otros 49. Según la PolicÃa, en SucumbÃos hay 1 500 refugiados, que se suman a 10 000
colombianos que tramitan la visa o se escudan en sus cónyuges o vástagos ecuatorianos, dice.
Claudia, madre de familia de 22 años, huyó de su natal Tablón de Gómez (Nariño), el 20 de agosto último. Llegó a Orellana, donde una familia de comerciantes la empleó a cambio de la alimentación para sus tres crÃos.
Trabajó dos meses sin recibir un centavo.
âNo soporté la angustia de sentirme mal pagada y decidà viajar a Nueva Loja en busca del certificado provisional de refugiadaâ. Se albergó 48 horas en el centro de Apafano, pero luego lo abandonó.
Claudia no es la única que desertó del albergue. La iglesia, a cargo del refugio, dice que unos 15 colombianos llegan al mes a pedir techo, y en uno o dos dÃas se van a la calle o fincas, en busca de trabajo.
José Euceda, representante del Acnur en el Ecuador, asegura que su agencia busca minimizar los impactos de los refugiados en la zona, a través de aliados estratégicos.
La fundación Autogestión Desarrollo y Sociedad (ADYS) es una de esas aliadas.
Ofrece trabajo a 192 familias colombianas y ecuatorianas, en 58 huertos comunitarios ubicados en barrios de Nueva Loja.
Nelson, otro campesino al que la CancillerÃa negó el refugio, trabaja en el proyecto. Gana 200 dólares al mes como promotor comunitario. Es ágil y disfruta enseñando.
âTrabajo de sol a sol para ahorrar y adquirir la visa de residencia. A Colombia no pienso volverâ. Un grupo de paramilitares lo obligó a abandonar su propiedad, para convertirla en cementerio clandestino. En sus tierras ahora hay más de 170 cadáveres.
La cifra
5 965 extranjeros han ingresado a SucumbÃos en lo que va del año, según Migración. De ellos, el 98 por ciento provino de Colombia.
USD 144 000 destinó Acnur a su trabajo en la provincia
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) destinó un presupuesto de 2,3 millones de dólares para minimizar los impactos de la población refugiada en el Ecuador.
De esos recursos, 144 000 dólares se destinan a SucumbÃos. Según un informe preliminar del Acnur, el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, la PolicÃa de Migración y la sociedad civil de SucumbÃos agrupada en Isamis, 7 546
colombianos solicitaron el estatuto de refugiado en Nueva Loja, capital de la provincia, entre diciembre del 2000 y octubre de este año.
El documento precisa que el 51,58 por ciento de esa población corresponde a varones. El 69,39 por ciento a jóvenes y adultos, y un 19 por ciento tiene edad escolar.
El Acnur, que maneja datos oficiales de la CancillerÃa, señala que 666 solicitudes de refugio se presentaron desde enero de este año. 180 de estas fueron negadas.
El organismo de Naciones Unidas indica que en el primer semestre del 2004 se registró en SucumbÃos un ingreso mensual promedio de 126 solicitudes de refugio.
De ese grupo, en el mismo perÃodo de seis meses, alrededor del 12,27 por ciento de solicitantes de refugio requirió de un albergue para alojarse.
En Nueva Loja, Acnur adecuó, desde el 2000, tres albergues para acoger a los refugiados. Uno fue la casa de Organizaciones Populares; otro Apafano, en el km 17 de la vÃa a Quito, y el tercero Torres Quichimbo, en la vÃa a Colombia. En los tres hay capacidad para 2 000 personas.
Los centros se acondicionaron con base en un Plan de Contingencia elaborado por Acnur. El organismo esperaba una oleada de 5 000 refugiados con la aplicación del Plan Colombia, en el 2001.
âTenemos un 70 por ciento de resultadosâ
Ecuador fue escogido como sede del IX Congreso y Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (defensor del Pueblo, en sueco).
En el puesto desde el 2000. Claudio Mueckay llevó la labor de la DefensorÃa afuera del paÃs
¿Que ha ganado la DefensorÃa del Pueblo durante su administración, desde el 2000?
Hemos incrementado el trabajo: atención de quejas, consultas, pedidos de inconstitucionalidad en derechos del consumidor y de emigrantes. Somos la única DefensorÃa del mundo que logró extenderse fuera de un paÃs. Tenemos
representantes en EE.UU., México, Canadá, Italia y España. Con ese equipo hemos logrado repatriar a más de 300 cadáveres, decenas de ecuatorianos en estado de salud terminal, se ha rescatado menores que han quedado abandonados en el extranjero.
