Quito. 09.12.90. Cuando la CONAIE anunció que no participaría
en el censo del 25 de noviembre de 1990 -en protesta contra el
gobierno por haber incumplido la promesa de no desalojar a los
indios de las tierras tomadas mientras se negociaba-, muchas
personas que comentaron este anuncio, consideraron que la
medida era equivocada y que perjudicaba a los propios indios.
"Si no conocemos cuántos somos, cuántos indios hay y cómo
viven, cómo podemos trazar planes, idear soluciones para
resolver vuestros problemas", sentenciaron con tono de
planificadores profesionales. Semejante actitud india,
"lamentable", "desatinada", que "mezcla la política con algo
tan eminentemente técnico como los censos", sólo podía ser
producto de un desconocimiento del valor de un censo, se
concluyó, haciendo gala de gran sapiencia.
Después de todo, en una sociedad neocolonial, fuertemente
desigual, la actitud del "otro", la del subordinado, sólo
puede ser explicada en términos coloniales y paternalistas: se
oponen porque no saben, no entienden, no alcanzan a comprender
la generosidad del dominante.
¿Es cierto que los indios no saben qué es un censo y para qué
sirve?
Hasta los más furiosos neocolonialistas podrían aceptar que la
experiencia es la principal fuente del conocimiento. Si ello
es así, deberíamos concluir exactamente lo contrario: los
indios son los que más saben de censos, porque vienen
participando en ellos por lo menos desde el siglo XV.
Las fuentes etnohistóricas hablan muy claramente del sistema
incaico de visitar todos los pueblos del imperio una vez al
año y registrar la información en los quipus. Mas aún, existe
un quipu incaico que fue dictado por un quipucamayo (así se
llamaban los especialistas que manejaban esta información) a
un escribano.
John Murray, uno de los más grandes especialistas del mundo
andino, analiza con mucho cuidado las etnocategorías que usa
este quipu. Es sorprendente la cantidad de información que
guarda, su exactitud, la jerarquía y orden como está
organizado de acuerdo a las valoraciones andinas de ese
tiempo.
Allí se encontraban las prestaciones que cada pueblo entregaba
al Cuzco, habían datos minuciosos de la población registrada
por sexos y grupos de edad, la producción familiar, del ayllu,
el señorío y la estatal que debía ingresar para ser guardada
en las golcas para los tiempos malos.
En el área de Quito, el sistema de quipus fue utilizado
incluso por los españoles hasta 1557. La visita de 1559 a la
zona de Los Chillos, escrita ya por un notario, puntualiza que
se trata de una visita que sigue a una que se había realizado
con quipus dos años atrás.
Los censos coloniales
No hay duda que una población puede ser movilizada por un
poder centralizado, como el Estado, si funcionan principios
fundamentales de consenso.
Las visitas de quipus incaicos podían funcionar y lograr
informaciones tan penetrantes, tanto por el tipo de relación
que allí funciona entre el Estado y la sociedad, como por la
metodología de organización del censo, de las preguntas y
hasta de las ceremonias que acompañaban esa relación de ningún
modo anónima: los quipucamayo estaban dentro de las relaciones
de jerarquía, poder y parentesco de un señorío.
Con la invasión colonial aquello cambió dramáticamente. Las
visitas del siglo XVI buscaban la información para imponer los
tributos, las mitas, el servicio personal y los camaricos para
los curas. Ellas generalmente precedían a la puesta en marcha
de una nueva política, a las reducciones por ejemplo, que
intentaban reunir la población para cristianizarla, enseñarle
las formas de vida urbano-occidental, tenerla más a mano para
movilizarla en distintos trabajos, aprovechándose para
arrebatarles la tierra que quedaba supuestamente "baldía" tras
esas agrupaciones compulsivas.
Las Visitas pronto se convirtieron en sinónimo de nuevas
imposiciones. Como no podía ser de otra manera, desde un
inicio fueron resistidas. Resistidas en varias formas.
En Otavalo, por ejemplo, una visita de 1549 originó un
larguísimo pleito: los indios habían escondido a la mitad de
la población con la complicidad de los visitadores, al parecer
eran "lascasianos" que intentaban por ese medio proteger a los
indios de tantos abusos de los colonialistas.
En el siglo XVII ya no se hacían estas visitas que en medio
del burocratismo español demoraban una eternidad. Se hacían
las numeraciones. El Corregidor o un Numerador especializado,
se encargaban de corregir los datos de una visita pasada,
anotando con el auxilio de los curas, los hacendados y los
caciques, las defunciones, los nacimientos y la nueva
población tributaria.
