Los empleados de la ContralorÃa General del Estado utilizaron una vÃa indirecta para adquirir los regalos de Navidad en 2001. Un procedimiento "irregular" permitió el uso de una nave de las Fuerzas Armadas cuando la ley solo faculta para que sea para el servicio de entidades públicas. Además, con esta acción se podrÃa poner en duda la independencia del organismo de control y sus funcionarios que vigilan al sector público
Aguinaldo, al filo del "juego"
La anterior directiva de la Asociación de Servidores pidió al subcontralor Genaro Peña que solicitara a autoridades militares que cedieran un cupo para traer la mercaderÃa, gestión que no se hizo, se asegura
Los aguinaldos de 2001, para los empleados de la ContralorÃa General del Estado, incluyeron un juego de ollas importadas, que fue entregado a cada funcionario por la Asociación Nacional de Servidores de esta institución.
La entrega navideña constituÃa una reposición "mÃnima", a decir de algunos empleados, de los aportes mensuales que realizan al gremio. Por eso, el acto no tuvo ribetes especiales, salvo por el hecho de que la obtención de las cacerolas se hizo a través de una gestión peculiar, pues la mercaderÃa fue transportada en una nave militar, en misión oficial.
Aunque no devela ninguna irregularidad manifiesta, el tema podrÃa poner a prueba la independencia del contralor al estar pendiente el resultado de una auditorÃa a los comisariatos de la Fuerza Terrestre por, entre otras cosas, el uso de naves militares para trasladar mercaderÃa. Y de paso, el eventual desconocimiento de los funcionarios de la entidad de control sobre las prohibiciones expresas de la Ley de Cámaras de Comercio, vigente desde 1970, relativas a ese uso comercial del transporte militar.
Esto se desprende de una documentación a la que tuvo acceso BLANCO Y NEGRO, que señala la existencia de una negociación para el traslado de las ollas desde Panamá.
En un caso se refiere a una orden emitida el 23 de noviembre de 2001 por el capitán de Fragata Patricio Flores Ruano, subdirector de comisariatos, para que se embarcara en el BAE Calicuchima "mercaderÃa de la ContralorÃa General (1/4 de contenedor), a las 18:00", de ese dÃa, cuando el destinatario final era la Asociación de Servidores, que es una persona jurÃdica de derecho privado.
Otro documento, del 18 de marzo de 2002, habla de un contrato por el transporte de mercaderÃa a través del BAE Hualcopo de la Armada, dentro de un viaje logÃstico, en la ruta Guayaquil-Panamá-Guayaquil, el 28 de noviembre de 2001.
Se trata de la carta emitida por el ex presidente de dicha Asociación Fernando Romero Barberis a la comerciante Luciene Macedo. Allà le señala su extrañeza porque, a pesar de haber sellado un contrato con ella por la entrega de la mercaderÃa, el entonces director de finanzas de la Armada, el contralmirante VÃctor Hugo Rosero, habÃa remitido a la Asociación una factura por $3 176, por concepto de "transporte de contenedores". Con lo cual se deslindaba de cualquier responsabilidad por la factura señalada.
Según funcionarios del organismo de control, la entrega del juego de ollas fue parte de una gestión que arrancó con un pedido al subcontralor Genaro Peña (actual contralor General del Estado subrogante) para que pidiera al gerente del Comisariato de la Fuerza Terrestre y al jefe de personal de la Armada Nacional, de entonces, un cupo para trasladar desde Panamá la mercaderÃa.
Romero Barberis señaló a este Diario, en una contestación por escrito, que esa gestión del entonces subcontralor Peña nunca llegó a concretarse, por cuanto el contrato celebrado con Macedo incluyó el valor del flete desde Panamá.
La constancia de que el pedido del sucontralor estaba en trámite son las copias de dos cartas firmadas por el subcontralor en papel membretado de la institución.
En la carta que iba dirigida al gerente del Servicio Social de la Fuerza Terrestre, René Gordón, se solicita el otorgarmiento de un cupo en los contenedores para que se pudiera trasladar desde la ciudad de Panama mercaderÃa constante en un juego de ollas en el transporte de esta institución.