Pero han tenido inconvenientes. Un ejemplo es el reclamo que realizó el Defensor del Pueblo de España por la competencia de sus delegados. Al parecer no pueden actuar afuera del paÃs...
Eso no fue un enfrentamiento. Fue necesario aclarar que la actividad de nuestros comisionados tiene dos objetivos: la presencia de cientos de ecuatorianos en el exterior y la demanda una asistencia permanente. Estos comisionados de ninguna manera ejercen jurisdicción territorial.
La crÃtica en España era sobre esos alcances...
Solucionado este tema, tenemos exquisitas relaciones con el Defensor de España. Una de las crÃticas adicionales que surgieron con esto fue el nombramiento de su personal que, al parecer, es de carácter polÃtico.
Jamás. Nadie ingresa por razones polÃticas a la DefensorÃa y nadie se mantiene por eso. Si fuera asà no habrÃa organización ni resultados positivos.
Entonces, ¿cómo explica las actuaciones de su ex comisionado de Riobamba, Ãngel Zurita, de quien se conoce que tenÃa vÃnculos con la Democracia Popular?
Tal vez lo sea, pero nunca lo supe, porque no me ha interesado saber qué filiación polÃtica ni qué filosofÃa doctrinaria han adoptado para su vida.
¿Ud. ha enfrentado politización en la DefensorÃa?
Lo que no está permitido es que se haga labor proselitista o que exista discriminación. No ha habido causales polÃticas para destituciones, aunque sà por fallas en su trabajo.
¿Mejoró el acceso de la ciudadanÃa a la DefensorÃa?
Tenemos vinculación directa con la sociedad civil. Creamos el Consejo tutelar de los Derechos Humanos, donde están representados todos los sectores en riesgo: mujeres, niños, tercera edad, emigrantes, consumidores, indÃgenas,
afroecuatorianos y el pueblo montubio. Tener esos presentantes nos vincula directamente con ellos, no es solo teorÃa.
¿Qué tan eficiente es la red a la que hace referencia?
Llegamos al 70 por ciento de resultados positivos y solución de quejas. De las demandas de inconstitucionalidad que hemos aprobado ninguna ha sido rechazada por el Tribunal Constitucional.
¿Y el otro 30 por ciento?
Muchas veces son abandonos de las quejas o que las partes han resuelto por separado.
¿Cómo mide la capacidad y eficiencia de los delegados para que no se repita el golpe por la salida de su representante en Riobamba, quien firmó un acta de compromiso fuera de la ley?
No fue un golpe. Son situaciones difÃciles pero que se solucionan. Tenemos un método: mes a mes se entregan informes y luego levantamos estadÃsticas.
Visitamos las comisiones provinciales para auditar el nivel de los resultados.
¿Qué piensa de la demora del Congreso para el nombramiento de un defensor?
Yo no puedo calificar los temas polÃticos. Me quitarÃa imparcialidad.
âYo no puedo calificar temas en los cuales están involucrados los aspectos polÃticos. Me restarÃa la imparcialidad necesariaâ.
El encargado de la venta es un hombre que se esmera en convencer a sus clientes. âSoy Alirioâ, dice, âel colombianoâ. Y narra que llegó hace dos años desde La Dorada, en Putumayo, huyendo de los enfrentamientos que libran guerrilleros, Ejército y paramilitares.
A pocos pasos de su negocio ambulante se encuentra la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en Nueva Loja, la cual no le trae gratos recuerdos. âAllà sepulté la esperanza de legalizar mi permanencia en Ecuadorâ, cuenta.
âCaminé ocho meses en busca de la visa, pero me la negaron. No entiendo cómo un equipo de expertos de la CancillerÃa ecuatoriana y los de esta agencia no cree en la desgracia de la gente y le niegan sus papelesâ, se queja.
A 10 km de la ciudad, en un sembradÃo de maÃz, plátano, yuca y café, Manuel también se lamenta, viste una camisa mpapada por sudor. El colombiano tampoco ha legalizado su permanencia. Añora su casa, la finca y los animales que dejó en Puerto Caicedo, en el 2003. Salió amenazado de muerte por una supuesta vinculación con la guerrilla. âAllà las amenazas son serias y pocos se resistenâ.