El mecanismo resultaba menos violento, pero dejaba demasiado
espacio para la corrupción de los funcionarios, las transas
con los hacendados y todo tipo de ocultamientos por parte de
los Caciques.
Los Borbones, entusiastas planeadores del siglo XVIII,
emprendieron contra tal sistema, retornando a empadronamientos
más severos con el chequeo real de la población. La población
aumentó considerablemente en los censos, mejoraron los
tributos a pesar de la crisis, pero también arreciaron los
levantamientos indios. En el área de Quito, entre 1765 y 1803
se produjeron unos 35 levantamientos. La mayoría de ellos se
realizaron a propósito de un empadronamiento.
Crisis, tributos y empadronamientos se dieron las manos
rompiendo las precarias estrategias de sobrevivencia de los
indios, muchas de ellas logradas con los ocultamientos de
población.
Los censos republicanos
No hay censos más malos que los del siglo XIX. Malos por todos
sus poros. Se batían en su propia trampa: de una parte,
después de 1857 con la eliminación formal del tributo, "todas
las razas eran iguales", por tanto ya no debía averiguarse
quiénes eran indios; pero por la otra, el erario nacional y
sobre todo, la construcción de obras dependerían enteramente
de la fuerza de trabajo india, captada a través del llamado
"trabajo subsidiario". Para eso era necesario conocer cuántos
indios habían para imponerles tal contribución.
Pero, por si ello fuera poco, si el Estado y los poderes
locales estaban empeñados en saber cuántos indios habían, los
hacendados eran los que más ocultaban indios para utilizarlos
como conciertos en sus haciendas.
Total, el sistema de conteo de población india resultó siempre
deficiente. Se llegó a una especie de transa, buena para
todos: los padrones nacionales nunca registraron los indios
realmente existentes, en cambio los padrones del trabajo
subsidiario manejados por los municipios eran excelentes allí
donde la hacienda era débil, en cambio, no servían para nada
en los sitios en que la hacienda lo controlaba todo. De todas
maneras, el sistema permitía que los diversos interesados
utilizaran sus ambigüedades para ocultar población india.
Hasta el censo de 1949 (primer censo moderno, realizado sólo
en Pichincha), quienes informaban de la población india
existente, fueron los tenientes políticos.
Estos sujetos eran la clave de la relación indios-Estado.
Grandes conocedores del quichua y de las comunidades,
manejaban una relación que tocaba en los bordes de la
ilegitimidad, pero que funcionaba. En ocasiones aliados a las
haciendas, en otras junto a los municipios y aún actuando en
beneficio exclusivamente personal, mantenían cálculos
aproximados de la población, números que los manipulaban de
acuerdo a los intereses en juego.
Al censo de Pichincha en 1949, le siguió el censo nacional de
población de 1950. Los ejecutores del censo, como no podía ser
de otra manera, fueron los tenientes políticos. El censo se
realizó en medio de la resistencia activa de muchas
comunidades y de los consabidos cálculos de los tenientes
políticos.
Resultado: un censo con un subregistro muy alto, a pesar de su
ambigüedad en cuanto interpelar directamente a los indios. La
boleta utilizada no declaraba la intención explícita de saber
cuántos indios había, total ese dato no servía para mucho.
Interrogaba por el idioma materno, forma cómo se podía captar
de manera indirecta el número de indios, sí, el idioma era un
indicador de etnicidad.
Realmente, con ese censo no se planificó política alguna
dirigida a los indios. El censo de mayor relievancia fue el
Agropecuario de 1954, en momentos previos a la Reforma
Agraria. Este Censo no averiguaba por la etnicidad, puesto que
le interesaba enfrentar el problema de tierras, leído como un
problema clasista.
Los posteriores censos, el incompleto de 1962 y el de 1974,
tuvieron ese mismo corte: no se dirigieron a captar la
problemática específica de los indios, sino trataron al país
como si fuese étnicamente homogéneo, cruzado sólo por
conflictos clasistas. Por tanto, fueron censos que ignoraron
el problema indio, la cuestión nacional ecuatoriana.
El nuevo censo de 1990 pone al orden del día esta antigua
problemática. Un sistema político permeable debía aceptar algo
que a todos nos parece obvio: que en este país hay pueblos
indios. Que esa especificidad debe ser incorporada en los
censos y ratificada en su organización "cediendo" o
compartiendo con las dirigencias indias su realización.
El Estado debía crear condiciones de credibilidad, dada la
tradición nada edificante que han tenido los censos durante
cinco siglos. Sólo una ceguera y sordera neocolonial pueden
taponar tanto, hasta la atrofia, los órganos de un sistema
político que precisa ser democratizado por todos sus costados.
(C-2)
Más en el