De la misma forma, en la misiva al jefe de personal de la Armada, Jorge VillacÃs, se hace igual solicitud, con la consecuente explicación de que en ocasión de las fiestas la ContralorÃa se encuentra empeñada en proporcionar a sus servidores un regalo en reconocimiento a su delicada labor. (LB)
LAS NORMAS DE CONTROL
¿A prueba la neutralidad?
La independencia de las actividades de control de la ContralorÃa está descrita en la Constitución y en la Ley Orgánica de la institución.
El art. 21 de la "Carta Magna" establece que la ContralorÃa es el organismo técnico superior de control, con autonomÃa adminitrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y representado por el contralor... Tendrá atribuciones para controlar ingresos, gastos, inversión, uso de recursos, administración y custodia de bienes públicos.
El art. 25 de la Ley señala que el personal ejecutor de auditorÃa gubernamental mantendrá total independencia respecto de las instituciones del Estado, y las personas y sus actividades estarán sujetas a su examen.
Igualmente, establece la prohibición de realizar auditorÃas a actividades realizadas por el cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni cuando existiera conflicto de intereses... Todos los informes están sujetos a la aprobación del contralor.
Al interior del Congreso, se inició un análisis para ver si el tema de la transportación de ollas para los funcionarios de la ContralorÃa, a través del contrato con un comerciante particular, puede o no estar incurso en un probable conflicto de intereses, al haberse beneficiado de un servicio. Más que la búsqueda de ilegalidades, lo que se quiere -dijo una fuente legislativa- es dejar sentado un precedente a futuro. (LB)
"No se utilizó a comisariatos"
El contrato para la provisión de 950 juegos de ollas se firmó el 10 de octubre de 2001, casi un mes antes de que se decidiera pedir al subcontralor (hoy Contralor) que interpusiera oficios a los militares
El ex presidente de la Asociación de Servidores de la ContralorÃa Fernando Romero Barberis asegura que jamás se usaron los servicios de los comisariatos de la Fuerza Terrestre (FT).
El funcionario argumenta que la adquisición de las ollas se efectuó a través de un contrato entre el gremio y la señora Luciene Macedo, el costo fue asumido por la Asociación y el valor del flete de transporte de la mercaderÃa estuvo incluido en el pago, y el traslado de la carga fue a cargo y responsabilidad de la comerciante.
Romero Barberis señala los comprobantes de egresos 0014844, 0015017 y 0015226, emitidos el 12 de octubre de 2001, el 7 de noviembre de 2001 y el 13 de diciembre de 2001, a favor de Luciene Macedo, por los montos de $14 725 y $10 025. El funcionario precisa que los egresos se han verificado en los cheques 3474, 2779 y 3553 de las cuentas 7175-0 y 7176-1 del Banco Amazonas. "En consecuencia, no se utilizaron en ningún momento los servicios del Comisariato", sostiene.
Esta respuesta la dio, por escrito, ante la interrogante de BLANCO Y NEGRO de si la ex directiva conocÃa de las prohibiciones legales del uso del transporte militar para los fines y actividades de los comisariatos (art. 25 de la Ley de Cámaras de Comercio, 1970).
Los pagos fueron consecuencia del contrato suscrito con la comerciante el 10 de octubre de 2001, un mes antes de que se pusiera a consideración del subcontralor su intermediación ante autoridades militares para que se facilitara el transporte de mercaderÃa.
En el contrato, Macedo se comprometió a proveer a dicha Asociación de 950 juegos de ollas, por un valor total de $29 450, que incluyó el flete. La entrega fue prevista para el 10 de diciembre de 2001.
La explicación señala que el 6 de noviembre de 2001 se presentó a consideración del subcontralor dos comunicaciones a ser dirigidas al jefe de Personal de la Armada y al gerente del Comisariato de la Fuerza Terrestre, en los cuales se solicitaba un cupo para el transporte desde Panamá de la referida mercaderÃa. Ese pedido, según Romero Barberis, no llegó a oficializarse, pues el flete estaba incluido en el contrato con Macedo.