A su lado, sus dos hijos pequeños juguetean con un machete y un arpón. âLes gusta la caza y la pescaâ. Hace un año recibieron el apoyo del plan de movilidad humana de la iglesia de San Miguel de SucumbÃos y empezaron a estudiar. El programa se financia con fondos del Acnur y de otros donantes internacionales. Este año cubrió las matrÃculas y los útiles de 301 refugiados.
El estatuto de refugiado, sin embargo, tampoco es garantÃa de estabilidad económica. John Jairo, quien escapó de la violencia de Colombia, legalizó su estadÃa, porta la Visa XII-IV, pero tardó meses en encontrar trabajo.
Con la visa en la mano, recorrió sin éxito centros comerciales, obras de construcción y petroleras. Solo uno de sus paisanos lo sacó del desempleo.
Ahora viaja cinco veces al mes a Pasto para comprar teléfonos celulares y comercializarlos en Nueva Loja y en Shushufindi. âLos traigo por medio de amigos y los vendo a precios bajos, con eso mantengo a toda mi familiaâ.
En las calles de Nueva Loja el número de colombianos a los cuales se les negó el estatus de refugiado va en aumento. Un registro de la CancillerÃa precisa que en lo que va de este año se presentaron 666 solicitudes de refugio: 180 se
negaron.
Los sin papeles se sienten limitados y son explotados. Trabajan bajo presión y eluden las redadas de la PolicÃa de Migración, que en nueve meses de este año detuvo a 144 colombianos y deportó a otros 49. Según la PolicÃa, en SucumbÃos hay 1 500 refugiados, que se suman a 10 000
colombianos que tramitan la visa o se escudan en sus cónyuges o vástagos ecuatorianos, dice.
Claudia, madre de familia de 22 años, huyó de su natal Tablón de Gómez (Nariño), el 20 de agosto último. Llegó a Orellana, donde una familia de comerciantes la empleó a cambio de la alimentación para sus tres crÃos.
Trabajó dos meses sin recibir un centavo.
âNo soporté la angustia de sentirme mal pagada y decidà viajar a Nueva Loja en busca del certificado provisional de refugiadaâ. Se albergó 48 horas en el centro de Apafano, pero luego lo abandonó.
Claudia no es la única que desertó del albergue. La iglesia, a cargo del refugio, dice que unos 15 colombianos llegan al mes a pedir techo, y en uno o dos dÃas se van a la calle o fincas, en busca de trabajo.
José Euceda, representante del Acnur en el Ecuador, asegura que su agencia busca minimizar los impactos de los refugiados en la zona, a través de aliados estratégicos.
La fundación Autogestión Desarrollo y Sociedad (ADYS) es una de esas aliadas.
Ofrece trabajo a 192 familias colombianas y ecuatorianas, en 58 huertos comunitarios ubicados en barrios de Nueva Loja.
Nelson, otro campesino al que la CancillerÃa negó el refugio, trabaja en el proyecto. Gana 200 dólares al mes como promotor comunitario. Es ágil y disfruta enseñando.
âTrabajo de sol a sol para ahorrar y adquirir la visa de residencia. A Colombia no pienso volverâ. Un grupo de paramilitares lo obligó a abandonar su propiedad, para convertirla en cementerio clandestino. En sus tierras ahora hay más de 170 cadáveres.
La cifra
5 965 extranjeros han ingresado a SucumbÃos en lo que va del año, según Migración. De ellos, el 98 por ciento provino de Colombia.
USD 144 000 destinó Acnur a su trabajo en la provincia
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) destinó un presupuesto de 2,3 millones de dólares para minimizar los impactos de la población refugiada en el Ecuador.
De esos recursos, 144 000 dólares se destinan a SucumbÃos. Según un informe preliminar del Acnur, el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, la PolicÃa de Migración y la sociedad civil de SucumbÃos agrupada en Isamis, 7 546
colombianos solicitaron el estatuto de refugiado en Nueva Loja, capital de la provincia, entre diciembre del 2000 y octubre de este año.
El documento precisa que el 51,58 por ciento de esa población corresponde a varones. El 69,39 por ciento a jóvenes y adultos, y un 19 por ciento tiene edad escolar.
El Acnur, que maneja datos oficiales de la CancillerÃa, señala que 666 solicitudes de refugio se presentaron desde enero de este año. 180 de estas fueron negadas.
El organismo de Naciones Unidas indica que en el primer semestre del 2004 se registró en SucumbÃos un ingreso mensual promedio de 126 solicitudes de refugio.
De ese grupo, en el mismo perÃodo de seis meses, alrededor del 12,27 por ciento de solicitantes de refugio requirió de un albergue para alojarse.
