La Violencia En Colombia No Es Monopolio De Narcotrafico

Bogotá. 23.12.90. (Opinión) Las graves violaciones de los
derechos humanos deberían incapacitar a las fuerzas armadas
para recibir ayuda militar de EEUU, aun en el caso de que la
asistencia estuviera destinada a la lucha antinarcóticos.

Esta es la conclusión alcanzada por "Américas Watch" en un
informe reciente sobre Colombia, basado en investigaciones
independientes.

El informe dice que el comportamiento de las fuerzas de
seguridad colombianas en operaciones de contrainsurgencia y
seguridad interna debería hacerlas inelegibles para ayuda,
cualquiera sea su comportamiento en operaciones de control del
tráfico de drogas.

Los abusos cometidos durante operaciones antinarcóticos
también están en aumento, afirma el informe. La ayuda militar
de EEUU propuesta para el año fiscal 1990 llegó a US$ 80
millones. Otros US$ 30.900 millones en ayuda militar rechazada
por el Perú podrían ser enviados a Colombia, llevando el total
a un nivel sin precedentes de US$ 111 millones, según el
cálculo de Americas Watch.

El gobierno colombiano no ha admitido que los grupos
paramilitares no podrían cometer muchos de sus crímenes sin un
apoyo significativo de ciertos oficiales militares de alto
rango. El comando militar no ha hecho nada para castigar estos
casos de cooperación ilegal. Por el contrario, ha obstruido
los pocos esfuerzos valientes de autoridades civiles para
investigar esos vínculos", dice el informe.

Debido a que concentran su atención en los actos violentos
perpetrados por el cártel de Medellín, los gobiernos de Bogotá
y Washington han echado un velo sobre la crisis de los
derechos humanos en el país.

La insistencia del gobierno en que los dirigentes del cártel
de Medellín son responsables de todos los abusos violentos se
ha convertido en un grave obstáculo para los esfuerzos
destinados a contener la violencia, dado que deja a otros
grupos militares en virtual libertad para asesinar a
dirigentes izquierdistas y masacrar a los que considera sus
partidarios", sostiene Americas Watch.

Americas Watch no niega la participación de los
narcotraficantes en la estrategia paramilitar, pero también
señala la complejidad del problema: "Los traficantes figuran
entre los respaldos más importantes de los grupos
paramilitares, un hecho del cual el gobierno colombiano se ha
servido para culpar al llamado cártel de Medellín de
virtualmente toda la violencia política en Colombia. Antes,
durante y después de la participación del cártel, sin embargo,
algunos ricos terratenientes han auspiciado esos grupos.

El aspecto optimista del informe es la evaluación del proceso
de paz. Aunque Americas Watch expresa su preocupación ante la
resistencia de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(Farc) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) a participar en
negociaciones, su informe dice que el éxito de la integración
del M-19 en la vida política convencional y el avance de un
proceso similar con el Ejército Popular de Liberación (EPL) ha
creado un "contexto alentador" para la paz en Colombia, en el
cual hasta los "extraditables" quieren interpretar un papel.

Americas Watch aplaude el llamado a elecciones para una
asamblea constituyente, que ofrece "esperanzas de que sean
tratados temas fundamentales de la participación política.

Si el sistema político proporciona una apertura para sectores
de la sociedad que ahora se sienten marginados, la asamblea
habrá eliminado una causa histórica de violencia política.

A modo de respuesta, Jorge Orlando Melo, consejero
presidencial para la defensa y promoción de los derechos
humanos, dijo que el informe era "una contribución importante
al debate sobre los derechos humanos".

Pero Melo criticó con energía a Americas Watch por afirmar que
las violaciones de los derechos humanos eran sistemáticas y
que existía un nivel elevado de cooperación entre funcionarios
de alto rango del Estado en los casos de abusos, y con los
traficantes de drogas.

Dijo que tales afirmaciones eran "generalizaciones
injustificadas" y que los esfuerzos realizados por las
autoridades del gobierno, fuerzas armadas y policía para
controlar la corrupción y las conexiones con los traficantes
habían sido "minimizadas". (ALA) (A-4)