En tal sentido, dice, "la existencia de un impedimento que se aduce para que una nave de la Armada del Ecuador realice el transporte de determinada mercaderÃa no incidÃa frente a un contrato válidamente celebrado entre una persona jurÃdica de derecho privado y una persona natural comerciante, ya que en el contrato no se prevé por qué medio habÃa de realizarse el transporte de la mercaderÃa aspecto que, de conformidad con las clásulas tercera y quinta, fue asumido por la comerciante". (LB)
Una factura que llega "por error" hasta el gremio
El traslado de las cacerolas tuvo un gasto a favor de la Armada
El pedido de cancelación de la factura 000056 por $3 176, realizado por el ex director de Finanzas de la Armada VÃctor Hugo Rosero, a través del oficio del 26 de febrero de 2002, "constituyó un error de esa dirección".
Asà lo sostiene Fernando Romero Barberis, "al punto que nunca más fue solicitado el pago, el cual debió ser satisfecho por Luciene Macedo, conforme lo estipulado en el contrato celebrado por la Asociación y la comerciante el 10 de octubre de 2001.
En la comunicación 0074 ASP-CGE del 18 de marzo de 2002, Romero Barberis manifiesta a la contratista su inquietud por el reclamo del director de finanzas.
Según consta en ese mismo oficio, la factura era consecuencia de un servicio realizado por la Armada, por el transporte de contendores a bordo del BAE Hualcopor viaje logÃstico en la ruta Guayaquil-Panamá-Guayaquil.
Ese desplazamiento se desarrolló entre el 28 de noviembre al 12 de diciembre de 2001. A juicio de Barberis, esa carta no hace otra cosa que ratificar el contrato realizado con Macedo. (LB)
Uso de naves militares tuvo reparos de CCCC
La importación directa de mercaderÃa no es nueva.
Los "incorruptibles" objetan también la supuesta inobservancia de la Ley de Contratación Pública
En su informe del 11 de agosto de 2004, la Comisión de Control CÃvico de la Corrupción (CCCC) señaló varias anomalÃas en la dirección y administración del Comisariato del Servicio Social de la Fuerza Terrestre (FT). Los resultados de esa investigación, realizada para el perÃodo de 2003 en esa dependencia militar, fueron trasladados a la ContralorÃa para que realizara un examen especial a los comisariatos del Ejército.
En ese análisis, el juez de Cuentas deberá absolver o ratificar algunos cuestionamientos de la CCCC. Entre ellos, el supuesto incumplimiento del art. 25 de la Ley de Cámaras de Comercio por parte de directivos y administradores de dichos comisariatos.
En uno de los acápites del informe, la CCCC señala la utilización de transporte fluvial y marÃtimo de las Fuerzas Armadas para actividades comerciales, lo cual está expresamente prohibido por el art. 25 de la esa ley. El informe menciona 15 viajes logÃsticos al exterior, en los cuales funcionarios del comisariato se desplazaron en comisión de servicios.
También establece la supuesta inobservancia de la Ley de Contratación Pública, pues, de la documentación recibida, se desprende que las adquisiciones a proveedores nacionales y extranjeros se realizó sin concurso y sin contratos escritos y que los pagos se realizaron con la simple presentación de facturas. Cita los casos de las empresas Carboto, R&R, May"s, Motta y B&P, por alrededor de $10 millones. La última, de propiedad de una hermana de un oficial activo, no tiene registro mercantil ni afiliación al gremio, como lo exigen las normas del Código de Comercio.
La transportación de las ollas para el personal de ContralorÃa entrarÃa en esa modalidad, por la prestación del servicio a la asociación de empleados, que es una entidad de derecho privado. Y de acuerdo a la factura emitida por el flete.
Según el asesor jurÃdico del Comisariato de la FT, citado en el informe, la normativa legal que se aplica en las adquisiciones e importaciones es la de la contratación pública. Aunque se destaca su desconocimiento sobre el método aplicado en anteriores perÃodos.