En Nueva Loja, Acnur adecuó, desde el 2000, tres albergues para acoger a los refugiados. Uno fue la casa de Organizaciones Populares; otro Apafano, en el km 17 de la vÃa a Quito, y el tercero Torres Quichimbo, en la vÃa a Colombia. En los tres hay capacidad para 2 000 personas.
Los centros se acondicionaron con base en un Plan de Contingencia elaborado por Acnur. El organismo esperaba una oleada de 5 000 refugiados con la aplicación del Plan Colombia, en el 2001.
âTenemos un 70 por ciento de resultadosâ
Ecuador fue escogido como sede del IX Congreso y Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (defensor del Pueblo, en sueco).
En el puesto desde el 2000. Claudio Mueckay llevó la labor de la DefensorÃa afuera del paÃs
¿Que ha ganado la DefensorÃa del Pueblo durante su administración, desde el 2000?
Hemos incrementado el trabajo: atención de quejas, consultas, pedidos de inconstitucionalidad en derechos del consumidor y de emigrantes. Somos la única DefensorÃa del mundo que logró extenderse fuera de un paÃs. Tenemos
representantes en EE.UU., México, Canadá, Italia y España. Con ese equipo hemos logrado repatriar a más de 300 cadáveres, decenas de ecuatorianos en estado de salud terminal, se ha rescatado menores que han quedado abandonados en el extranjero.
Pero han tenido inconvenientes. Un ejemplo es el reclamo que realizó el Defensor del Pueblo de España por la competencia de sus delegados. Al parecer no pueden actuar afuera del paÃs...
Eso no fue un enfrentamiento. Fue necesario aclarar que la actividad de nuestros comisionados tiene dos objetivos: la presencia de cientos de ecuatorianos en el exterior y la demanda una asistencia permanente. Estos comisionados de ninguna manera ejercen jurisdicción territorial.
La crÃtica en España era sobre esos alcances...
Solucionado este tema, tenemos exquisitas relaciones con el Defensor de España. Una de las crÃticas adicionales que surgieron con esto fue el nombramiento de su personal que, al parecer, es de carácter polÃtico.
Jamás. Nadie ingresa por razones polÃticas a la DefensorÃa y nadie se mantiene por eso. Si fuera asà no habrÃa organización ni resultados positivos.
Entonces, ¿cómo explica las actuaciones de su ex comisionado de Riobamba, Ãngel Zurita, de quien se conoce que tenÃa vÃnculos con la Democracia Popular?
Tal vez lo sea, pero nunca lo supe, porque no me ha interesado saber qué filiación polÃtica ni qué filosofÃa doctrinaria han adoptado para su vida.
¿Ud. ha enfrentado politización en la DefensorÃa?
Lo que no está permitido es que se haga labor proselitista o que exista discriminación. No ha habido causales polÃticas para destituciones, aunque sà por fallas en su trabajo.
¿Mejoró el acceso de la ciudadanÃa a la DefensorÃa?
Tenemos vinculación directa con la sociedad civil. Creamos el Consejo tutelar de los Derechos Humanos, donde están representados todos los sectores en riesgo: mujeres, niños, tercera edad, emigrantes, consumidores, indÃgenas,
afroecuatorianos y el pueblo montubio. Tener esos presentantes nos vincula directamente con ellos, no es solo teorÃa.
¿Qué tan eficiente es la red a la que hace referencia?
Llegamos al 70 por ciento de resultados positivos y solución de quejas. De las demandas de inconstitucionalidad que hemos aprobado ninguna ha sido rechazada por el Tribunal Constitucional.
¿Y el otro 30 por ciento?
Muchas veces son abandonos de las quejas o que las partes han resuelto por separado.
¿Cómo mide la capacidad y eficiencia de los delegados para que no se repita el golpe por la salida de su representante en Riobamba, quien firmó un acta de compromiso fuera de la ley?
No fue un golpe. Son situaciones difÃciles pero que se solucionan. Tenemos un método: mes a mes se entregan informes y luego levantamos estadÃsticas.
Visitamos las comisiones provinciales para auditar el nivel de los resultados.
¿Qué piensa de la demora del Congreso para el nombramiento de un defensor?
Yo no puedo calificar los temas polÃticos. Me quitarÃa imparcialidad.
âYo no puedo calificar temas en los cuales están involucrados los aspectos polÃticos. Me restarÃa la imparcialidad necesariaâ.
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