BLANCO Y NEGRO estableció, en un informe del 29 de mayo de 2004, la ausencia de una norma legal especÃfica que regule las actividades de los servicios sociales o comisariatos. El decreto de emergencia de 23 de enero de 1960, que aducÃan directivos sobre legalidad de las operaciones, fue derogado por un decreto ley del 15 de octubre de ese año.
El art. 25 de la Ley de Cámaras de Comercio dice: "Por ningún concepto, el transporte de tales mercaderÃas (comisariatos) podrá hacerse en buques, aviones o transportes militares". Este Diario recogió un testimonio, en un juicio a civiles en cortes militares, de un ex gerente del comisariato de que las importaciones directas han sido polÃtica institucional desde años atrás. (LB)
PUNTO DE VISTA
Transparentar, solo transparentar
La pregunta urgente es ¿quién controla a la ContralorÃa? Y de ahà se podrá saldar la duda de por qué ocurren cosas que pueden precipitarse a un escándalo, aunque sea de bajas proporciones.
Si el uso de recursos estatales es para beneficio o servicio de entidades u organizaciones particulares, se está invadiendo terrenos señalados por la ley como infracciones.
El presente informe señala una irregularidad que deberá investigarse a fondo para sancionar, si es necesario; para advertir correctivos, si cabe solo eso; pero fundamentalmente para transparentar la gestión pública.
Ya ocurrió con los comisariatos militares un hecho parecido (la supuesta inobservancia de la Ley de Contratación Pública) y, por lo menos, de lo que se ha informado, no existe una investigación que aclare lo ocurrido o indique las responsabilidades puntuales.
El Ecuador necesita ajustar las tuercas en todos los mecanismos de administración estatal, porque la impunidad es la norma y hay muy pocas muestras de querer servir a la ciudadanÃa sin pensar antes en el beneficio individual.
El hecho de comprar ollas, utilizando naves de las Fuerzas Armadas está afirmando que las prácticas irregulares son una práctica con la que se alienta la impunidad. Y eso no puede marcar la conducta nacional, por más que se justifique con las razones más variadas, que van desde los resquicios legales hasta los supuestos vacÃos en el control público. (OP) (Blanco y Negro)
Aguinaldo, al filo del "juego"
La anterior directiva de la Asociación de Servidores pidió al subcontralor Genaro Peña que solicitara a autoridades militares que cedieran un cupo para traer la mercaderÃa, gestión que no se hizo, se asegura
Los aguinaldos de 2001, para los empleados de la ContralorÃa General del Estado, incluyeron un juego de ollas importadas, que fue entregado a cada funcionario por la Asociación Nacional de Servidores de esta institución.
La entrega navideña constituÃa una reposición "mÃnima", a decir de algunos empleados, de los aportes mensuales que realizan al gremio. Por eso, el acto no tuvo ribetes especiales, salvo por el hecho de que la obtención de las cacerolas se hizo a través de una gestión peculiar, pues la mercaderÃa fue transportada en una nave militar, en misión oficial.
Aunque no devela ninguna irregularidad manifiesta, el tema podrÃa poner a prueba la independencia del contralor al estar pendiente el resultado de una auditorÃa a los comisariatos de la Fuerza Terrestre por, entre otras cosas, el uso de naves militares para trasladar mercaderÃa. Y de paso, el eventual desconocimiento de los funcionarios de la entidad de control sobre las prohibiciones expresas de la Ley de Cámaras de Comercio, vigente desde 1970, relativas a ese uso comercial del transporte militar.
Esto se desprende de una documentación a la que tuvo acceso BLANCO Y NEGRO, que señala la existencia de una negociación para el traslado de las ollas desde Panamá.
En un caso se refiere a una orden emitida el 23 de noviembre de 2001 por el capitán de Fragata Patricio Flores Ruano, subdirector de comisariatos, para que se embarcara en el BAE Calicuchima "mercaderÃa de la ContralorÃa General (1/4 de contenedor), a las 18:00", de ese dÃa, cuando el destinatario final era la Asociación de Servidores, que es una persona jurÃdica de derecho privado.
Otro documento, del 18 de marzo de 2002, habla de un contrato por el transporte de mercaderÃa a través del BAE Hualcopo de la Armada, dentro de un viaje logÃstico, en la ruta Guayaquil-Panamá-Guayaquil, el 28 de noviembre de 2001.
Se trata de la carta emitida por el ex presidente de dicha Asociación Fernando Romero Barberis a la comerciante Luciene Macedo. Allà le señala su extrañeza porque, a pesar de haber sellado un contrato con ella por la entrega de la mercaderÃa, el entonces director de finanzas de la Armada, el contralmirante VÃctor Hugo Rosero, habÃa remitido a la Asociación una factura por $3 176, por concepto de "transporte de contenedores". Con lo cual se deslindaba de cualquier responsabilidad por la factura señalada.
Según funcionarios del organismo de control, la entrega del juego de ollas fue parte de una gestión que arrancó con un pedido al subcontralor Genaro Peña (actual contralor General del Estado subrogante) para que pidiera al gerente del Comisariato de la Fuerza Terrestre y al jefe de personal de la Armada Nacional, de entonces, un cupo para trasladar desde Panamá la mercaderÃa.
Romero Barberis señaló a este Diario, en una contestación por escrito, que esa gestión del entonces subcontralor Peña nunca llegó a concretarse, por cuanto el contrato celebrado con Macedo incluyó el valor del flete desde Panamá.
La constancia de que el pedido del sucontralor estaba en trámite son las copias de dos cartas firmadas por el subcontralor en papel membretado de la institución.
En la carta que iba dirigida al gerente del Servicio Social de la Fuerza Terrestre, René Gordón, se solicita el otorgarmiento de un cupo en los contenedores para que se pudiera trasladar desde la ciudad de Panama mercaderÃa constante en un juego de ollas en el transporte de esta institución.
De la misma forma, en la misiva al jefe de personal de la Armada, Jorge VillacÃs, se hace igual solicitud, con la consecuente explicación de que en ocasión de las fiestas la ContralorÃa se encuentra empeñada en proporcionar a sus servidores un regalo en reconocimiento a su delicada labor. (LB)
LAS NORMAS DE CONTROL
¿A prueba la neutralidad?
La independencia de las actividades de control de la ContralorÃa está descrita en la Constitución y en la Ley Orgánica de la institución.
El art. 21 de la "Carta Magna" establece que la ContralorÃa es el organismo técnico superior de control, con autonomÃa adminitrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y representado por el contralor... Tendrá atribuciones para controlar ingresos, gastos, inversión, uso de recursos, administración y custodia de bienes públicos.
El art. 25 de la Ley señala que el personal ejecutor de auditorÃa gubernamental mantendrá total independencia respecto de las instituciones del Estado, y las personas y sus actividades estarán sujetas a su examen.
Igualmente, establece la prohibición de realizar auditorÃas a actividades realizadas por el cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni cuando existiera conflicto de intereses... Todos los informes están sujetos a la aprobación del contralor.
Al interior del Congreso, se inició un análisis para ver si el tema de la transportación de ollas para los funcionarios de la ContralorÃa, a través del contrato con un comerciante particular, puede o no estar incurso en un probable conflicto de intereses, al haberse beneficiado de un servicio. Más que la búsqueda de ilegalidades, lo que se quiere -dijo una fuente legislativa- es dejar sentado un precedente a futuro. (LB)
"No se utilizó a comisariatos"
El contrato para la provisión de 950 juegos de ollas se firmó el 10 de octubre de 2001, casi un mes antes de que se decidiera pedir al subcontralor (hoy Contralor) que interpusiera oficios a los militares
El ex presidente de la Asociación de Servidores de la ContralorÃa Fernando Romero Barberis asegura que jamás se usaron los servicios de los comisariatos de la Fuerza Terrestre (FT).
El funcionario argumenta que la adquisición de las ollas se efectuó a través de un contrato entre el gremio y la señora Luciene Macedo, el costo fue asumido por la Asociación y el valor del flete de transporte de la mercaderÃa estuvo incluido en el pago, y el traslado de la carga fue a cargo y responsabilidad de la comerciante.
Romero Barberis señala los comprobantes de egresos 0014844, 0015017 y 0015226, emitidos el 12 de octubre de 2001, el 7 de noviembre de 2001 y el 13 de diciembre de 2001, a favor de Luciene Macedo, por los montos de $14 725 y $10 025. El funcionario precisa que los egresos se han verificado en los cheques 3474, 2779 y 3553 de las cuentas 7175-0 y 7176-1 del Banco Amazonas. "En consecuencia, no se utilizaron en ningún momento los servicios del Comisariato", sostiene.
Esta respuesta la dio, por escrito, ante la interrogante de BLANCO Y NEGRO de si la ex directiva conocÃa de las prohibiciones legales del uso del transporte militar para los fines y actividades de los comisariatos (art. 25 de la Ley de Cámaras de Comercio, 1970).
Los pagos fueron consecuencia del contrato suscrito con la comerciante el 10 de octubre de 2001, un mes antes de que se pusiera a consideración del subcontralor su intermediación ante autoridades militares para que se facilitara el transporte de mercaderÃa.
En el contrato, Macedo se comprometió a proveer a dicha Asociación de 950 juegos de ollas, por un valor total de $29 450, que incluyó el flete. La entrega fue prevista para el 10 de diciembre de 2001.
La explicación señala que el 6 de noviembre de 2001 se presentó a consideración del subcontralor dos comunicaciones a ser dirigidas al jefe de Personal de la Armada y al gerente del Comisariato de la Fuerza Terrestre, en los cuales se solicitaba un cupo para el transporte desde Panamá de la referida mercaderÃa. Ese pedido, según Romero Barberis, no llegó a oficializarse, pues el flete estaba incluido en el contrato con Macedo.
En tal sentido, dice, "la existencia de un impedimento que se aduce para que una nave de la Armada del Ecuador realice el transporte de determinada mercaderÃa no incidÃa frente a un contrato válidamente celebrado entre una persona jurÃdica de derecho privado y una persona natural comerciante, ya que en el contrato no se prevé por qué medio habÃa de realizarse el transporte de la mercaderÃa aspecto que, de conformidad con las clásulas tercera y quinta, fue asumido por la comerciante". (LB)
Una factura que llega "por error" hasta el gremio
El traslado de las cacerolas tuvo un gasto a favor de la Armada
El pedido de cancelación de la factura 000056 por $3 176, realizado por el ex director de Finanzas de la Armada VÃctor Hugo Rosero, a través del oficio del 26 de febrero de 2002, "constituyó un error de esa dirección".
Asà lo sostiene Fernando Romero Barberis, "al punto que nunca más fue solicitado el pago, el cual debió ser satisfecho por Luciene Macedo, conforme lo estipulado en el contrato celebrado por la Asociación y la comerciante el 10 de octubre de 2001.
En la comunicación 0074 ASP-CGE del 18 de marzo de 2002, Romero Barberis manifiesta a la contratista su inquietud por el reclamo del director de finanzas.
Según consta en ese mismo oficio, la factura era consecuencia de un servicio realizado por la Armada, por el transporte de contendores a bordo del BAE Hualcopor viaje logÃstico en la ruta Guayaquil-Panamá-Guayaquil.
Ese desplazamiento se desarrolló entre el 28 de noviembre al 12 de diciembre de 2001. A juicio de Barberis, esa carta no hace otra cosa que ratificar el contrato realizado con Macedo. (LB)
Uso de naves militares tuvo reparos de CCCC
La importación directa de mercaderÃa no es nueva.
Los "incorruptibles" objetan también la supuesta inobservancia de la Ley de Contratación Pública
En su informe del 11 de agosto de 2004, la Comisión de Control CÃvico de la Corrupción (CCCC) señaló varias anomalÃas en la dirección y administración del Comisariato del Servicio Social de la Fuerza Terrestre (FT). Los resultados de esa investigación, realizada para el perÃodo de 2003 en esa dependencia militar, fueron trasladados a la ContralorÃa para que realizara un examen especial a los comisariatos del Ejército.
En ese análisis, el juez de Cuentas deberá absolver o ratificar algunos cuestionamientos de la CCCC. Entre ellos, el supuesto incumplimiento del art. 25 de la Ley de Cámaras de Comercio por parte de directivos y administradores de dichos comisariatos.
En uno de los acápites del informe, la CCCC señala la utilización de transporte fluvial y marÃtimo de las Fuerzas Armadas para actividades comerciales, lo cual está expresamente prohibido por el art. 25 de la esa ley. El informe menciona 15 viajes logÃsticos al exterior, en los cuales funcionarios del comisariato se desplazaron en comisión de servicios.
También establece la supuesta inobservancia de la Ley de Contratación Pública, pues, de la documentación recibida, se desprende que las adquisiciones a proveedores nacionales y extranjeros se realizó sin concurso y sin contratos escritos y que los pagos se realizaron con la simple presentación de facturas. Cita los casos de las empresas Carboto, R&R, May"s, Motta y B&P, por alrededor de $10 millones. La última, de propiedad de una hermana de un oficial activo, no tiene registro mercantil ni afiliación al gremio, como lo exigen las normas del Código de Comercio.
La transportación de las ollas para el personal de ContralorÃa entrarÃa en esa modalidad, por la prestación del servicio a la asociación de empleados, que es una entidad de derecho privado. Y de acuerdo a la factura emitida por el flete.
Según el asesor jurÃdico del Comisariato de la FT, citado en el informe, la normativa legal que se aplica en las adquisiciones e importaciones es la de la contratación pública. Aunque se destaca su desconocimiento sobre el método aplicado en anteriores perÃodos.
BLANCO Y NEGRO estableció, en un informe del 29 de mayo de 2004, la ausencia de una norma legal especÃfica que regule las actividades de los servicios sociales o comisariatos. El decreto de emergencia de 23 de enero de 1960, que aducÃan directivos sobre legalidad de las operaciones, fue derogado por un decreto ley del 15 de octubre de ese año.
El art. 25 de la Ley de Cámaras de Comercio dice: "Por ningún concepto, el transporte de tales mercaderÃas (comisariatos) podrá hacerse en buques, aviones o transportes militares". Este Diario recogió un testimonio, en un juicio a civiles en cortes militares, de un ex gerente del comisariato de que las importaciones directas han sido polÃtica institucional desde años atrás. (LB)
PUNTO DE VISTA
Transparentar, solo transparentar
La pregunta urgente es ¿quién controla a la ContralorÃa? Y de ahà se podrá saldar la duda de por qué ocurren cosas que pueden precipitarse a un escándalo, aunque sea de bajas proporciones.
Si el uso de recursos estatales es para beneficio o servicio de entidades u organizaciones particulares, se está invadiendo terrenos señalados por la ley como infracciones.
El presente informe señala una irregularidad que deberá investigarse a fondo para sancionar, si es necesario; para advertir correctivos, si cabe solo eso; pero fundamentalmente para transparentar la gestión pública.
Ya ocurrió con los comisariatos militares un hecho parecido (la supuesta inobservancia de la Ley de Contratación Pública) y, por lo menos, de lo que se ha informado, no existe una investigación que aclare lo ocurrido o indique las responsabilidades puntuales.
El Ecuador necesita ajustar las tuercas en todos los mecanismos de administración estatal, porque la impunidad es la norma y hay muy pocas muestras de querer servir a la ciudadanÃa sin pensar antes en el beneficio individual.
El hecho de comprar ollas, utilizando naves de las Fuerzas Armadas está afirmando que las prácticas irregulares son una práctica con la que se alienta la impunidad. Y eso no puede marcar la conducta nacional, por más que se justifique con las razones más variadas, que van desde los resquicios legales hasta los supuestos vacÃos en el control público. (OP) (Blanco y Negro)
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